A finales de 2015, el Parlamento Europeo lanzaba un extenso documento sobre economía colaborativa, en el que explicaba la amplia gama de oportunidades –y amenazas- asociadas al uso de las nuevas tecnologías de la comunicación en los negocios.
El documento sugería además posibles acciones destinadas a ayudar a los políticos a potenciar los impactos positivos de la economía colaborativa, y a frenar sus posibles impactos negativos.
Así, el documento recomendaba, por ejemplo, estimular el libre flujo de ideas co-creadas, esencial para la creación de productos que satisfagan un mercado en continuo y veloz cambio; la creación de nuevas regulaciones aplicables que apoyen y protejan a todas las partes interesadas en la economía colaborativa; o el establecimiento de un proceso de reconocimiento de las criptomonedas (medios digitales de intercambio).
Para evitar los riesgos de la economía colaborativa, por otro lado, el documento invita a reconsiderar factores como las leyes que actualmente limitan lo que alguien puede hacer con los datos (lo “personal” y lo “privado” necesitan nuevas definiciones en un mundo en el que los datos son un bien comercializable, reza el documento); a considerar objetivamente el peligro de un uso delictivo de las nuevas tecnologías de la comunicación; y a implementar políticas a nivel global, y no solo local.
El documento sugería además posibles acciones destinadas a ayudar a los políticos a potenciar los impactos positivos de la economía colaborativa, y a frenar sus posibles impactos negativos.
Así, el documento recomendaba, por ejemplo, estimular el libre flujo de ideas co-creadas, esencial para la creación de productos que satisfagan un mercado en continuo y veloz cambio; la creación de nuevas regulaciones aplicables que apoyen y protejan a todas las partes interesadas en la economía colaborativa; o el establecimiento de un proceso de reconocimiento de las criptomonedas (medios digitales de intercambio).
Para evitar los riesgos de la economía colaborativa, por otro lado, el documento invita a reconsiderar factores como las leyes que actualmente limitan lo que alguien puede hacer con los datos (lo “personal” y lo “privado” necesitan nuevas definiciones en un mundo en el que los datos son un bien comercializable, reza el documento); a considerar objetivamente el peligro de un uso delictivo de las nuevas tecnologías de la comunicación; y a implementar políticas a nivel global, y no solo local.
Una iniciativa liderada
Las empresas del sector se han puesto ahora en marcha tras la publicación de este documento, con una iniciativa liderada por Airbnb Inc., Uber Technologies Inc. y TaskRabbit Inc.; en la que en total participan 47 compañías, informa The Guardian.
Estas empresas se han dirigido por carta al primer ministro holandés, Mark Rutte, cuyo país ejerce la presidencia rotativa de la UE, demandando un mayor compromiso con los modelos colaborativos de negocio que, dicen, están impulsando el empleo y el crecimiento en la UE.
Su carta trata de convencer a los líderes de la Unión Europea de que la economía colaborativa ayuda al crecimiento y no debe ser restringida por leyes nacionales fragmentarias.
Asimismo, dado que el bloque de las 28 naciones había señalado que va a evaluar el impacto de las leyes y reglamentos nacionales con el fin de impulsar las inversiones transfronterizas y de crear un mercado único digital, las empresas firmantes urgen a los Estados miembros a apoyar estos objetivos y a asegurar que las leyes locales y nacionales no limiten innecesariamente el desarrollo de la economía colaborativa en detrimento de los europeos.
La petición del CDR
El concepto de "economía colaborativa" se está volviendo tan popular como controvertido en Europa, dados su éxito progresivo y la falta de normas legales claras que rijan sus actividades a nivel de la Unión Europea.
El pasado cuatro de diciembre de 2015, el Comité Europeo de las Regiones (CDR), organismo consultivo que representa a los entes regionales y locales de Europa, se convirtió en el primer organismo de la UE en adoptar una posición formal sobre el tema, al señalar que la economía compartida debe ser por igual promovida y regulada mejor, con el fin de asegurar una adecuación legal y una competitividad justa, sin perjudicar a la innovación.
Como la Comisión Europea se ha comprometido a desarrollar una Agenda Europea para la economía colaborativa para el año 2016, los miembros del CDR solicitaban entonces que las instituciones de la UE legislen a este respecto, para contar con un marco sólido, de orientación institucional y jurídica, ni demasiado estricto ni tan amplio que sofoque la innovación.
Las empresas del sector se han puesto ahora en marcha tras la publicación de este documento, con una iniciativa liderada por Airbnb Inc., Uber Technologies Inc. y TaskRabbit Inc.; en la que en total participan 47 compañías, informa The Guardian.
Estas empresas se han dirigido por carta al primer ministro holandés, Mark Rutte, cuyo país ejerce la presidencia rotativa de la UE, demandando un mayor compromiso con los modelos colaborativos de negocio que, dicen, están impulsando el empleo y el crecimiento en la UE.
Su carta trata de convencer a los líderes de la Unión Europea de que la economía colaborativa ayuda al crecimiento y no debe ser restringida por leyes nacionales fragmentarias.
Asimismo, dado que el bloque de las 28 naciones había señalado que va a evaluar el impacto de las leyes y reglamentos nacionales con el fin de impulsar las inversiones transfronterizas y de crear un mercado único digital, las empresas firmantes urgen a los Estados miembros a apoyar estos objetivos y a asegurar que las leyes locales y nacionales no limiten innecesariamente el desarrollo de la economía colaborativa en detrimento de los europeos.
La petición del CDR
El concepto de "economía colaborativa" se está volviendo tan popular como controvertido en Europa, dados su éxito progresivo y la falta de normas legales claras que rijan sus actividades a nivel de la Unión Europea.
El pasado cuatro de diciembre de 2015, el Comité Europeo de las Regiones (CDR), organismo consultivo que representa a los entes regionales y locales de Europa, se convirtió en el primer organismo de la UE en adoptar una posición formal sobre el tema, al señalar que la economía compartida debe ser por igual promovida y regulada mejor, con el fin de asegurar una adecuación legal y una competitividad justa, sin perjudicar a la innovación.
Como la Comisión Europea se ha comprometido a desarrollar una Agenda Europea para la economía colaborativa para el año 2016, los miembros del CDR solicitaban entonces que las instituciones de la UE legislen a este respecto, para contar con un marco sólido, de orientación institucional y jurídica, ni demasiado estricto ni tan amplio que sofoque la innovación.