Los empleados están cada vez más lejos de formar sindicatos

Uno de los derechos con los que cuentan los empleados de una empresa es el de organizarse de manera pacífica para formar sindicatos con el fin de expresar sus necesidades y buscar mejores condiciones de trabajo. Pero, así se trate de un derecho, las cifras demuestran que en la mayoría de los casos no se actúa como si lo fuera, sobre todo en el sector privado.

En muchos países en vías de desarrollo existen problemas violentos relacionados con los sindicatos, en los que incluso se presentan asesinatos de los líderes sindicales para impedir que se logren determinados objetivos. Pero no hay que ir tan allá para observar prácticas poco correctas que van en contra de este derecho.

Algunas de estas prácticas se evidencian en un estudio realizado durante cuatro años por Kate Bronfenbrenner, profesora de la Universidad de Cornell y directora del Labor Education Research, en el que la autora encontró que los directivos emplean estrategias cada vez más agresivas para evitar el nacimiento de sindicatos en sus compañías.

Según Bronfenbrenner, en el sector público existe una libertad mucho mayor en este aspecto, lo que se evidencia en que 37% de los empleados de este sector pertenecen a algún sindicato. Pero hay un gran contraste al observar algunos de los comportamientos más comunes en los empleadores del sector privado cuando se encuentran frente a elecciones de representación sindical, como hostigamiento, vigilancia, interrogatorios, amenazas de cerrar las empresas, disminución de los beneficios y de los salarios, despidos, entre otros.

Los riesgos de formar un sindicato

De acuerdo con el estudio “La mayoría (de los trabajadores) piensa que, debido a la oposición de los empleadores, se correría un gran riesgo al decidir organizarse. Para estos trabajadores el derecho a organizarse y a negociar colectivamente -libres de coerción, intimidación y represalias- es, como máximo, una promesa postergada indefinidamente”.

Y es que las cifras publicadas son bastante dicientes: 63% de las empresas interrogaron a sus empleados, 57% amenazaron con cerrar el sitio de trabajo, 54% hicieron amenazas en las reuniones de las campañas de elección de representantes, 47% amenazaron con recortes de salarios y beneficios, y 34% despidieron a los trabajadores.

Además, de los sindicatos que recibieron este tipo de presiones, sólo 40% presentaron cargos de prácticas laborales injustas. Esto sin mencionar los resultados tan pobres de estas acciones legales, debido a que, según menciona el informe, la mayoría de las veces que los empleados apelan en sus casos los empleadores hacen todo lo posible por demorar la respuesta final de tres a cinco años. Y el ejemplo que ponen en el estudio es que la pena máxima que ha tenido que pagar un empleador para retribuir el daño ha sido de unos pocos miles de dólares por trabajador.

Por otro lado, la situación que viven un tiempo después los empleados que logran organizarse en sindicatos refleja las consecuencias tan negativas que este hecho tiene en su vida laboral. El estudio también presenta cifras que lo evidencian como que 52% de estos trabajadores no tenían un contrato de trabajo un año después de las elecciones sindicales y que 37% de ellos continuaban en la misma situación dos años más tarde.

En 2009 es más difícil todavía

Teniendo en cuenta que los empleadores han más que doblado sus estrategias y sus técnicas contra la creación de sindicatos, y que los empleados sienten temor a la hora de organizarse para negociar sus condiciones de trabajo debido a los riesgos que pueden correr, y también a la hora de presentar cargos por las presiones de las que son víctimas, podría decirse que este no es un año fácil para aquellos que realmente quieran unirse haciendo uso de su derecho.

El mismo informe lo plantea cuando dice que “En 2009 la gran mayoría de los trabajadores que quieren sindicatos no los consiguen”. Se trata entonces de evidencias de la difícil situación que probablemente viven millones de personas en el mundo que se sienten indefensas ante el miedo de perder sus empleos por intentar hacer uso de un derecho para mejorar sus condiciones de trabajo.