Publicado en El Mostrador, 21.10.2014

Aquí voy a soslayar totalmente los dos temas de interés contigente: si nuestro embajador en Uruguay debió renunciar sin que se lo pidieran y si, arrepentido o no, debió ser destituido por la Presidenta. Para compensar tamañas omisiones, me concentraré en la personalidad política del susodicho y en el carácter de la institución donde sigue prestando sus servicios.

Quienes conocen en vivo y en directo a Eduardo Contreras, saben que tiene sentido del humor y que fue un abogado valiente, cuando lo prudente era ser notario. Agregan que, pese a lo anterior, nunca dio el salto hacia la renovación de las izquierdas. Hasta fines de la semana pasada, solía mostrarse  como un paleocomunista. Es decir, un militante duro y grave, con sentido leninista de misión.

Desde su burbuja ideológica, Chile lucía como un país maniqueo. Todos los empresarios eran de derecha, toda la derecha era fascista y todos los demócratacristianos debían asumir el estigma de no haber apoyado a Salvador Allende. Afortunadamente -para quienes lo recordamos con afecto-, su confesión del sábado pasado indica que ese esquema ya no es lo que era. La clave de su “retractación”, como la calificara el canciller Heraldo Muñoz, fue ese contacto con “los otros” que le proporcionó su estatus diplomático. Como embajador, el viejo militante salió de su endomundo sovietizado, trabajó “intensamente” con empresarios de carne y hueso y hoy  le consta la vocación democrática de la DC.

Marcó, así, un hito notable en el comunismo criollo y comparado. En lo fundamental, porque la suya no fue una confesión forzada,  para demostrar que “el partido siempre tiene la razón”, según el viejo guión estaliniano.  Fue, más bien, una autocrítica desde la humildad, avalada por su jefe partidario, el diputado Guillermo Teillier. Este dejó claro que su camarada se había desubicado y que él no se cortaría las venas para defenderlo ante la Presidenta Bachelet.

LA MISMA PIEDRA
 En cuanto a la arista institucional, el error de Contreras fue haber subestimado dos verdades diplomáticas que “nadie ignora”, como diría un columnista asertivo. Una, que un embajador no opina libremente sobre temas políticos. Otra, que no existe conversación privada posible con periodistas que llegan premunidos de grabadora y fotógrafo.

Pero, lo más notable no es que el hombre se saliera de las casillas de su cargo, por saltar sobre ambas verdades.  Más llamativo fue que, haciéndolo, haya tropezado con la misma piedra que hizo caer a otros embajadores, de izquierda, derecha e, incluso, “de la carrera”. A vuelo de pájaro, ahí están los casos del que elogió la dictadura del general Pinochet en Argentina, el que relató las vacilaciones de Bachelet para votar por Venezuela como miembro del Consejo de Seguridad, el que criticó a la Internacional Socialista desde la República Checa y el que expresó, en La Paz, su deseo personal de dar a Bolivia una salida soberana al mar.

Esa recurrencia en el error permitió a Teillier improvisar un salvavidas piadoso: “No tengo claro si un embajador puede o no puede referirse a esas cosas, públicamente”, dijo.  Significativo o intencionado despiste, pues revela que en las instituciones políticas del Estado no hay conciencia plena sobre la necesidad de contar con funcionarios parcos en las funciones estratégicas. Lo que en otros países parece obvio, aquí requeriría un pendrive con un manual de instrucciones.

Es bueno saber que la locuacidad impropia no agota el repertorio de inconductas diplomáticas. Recordemos el caso opuesto, del embajador designado para representarnos en China que, sin explicación pública, renunció a su misión antes de asumirla. El del embajador ante los organismos internacionales, en Ginebra, que votó en contra de instrucción expresa de la Cancillería. El del embajador en Venezuela para quien no hubo golpe de Estado contra Hugo Chavez en 2002, mientras su colega en la OEA condenaba el golpe desde la ortodoxia democrática. También es mencionable el caso que configurara el más grave problema de política exterior del gobierno de Patricio Aylwin: el asilo de Erich Honecker en nuestra embajada en Moscú, decidido por el embajador, sin consulta al canciller.

DÉFICIT ESTRATÉGICO
¿Y para qué recordar casos y cosas que algunos prefieren olvidar?

Pues, porque  error olvidado es error repetido y en la raíz de todos subyace el déficit de profesionalidad de nuestra Cancillería. Ese amateurismo que comenzó a percibirse desde septiembre de 1973, con la degollina en  el servicio exterior decretada por el general Pinochet.
 
De ahí nos viene esa contradicción flagrante entre una política exterior que quiere ser  “de Estado”  y un Estado sin la disciplina ni la abrigadora capacidad de negociación diplomática, que están en la base de cualquier política exterior. Por eso, en los últimos grandes conflictos vividos, otras cancillerías nos han impuesto la judicialización, los actores decisivos no han sido los diplomáticos sino los asesores jurídicos y hemos perdido lo que hemos perdido.

Es importante tenerlo a la vista pues está en trámite el cuarto o quinto proyecto de “modernización” de la Cancillería, esta vez a cargo de Mario Artaza, un diplomático de currículo impecable.  Pero, hasta el momento (y como antes), el tema no tiene prioridad programática de gobierno ni obedece a un previo y necesario gran acuerdo nacional.

En esas condiciones, el pronóstico se mantiene estable: si hay buen tiempo produciremos una reforma a la chilena, “dentro de lo que se puede” y seguiremos postergando esa gran Cancillería que Chile necesita a gritos.

Una tan gravitante–en cuanto profesionalizada-  como las de Itamaraty y Torre Tagle, a nivel de la región. 

Publicado en El Mostrador 13.10.14

En 2002, se presentó ante la justicia chilena una querella por el presunto asesinato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva. En diciembre de 2009, el ministro Alejandro  Madrid convirtió dicha querella en certeza judicial. Cerrando la primera etapa del proceso, dictaminó que Frei Montalva fue asesinado en su lecho de posoperado, en una clínica de la capital, durante el gobierno del general Augusto Pinochet. Tres años después -el pasado viernes- cerró el sumario respectivo, mencionando autores, cómplices y encubridores.

Han sido 14 años con escasa reacción mediática y de opinión pública. Inferior, en todo caso, a la que capta cualquier crimen espantoso cometido por gente común. Sin embargo, de lo investigado se desprende un contexto más que espeluznante: terrorismo de Estado, servicios secretos tenebrosos, infiltración de gérmenes patógenos (textuales “bacterias oportunistas”) y médicos escapados del gabinete del doctor Caligari.

En una democracia desarrollada, los políticos estarían tratando las alternativas del proceso en todos sus foros, los cineastas habrían encontrado financiamiento para un filme rápido, los guionistas competirían para proyectar una secuela, algún escritor estaría dando los toques finales a una gran novela  y la prensa nacional e internacional darían cuenta cumplida de lo que sigue sucediendo.

Pero, por lo visto, los chilenos estamos en otra. En el país de los hechos, la información no ha conmocionado la conciencia nacional. La atención se ha concentrado en la tecnología de las pruebas de laboratorio y en la improbable culpabilidad de los sospechosos instrumentales (a través de los cuales podría llegarse a los autores intelectuales). Además, como en 2009  Chile estaba en pleno proceso electoral, en lugar de privilegiarse el tema de fondo –la certeza judicial del crimen- se levantó una advertencia de coyuntura: la resolución del juez podía influir en el comportamiento de los electores, favoreciendo al candidato Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hijo del Presidente asesinado. Es decir, Madrid debió manejar los tiempos del proceso, buscando uno que fuera políticamente oportuno.

Afortunadamente, nuestra Corte Suprema reivindicó, entonces, los fueros de la juridicidad y del orden natural de los acontecimientos. Ratificando lo obrado por el juez, dejó en claro que los tiempos judiciales no pueden ni deben ser manipulados, para no chocar con los tiempos políticos. “Sería muy grave que los jueces tuvieran que buscar fechas para dictar sus resoluciones", dijo su Presidente Milton Juica,
En cualquier caso, la reacción nacional acorde con la gravedad del caso sigue en suspenso. Incluso pareciera que sólo los hijos y nietos de Frei Montalva son los ofendidos directos por el magnicidio.

Un hecho relevante de nuestra historia compite, desventajosamente, con la crónica roja de la coyuntura.

Publicado en El Mostrador, 6.10.2014
 
A fines de septiembre, los cancilleres de Chile y Perú ratificaron que presentarán conjuntamente, ante la ONU, las coordenadas del límite marítimo resultante del fallo de la CIJ. Esto significa que no formalizarán ante la organización mundial sus discrepancias sobre el “triángulo terrestre”, acogiendo la sugerencia de los jueces de “encauzar, por conducto directo de las cancillerías, los temas de interés mutuo”. De paso, ya no debiera hablarse de “triángulo” sino de “cuña” pues, según ese fallo, la hipotenusa marítima hoy es indisputadamente de Chile.
 
Es una actitud innovadoramente positiva. Tras desencuentros bastante agrios, el canciller chileno Heraldo Muñoz aparece superando la poco diplomática tentación de declarar que no existe controversia alguna. El canciller peruano Gonzalo Gutiérrez, por su parte, aparece ignorando el gesto de su Presidente Ollanta Humala de incorporar esa cuña terrestre al mapa del Perú, de manera unilateral.
 
Esto puede significar que, tras los planteos jurídicos antagónicos, vendrían esas “conversaciones” que sugería Gutiérrez antes del desplante de Humala. Y quien dice conversaciones dice también “negociaciones”, que son de la esencia de las diplomacias maduras y, al mismo tiempo, medio principal de solución pacífica de controversias. En ese marco, en caso de ser infructuosos los alegatos jurídicos  y las  negociaciones diplomáticas, cabría prever el tercer paso eventual: ¿tendrían Michelle Bachelet y Ollanta Humala que recurrir al arbitraje de Barack Obama?
 
Eso es lo que entienden algunos expertos y analistas. Sin embargo, no está claro que sea la vía, si se examinan a fondo los artículos 3 y 12 del Tratado de 1929. En efecto, el primero alude a los eventuales desacuerdos entre los miembros chileno y peruano de la comisión demarcadora, sobre aspectos de “la operación” y el segundo, a los eventuales desacuerdos de los gobiernos sobre “la interpretación” de las disposiciones del mismo tratado. En el primer caso,  dirimir correspondería a un tercer miembro “designado por el Presidente de los Estados Unidos”. En el segundo, decidiría la controversia el propio Presidente de los Estados Unidos.
 
Obviamente, es la diferencia que hicieron los hermenéuticos de la época entre lo general y lo especial. Esto es, entre la delimitación de las fronteras, decidida al más alto nivel de los Estados y la demarcación de las mismas, ejecutada por expertos de cada Estado. En ese contexto, debió parecer claro que no existía un punto exacto o absoluto a la orilla del mar, a diez kilómetros al noroeste del primer puente sobre el río Lluta.  Dado que el mar no es inmóvil y que la tierra puede moverse, ese punto es solo una abstracción intelectual.  Cada fracción de segundo marca un punto real distinto, como diría Heráclito,
 
Por eso, los demarcadores de 1930 definieron un punto relativo pero de concreto, lo “materializaron” con el Hito 1 y lo designaron como “orilla del mar”… aunque, por motivos prácticos, esté lo bastante alejado de las olas como para evitar su erosión. Visto que ambos Estados aprobaron esa decisión, no hubo problemas para aprobar la demarcación y ésta paso a ser el equivalente a una “cosa juzgada”.
 
Los juristas no debieran extrañarse pues el Derecho, en cuanto ciencia social, no existe para establecer absolutos, sino para normar los siempre relativos comportamientos humanos. Para cumplir ese rol, los legisladores suelen recurrir a la ficción. En esa línea, hasta podría decirse que los ordenamientos jurídicos son sistemas de ficciones, orientados a dar certezas previas a sus sociedades respectivas.  Así como la ley se finge conocida, aunque no lo sea, se presume que el Hito 1 está en la orilla del mar, aunque de hecho esté a 150 metros variables.

De lo señalado se deduce que quedaríamos muy mal si  apeláramos a la dirimencia de un enviado de Barack Obama o al arbitraje de éste. Rápido concluirían los expertos del Departamento de Estado que  la distancia entre el Hito 1 y la orilla del mar absoluta no tipifica una controversia sobre el tratado de 1929, sino sobre su ejecución. Y, dado que esa ejecución se consumó en 1930, informarían a su Presidente que no se le ocurra asumir el tema.

Con todo, la controversia de facto tiene una notoria importancia política, en cuanto abre un espacio para que Chile salga de su reactividad juridicista y enfrente una eventual negociación con Perú, sin temor a la maestría de Torre Tagle. En ese espacio, chilenos y peruanos podrían discutir las razones profundas de por qué se mantiene la controversia sobre la cuña terrestre, después del fallo de la CIJ, con el plus eventual de una buena dosis catártica. A mayor abundamiento –e invirtiendo las tornas-, si la negociación fuera infructuosa y la catarsis no se produjera, Chile quedaría en mejor posición relativa para invocar incluso la vía judicial. 

Sin embargo, dados los antecedentes conjuntos de la CIJ y de esta controversia, más aconsejable (y menos oneroso) sería recurrir a la investigación, que es la vía de solución pacífica que sigue a la negociación, según el artículo 33 de la Carta de la ONU.

Al fin de cuentas, lo mejor suele ser enemigo de lo bueno.