El presidente estadounidense Barack Obama debe impulsar una norma que exija a las empresas extractoras de recursos naturales la declaración de todos los pagos que hagan en los países donde operan, exhortaron activistas africanos presentes en la inédita Cumbre de Líderes de Estados Unidos y África que se desarrolla entre el lunes 4 y el […]

Mineros artesanales trabajan en las minas de diamantes aluviales próximas a la ciudad de Koidu, en el este de Sierra Leona. Crédito: Tommy Trenchard/IPS

Por Jim Lobe
WASHINGTON, Aug 5 2014 (IPS)

“Las empresas deben rendir cuentas, y le pedimos al presidente Obama que también nos apoye en este mensaje”, instó Ali Idrissa, el coordinador nacional de Publiquen lo que Pagan (PWYP, en inglés) en Níger, un país rico en yacimientos de uranio y hierro.

“Debemos analizar toda la cadena de producción de estas industrias extractoras. Debemos mantener la presión… para que podamos combatir la pobreza y la corrupción y asegurar que tengamos un mejor desarrollo”, agregó el representante de la red de organizaciones de más de 60 países que luchan por una mayor transparencia de las empresas que extraen petróleo, gas y minerales en el mundo.Activistas contra la corrupción pierden la paciencia frente a lo que consideran la presión de las industrias extractoras para evitar requisitos de divulgación más rigurosos.

Idrissa, uno de decenas de activistas africanos congregados en Washington para la cumbre pronunció sus palabras en un foro sobre la transparencia pública y privada en África, auspiciado por Open Society Foundations (OSF), Global Witness, Human Rights Watch y Oxfam Estados Unidos, entre otras organizaciones.

Los activistas lograron captar parte de la atención el lunes 4, aunque son una minoría en comparación con las delegaciones oficiales de los gobiernos, muchas de ellas lideradas por jefes de Estado, y los numerosos directores de empresas de Estados Unidos y África que buscan oportunidades de negocios en la cumbre.

El vicepresidente estadounidense, Joe Biden, y el secretario de Estado, John Kerry, compartieron la inquietud de Idrissa en declaraciones que realizaron el lunes en lo que se denominó el Cabildo Mundial del Foro de la Sociedad Civil, celebrado en la Academia Nacional de Ciencias de Washington.

“La corrupción generalizada es una afrenta a la dignidad de su pueblo y una amenaza directa a cada una de sus naciones”, declaró Biden. “Ahoga el crecimiento económico y ahuyenta la inversión y desvía recursos que deberían emplearse para sacar a la gente de la pobreza”, añadió el vicepresidente.

Kerry también hizo hincapié en la importancia de “la transparencia y la rendición de cuentas” para atraer inversiones y “crear un mercado más competitivo, donde las ideas y los productos se juzguen por el mercado y sus méritos, y no por un acuerdo tras bambalinas o un soborno”.

En el foro de OSF quedó claro que los activistas contra la corrupción están perdiendo la paciencia frente a lo que consideran la presión de las empresas para evitar que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), el organismo federal que regula los mercados de activos en este país, les imponga requisitos de divulgación más rigurosos.

En juego está el artículo 1504 de la ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor. La disposición de 2010 exige que las empresas extractoras que cotizan en las bolsas de valores de este país publiquen cada año todos los pagos que realicen a los gobiernos de Estados Unidos y de aquellos en los territorios donde operen.

La norma exigiría la declaración de todos los impuestos, regalías, tasas, derechos de producción y bonificaciones de las empresas con el fin de evitar la llamada “maldición de los recursos” que aflige a muchos países del Sur en desarrollo, especialmente en África subsahariana.

La ley abarcaría a ocho de las 10 mayores empresas mineras y 29 de las 32 mayores transnacionales petroleras.

Tras consultas a empresas, activistas y otras partes interesadas que le insumieron dos años, la SEC emitió un proyecto de reglamento que fue recibido por una demanda judicial del Instituto Americano del Petróleo (API), un grupo de presión que representa la poderosa industria del petróleo y gas de Estados Unidos.

Desde entonces, la SEC informó que no reanudará el proceso de reglamentación hasta marzo de 2015, lo cual es una fuente de frustración para los activistas contra la corrupción.

Mientras, la Unión Europea (UE), cuyos países miembros no demostraron históricamente tanta voluntad como Washington para impedir el soborno y la corrupción de sus empresas en el extranjero, comenzó a aplicar sus propias medidas de divulgación que abarcan a las industrias de energía y minería, pero también a las compañías madereras.

“Hasta el año 2000, la corrupción y el soborno de las empresas europeas no era solo legal, sino que se deducía de los impuestos”, explicó Mo Ibrahim, un empresario de telecomunicaciones y filántropo británico de origen sudanés, en el foro de OSF.

“Estados Unidos, que ha sido un referente en materia de corrupción, ahora arrastra los pies. ¿Acaso tienen agallas?”, preguntó a los presentes.

Ibrahim compartía así la inquietud que expresaba una carta abierta a Obama, publicada el día 3 y firmada por los directores nacionales de PWYP en Guinea, Níger, Tanzania, República Democrática del Congo, Chad, Ghana y Nigeria.

“Pasaron más de cuatro años desde que usted firmó la ley Dodd-Frank, cuyo artículo 1504 obliga a todas las empresas extractoras que cotizan en bolsas de Estados Unidos a publicar los pagos que hacen”, recordó la carta.

“Le pedimos que inste a la SEC la rápida promulgación de las normas que rigen el artículo 1504 para asegurarse de su conformidad con reciente legislación de la UE y… la transparencia en materia extractora”, añadió la misiva.

La armonización de las disposiciones de la SEC con las de la UE es fundamental, según Simon Taylor, cofundador y director de Global Witness, con sede en Londres.

“Si la SEC se equivoca, entonces vamos a tener un doble criterio”, advirtió, y algunas empresas europeas podrían trasladarse a Estados Unidos para buscar el amparo de sus normas menos severas.

Pero la API y otros detractores del artículo 1504 argumentan que la norma pondría en desventaja a las compañías de este país que compitan por explotar yacimientos mineros o petroleros, especialmente frente a China cuyas inversiones en África, sobre todo en los recursos naturales, se dispararon en la última década y son ya muy superiores a las de Estados Unidos.

Beijing no se sumó a la Iniciativa de Transparencia de las Industrias de Extracción, una organización internacional con sede en Oslo, que cuenta con la adhesión de 44 gobiernos, además de empresas, grupos de la sociedad civil, bancos internacionales de desarrollo e inversores institucionales.

Editado por Kitty Stapp / Traducido por Álvaro Queiruga