La mayor responsabilidad de la deforestación de la Amazonia brasileña recae sobre las grandes propiedades de tierra, según concluye un estudio realizado por el departamento Biodiversidad y gestión Ambiental de la Universidad de León y el Instituto del Medioambiente de Estocolmo (SEI, por sus siglas en inglés).

Para los autores del estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), los terrenos privados más extensos –que negocian con madera y hacen uso de la agricultura intensiva– provocaron el 48% de la deforestación entre 2004 y 2011, frente al 12% causado por los pequeños propietarios.

Las causas son, principalmente, la expansión ganadera para atender mercados nacionales e internacionales de carne; a mucha distancia se sitúan el cultivo de soja, maíz y, más recientemente, la palma aceitera.

Con todo, la responsabilidad de las grandes propiedades ha caído un 63% frente al incremento del 69% de los pequeños productores, que suponen un 75% del total. Para los autores, esto se debe a que el Gobierno de Brasil y las regiones implicadas han implementado políticas de control y acción legal dirigidas principalmente a grandes propietarios.

Un ejemplo es la moratoria de soja, un compromiso de los productores brasileños de soja que entre 2006 y 2009 acordaron no negociar con los agricultores implicados en la deforestación.

Los propietarios pueden deforestar por ley el 20% de sus propiedades, pero pueden compensar excesos en otras áreas del mismo bioma amazónico. También existe la posibilidad de comprometerse a la regeneración de las áreas deforestadas en un determinado plazo de tiempo, señalan los investigadores.

Para Javier Godar, investigador del SEI y autor principal del artículo, las medidas actuales "pueden haber alcanzado los límites de su eficacia. Gran parte de las tierras se utiliza mal y pese al crecimiento económico a menudo asociado a la conversión de bosques en tierras de cultivo, muchos habitantes de la Amazonia continúan viviendo en la pobreza”.

Por ello consideran necesarias unas políticas ecológicas que incentiven y financien prácticas sostenibles. “No sería aceptable aplicar medidas punitivas a los pequeños productores, no solo por su menor responsabilidad total, sino por las situaciones de pobreza y marginación, que se verían agravadas injustamente. Hacen falta cambios estructurales. Para un sistema de incentivos harían falta grandes sumas de dinero en una zona muy compleja a nivel socio-ecológico”.


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