Los inversores y los ciudadanos desconfían de las empresas

Los inversores y los ciudadanos de a pie se están poniendo serios con las empresas, y cada uno a su nivel están tomando medidas, o al menos haciéndose conscientes de la importancia de la ética empresarial. Un estudio del centro de investigación francés Novethic, y una encuesta del Eurobarómetro (de la UE) muestran cómo unos y otros tienen cada vez más en cuenta la responsabilidad social a la hora de invertir o de consumir.

El estudio Compañías controvertidas: ¿Marcan las listas negras de los inversores la diferencia? analiza la influencia que pueden ejercer los inversores al negarse a invertir en empresas multinacionales que violan los derechos humanos. El documento cita explícitamente a seis multinacionales (Walmart, Yahoo!, Chevron, PetroChina, Vedanta y Shell), en las cuales han dejado de invertir varios gestores de fondos, por asuntos relacionados con los derechos laborales, la libertad de expresión, y los derechos humanos en general.

Se trata de 19 inversores del norte de Europa (especialmente Noruega) que gestionan más de 1,5 billones de euros, que practican la denominada "exclusión basada en normas", que consiste en descartar a aquellas empresas que incumplen los principales convenios internacionales de forma recurrente.

Esta práctica aumentó en un 54% en Europa entre 2009 y 2011, hasta alcanzar más de 2.340 millones de euros en activos controlados por este tipo de inversores responsables.

Entre las empresas que aparecen en un mayor número de "listas negras" de inversores hay varias petroleras, pero también una gran compañía tecnológica y una cadena minorista. Se trata de Walmart, por las condiciones laborales precarias de sus proveedores en países en desarrollo; Yahoo!, por violar la libertad de expresión en China; Chevron, por la multa aplicada por contaminar el Amazonas en Ecuador; PetroChina, acusada de ser cómplice de abusos perpetrados por los birmanos y los regímenes de Sudán; la minera Vedanta, por no respetar los derechos de los pueblos indígenas, y Shell, por la situación en el delta de Nigeria.

El estudio muestra que, aunque la práctica de "exclusión basada en normas" por sí sola no alcanza para cambiar las cosas, impulsa a los inversores a cuestionar los modelos de negocio. La percepción del inversor es que a la larga resulta demasiado costoso invertir en estas empresas controvertidas.

Ciudadanos comprometidos

Según una encuesta reciente del Eurobarómetro, la mayoría de los europeos estarían dispuestos a cambiar sus hábitos de consumo y comprar más productos ecológicos, pero muchos consideran que les falta información y desconfían de los reclamos ecológicos de los fabricantes.

La encuesta sobre las actitudes de los europeos frente a la creación del mercado único de los productos ecológicos muestra que más del 75 % de los encuestados están dispuestos a pagar más por productos respetuosos con el medio ambiente si confían en que verdaderamente lo son (77 %). Sin embargo, apenas la mitad de los ciudadanos de la Unión (55 %) se consideran informados sobre el impacto ambiental de los productos que compran y utilizan.

Las empresas que desean resaltar el comportamiento ambiental de sus productos se enfrentan a numerosos obstáculos, señala la UE en la nota de prensa. "Coexisten varios métodos diferentes promovidos por los gobiernos o por iniciativas privadas, por lo que esas empresas se ven obligadas a multiplicar los costes de proporcionar información ambiental. Los consumidores están sumidos en la confusión ante la proliferación de etiquetas diferentes con información variada, lo que dificulta la comparación de productos".

Janez Potočnik, comisario europeo de Medio Ambiente, señala: "Por supuesto que todos queremos ver más productos ecológicos en los estantes, pero esta encuesta revela que la mayoría de los consumidores se sienten confundidos ante los reclamos ecológicos y no confían en ellos. Esto no es bueno para los consumidores, ni recompensa a las empresas que realmente están haciendo un esfuerzo. Estamos trabajando con las empresas y otras partes interesadas para desarrollar la información creíble que los consumidores buscan cuando compran sus productos, lo que ayudará al crecimiento de los mercados y a la creación de oportunidades para la innovación y la inversión en la economía verde".

La gran mayoría de los ciudadanos de la UE cree que comprar productos ecológicos puede incidir de forma decisiva en el medio ambiente (89 %, en España es el 93%) y que esos productos son tan efectivos como los demás (74 %, en España el 79%).

Poco más de la mitad de los ciudadanos de la UE suele confiar en las alegaciones de los productores sobre el comportamiento ambiental de sus productos (52 %, en España el 56%), pero la mayoría desconfía de los informes de las empresas sobre su propio comportamiento ambiental (54 %, en España el 52%). Con todo, se observa un firme respaldo a la obligación de que las empresas publiquen informes sobre su comportamiento ambiental global y sobre el de sus productos (69 %).

Características del producto

Un tercio de los ciudadanos de la Unión (66 %) estaría dispuesto a pagar más por un producto si su garantía de fiabilidad se ampliara a cinco años. Más de nueve de cada diez encuestados consideran, además, que debería indicarse la vida útil prevista del producto (92 %).

Una proporción significativa de los encuestados no considera seguro consumir productos alimenticios después de la fecha que consta en la mención «consumir preferentemente antes del» (45 %). Esto significa que cada día se desperdician o se tiran grandes cantidades de alimentos comestibles. Más del 75 % de los ciudadanos suecos (81 %), austríacos (77 %) y británicos (77 %) consideran seguro consumir productos alimenticios después de la fecha que consta en la mención «consumir preferentemente antes del», opinión compartida por menos del 20 % de los ciudadanos de Rumanía (14 %) y Lituania (17 %). En España es el 42%.

La encuesta se llevó a cabo en los veintiocho Estados miembros de la Unión Europea. Más de 25 568 personas de grupos sociales y demográficos distintos fueron encuestadas por teléfono en su lengua materna en nombre de la Comisión Europea.