Óscar Corcho: “Todavía hay mucho camino por recorrer en proyectos de transparencia”

El lanzamiento del portal de transparencia del Estado ha reabierto el debate sobre la importancia de este tipo de herramientas para facilitar a los ciudadanos la labor de control al Gobierno. Como tal, ha supuesto un avance importante para centralizar información que antes se encontraban esparcida por muchas Webs de distintos ministerios, permitiendo además solicitar más datos, pero tiene sus limitaciones. Su inauguración coincide con la entrada en vigor de la denominada Ley de Transparencia, un año después de su aprobación, en la que se daba un plazo a las comunidades autónomas hasta el 10 de diciembre de 2015 para ponerla también en marcha.

Poco a poco, con leyes y portales de datos abiertos, España se sube al carro de la transparencia, pero todavía queda mucho camino por recorrer para que estos proyectos maduren, sobrevivan en el tiempo y se conviertan en recursos imprescindibles para empresas y ciudadanos. Así lo cree el experto en apertura de datos Óscar Corcho, profesor titular de Universidad en el Departamento de Inteligencia Artificial de la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y co-fundador de la empresa Localidata.

Una de sus áreas de trabajo está centrada en la apertura de datos, fundamentalmente por parte de administraciones públicas. En este sentido ha colaborado en los proyectos de apertura de datos de instituciones españolas como el Instituto Geográfico Nacional, la Agencia Estatal de Meteorología, el Ayuntamiento de Zaragoza, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid o el Gobierno de Aragón, entre otros.

En estos días se habla mucho de datos abiertos e información pública, pero ¿es lo mismo?

Existe confusión sobre algunos de estos temas que se están tratando ahora mismo, y que en muchas ocasiones se mezclan, a veces de forma incorrecta, en mi opinión. A mí me gusta hablar de dos áreas bien diferenciadas: datos abiertos y transparencia.

Los datos abiertos, cuando hablamos del gobierno, son datos de los que dispone la administración pública (un ayuntamiento, una diputación, una comunidad autónoma, un Ministerio, etc.) que deben ser puestos a disposición de todos los que quieran usarlos, ciudadanos, empresas y la propia administración, para generar valor (económico, social, de mejora de servicios públicos, o de cualquier otro tipo). Por ejemplo, ¿cuántas empresas en España tienen que obtener una lista de los códigos postales para usarla en algún formulario de la Web? ¿Cuánto tiempo y dinero emplean en ello? ¿No sería ideal que estos datos los proporcionara Catastro, Correos o quien corresponda, estuvieran siempre actualizados y fueran muy fáciles de usar? Eso ahorraría mucho dinero a muchas empresas.

La transparencia es otro asunto distinto. Tiene que ver con el hecho de que los ciudadanos deberían poder hacer en cualquier momento una labor de auditoría de todo lo relacionado con la administración pública. Desde cuánto cobra un alcalde hasta cuánto costó arreglar una determinada calle o un listado de todas las quejas y sugerencias recibidas por los ciudadanos.

¿Qué beneficios aportan los datos abiertos tanto al gobierno como a la ciudadanía?

Claramente, los datos abiertos pueden aportar beneficios económicos a las empresas que los reutilizan para generar valor añadido, e indirectamente a los ciudadanos, que podrán obtener mejores servicios a menor precio. Pero también a la propia administración pública, que se convierte en ocasiones en reutilizadora de sus propios datos. ¿Cuántas veces ocurre en un ayuntamiento que una concejalía necesita datos de otra y pedirlos internamente cuesta mucho más que acceder a los datos si son abiertos?

Pero no debemos quedarnos sólo en los beneficios económicos. También puede haber beneficios sociales y de mejora de servicios públicos. Por ejemplo, una aplicación que ayude a seleccionar una ruta accesible utilizando transporte público. Además, las administraciones se pueden beneficiar de tener muchos más “ojos” mirando sus datos, encontrando posibles errores, y ayudando por tanto a mejorar la calidad de sus datos.
 

En este sentido, ¿qué le parece el nuevo portal de transparencia puesto en marcha por el Gobierno central?

Este portal está centrado en la parte de transparencia; para datos abiertos ya lleva algunos años funcionando el portal datos.gob.es. Por tanto, su función es la de permitir a los ciudadanos hacer una labor de control de lo que el Gobierno está haciendo. Como tal, ha supuesto un avance importante para tener en un lugar centralizado algunos datos que antes se encontraban esparcidos por muchas Webs de distintos ministerios. Sin embargo, también tiene importantes limitaciones de cara a facilitar esta labor de control. Yo no he sido capaz aún de encontrar una forma de descargar todos los contratos que están publicados bajo la sección de contratos de una forma sencilla, en una hoja de cálculo, para poder hacer así mis cuentas y mis análisis. Esto sería muy útil también para los periodistas especializados en datos.

¿Quiénes deben ser entonces los usuarios principales de este portal?

Los usuarios potenciales deben ser todos los ciudadanos, así como aquellos que generan información para los ciudadanos -por ejemplo, los periodistas-, que pueden generar historias a partir de estos datos. Para mí el principal inconveniente sigue siendo que la labor de búsqueda de datos es muy tediosa, y no es fácil buscar cosas como “dame la suma de dinero que se ha llevado una empresa concreta en contratos con el Ministerio de Presidencia”, por poner un ejemplo.

¿Acaba la tarea con la puesta en marcha de un portal? ¿Qué acciones se deben incluir a su juicio para completar la estrategia?

Tanto en el área de datos abiertos como en la de transparencia, no se puede terminar con la puesta en marcha del portal, ni tampoco empezar por ahí necesariamente. En todos los casos debe haber una estrategia más general, una de cuyas acciones es la generación del portal. Si pensamos en los datos abiertos, la estrategia debe asegurar que la organización se toma en serio su política de datos abiertos, que la hace sostenible en el tiempo, que atiende a las necesidades de las empresas y ciudadanos que quieren reutilizar su información, y que evoluciona en el tiempo de acuerdo con estas necesidades.

Para la política de transparencia, el primer paso es claramente aunar en un único punto de acceso toda la información que se pueda obtener, pero también hay que explicar con claridad qué datos se tienen y cuáles no, cuál es la calidad de estos datos, cuáles son los planes para incorporar nuevos datos, etc.

¿Cómo valora la evolución de la política de datos abiertos llevada a cabo por otras administraciones, instituciones o fundaciones en España?

En España todavía nos encontramos en una situación incipiente, con algunas excepciones. Este año se han creado muchos portales de datos abiertos (sobre todo de ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas) y algunos de transparencia, pero todavía hay mucho camino por recorrer para conseguir que estos proyectos maduren, sobrevivan en el tiempo y se conviertan en recursos imprescindibles para empresas y ciudadanos.

Un avance muy claro, en el área de datos abiertos, se ha producido muy recientemente con la aprobación de una norma AENOR sobre datos abiertos para ciudades, en la que he tenido el placer de ayudar, junto con bastantes ciudades, organismos públicos, federaciones de municipios y algunas empresas privadas. Allí todos nos hemos puesto de acuerdo en cómo evaluar y mejorar las iniciativas de datos abiertos de las ciudades, y en los conjuntos de datos que se deberían publicar de manera prioritaria, así como en sus formatos, para facilitar la reutilización cuando nos movemos de una ciudad a otra. Vamos, que si creo una aplicación sobre farmacias de guardia para Zaragoza, esta aplicación también me sirva en Cáceres.

¿Cómo se pueden aprovechar los servicios de datos abiertos desde el sector privado?

De muchísimas maneras, y sobre todo de maneras en las que no hemos pensado todavía, y que a alguna empresa se le ocurrirán en el futuro. Y sobre todo porque evitan costes innecesarios de adquisición de datos, de los que ya se ha encargado la administración pública.

De esta forma avanzamos hacia la ciudad inteligente. ¿Qué papel debe jugar la ciudadanía en esta transformación? ¿Cómo se pueden y deben aprovechar sus datos?

Los ciudadanos también se pueden y deben convertir en una parte activa de las ciudades inteligentes. Cuando hablamos de transparencia, la función de los ciudadanos parece muy clara, por lo relacionado con la auditoría de la labor de la administración pública. Por la parte de datos abiertos, los ciudadanos pueden ayudar a mejorar la calidad de los datos de los que dispone la administración, pues son los primeros que saben que un comercio acaba de cerrar, o que un árbol tiene una rama que se puede caer. También hay que pensar en los ciudadanos que se unen en grupos de trabajo para crear aplicaciones que ayuden a mejorar su vida y la de sus vecinos.

Desde su experiencia y conocimiento, ¿cómo sería el portal ideal de datos abiertos?

Un portal en el que el único parámetro a considerar no sea el número de conjuntos de datos que hay disponibles o los colores utilizados en la página Web que los contiene, sino donde lo importante sea que los conjuntos de datos que se ponen a disposición de empresas y ciudadanos son los que estos han pedido, con estructuras de datos homogéneas a las de otras ciudades y por tanto mucho más reutilizables, donde los datos se actualizan de manera frecuente y no se proporcionan en un documento PDF del que hay que copiar y pegar, sino en ficheros Excel, como CSVs, o en formatos más avanzados como RDF o JSON-LD. Y si en lugar de hablar de ficheros, hablamos de APIs (interfaces de programación que son más fáciles de utilizar para los que desarrollan aplicaciones) mucho mejor.

¿Cree que la ley actual de protección de datos es compatible con el ‘open data’?

Es compatible. Exponer datos abiertos no significa necesariamente exponer datos que puedan ser sensibles a los aspectos relacionados con la protección de datos. Lo más importante es que este aspecto no debe ser un obstáculo para las organizaciones que quieran hacer disponibles sus datos abiertos, algo que he visto en muchas ocasiones como excusa por los responsables de algunas organizaciones para evitar publicar datos. Afortunadamente, cada vez escucho menos esta excusa.