(Publicado en El Mercurio de 27.8.2014)

Cuando conocí a Enrique Zileri Gibson en Lima, en 1979, ya era una leyenda. Tras las clausuras de su revista Caretas por “el Chino” Velasco, vivía con la maleta lista para la deportación o el clandestinaje. La brusca emergencia del general Francisco Morales Bermúdez, no le dio mayor espacio. El nuevo hombre fuerte también necesitaba el secreto para coexistir con la Asamblea Constituyente, sondear a los apristas, escuchar a los amigos del exiliado Fernando Belaunde, deportar al almirante Faura, y entretener a los enviados de Fidel Castro y la dictadura argentina. Estos lo empujaban –cualquiera lo sabía- a  celebrar el centenario de la Guerra del Pacífico con una revancha contra Chile.
 
Con su bienhumorado lema “pálidos pero serenos”,  Zileri y sus periodistas  eran el faro de la disidencia democrática y del coraje de informar. Impresionado por su carisma sin poses, le propuse escribir como colaborador y él aceptó sin mayor formalidad. Pero, mientras preparaba mi primer texto, el general dispuso una nueva y larga clausura del medio.  Zileri esa vez contraatacó con una huelga de hambre ambulante, entre la Catedral y el Congreso que fue noticia global. Hasta allí fui, para solidarizar con él y los macilentos leones de su equipo.

 Como dijera Ricky, en Casablanca, aquello fue el comienzo de una hermosa amistad, que se proyectaría a nuestros hijos.  Gracias a ella me integré como miembro pleno de una revista genial, que marcaba la pauta noticiosa de la semana que venía, al costo que correspondiera. Si la coyuntura arruinaba una portada costosamente elaborada,  el director  la enviaba al tacho e inventaba otra sobre la marcha. Luego arreglaba cuentas a los gritos con su madre y Presidenta del Directorio, la mitológica Doris Gibson. Según persistente leyenda de la redacción,  en una de esos debates financieros un televisor voló siete pisos por los aires, hasta estrellarse en la calle Camaná.

Por eso y muchísimo más, hoy lloro a mi hermano Zileri sin pudor. Gran ser humano y tremendo profesional, no he conocido y difícilmente conoceré otro periodista igual. 

Publicado en El Mostrador, 25.8.2014

Insatisfactorio luce el debate en curso sobre el comportamiento estratégico de Chile durante la guerra de las Malvinas. Huérfano de datos duros, se lee como si hubiese sido una simple opción deportiva: o estábamos con Arsenal o con Boca Juniors.

Así, algunos opinan que debimos solidarizar con los combatientes argentinos y hasta se avergüenzan por no haberlo hecho. Otros justifican el apoyo a los británicos pues esos argentinos querían seguir viaje rumbo a las islas chilenas del Beagle. Aquí tercian quienes aportan la explicación absoluta: todo eso se debió a las dictaduras militares de entonces. Como si fuera lo mismo una dictadura que nos quería arrebatar territorio que una dictadura que tenía que defenderlo. O, más ampliamente, como si las democracias llegaran para restituir los territorios conquistados por las dictaduras.

Tal discusión ignora la copiosa información –de fuentes abiertas y de inteligencia- según la cual Argentina 1982 mantenía vigente la hipótesis de conflicto con Chile, por las islas del Beagle con su proyección atlántica. El gran dilema de sus militares era, más bien, el orden de prelación: si debutaban con una guerra contra el Chile de Pinochet o contra el Reino Unido de Margaret Thatcher.

Todo esto lo saben los argentinos cultos, que son muchos más que los chilenos cultos. Pero, sobre todo, lo saben los altos mandos de sus FF.AA y los radicales y peronistas que gobernaron después de Galtieri. Como ayudamemoria, cuentan con los 17 sorprendentes volúmenes del Informe Rattenbach. Un sumario preparado, con pulcritud castrense, por seis oficiales superiores, en retiro y no contaminados, sobre  la acumulación de errores políticos, diplomáticos y estratégicos en que incurrieron sus camaradas de armas derrotados y en activo. Entre esos errores destacan la diplomacia subordinada a una ideología nacionalista extrema; la mantención del conflicto con Chile, que ya había estado al borde de un estallido, y el reemplazo de una estrategia global  por dos apuestas temerarias: la pasividad militar del Reino Unido ante la invasión  y la simpatía de los EE.UU por la causa argentina. 
Específicamente sobre Chile, ese informe deplora la tozudez de los mandos de la época para mantener pendiente el conflicto del Beagle, pese a que la disuasión de las FF.AA chilenas ya había mostrado su eficacia. Incluso revela que, hasta el 14 de junio de 1982 (día de la rendición), nuestro país era el enemigo principal. Surrealistamente, el conflicto con el Reino Unido tenía “prioridad N°2” en la planificación previa. Esa orientación permea todo el documento y la sintetiza muy bien su parágrafo 581:

“Puestos frente a todo el poderío de Gran Bretaña, ante el cual los propios medios eran escasos, nuestra conducción se negó a abandonar la hipótesis de guerra en dos frentes. Esta negativa produjo considerables complicaciones en la conducción de nuestro poder de combate, teniendo en cuenta que la amenaza ‘Chile’ aferró no pocas de nuestras fuerzas”.

A la inversa de las barras bravas, los militares del informe no aluden a traiciones ni a fratricidios. Esto es, no descargan en los chilenos las responsabilidades propias. Por el contrario, su conclusión es rigurosa: tras la reacción británica, Argentina debió abandonar la hipótesis de guerra bifronte. Para ese efecto, debió postergar el enfrentamiento con el Reino Unido o bien “resolver antes, diplomáticamente”, el conflicto con Chile.
Falta preguntarnos por qué muchos argentinos  prefieren aferrarse al absurdo de la “traición chilena”, y dos respuestas aparecen claras: Primera, que el Reino Unido ha venido levantando la ayuda de Chile a un nivel determinante, para evitar que la amistad chileno-argentina le plantee problemas en el futuro. Es una diplomacia tan sutil como enredosa, que apunta a los argentinos y chilenos menos inteligentes. Segunda, que las sociedades no suelen considerar la realidad para elaborar sus mitos y estos se afirman en la falta de transparencia de los liderazgos políticos. En esa línea, el riguroso informe Rattenbach estuvo tres décadas en el limbo de los papeles argentinos urticantes y fue dado a conocer recién durante el segundo gobierno de Cristina Fernández… no sin que antes hayan desaparecido piezas importantes de su contenido.

Por eso y aunque contra los mitos no hay quien la talle, por lo menos aquí debiera estar claro que nunca hubo alternativa solidaria para Chile. Incluso podríamos decir, al estilo del gran Osvaldo Soriano, que en esa historia trágica no caben ni el perdón ni el olvido. Chile defendió su integridad amenazada con el liderazgo dictatorial que entonces tenía, y sería absurdo que Argentina olvidara una traición que jamás se produjo.


INFORME RATTENBACH

En su esencia, es una investigación sobre las responsabilidades políticas y estratégicas de la Junta Militar argentina y de los distintos jefes políticos y militares durante la guerra de Las Malvinas. Fue ordenado por resolución secreta de la propia Junta Militar, del 2 de diciembre de 1982, ante la irresistible presión, externa e interna, que recibiera tras la rendición.
Para ejecutar esa orden, se creó una “Comisión de análisis y evaluación de las responsabilidades políticas y estratégico-militares en el conflicto del Atlántico Sur”, integrada por seis oficiales con el grado de general o equivalente, dos por cada institución armada. Por ser el más antiguo, la presidencia fue asignada al Teniente General de Ejército ® Benjamín Rattenbach, conocido por sus textos sobre temas militares y por su alto sentido del honor castrense. La comisión terminó su tarea el 16  de septiembre de 1983, entregando 17 volúmenes que contienen el informe propiamente tal , anexos, declaraciones y actas.
Tras la entrega, hubo acciones ocultas, destinadas a mantener el documento secreto, el mayor tiempo posible  y, se sospecha, a introducirle “enmiendas” subrepticias. En un conversatorio televisado, que puede encontrarse en Youtube, el hijo del general Rattenbach mencionó, intervenciones de la Armada. 
El 8 de abril de 2006, el periodista argentino Osvaldo Bayer publicó, en Página 12, una queja-denuncia por haberse encubierto las verdades del informe. A su juicio, éste “tendría que haberse repartido en edición oficial y haberse organizado grandes debates en los organismos de cultura, para que la sociedad supiera como fue engañada pero, al mismo tiempo, qué fácil cayó en el aplauso fácil de los sumisos y dominados”.

Fue una decisión apoyada por su canciller Heraldo Muñoz y a contramano de su equipo técnico. Según diversas señales emitidas tras el pleito con Perú, éste se preparaba para otro match similar con Bolivia. Con esa perspectiva, prefería presentar las excepciones  junto con la contramemoria, para que se definieran en cuatro o cinco años.  El día del fallo final. Para los observadores suspicaces, esto tenía una gota de astucia: la Presidenta no tendría que pagar una eventual factura, pues ya no estaría en La Moneda.

En ese contexto, la decisión de  Bachelet fue encomiablemente política. En vez de escabullirse por un resquicio del tiempo, asumió que la opción en diferido ampliaba el espacio de acción del ayer cariñoso y hoy agresivo Evo Morales. Le regalaba un punto de prensa global por largos años y, de paso, favorecía su larga marcha hacia una presidencia vitalicia. Tal vez por lo mismo, ella retuvo la designación de un juez ad-hoc ante la CIJ. Debió intuir que era incompatible rechazar la competencia del tribunal y, en paralelo, designar un juez de confianza que lo integrara.

La Presidenta interpretó, así, a la inmensa mayoría. A través de los medios, líderes de opinión y representantes políticos, los chilenos estaban por una señal inmediata. No querían actuar como esos alumnos que estrujan el último segundo, para entregar una prueba “perfecta” al profesor. Por añadidura, rectificó comportamientos anteriores y aceptó que, en temas de política exterior, la rapidez de reacción también vale.
 
PREGUNTAS MOLESTOSAS

El mensaje político a la nación y al mundo fue que el dilema de Chile no era de tipo procesal -el cómo y cuándo presentar las excepciones-, sino de tipo estratégico: aceptar con resignación o rechazar con claridad la intervención indebida del tribunal de la ONU.

Pero, como no existen soluciones fáciles para problemas complejos, surgen de inmediato cuatro preguntas molestosas. La primera alude al Perú, en cuanto presunto implicado: ¿Se está aprovechando esta etapa preliminar para tratar de evitar que apoye políticamente a  Bolivia o que se neutralice “a la ecuatoriana”?

Respuesta: no hay señal visible de que se haya procesado el enigmático y coloquial consejo de Alan García “no le den bola a la demanda boliviana”. Más bien, hay señales de que estamos privilegiando el debate jurídico con Ollanta Humala por el “triángulo terrestre”.  En Bolivia, al contrario, están muy alertas y a eso obedece, en parte, el que no mencionen territorios concretos en su demanda. Saben que, si aluden a Arica u otro espacio ex peruano, Humala podría intervenir. El ex Presidente Carlos Mesa, vocero internacional de Morales, acaba de declarar que el escenario con Perú está previsto: “si se convierte en protagonista, habrá que considerarlo”.

Segunda pregunta: ¿cuán autosustentable es la decisión del 15 de julio?

La respuesta, un pelín decepcionante, es que las excepciones preliminares no matan la intromisión de la CIJ. En rigor, sólo la someten a un trámite previo, pues los jueces conservan la llave decisoria para aceptarlas o rechazarlas. Y no sólo eso. Como tienen la sartén por el mango, también pueden determinar que no tienen un carácter exclusivamente preliminar. En tal caso, el procedimiento normal se reanuda y las excepciones se mezclan con los temas de fondo, para resolverlas en el fallo final.

Dicho rudamente, los jueces pueden dar a las excepciones “rápidas” el mismo tratamiento que si se presentaran junto con la contramemoria. Nuestro arduo debate procesal, en tal caso, habría sido perfectamente inútil.

De aquí nace la tercera pregunta: ¿Pudo dar Chile una señal más categórica de su repudio a la intromisión?
Respuesta: Sí, pudo. A tal efecto, debió abandonar la vía procesal, para no legitimar la incompetencia de los jueces con la comparecencia propia y poner distancia con un eventual mal fallo.

Para sorprendente sorpresa de algunos expertos, esta posibilidad es tan vieja como la CIJ. Consta en el propio Estatuto del tribunal, artículo 53. Un folleto de su panoplia, publicado en 1976 y distribuido por la ONU, lo explica así: “El Estatuto prevé el caso de que el demandado no comparezca ante la Corte, ya sea porque rechaza de plano su competencia o por cualquier otra razón”. Agrega que esto puede hacerse “en ciertas fases de los asuntos” o “durante todo el asunto”. A mayor abundamiento, ilustra al lector con ocho casos importantes en que la facultad se ejerció, agregando que “esto ha terminado a veces, por un motivo u otro, por el desistimiento del demandante”.

Como puede observarse, es una excepción estatutaria y definitiva, que mata la legitimidad unánime del proceso, sin renunciar a otro tipo de soluciones pacíficas. Su fuente real está en la historia de la CIJ, que nació como un tribunal al cual accedían voluntariamente los Estados. En casos de alta complejidad, los jueces de entonces solían examinar de oficio y con rigor si tenían o no competencia. Por razones propias de cualquier burocracia compleja, esto cambió. Hoy la CIJ es el centro de un sistema al cual convergen nuevos intereses, comenzando por los de los abogados especializados en litigar en La Haya. Esto la ha  convertido en una organización receptiva y expansiva. Los jueces aprendieron que el poder y el crecimiento se reciclan.

SIN RESPUESTA

La cuarta pregunta merece párrafo aparte: ¿Por qué la excepción definitiva del artículo 53 no ha sido considerada durante todos los años que Chile lleva soportando demandas ante la CIJ?

Sucede que (afírmense lectores) no hay respuesta aceptable. En vez de, por ejemplo, un informe en derecho, algunos han producido opiniones del tipo “Chile renunciaría a defenderse”… como si la única defensa posible fuera allanarse a la intervención de jueces incompetentes. Otros han dicho que “Chile se autocolocaría en rebeldía”. Curiosa rebeldía que no se declara judicialmente, para un recurso que tiene base en el Estatuto CIJ. También hay respuestas de vaguedad superlativa. El Mercurio del 6 de julio las consignó como provenientes de expertos anónimos, que “rechazan esta posibilidad, al considerar que el país no tiene la influencia suficiente para hacerlo y la predilección de esta conformación de la CIJ por revisar el fondo de los casos”.

Topamos, aquí, con un fenómeno que está en la base de nuestras penurias: la subrogación de nuestra diplomacia-diplomacia por la iusdiplomacia. Tras la compleja negociación con Argentina por el caso Beagle –paradójica y ejemplarmente conducida por el oficial militar Ernesto Videla- nuestros últimos y calificados negociadores diplomáticos desaparecieron o se dedicaron a los telecés. Tras pasar por el arbitraje -con malos resultados-, esa ausencia nos dejó estacionados en la judicialización y nos hizo olvidar el tratamiento de “las tres D”. Una dinámica clásica, que se inicia con  la razón del Derecho, sigue con la razón de la Diplomacia y tiene como seguro la razón de la Disuasión.

Eso no es todo. El conflicto con el Perú “doctrinarizó” esa conducta, homologando el rechazo a la negociación con “la firmeza”, mediante una tesis informal de apariencia patriótica. Según ella, cuando las fronteras se encuentran definidas por tratados, no cabe aceptar negociación diplomática al respecto. Con esto no sólo se descalificaba a los extranjeros que negociaron temas de soberanía con Chile, sino a los propios negociadores chilenos del pasado. Dicho de otra manera, borraba la segunda y la tercera “D” y establecía un shortcut –un atajo- entre nuestra interpretación del derecho y la de la CIJ.

Inevitablemente, esta asombrosa excepcionalidad chilensis es vista con curiosidad por los estudiosos extranjeros. El internacionalista holandés Gerard Van der Ree, en un texto de 2010, observó que la identidad legalista de Chile ha brindado a Perú y Bolivia una vía nueva para sus reclamaciones. En vez de infructuosas insistencias en la naturaleza política y bilateral de los conflictos, “ambos han optado por seguir una estrategia legalista (…) Haciendo uso de las instituciones internacionales, presentando su tema como un asunto legal y no un problema político, ellos intentarían derrotar a Chile en su propio juego”. 

CRISIS Y OPORTUNIDAD

Desestimar la negociación diplomática sería pragmáticamente útil, si Chile tuviera un fuerte protagonismo en la CIJ y un potente equipo de abogados internacionalistas litigantes. Sin embargo, no es el caso. Asumiendo esta realidad, Hernán Felipe Errázuriz, Presidente del Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales, está impulsando una agencia jurídica permanente, que coordine actividades con la Cancillería, para mitigar “la falta de expertos nacionales en litigios internacionales y la ausencia de jueces chilenos en las cortes internacionales”. 

En el trasfondo subyace el escarmiento no procesado del fallo ante la demanda peruana. Más allá de que algunos expertos traten de sumergir lo realmente perdido por Chile en “el éxito de nuestros sólidos principios jurídicos”, ese proceso mostró un despiste mayúsculo de nuestros defensores: a la hora de la verdad, los jueces no eran aplicantes pasivos del derecho, ante quienes la política debía caminar en puntillas. Eran jueces de nuestro tiempo, informados de todo lo que cabe, con la misión autoasignada de desfacer los entuertos de los gobiernos y subrogarlos como negociadores. Incluso podían crear derecho, si era necesario.

Por lo señalado, los diplomáticos chilenos deben mirar el problema de frente, para reconocer que están bajo amenaza de regresión a una época previa a la del clásico francés Francois de Calliéres (1645-1717). Este fue uno de los que descubrió cómo “la formación de un abogado inculca hábitos y disposiciones intelectuales que no son favorables en la práctica de la diplomacia”. Una tesis que complementaría el diplomático y jurista Jules Cambon (1845-1935), cuando explicó que “toda acción diplomática acaba en una negociación” y que “el carácter diplomático difiere del jurídico, pues “la aplicación de las leyes y su interpretación implican un cierto rigor, que se acomoda mal con el empirismo de la política”.

Aunque suene majadero repetirlo, la eventual regresión no sería responsabilidad de nuestros diplomáticos establecidos. Ellos saben que la diplomacia está en otra parte y, de hecho, son víctimas en diferido de una historia política que les cortó el vuelo hacia una profesionalización plena. Pero sí son culpables por omisión: haber submarineado durante demasiado tiempo, sin plantearse ante el liderazgo político nacional con un alegato más estratégico y menos corporativo. Es decir, por no haber explicado, con fuerza, lo que está costando a Chile no tener una Cancillería institucionalmente gravitante, como Itamaraty, en Brasil y Torre Tagle, en Perú.

Obviamente, intentarlo ahora sería más factible que ayer, pues los perjuicios producidos son cuantificables y debemos comenzar a reducir los daños. 

Revista  COSAS, 11 de julio 2014
 
 “CHILE DEBE DECIRLE A LA CORTE QUE NO PARTICIPARÁ”
 
Por: Verónica Foxley
 
El 15 de julio es la fecha en que Chile deberá mostrar algunas de sus cartas ante la demanda de Bolivia en La Haya. Eso, siempre y cuando decida hacerlo en esta ocasión. Porque el otro camino es esperar un año más e impugnar al tribunal junto a la presentación de la llamada contramemoria. Sobre este tema, el analista internacional, académico y experto en estos asuntos José Rodríguez Elizondo tiene otro punto de vista. Para él, Chile no debiera comparecer ante la Corte sino, más bien, demostrar, sin litigar, por qué ésta es incompetente y la demanda de Bolivia es jurídicamente es inaceptable. “Si Chile espera un año para impugnar la competencia de La Haya sería legal, pero políticamente inconveniente. Eso nos comprometería a respetar cualquier fallo. Con respecto a la demanda peruana llegamos a decir que respetaríamos cualquier fallo y eso estuvo bien, ya que si bien su demanda era una construcción, tenía carácter jurídico. Ahora me pregunto si estamos en condiciones de decir que acataremos un fallo que nos ordene negociar una salida soberana al mar para Bolivia por Arica. Si lo estamos, interpongamos la excepción preliminar lo más tarde posible y que la Corte la trate junto con el fondo del asunto. Pero, si no estamos dispuestos a eso, hay que ir creando las condiciones de inaceptabilidad desde ya, desde ayer. Habría que decirle al mundo que Chile no va a fragmentarse ni a regalar territorio ni a aceptar que se interponga un estado tercero en la frontera con Perú, porque eso significaría violar, por mandato de un organismo ONU, la propia Carta de la ONU y lo que pactamos con ese país en 1929.
Y agrega: “Es que el tema de Bolivia está absolutamente vinculado a la relación entre Chile y Perú. De facto es un tema trilateral, no bilateral. Hemos soslayado esto desde que  aceptamos negociar directamente con Bolivia un corredor por Arica, en 1950. Inauguramos ahí un sistema de fingimientos según el cual Chile comenzó a decir que el tema era bilateral, Bolivia nos convirtió en deudores políticos únicos y Perú apareció siempre dispuesto a apoyar la justa causa de Bolivia… excepto si se tocaba Arica, que era precisamente lo que Bolivia pretendía. En definitiva, mientras chilenos y peruanos nos desentendíamos de la alianza que pactamos en 1929, con base en un estatuto especial y “blindado” para Tacna y Arica, Bolivia volvía a jugar con las contradicciones entre Perú y Chile.
 
-       ¿Por qué no protestó Perú en 1950?
 
Digamos que protestó con silenciador. Su Cancillería, que ya comenzaba a ser sofisticada,  entendió perfectamente que Chile y Bolivia habían convertido su previo acuerdo con Chile en una “anuencia” posterior. De tal manera Perú se veía dueño de un veto que por definición es antipático.
 
-       Es claro que los peruanos no están dispuestos a perder su frontera con Chile.
 
- Así lo planteó el Presidente peruano Augusto Leguía en 1929 y así lo aceptó nuestro Presidente Carlos Ibáñez, cada uno por distintos motivos internos. En términos generales fue una transacción clásica, por la cual Perú evitó que Bolivia se transformara en un Estado tapón y Chile legitimó la ocupación de territorios conquistados, colocándolos bajo su soberanía. Por eso sostengo que, para ser consecuentes con nuestro principio de respeto a los tratados, cualquier negociación con Bolivia debe contemplar el respeto a lo pactado con Perú.
 
-        En ese sentido, ¿la estrategia de los gobiernos post recuperación de la democracia ha sido poco eficiente en dejar en claro que el tema de la demanda boliviana pasa sí o sí por Perú?
 
- No sólo poca eficiencia de esos gobiernos. Remontándonos atrás llegamos, como dije, hasta 1950, gobierno de Gabriel González Videla y pasamos por todos los años del general Pinochet. También hay aquí un error compartido por chilenos y peruanos, al no conseguir que el pasado se historice o, dicho de otra manera, por tratar de manejar la Historia como un arma arrojadiza.
 
-       Usted ha sostenido en sus libros que cometimos muchos errores en el conflicto con Perú… ¿qué aprendimos de ellos?
 
- Tenemos un problema estructural serio para poder sacar las enseñanzas de lo que nos pasó con Perú.  Es el déficit histórico y comparativo de nuestra cancillería. No responsabilizo de eso a nuestros diplomáticos, sino a los jefes de Estado y al liderazgo político, que no han levantado como prioridad construir una Cancillería tan profesional como la peruana de Torre Tagle o la brasileña de Itamaraty. Es una “desinversión” que nos está costando caro. Como efecto inmediato, nos ha impedido sostener una política exterior realmente de Estado. Autosostenible y única. Respecto al último conflicto con Perú, por ejemplo, he detectado al menos cuatro políticas de Estado consecutivas, con volteretas bastante espectaculares.
 
-       El tono de nuestras autoridades ha ido subiendo. De hecho, el canciller Heraldo Muñoz calificó la demanda boliviana como “artificiosa”.
 
-Con hito en 1950, nuestra diplomacia había optado por administrar el conflicto con Bolivia de manera ambigua. Haciéndolo, facilitó que este vecino construyera la imagen externa de un  Chile deudor. A esta altura, ya no es posible mantener la política de la ambigüedad y hay que mostrar las cartas políticas con transparencia. Con la fuerza que lo ha hecho el canciller. Además, no hay alternativa. Evo Morales, elegido Presidente  con una agenda revolucionaria, ya eligió voltear el tablero y le importó un rábano la opinión técnica de los mejores juristas bolivianos.
 
-       ¿Hay conciencia de la artificiosidad dela demanda en Bolivia?
 
La elite boliviana sabe perfectamente que la demanda judicial de Morales pretende sobrepasar el tratado de 1904 y que ello contraviene el Pacto de Bogotá de 1948. También sabe que su Presidente tiró por la borda las ventajas que venía consiguiendo mediante negociaciones, tanto con Chile como con Perú. Y, por supuesto, no ignora que el ruido comunicacional de Morales tiene relación directa con su mantención como Jefe de Estado.
 
-        Entonces ¿cuál sería su apuesta para resolver el tema?
 
-Primero, hay que entender que “no hay soluciones simples para problemas complejos”. Luego, habría que apelar a la transparencia de los grandes momentos. Esos en que las partes se ven obligadas a poner todas sus cartas sobre la mesa. En ese marco, sería básico aceptar que la solución depende de tres países, que no están en las mismas condiciones políticas. Chile y Perú, por el peso de sus tratados, son una primera instancia necesaria. Entre otras cosas, deben definir si mantienen o no su talante excluyente de 1929 hacia Bolivia, o si la irreductible diplomacia boliviana los obliga a mejorar sus condiciones de acceso al océano Pacífico. Fruto de ello debiera ser una política común, integracionista, hacia Bolivia. De ser valorada por este país, tal política -que yo llamo de “trilateralismo diferenciado”- lo integraría como tercer actor de ese reparto.
 
TEMOR A NEGOCIAR
 
-       Ahora Perú dice que el fallo de La Haya incluye costa seca. Eso genera nuevas complicaciones en la relación bilateral. Así, esa trilateralidad que usted menciona se pone en duda, ¿no?
 
-Los hechos preceden al Derecho y no entenderlo oscurece la realidad. Los hechos dicen que existe un microespacio terrestre que Perú disputó a Chile, soslayando el sentido práctico de la demarcación, con el objetivo de establecer una línea de base que respaldara su pretensión de una nueva frontera marítima. Tras el fallo de La Haya esa línea de base dejó de ser válida, pero Perú mantiene su pretensión sobre ese espacio, pues, dice, la Corte no se pronunció sobre el límite terrestre. Podríamos pasar décadas discutiendo, con base en textos legales, quién es el soberano sobre esas 3,7 hectáreas, sin asumir que en el fondo lo que existe, al parecer, es un problema geopolítico: ese microespacio configura una pieza en disputa entre el país que tiene soberanía sobre Arica y el país que tiene presencia en Arica y eso, obviamente, complejiza aún más la pretensión boliviana: sería la última pieza de un lego que bloquea su eventual salida al mar por Arica. Lo más sencillo sería transparentar el tema de fondo y negociarlo diplomáticamente pues, al fin de cuentas, al final del camino está Bolivia, de nuevo.
 
-       ¿No habrá por parte de Perú la intención de “enredar” el tema para generar un clima desfavorable hacia Chile, sabiendo que faltan pocos días para que acá se defina si se va a impugnar al tribunal de La Haya o si se va a esperar un año para hacerlo?
 
-No me gusta suponer intenciones en política exterior. Prefiero ir al hecho de que Gonzalo Gutiérrez, el nuevo canciller peruano, dijo en una entrevista que este tema “implicará un proceso de negociaciones”. Es decir, en vez de apelar a sus abogados, propios o externos, llama a negociarlo con nuestros diplomáticos, “a calzón quitado”. Sin togas ni pelucas.
Pero aquí chocamos con un tabú penoso y es que Chile le tiene miedo a palabra negociar, cuando la soberanía está en juego. Eso es abdicar del principal rol de la labor diplomática, para delegar la solución de los conflictos en los abogados internos o externos. Y esto resulta más grave, aún, si se enfrenta otra realidad pos fallo de La Haya: Hernán Felipe Errázuriz, Presidente del Consejo de Relaciones Internacionales, está impulsando una especie de Consejo de Defensa del Estado para pleitos en el exterior, con el fin de mitigar la falta de expertos nacionales y la ausencia de jueces chilenos en las cortes internacionales. Es decir, nos hemos puesto en el peor de los mundos: no queremos negociar, no tenemos juristas competitivos para pleitos internacionales y los asesores externos sólo nos miran como un cliente. Importante, pero sólo cliente. Incidentalmente, por eso mismo jamás van a recomendarnos utilizar el artículo 53 del estatuto de la Corte, que permite a un país demandado no comparecer a proceso, en una especie de excepción definitiva y no sólo preliminar.
 
-       -¿Qué habría que hacer, entonces?
-        
-Las excepciones preliminares, tal como se están discutiendo, nos involucran en un pleito político con formato judicial y dejan la decisión del tema en manos de la Corte. Si seguimos esa vía, deberemos redactar una contramemoria, una dúplica, ir a los alegatos orales y después frente a un fallo eventualmente aberrante o “equitativo”… ¿que va a decir Chile? ¿Yo ahora no sigo jugando? ¿Podría hacerlo después de haber jugado durante años?
Ahí está el mérito del artículo 53. Según éste,  “cuando una de las partes no comparezca ante la Corte o se abstenga de defender su caso, la otra podrá pedir a la Corte que decida a su favor”. Entonces, existe la facultad del Estado demandado para no comparecer, sin que se le declare en rebeldía. Y en ese caso, sin que el Estado demandado se involucre en el proceso, la Corte debe pronunciarse sobre si es competente o no y si la demanda está bien fundada. Entonces me pregunto: ¿qué impide que Chile diga: “Señores jueces, con todo respeto digo que ustedes no tienen competencia para ordenarme negociar con Bolivia”. Este es un tema esencialmente político y el Presidente Evo Morales lo sabe y actúa en consecuencia. Si pretenden seguir con el pleito, estarían poniéndose incluso en contra de la Carta de la ONU. Por cierto, parto de la base de que una buena burocracia técnica ya debiera tener el expediente preparado, pues sabemos, al menos desde 2011, que la demanda boliviana venía.
 
-       -¿Cómo ve el manejo del canciller chileno?
 
Tengo confianza en la experiencia y conocimientos diplomáticos del actual canciller Heraldo Muñoz. Desde que asumió, fue claro en decir que “esta demanda es artificiosa” y fue duro al agregar que, al judicializar su aspiración, Bolivia se había cerrado para siempre una salida soberana al mar. Eso lo define como un canciller de la realpolitik.
Esas tres posiciones de Muñoz me parecen idóneas para marcar una nueva pauta respecto a la defensa de nuestros intereses nacionales.
Yo no estoy en contra de que Bolivia tenga una mejor salida al mar. A lo que me opongo es a que esto signifique destrozar la política exterior de Chile con sus otros vecinos.
 
–     ¿Hay algo que hacer en términos comunicacionales?
–      
– Ante un presidente como Morales, que está desatado en su labor comunicacional, no bastan los pequeños productos y ni siquiera la voz de los ex presidentes unidos. Nuestra Presidenta en funciones,  Michelle Bachelet, debiera ser nuestra comunicadora máxima. No sólo tiene un carisma reconocido, sino un alto prestigio internacional tras su paso por la ONU. Ella podría usar ese capital acumulado para defender nuestros intereses en juego y nuestra imagen-país. Un mensaje suyo a la nación sería el equivalente a un cañón de largo alcance.
 

LOS PASOS DEL PERU EN EL CAMINO A LA HAYA
Por Alberto Sepúlveda Almarza

José Rodríguez Elizondo es una de las grandes figuras intelectuales de Chile, y si hubiera sido estadounidense ya habrían hecho una película sobre su vida, o parte de ella. Pero es chileno, país de aurea mediocritas y que no deja crecer a su gente. Aquí es conocido como "el Pepe".

José Rodríguez fue uno de los polemistas de la izquierda en la época de la Unidad Popular y como tal refutaba los planteamientos extremos que brillaban en esos días. Y así escritores tan famosos como André Gunder Frank atacaron, con molestia, sus posturas.

El exilio lo llevó a Alemania Oriental y logró salir al Perú. Allí vivió sus años dorados. Fue acogido por la revista Caretas, de posturas conservadoras pero de gran prestigio en Lima. Y el Pepe comenzó a escribir columnas de política internacional, con una redacción elegante y gran profundidad. Y con un notable conocimiento de la realidad chilena. Recordemos que en aquellos años se hablaba de la posibilidad de una guerra con Perú. Y desde allá él analizaba con calidad y claridad los avatares de la conflictiva América del Sur.

Más aun, se convirtió en un referente internacional en Lima, alternó con las autoridades militares del país y fue un frecuente participante en programas de televisión. Ningún chileno o, mejor dicho extranjero, alcanzó un nivel tan alto como él. Y, como me consta, aún se le añora.

Pepe ha reflexionado sobre su vida intelectual y de ahí han salido sus libros. El primero, Crisis y renovación de las izquierdas , es el mejor que se ha escrito en castellano sobre esas materias. Pero su mayor aporte ha sido dar a conocer en Chile los temas, los personajes y lo que piensan los peruanos en lo relativo a sus relaciones con nuestro país. El libro que comentamos ahora, Historia de dos demandas: Perú y Bolivia contra Chile, es la culminación de una saga que se inició en 2004 con Chile y Perú: el siglo que vivimos en peligro, y que dio origen a varios ensayos sobre nuestras relaciones vecinales.

En Historia... Pepe informa, en detalle, cómo fue la estrategia seguida por la diplomacia limeña para ir creando un caso jurídico de revisión de la frontera marítima con nuestro país y que culminó en la demanda ante la Corte Internacional de Justicia. El autor goza de la gran ventaja de que conoció a las figuras peruanas, como Juan Miguel Bákula o el embajador Manuel Rodríguez, e incluso polemizó con ellas por internet.

El libro es importante para los chilenos, ya que contribuye a romper el mito acerca de la inoperancia de la diplomacia peruana y la superioridad de la nuestra. Lamentablemente, el largo camino que llevó hasta la sentencia de La Haya mostró a Torre Tagle, la Cancillería del Perú, con una estrategia lúcida y de largo plazo frente a un Chile que, en general, fue casi siempre sorprendido por nuestros vecinos. Pese a que el título del libro menciona a Bolivia, se centra mayoritariamente en el Perú y es, sin duda, un ensayo brillante.

Desde estas líneas le pedimos a Pepe que escriba sus memorias, ya que estuvo presente en lugares que hicieron historia, como el Chile de la Unidad Popular; la Alemania Oriental donde se encontraron personalidades como la Presidenta Bachelet y don Clodomiro Almeyda; el Perú de los gobiernos militares, y la Presidencia de Fernando Belaúnde Terry que abrió la democracia y, por último su retorno a Chile en los años de la Concertación, donde se convirtió en diplomático. Es una vida variada, entretenida y con su talento surgirá un clásico de nuestra literatura política.

En lo que se refiere a Historia de dos demandas... solo cabe un comentario: hay que leer al Pepe.