Entrevista de Ignacio Ossa 
revista Cosas 30.10.2015

El despacho de José Rodríguez Elizondo está tapizado de caricaturas. Algunas de corte político y otras con motivos más familiares. El punto en común es que todas están firmadas por “Pepe”. Así es como le dicen sus amigos y así firma en su oficio de ilustrador, que data desde que tiene memoria. Ya ha escrito muchos libros sobre política internacional y diplomacia, campos en que se maneja con soltura y agudeza, pero pronto dará un paso distinto y recopilará una selección de sus dibujos en un libro que se llamará “Pepemonos”. Esto no quiere decir que dejará su pasión por los temas internacionales. Menos hoy, que forma parte de la comisión asesora por el pleito con Bolivia. Esto lo hace tomar un poco más de distancia y hablar en un tono más apaciguado que aquel al que nos tiene acostumbrados. De todos modos, su visión crítica de cómo se ha llevado este tema igual se filtra en sus dichos. Además, relata con su faceta de historiador conflictos antiguos que vienen a explicar el porqué Chile ha tomado ciertas decisiones. Ve con buenos ojos los nuevos nombres que la Cancillería ha sumado a sus filas, como son los de Joaquín Fermandois, Ascanio Cavallo y Gabriel Gaspar. “Con esto se está dando una señal de rectificación. Se está demostrando flexibilidad para asumir la crítica sobre el juridicismo unidimensional con que se ha llevado la defensa de Chile desde el pleito con Perú”, advierte.

–¿Hay diferencias entre cómo se enfrentó el pleito con Perú y el de ahora con Bolivia?

–Hay diferencias, porque Perú planteó un tema jurídicamente plausible, basado en que no existía un “tratado específico de frontera marítima”. Yo había escrito que lo que existía era un complejo normativo formado por declaraciones presidenciales, tratados sobre zonas pesqueras y actos administrativos, como la erección de torres de enfilamiento para hacer señales en el mar. En su fallo, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), muy cerca de mi análisis, dijo que no había un tratado específico de frontera, sino una ‘frontera tácita’. La estrategia de Perú, en definitiva, fue tomar la bandera de la legalidad que suele esgrimir Chile. Fue una especie de ‘contrasimbolización’, que nos dejó colgados de la brocha judicial.
Nuestro Presidente, tal vez siguiendo a sus abogados, dijo que no había controversia jurídica porque existían tratados intangibles. Con ese campo libre, los peruanos profundizaron en lo jurídico y los jueces negociaron entre ellos una solución al conflicto, que fue la solución del paralelo hasta las 80 millas. Si nosotros hubiésemos negociado directamente con Perú, posiblemente nos hubiera ido mejor.

–¿Se pensó en negociar directamente?

–Fue mi opinión, pero para nuestros expertos oficiales habría sido una muestra de debilidad.

–Respecto del tema de Bolivia, ¿no se tomaron apuntes para no cometer o repetir errores?

–Con Bolivia tendríamos que haber negociado, pero de manera franca y realista: sabiendo que no se puede cortar nuestro territorio y que quedaba solo la opción por el norte, para lo cual se necesitaba “el previo acuerdo” con Perú.
Cuando vino la demanda boliviana, podríamos no haberla asumido, porque no era jurídicamente plausible. Juristas connotados bolivianos decían que el tema era más político que jurídico, sugiriendo que era una demanda sin destino. Pero Evo demostró ser más astuto que sus juristas. Sabía, por lo visto, que la Corte, en cuanto organismo de Naciones Unidas, siempre tiende a aplicar la equidad. En estas dos demandas no hemos tenido nada que ganar, por lo cual la equidad nos perjudicaba de partida.

–¿Hasta dónde podría llegar la equidad en este caso? ¿Puede que el solo hecho de declarar la competencia sea un gesto suficiente para Bolivia?

–Cuando se estudió entre expertos cómo responder a Bolivia, yo sugerí que aplicáramos el artículo 53 del estatuto de la CIJ, que permite no presentarse ante una demanda. Según este texto, el demandante podría pedir que se fallara a su favor, pero antes la Corte debe asegurarse que tiene competencia y que la demanda está fundada en cuanto a los hechos y el derecho. En otras palabras, el estatuto CIJ nos permitía descomprometernos del juicio y exponer nuestras razones.
Pero nuestro juristas dijeron que eso era ponernos en rebeldía y quedarnos en la indefensión jurídica. ¡Pero si eso es propio del derecho privado doméstico! Extramuros, un país no solo se defiende con abogados, sino que también con diplomáticos negociadores y con decisiones soberanas. En la base de ese razonamiento estuvo la tesis semioficial de que Chile no puede negociar cuando el tema en conflicto afecta su soberanía. Esto va a contrapelo de la realidad histórica. Cuando Chile obtuvo un laudo favorable con Argentina por el caso del Beagle, los argentinos no lo aceptaron, porque creían tener la fuerza. Chile entonces negoció soberanía con Argentina. Los tratados vigentes con Perú y Bolivia fueron sobre soberanía. ¿Fue un error haberlos negociado? Esa es una tesis extravagante. Nadie puede decir, con realismo, que los temas que comprometen la soberanía no se negocian. Pero, hasta el momento, nadie ha reconocido que es una tesis errónea.

EL SILENCIO DE BACHELET

–¿Es una derrota lo de La Haya?

–Obviamente es una derrota. Uno asigna el término victoria o derrota, según el fin que persigue. El fin de Evo no era demostrar una tesis jurídica, sino tener el máximo de opinión pública favorable a nivel mundial y así presionar a Chile. Si la posición de Bolivia antes era la internacionalización de su aspiración marítima, con Evo avanzó hacia la globalización. Salió de la OEA hemisférica y llegó al mundo de la ONU.

–¿En qué pie queda Bolivia si, luego de declararse competente, la CIJ no le da la razón?

–Con el reciente fallo, Bolivia ya ganó un punto político. Tras este inicio, la Corte puede emitir un fallo final negativo o positivo para Bolivia, pero para Chile siempre será negativo. Obviamente, el hecho de que la Corte nos obligue a negociar una salida soberana al mar sería una intromisión oprobiosa en nuestra soberanía. Al parecer, eso no sucederá, pues el fallo redujo esa posibilidad. Pero, llámenos o no a negociar una salida soberana, lo ya sucedido tiene más fuerza comunicacional para Bolivia que los pronunciamientos de la OEA. Si hasta el Papa se ha plegado.
Estoy muy preocupado porque me doy cuenta de que nos dejamos encerrar en un juridicismo ciego a la dimensión política, diplomática y comunicacional. Podemos evitar que la Corte nos exija entregar soberanía, pero no evitaremos el clima político adverso contra Chile. No podemos ignorar que la opinión pública mundial tiene un peso estratégico. Cualquier experto lo sabe.

–Al mirar la estrategia de Evo Morales y cómo ha logrado vender la causa boliviana al exterior, ¿la Presidenta Bachelet ha guardado demasiado silencio?

–Sus motivaciones las ignoro, pero mi percepción es que el espacio presidencial del conflicto lo ha copado Evo Morales.

–¿Se ha producido una asimetría de poder entre las figuras que hablan por Bolivia y por Chile? Porque en Chile habla el canciller y en Bolivia, el Presidente.

–Frente al silencio presidencial, habla el canciller Muñoz. Según los códigos diplomáticos, eso da ventajas claras al Presidente Morales. Sé que muchos dicen que la Presidenta no debe andar respondiéndole a Evo cada vez que nos agrede. Que esto es un asunto de dignidad. Pero el silencio político solo vale cuando se rompe. El silencio sostenido no tiene mérito. Hay que hablar en algún momento. Bastaría con hacerlo un par de veces al año, para explicar al pueblo de Chile y a la ONU en qué consiste el problema. Eso vale más que cualquier pimponeo diario con Evo.

–¿Chile le facilita la labor a Evo Morales al no salir a explicar su posición con la fuerza del gobierno boliviano?

–Nosotros descansamos en la ley. Miramos el tratado de 1904 y nos quedamos tranquilos porque es “intangible y santo”. ¡Guau! La historia de las guerras es la historia de la violación de los tratados. Yo lo pienso desde la política realista y mis amigos abogados desde la letra de la ley.

–¿La diplomacia chilena no es realista?

–La diplomacia chilena es “juridicista”. Yo la defino como “jusdiplomacia”. La única historia de la diplomacia que existe en Chile la escribió el abogado y diplomático Mario Barros van Buren. En su libro, que cubre dos siglos hasta 1935, sostuvo que la diplomacia chilena se caracterizaba por su “esclavitud jurídica” y su “espantosa falta de imaginación”. Los argentinos en los 50 nos miraban como tontos y la Cancillería peruana decía que la nuestra era la gran desprevenida.

–¿Usted sería partidario de retomar las negociaciones antes del fallo y apurarse?

–Desde el punto de vista de Bolivia, hay una situación insólita. Evo nos demanda y, con el pleito en curso, nos ofrece dialogar y negociar. Yo me pregunto por qué no hacerlo, si eso implicara, naturalmente, el fin del pleito. Pero la negociación debe ser realista y explicitar las limitaciones de Chile y la participación de Perú. Recuerdo que Carlos Mesa, antes de ser vocero boliviano, dijo que Chile no va a cortar su territorio y que “el nudo gordiano del conflicto es triple, afecta a Chile, Perú y Bolivia, y pasa por Arica”. Lo primero sería ponerse de acuerdo con Perú, que es a lo que obliga el protocolo de 1929, para plantearle una revisión del tema de la exclusión de Bolivia, considerando los 86 años transcurridos. Entre ambos países podrían definir si procede o no ceder soberanía o si bastaría con perfeccionar el acceso de Bolivia al mar por Arica. Si es lo primero, se le ofrece conjuntamente a Bolivia una salida por Arica, como la de 1950 y 1975. Pero, si Chile y Perú concluyen que es mejor mantener el statu quo, pueden levantar una política común hacia Bolivia, que mejore sus accesos sin ceder soberanía, lo que podría ser políticamente irresistible. Terminaría de una vez la política boliviana de dividirnos para mejorar sus posiciones, cosa que ha hecho hasta ahora con un éxito notable. 










–.

Publicado en El Mostrador de 2.10.2015

Para los abogados-abogados es difícil comprender en qué consiste la diplomacia. Académicamente adiestrados para encajar las conductas del presente en las normas jurídicas del pasado, les cuesta aceptar que, en casos de conflicto, los grandes diplomáticos las tomen con beneficio de inventario. Es decir, como precedentes que pueden o no ser útiles para una negociación.

Podríamos analizar el tema desde la filosofía o la historia del derecho, pero en formato periodismo sería un poco pedante. Baste apuntar que los juristas –que son algo más que abogados- saben que, epistemológicamente hablando, la ciencia jurídica es “historia congelada” y que el intelecto griego era incapaz de confinarse en la camisa de fuerza de una fórmula legal.

Más fácil resulta enterarse de esta por los ejecutores pensantes de la diplomacia. Estos han llegado a conclusiones semejantes, fraguadas en la práctica de los conflictos internacionales. En rápida sinopsis, tenemos al diplomático y miembro de la Academia Francesa Francois de Calliéres (1645-1717), quien advirtió que los malos consejeros del rey eran hechura del ethos juridico: “la formación de un abogado inculca hábitos y disposiciones intelectuales que no son favorables en la práctica de la diplomacia”. Añadió que “la diplomacia es una profesión que merece la misma preparación y atención que los hombres dan a otras profesiones conocidas”.[[1]]url:#_ftn1  

En época más cercana, el embajador, académico y jurista francés Jules Cambon (1845-1935) puso en guardia contra “la ilusión de creer que no existen más derechos para las naciones que aquellos que los tratados les confieren”. Lo explicó en un libro de 1926, agregando que “el carácter diplomático difiere del jurídico, pues “la aplicación de las leyes y su interpretación llevan consigo en teoría un cierto rigor, que se acomoda mal con el empirismo de la política”.[[2]]url:#_ftn2

También hay letrados chilenos en la misma onda. Mario Barros Van Buren, abogado, diplomático de carrera y autor de la notable Historia diplomática de Chile (1970), incluso lo expresa en tono áspero. Dice que nuestra diplomacia de los dos siglos pasados transcurrió en “la esclavitud jurídica” y en un contexto de “espantosa orfandad de imaginación”. Argentinos conspicuos nos trataban “como tontos” y en Lima se definía a nuestra Cancillería como “la gran sorprendida”. Añade que, en vez de aprovechar a los diplomáticos profesionales meritorios, la autoridad prefería “encargar las misiones delicadas al exterior al brillante areópago de abogados, profesores y eruditos que constituían el orgullo del Chile decimonónico”.

Algo similar dice el abogado y embajador Jorge Heine, para quien “reducir la acción internacional de un país al respeto de las normas jurídicas internacionales es equivalente a decir que el objetivo político clave de  un gobierno debe ser respetar la Constitución y las leyes”.[[3]]url:#_ftn3 Eduardo Ortiz, abogado ex embajador y Director de la Academia Diplomática de Chile, aludiendo a las limitaciones del Derecho Internacional, escribió que la relación entre naciones e individuos “se desarrolla a pesar de las normas o en ausencia de ellas”.[[4]]url:#_ftn4 El abogado y politólogo Luciano Tomassini, en una de sus obras, hizo una síntesis muy precisa de la relación contradictoria entre abogados y diplomáticos, agregando el insoslayable factor de la fuerza: “la diplomacia ha oscilado siempre entre el derecho y el uso de la fuerza, con una instancia intermedia que es la negociación”. Concluyó que la negociación es “el método normal, más satisfactorio y menos peligroso para conducir las relaciones entre los Estados”.[[5]]url:#_ftn5

EL CAMINO DE LA REALIDAD

Parece claro, entonces, que hay una tensión histórica  entre abogados y diplomáticos, respecto al rol del derecho como medio de solución de los conflictos internacionales. Si uno se pregunta por su origen duro, debe “descender” desde las teorías a la realidad. Esto significa que, siendo los conflictos interestatales conflictos de poder, los gobiernos competentes los enfrentan con toda la panoplia del poder y con los profesionales que mejor puedan defender sus intereses.  No se limitan, ingenuamente, a los cultores de la hermenéutica legal.

Visto así, el acotamiento del rol de los abogados, en las diplomacias desarrolladas, ha sido fruto de un proceso largo, en cuyo curso a) los diplomáticos -con o sin título de abogado- se constituyeron como un cuerpo de negociadores con habilidades multidisciplinarias, b) decayó la fe en un “estricto derecho” con productos “intangibles” y c) se legitimaron las soluciones transaccionales, flexibles y creativas.

Este proceso se llama “profesionalización” y terminó creando nuevos y más complejos organigramas en las Cancillerías modernas. Ahí la ilusión legalista, a que alude Cambon, es una reminiscencia casi romántica, pues las piezas encajaron en los sitios que les asignaba la realidad. Hoy los abogados aparecen como asesores técnicos calificados y los diplomáticos como miembros del servicio exterior, con funciones primarias de representación, información y negociación de sus gobiernos.

Por lo señalado y sin desconocer el rol del derecho como conquista cultural de la humanidad,  esas cancillerías han instalado una diplomacia proactiva y proteica. Tiene sistemas de trabajo conjunto con las instituciones de la defensa, proyecta su acción hacia los nuevos y múltiples actores civiles de la política exterior y busca agentes formados en la multidisciplinariedad. Estos pasaron, así, desde la simplicidad de la solución jurídica preestablecida a la complejidad de la imaginación prospectiva, dejando los ejercicios de hermenéutica para los asesores legales.

Henry Kissinger, uno de los innovadores más audaces (al margen del juicio ético que merezca su trayectoria política), cuenta que en los Estados Unidos esos cambios no fueron sencillos. Cuenta en uno de sus librods que, como Secretario de Estado en el gobierno de Richard Nixon, debió chocar con “las tradiciones legalistas” del establishment.[[6]]url:#_ftn6

ESTADO DE SITUACION NACIONAL

Dos preguntas fluyen lógicas... e implacables: ¿seguimos sosteniendo una visión jurídica de la realidad internacional? ¿estamos los chilenos en la vía correcta para tener una Cancillería moderna y una diplomacia desarrollada?

Los porfiados datos responden que sí a la primera pregunta (al menos en el nivel oficial) y que no a la segunda. Y es obvio: llevamos siete años con nuestra política exterior exterior secuestrada por jueces, abogados litigantes y asesores legales. A mayor abundamiento, ni siquiera hemos sido capaces de sincerar los resultados negativos.

Por lo mismo, es mejor ceder la palabra final a uno de los más grandes cancilleres de nuestra historia.  A Gabriel Valdés Subercaseaux quien, tras el término de su última misión en 2008,  se mostraba preocupado por la postergada condición de nuestra Cancillería. Decía que Chile, abierto como estaba al mundo, necesitaba una organización para el siglo XXI. Pero, como sabía que eso “no era tema” para la clase política, hizo la siguiente declaración a una periodista:

Una reforma de este tipo no se puede hacer desde adentro de la Cancillería; hay que hacerla desde fuera, quizás con la asesoría de grandes países, como Gran Bretaña u otros. Hay que buscar una fórmula para que Chile, que es pequeño y no es rico, tenga un funcionamiento externo más adherido a lo que está pasando, que utilice mejor los talentos, que sea una carrera donde lo profesional se pueda perfeccionar con el tiempo, que no sea un pagador de recursos para algunos políticos.

Así nos interpeló don Gabriel. Y no basta con responder Amén.

Publicado en La Tercera 27.9.2015
 
Como sospechamos desde un principio, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) equilibró su fallo del día 24. Por una parte, autoafirmó su competencia, propinando a Chile una goleada procesal ((14 votos contra 2). Por otra, limitó las ilusiones expectaticias de Bolivia,  al proclamar que no está disponible para desconocer tratados de fronteras.
 
Quizás por eso, nadie planteó rectificaciones en el entorno presidencial y la Presidenta pudo decir que Bolivia “no ha ganado nada”.  Pero, en paralelo, comenzaron  distintas réplicas extraoficiales, entre las cuales el retiro del proceso, el retiro del Pacto de Bogotá y el retiro de las cabezas de los miembros del equipo jurídico.  

Distinta fue la reacción de Evo Morales. El Presidente boliviano -quien según José Miguel Insulza “parece tener más claro que nosotros que éste no es sólo un proceso jurídico”-  recibió el fallo con un nuevo golpe de audacia. En medio del jolgorio popular, replanteó la posibilidad de salirse del proceso ante la CIJ para resolver el “tema pendiente” mediante un diálogo bilateral.

Todo esto induce una pregunta molestosa, sobre un tema que los chilenos eludimos y que está en la base de las dos demandas que nos han asestado: ¿Cuándo y cómo apareció en nuestra realidad ese “tema pendiente” que evoca Morales?

UNA PALABRA GRAVE

En el génesis de todo conflicto internacional está el verbo diplomático. Un lenguaje especializado que no debe confundirse con la ambigüedad, pues no sirve para sacarle el glúteo a la jeringa.  Aunque sutil e indirecto, está cargado de significados claros... para los buenos entendedores.

En  su esencia es una forma de autocontrol, para evitar que los exaltados salten del improperio a la provocación, adjudicando a su país el peligroso rango de agresor.  Harold Nicolson, un británico que sabía mucho de esas cosas, enseñó que ese lenguaje equivale a una “cautelosa inexactitud” para decir cosas punzantes o hirientes sin ser provocativo.

En ese léxico la palabra “inaceptable” refleja una alta decisión de Estado y se emplea cuando un conflicto se pone espeso. Por lo mismo, es de uso restringido y equivale a una disuasión sin uniforme. Ante un “inaceptable” dicho con gravedad,  el contradictor debe asumir que hasta ahí nomás llegó. No cabe, por tanto, soltar un “casi inaceptable” o un “más o menos inaceptable” ante una pretensión ingrata.

Sin embargo, como la ambigüedad es parte vetusta de nuestro ADN, en Chile hemos evitado el uso de tan preciso vocablo. Un ejemplo lo dio el general Pinochet cuando se hizo el olvidadizo con el memorándum Bákula, que marcaría el inicio del conflicto por la frontera  marítima con Perú. Otro ejemplo de escasez está en la historia de nuestras reacciones ante la aspiración marítima de Bolivia, post tratado de 1904, que fijó las fronteras de modo “absoluto y perpetuo”. En ambos casos Chile soslayó instalar la frontera semántica de lo “inaceptable”.

PESTAÑEO CHILENSIS

Bolivia ambiciona Arica desde su nacimiento, en 1825. Esa provincia ex peruana es su espacio vital marítimo y la  ha perseguido por todas las vías, incluso la guerra con Perú. Tan dura es su política de Estado sobre ese objetivo, que siguió aplicándola incluso después del tratado chileno-peruano de 1929 que adjudicó Arica a Chile.

Pero los chilenos, rehenes de la política de seducción boliviana de Domingo Santa María, dimos márgenes de esperanza a Bolivia y, peor aún, en 1949 pestañeamos. En efecto, negociamos un corredor boliviano soberano hacia el Pacífico, que pasaba por Arica, sin considerar que poníamos en peligro el Tratado de 1929 con  Perú, por soslayar lo pactado en su Protocolo Complementario.

Nuestros internacionalistas más serios se alarmaron. Recordaron que ese Protocolo estableció un estatuto especial para Arica y Tacna, que impedía ceder sus soberanías sin “previo acuerdo” entre Chile y Perú. El ex canciller Conrado Ríos Gallardo, negociador del instrumento, pronosticó problemas graves con Perú si la negociación con Bolivia fructificaba. El sabía que cuando una pretensión externa no se rechaza in actum, como inaceptable, el tiempo convierte  esa omisión en precedente positivo, después en ítem insoslayable  y la pretensión termina convertida en “tema pendiente”.

EL BROCHE DE UNA ESTRATEGIA

Fue lo que sucedió. Aquella negociación fracasó, pero su contenido quedó tatuado en la memoria boliviana y nadie imaginó que algún teórico del siglo XXI podría tipíficarla como un “acto unilateral de Estado”.

Así, en el largo plazo el tema del corredor reapareció como “enfoque fresco”, inspiró los acuerdos de Charaña, pasó a una “agenda sin exclusiones” y en 2006  terminó con nombre y apellido propio: el “tema marítimo” del punto 6 de la agenda bilateral de 13 puntos. Era un señor tema pendiente.

A esa altura, los evaluadores bolivianos dedujeron que Chile se había instalado más cerca de lo posible que de lo inaceptable. Quizás pensaron que la glosa del punto 6 (versión internet) lucía gentil , al decir que la posición chilena “se mantiene en una perspectiva legalista, desde la cual no se considera como una vía realista la revisión del Tratado de 1904 o la cesión de territorio con soberanía”.  

A mayor abundamiento, cuando en 2009 se promulgó una Constitución boliviana que legitimaba la decisión unilateral de zafar del tratado de 1904, nuestra reacción fue tan opaca que hasta hoy se mantiene como secreto de Estado. Fue el último ingrediente de Morales para decidir que la cobertura de su estrategia de acción debía ser jurídica, con base en la “contrasimbolización”. Es decir, Bolivia invocaría el derecho de la justicia, contra un Chile que identifica su política exterior con el respeto al derecho de los tratados. Era su versión civil del viejo principio militar de arrastrar al enemigo al escenario más conveniente y menos riesgoso, en el tiempo oportuno.

LO INACEPTABLE RELATIVO

A esa altura en Chile se estimó, de manera tácita, que ya no cabía un inaceptable a secas. Visto lo cual, se optó por decir que jurídicamente no debíamos nada a Bolivia y plantear dos inaceptables relativos. Según el primero, podríamos cederle soberanía, pero con compensaciones equivalentes y sin seccionar nuestro territorio. Tácitamente, esto suponía olvidarse de la intangibilidad del  tratado de 1904, reponer la sobria modificabilidad de común acuerdo y soslayar la mención a Arica, que era el único espacio viable. Se supuso que conseguir la “anuencia” peruana era una tarea para Morales.

El segundo inaceptable relativo no afectaba el Tratado ni el Protocolo, pues consistía en ceder a Bolivia un enclave fuera de su ambicionada Arica. Académicamente consta en el Acta de Lovaina de 2006, firmada por los participantes de Bolivia y tuvo un principio de negociación durante los gobiernos de Ricardo Lagos y Hugo Bánzer. Lo paradójico, ahora, es que este inaceptable no es aceptable para Bolivia, pues  no implica cesión de soberanía.

SOBERANÍA AD REFERENDUM

A ese galimatías en que nos metió la aversión al riesgo, la presión irreductible de Bolivia y nuestro histórico fetichismo jurídico (ver recuadro), se agregó, como último rubro de confusión,  la demanda ante la CIJ. Al inicio, interrogado sobre la posibilidad de abrir para Bolivia la metafórica puerta de la salida soberana al mar, en un contexto judicial, nuestro canciller Heraldo Muñoz respondió que se trataba de “una puerta cerrada para siempre”. Fue lo más cerca que Chile ha estado de declarar inaceptable la pretensión de Bolivia.

Sin embargo, esa contundencia se desvalorizó al asumir Chile la judicialización, exponiéndose a un “fallo creativo”. Es que, una vez dentro del juicio, el cierrapuertas de Muñoz dependería de la aprobación de la CIJ. Pero, como la historia es pendular -corsi e ricorsi, decía Vico-  ,  el jueves pasado los jueces decidieron autolimitarse, para no incidir sobre la integridad territorial de Chile. Quizás influyó ese rasgo de tardía firmeza del último canciller.

Ergo, hoy estamos ejerciendo una soberanía judicialmente intervenida, en cuanto podemos ser obligados a negociar sobre un tema de límites, aunque acotado, pero. Además, si los jueces cambian de criterio al fallar sobre el fondo, podríamos vernos en el peor de los escenarios: que, con un nuevo hallazgo creativo, la CIJ diga que estamos obligados a negociar una salida soberana al mar por donde sea.

En tan ominosa hipótesis tendríamos una alternativa de órdago: tragarnos nuestros conceptos débiles de lo inaceptable o declarar inaceptable no ya la pretensión boliviana, sino el propio fallo de la Corte.
 
 
Por más de siete años nuestra diplomacia se mantiene secuestrada por jueces, abogados litigantes y asesores jurídicos, con altos costos para el país. Esto implica una Cancillería más atenta a defenderse ante la CIJ, que a proyectarse en la vecindad, la región y el mundo. ¿Cuántas negociaciones diplomáticas  no hemos intentado, concentrados como estamos en la producción de “sólidos” documentos jurídicos?  ¿Cuánto puede significar eso en términos de “lucro cesante” nacional?

Lo peor es que no estamos ante un trance de coyuntura, sino ante un talante histórico. La identificación de la diplomacia con la abogacía está en nuestro ADN y así lo reconoció, con rara asertividad, el abogado, diplomático e historiador Mario Barros Van Buren. en su notable Historia diplomática de Chile (1970). Ahí enseña que nuestra diplomacia de los dos siglos pasados transcurrió en “la esclavitud jurídica” y en un contexto de “espantosa orfandad de imaginación”. Argentinos conspicuos nos trataban “como tontos” y en Lima se definía a nuestra Cancillería como “la gran sorprendida”. En vez de aprovechar a los meritorios diplomáticos profesionales, dice Barros, se prefería “encargar las misiones delicadas al exterior al brillante areópago de abogados, profesores y eruditos que constituían el orgullo del Chile decimonónico”.

A nivel comparado, es lo que ya había dicho en 1928, en su libro El Diplomático, el jurista, embajador y tratadista francés Jules Cambon: “se abriga en las cancillerías la ilusión de creer que no existen más derechos para las naciones que los que los tratados les confieren”.
 

Publicado el 20.9.2015


¿Cuál es su expectativa sobre lo que pueda suceder este 24 de septiembre en la CIJ? Además de la posibilidad de darle la razón a Chile o dársela a Bolivia, ¿puede haber puntos intermedios o que la Corte acepte parcialmente una de las dos posturas?
 
La única manera de que la CIJ no nos perjudique es declarándose incompetente. Si autoaprueba su competencia o si posterga su pronunciamiento para resolver las excepciones junto con “el fondo” de la litis, hará brincar de júbilo a Evo Morales. Y no porque éste aprecie las razones legales, sino porque prorrogaría por varios años su exposición mediática a nivel global. Esto vale aunque los jueces ponderen sólo los hechos y argumentos posteriores al Pacto de Bogotá.
 
¿Cuáles son los argumentos expuestos en los alegatos que juegan a favor de Chile en su objetivo de que la Corte se declare incompetente? ¿Y cuáles son los argumentos que le juegan en contra?
 
El argumento chileno teóricamente imbatible, es que los límites entre nuestros países fueron fijados de modo “perpetuo y absoluto” por el tratado de 1904, lo que sólo puede modificarse por mutuo acuerdo de las partes.  Frente a esto, la argumentación boliviana se funda en la teoría de los actos unilaterales de los Estados. Dice, en síntesis que distintos gobiernos de Chile dispararon a los pies de su argumento principal, al negociar con Bolivia una salida soberana al mar, aunque ninguna negociación haya fructificado.
 
El agente Felipe Bulnes dijo que "hay que esperar con confianza en que el trabajo se ha hecho bien". ¿Se ha hecho bien el trabajo, efectivamente?
 
Permítame parafrasear al ex Presidente Lagos: ¿quién es uno para contradecir al agente?
 
Usted ha señalado que Bolivia "no sitúa geográficamente la cualidad marítima que quiere recuperar" y que, de hecho, "no hay definición de espacios en su actual demanda contra Chile ante la CIJ". ¿Se puede tomar esto como un punto a favor de Chile?
 
Los tribunales, internos o internacionales, no son organismos académicos. No están para pronunciarse sobre teorías. Visto así, la CIJ no debió aceptar a tramitación una aspiración sobre soberanía territorial ajena, que no indica coordenadas precisas. ¿Por dónde quiere salir al mar Morales? ¿Por Mejillones o por Arica? Esto me sugiere la siguiente hipótesis de justicia-ficción: si la CIJ condena a Chile a negociar con Bolivia una salida soberana al mar y si Chile se allana al fallo ofreciendo parte de Arica.... ¿obligaría la CIJ a Perú a allanarse a esa oferta, renunciando a su prerrogativa del Protocolo Complementario del Tratado de 1929 con Chile?
 
Parlamentarios e incluso el ex Presidente Frei han dicho que Chile ha sido deficiente en términos comunicacionales. Junto con el tema jurídico, ¿Chile debiera o debió haber hecho un despliegue en ese sentido?
 
Como abogado coincido con el ex Presidente Frei, que es ingeniero. Estamos ante un conflicto de poder con formato judicial, lo cual significa que el énfasis comunicacional debió exceder lo jurídico. No sólo era importante difundir nuestros argumentos sobre hermenéutica legal. También lo era expresar nuestra posición en lo histórico, político, geopolítico, económico, diplomático, etc. Por entenderlo así,  al margen de su provocativa agresividad, Morales ha hecho del caso un issue global y variopinto, consiguiendo  emocionar hasta al Papa. Chile ha comunicado bien su “sólida posición jurídica” pero esta interesa sólo a gente con formación  especializada. A mayor abundamiento y como en el caso de la demanda peruana, los contenidos de este proceso serán fuente primaria no sólo para los juristas, sino también para los historiadores  Esto, que yo sepa, no ha sido ponderado.
 
¿Considera que la campaña comunicacional lanzada por Evo Morales internacionalmente ha surtido efectos positivos para su demanda? ¿Ha logrado convencer a la opinión pública internacional de que Chile tiene responsabilidad moral en la solución del "enclaustramiento" de Bolivia, que es lo que busca, según ha señalado usted?
 
Respecto a los jueces el efecto me parece mixto. Como juristas, no bailan al compás de los tambores promocionales. Pero, como ciudadanos, leen, escuchan, se informan y tienen sentimientos políticos como cualquiera. En todo caso, Morales ha tenido más éxito que sus predecesores en el rubro “internacionalización”. Consiguió que la CIJ tramitara su demanda, consiguió que Chile compareciera a juicio, movilizó a la ALBA y ha sido bendecido por personalidades. También ha demostrado a sus paisanos que la posición jurídica de Chile no es disuasiva per se, que el Estado boliviano de hoy puede repudiar lo actuado por el Estado boliviano de ayer y que su concepción de la justicia  puede competir con la vigencia de un tratado centenario. Todo eso le permite presumir, ya, de una victoria táctica que haga irresistible su re-re-elección.
 
¿Se benefició Morales con el silencio de la Presidenta Bachelet?
 
Quizás fue una actitud digna la de ella. Sin embargo, el silencio tiene valor político sólo cuando se sabe romper.
 
 
 El 85% de la carga de Bolivia sale por el puerto de Arica libre de costo, ¿Opina que ha habido un problema de Chile de no ser capaz de contarle al mundo toda las facilidades que entrega a Bolivia?
 
El tema es más complejo y tiene que ver con el cuidado político con que se deben administrar los tratados de fronteras. En lo que benefician y en lo que obligan y no sólo cuando hay problemas sino, más bien, cuando la relación parece normal. El tema de fondo es como crear intereses comunes e internalizarlos. El objetivo es que esos intereses lleguen a amarrar tanto o más que la mantención simple de un statu quo.
 
¿Cuándo se va a convocar a Perú a este problema, dado que es quien tiene la “llave”? El Tratado de Lima de 1929 exige un "previo acuerdo" entre Chile y Perú para ceder el todo o parte de Arica y Tacna a una "tercera potencia", recuerda usted en uno de sus textos.
 
La demanda boliviana parece marcar la caducidad de su interés en el mecanismo chileno-peruano de 1929. Pero éste existe y debiera ser actualizado. Para ello se requiere  una gran diplomacia profesional, que desarrolle un trabajo intensivo, en un tiempo prolongado. Hay que intentarlo, pues sin ese esfuerzo no hay solución pacífica viable. Al respecto, me gustó el gesto del historiador y ex Presidente boliviano Carlos Mesa de reconocer mi tesis sobre la trilateralidad ariqueña. Lo cito: “Arica es el nudo gordiano de la traumática historia trilateral que nos tiene trabados a Chile, Perú y Bolivia (...) no hay otro camino que Arica si no queremos ir al absurdo impracticable de partir en dos el territorio de Chile”. Por cierto, esto lo escribió antes de ser designado vocero por Morales, quien ha ocultado su interés por Arica.
 
¿Qué debería hacer el Gobierno en caso de que la Corte se declare competente?
 
¿Me permite decir “paso”?
 
 
En caso de que la CIJ se declare incompetente y el juicio llegue a su fin, ¿qué acciones prevé que tomaría Bolivia? ¿Seguiría adelante con su reclamo?
 
Puede apostarse que un eventual fallo adverso de la CIJ no detendría las acciones ofensivas de Morales. Este seguirá alentando la expansión y profundización del conflicto, mediante su patentado trinomio iniciativa-desplante-sorpresa.
 
Si la CIJ se declara competente, pese a la existencia de un tratado fronterizo, ¿qué imagen proyectaría la Corte hacia el mundo, en particular hacia otros países que mantienen diferendos o controversias limítrofes? ¿Un fallo como este reflejaría que los tratados son revisables?
 
He dicho y escrito que el comportamiento de la CIJ afecta el rol de la ONU, en dos temas muy precisos: sujeción a la letra y espíritu de la Carta y competencia del Consejo de Seguridad. Sin embargo, las reacciones más bien desaprensivas ante la demanda boliviana parecen demostrar algo muy delicado: la opinión pública  de los países desarrollados soporta bien la idea de una CIJ debilitando  la fuerza  jurídica de los tratados de frontera... siempre que se trate de países periféricos.  

Publicado en El Mostrador 3.9.2015