Una comunidad beduina palestina corre riesgo inminente de sufrir un traslado forzoso, una grave violación de la Cuarta Convención de Ginebra, si el Gobierno israelí ejecuta la orden militar de demoler toda una aldea en la Cisjordania ocupada, el próximo domingo, informa la Acción contra el hambre, una organización humanitaria internacional que lucha contra las causas y los efectos del hambre, en un comunicado.

Una coalición de más de 80 organizaciones humanitarias internacionales hace un llamamiento para que se produzca una intervención internacional urgente para prevenir las demoliciones y el posterior desplazamiento forzoso de 130 personas, la mitad de las cuales son niños.

Las autoridades israelíes han emitido 42 órdenes de demolición que amenazan a casi todas las estructuras (aproximadamente 140 en total) de la comunidad de Khan al-Ahmar-Abu al-Helu. Sus residentes tienen de plazo hasta este domingo para “auto-demoler” sus casas y estructuras o enfrentarse a los bulldozers que destruirán el pueblo.

Algunas de las estructuras amenazadas han sido financiadas por la comunidad internacional como parte de varios programas humanitarios y de desarrollo, incluyendo una escuela que atiende a 170 niños. Las demoliciones podrían tener lugar en cualquier momento a partir del próximo domingo 12 de marzo, a menos que la corte superior emita una orden de suspensión o que la presión diplomática tenga éxito a la hora disuadir la puesta en marcha de las órdenes de demolición por parte de las fuerzas israelíes.

Naciones Unidas ha advertido repetidamente que la propuesta de “reubicación” por parte del Gobierno de Israel de las comunidades palestinas equivaldría a un desplazamiento forzoso, una grave violación del Cuarto Convenio de Ginebra.

Khan al Ahmar es una de las 46 comunidades de Cisjordania central (con una población total de aproximadamente 7.000 personas, de las cuales el 70% son refugiados palestinos), que Naciones Unidas considera en riesgo de desplazamiento forzoso debido a que Israel planea trasladarlas a uno de los tres “sitios de reubicación” designados, lo que constituiría una grave infracción del Cuarto Convenio de Ginebra.

Estas reubicaciones allanarían el camino para la expansión de los asentamientos y la anexión de facto del territorio palestino ocupado por Israel. Las viviendas y estructuras palestinas a menudo son demolidas con la justificación mal fundada de que son “ilegales” porque han sido construidas sin permisos emitidos por Israel, a pesar de que estos permisos son casi imposibles de adquirir. 2016 registró el mayor número de demoliciones de estructuras palestinas desde que Naciones Unidas comenzara a registrarlas, cerca del doble del año anterior, 1.094 en comparación con 549 demoliciones en 2015. En 2017 ya se ha demolido 174 estructuras hasta la fecha.