Un total de 32 asociaciones de emigrantes chilenos presentes en cinco países han entregado a los Jefes de Estado y Gobierno de Latinoamérica y el Caribe, así como a los de la Unión Europea (CELAC_UE), que se reúnen este fin de semana en Santiago de Chile, una carta en la que recaban su apoyo para conseguir el derecho a votar en las elecciones chilenas sin más exigencias que las establecidas en la actual Constitución política chilena vigente.
 
La población chilena asciende aproximadamente a 17 millones de habitantes y en el extranjero residen cerca de un millón, que están privados de este derecho constitucional.
 
Los firmantes señalan en su escrito que la Constitución chilena establece que todos los ciudadanos mayores de 18 años que no hayan sido condenados a pena aflictiva tienen derecho a votar, sin que haga diferencia alguna con respecto al domicilio, sea éste en Chile o en o en cualquier otro país.
 
En su carta, las asociaciones de emigrantes explican que desde el fin de la dictadura en 1990, los chilenos que residen en el extranjero han venido luchando para que el Estado chileno les reconozca el derecho a sufragar en el exterior, como ocurre en la casi totalidad de los países latinoamericanos, y en la inmensa mayoría del resto de los países del mundo.
 
Todas las iniciativas legislativas que se han promovido hasta ahora han fracasado, denuncian en su carta, ya que “los partidos de derecha se han opuesto a su adopción de manera  sistemática, ilegítima e inaceptable”.
 
Añaden que en 2005, el entonces candidato Sebastián Piñera prometió el voto en el Exterior en las reuniones que sostuvo con compatriotas residentes en Suecia y en España. “Sin embargo, desde su ascensión al poder, insiste en limitar este derecho imponiendo requisitos inaceptables y arbitrarios, tales como la existencia de ‘vínculo’ – concepto que nunca ha definido - así como la obligación de haber visitado y permanecido en el país un período de tiempo para poder votar. A este respecto, la Corte Suprema de Justicia de Chile declaró inconstitucionales tales condiciones sobre la base del principio constitucional de igualdad de todos los chilenos, donde quiera que se encuentren”.
 
Por último, las asociaciones hacen notar en su escrito que, con tales actitudes, el Estado chileno se encuentra infringiendo lo estipulado en diversos convenios y tratados internacionales de los cuales es firmante y que han sido ratificados por el Congreso Chileno, entre ellos  la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y el Convenio Internacional sobre Trabajadores Migrantes y sus Familias.