La economía colaborativa acaba de llevarse un serio varapalo en Francia que no dejará indiferente a la evolución del sector en otros países de Europa.
El servicio de transporte nocturno copartido Heetch ha sido severamente condenado por un tribunal de París, que obliga a sus jóvenes dirigentes a pagar 441.000 euros para reparar el perjuicio moral causado a los taxistas.
Heetch es una start-up francesa fundada en agosto de 2013 que explota y desarrolla una aplicación móvil para compartir coche durante la noche. La aplicación también ha sido suspendida por el mismo tribunal.
Además de pagar los 441.000 euros, Heetch debe asimismo cubrir las costas (91.000 euros), pagar una multa de 200.000 euros y cada uno de sus dirigentes 10.000 euros de multa.
Los delitos imputados son complicidad en el ejercicio ilegal de la profesión del taxi, práctica comercial deshonesta y organización ilegal de un sistema para poner en conexión a clientes con chóferes no profesionales.
La compañía ha anunciado que el servicio queda automáticamente suspendido y que van a leer con detenimiento la sentencia para determinar si apelan o no.
La sentencia ha provocado un seísmo en el sector, ya que los argumentos para la condena pueden aplicarse a otras actividades de la economía colaborativa y pone de manifiesto la necesidad de regular el sector, ampliamente respaldado por los usuarios.
Heetch estaba en pleno crecimiento y emplea a unas cincuenta personas. Se ha desarrollado en las grandes ciudades francesas, pero también de otros países como Varsocia, Estocolmoo Milán, sin que hasta el momento haya declarado beneficios. Ha destinado los cinco millones de euros invertidos en su desarrollo nacional e internacional.
El servicio que presta ha resultado también un acierto. Su actividad se limita únicamente a la noche, entre las 20,00 horas y las 6,00 horas de la mañana, y se concentra sobre todo los fines de semana y los barrios.
El servicio de transporte nocturno copartido Heetch ha sido severamente condenado por un tribunal de París, que obliga a sus jóvenes dirigentes a pagar 441.000 euros para reparar el perjuicio moral causado a los taxistas.
Heetch es una start-up francesa fundada en agosto de 2013 que explota y desarrolla una aplicación móvil para compartir coche durante la noche. La aplicación también ha sido suspendida por el mismo tribunal.
Además de pagar los 441.000 euros, Heetch debe asimismo cubrir las costas (91.000 euros), pagar una multa de 200.000 euros y cada uno de sus dirigentes 10.000 euros de multa.
Los delitos imputados son complicidad en el ejercicio ilegal de la profesión del taxi, práctica comercial deshonesta y organización ilegal de un sistema para poner en conexión a clientes con chóferes no profesionales.
La compañía ha anunciado que el servicio queda automáticamente suspendido y que van a leer con detenimiento la sentencia para determinar si apelan o no.
La sentencia ha provocado un seísmo en el sector, ya que los argumentos para la condena pueden aplicarse a otras actividades de la economía colaborativa y pone de manifiesto la necesidad de regular el sector, ampliamente respaldado por los usuarios.
Heetch estaba en pleno crecimiento y emplea a unas cincuenta personas. Se ha desarrollado en las grandes ciudades francesas, pero también de otros países como Varsocia, Estocolmoo Milán, sin que hasta el momento haya declarado beneficios. Ha destinado los cinco millones de euros invertidos en su desarrollo nacional e internacional.
El servicio que presta ha resultado también un acierto. Su actividad se limita únicamente a la noche, entre las 20,00 horas y las 6,00 horas de la mañana, y se concentra sobre todo los fines de semana y los barrios.
Movilizaciones de protesta
Tiene 500.000 usuarios con una media de 23 años, que encuentran en Heetch un remedio para el transporte en horas de fiesta en los que no abundan los servicios públicos. Realiza 10.000 trayectos a la semana por un costo medio de 10 euros.
Tampoco puede decirse que perjudique al sector del taxi, ya que los ingresos de sus 30.000 conductores ocasionales (con una media de 25 años de edad) rondan los 6.000 euros al año, que se destinan por lo general a cubrir el mantenimiento del vehículo.
Los creadores de Heetch señalan asimismo que sus usuarios no son clientes de taxis y que su suspensión no generará más negocio para los taxistas. Han convocado movilizaciones de sus usuarios este fin de semana para protestar contra la sentencia.
Los taxistas ya han señalado que ahora es el momento de proseguir la ofensiva legal contra Uber y otras plataformas colaborativas. Debido a la virulencia alcanzada, el tema se mete de lleno en la campaña electoral francesa, demandando a los candidatos posicionamientos para proteger esta actividad de la nueva economía.
La sentencia forma parte de la historia de una profesión regulada, la de los taxistas, ya sean asalariados o trabajadores independientes, contra la economía colaborativa, representada por la plataforma Heetch.
Regulación pionera
También sorprende porque surge después de que en diciembre pasado Francia se convirtiera en uno de los países europeos pioneros en poner un marco legal y fiscal a la economía colaborativa, tal como informamos en otro artículo.
La Asamblea Nacional aprobó entonces una ley según la cual a partir de un cierto nivel de ingresos obtenidos por el alquiler de una vivienda o de un coche, los particulares deberán darse de alta a la seguridad social y cotizar como cualquier otro trabajador.
Otras leyes anteriores regulan las estaciones del año destinadas al hábitat participativo, las obligaciones de informar de actividades relacionadas con las plataformas de internet, y establece el estatuto de los trabajadores colaborativos. La sentencia descompone todo este marco regulatorio.
Heetch ya había superado el año pasado otro enfrentamiento legal con la sociedad de vehículos con conductor, de la que salió absuelto al no demostrarse que su actividad perjudicaba a los demandantes.
Tiene 500.000 usuarios con una media de 23 años, que encuentran en Heetch un remedio para el transporte en horas de fiesta en los que no abundan los servicios públicos. Realiza 10.000 trayectos a la semana por un costo medio de 10 euros.
Tampoco puede decirse que perjudique al sector del taxi, ya que los ingresos de sus 30.000 conductores ocasionales (con una media de 25 años de edad) rondan los 6.000 euros al año, que se destinan por lo general a cubrir el mantenimiento del vehículo.
Los creadores de Heetch señalan asimismo que sus usuarios no son clientes de taxis y que su suspensión no generará más negocio para los taxistas. Han convocado movilizaciones de sus usuarios este fin de semana para protestar contra la sentencia.
Los taxistas ya han señalado que ahora es el momento de proseguir la ofensiva legal contra Uber y otras plataformas colaborativas. Debido a la virulencia alcanzada, el tema se mete de lleno en la campaña electoral francesa, demandando a los candidatos posicionamientos para proteger esta actividad de la nueva economía.
La sentencia forma parte de la historia de una profesión regulada, la de los taxistas, ya sean asalariados o trabajadores independientes, contra la economía colaborativa, representada por la plataforma Heetch.
Regulación pionera
También sorprende porque surge después de que en diciembre pasado Francia se convirtiera en uno de los países europeos pioneros en poner un marco legal y fiscal a la economía colaborativa, tal como informamos en otro artículo.
La Asamblea Nacional aprobó entonces una ley según la cual a partir de un cierto nivel de ingresos obtenidos por el alquiler de una vivienda o de un coche, los particulares deberán darse de alta a la seguridad social y cotizar como cualquier otro trabajador.
Otras leyes anteriores regulan las estaciones del año destinadas al hábitat participativo, las obligaciones de informar de actividades relacionadas con las plataformas de internet, y establece el estatuto de los trabajadores colaborativos. La sentencia descompone todo este marco regulatorio.
Heetch ya había superado el año pasado otro enfrentamiento legal con la sociedad de vehículos con conductor, de la que salió absuelto al no demostrarse que su actividad perjudicaba a los demandantes.