Bitácora
UNA PIZCA DE PENSAMIENTO CRÍTICO, POR FAVOR
José Rodríguez Elizondo
La demanda de Bolivia contra Chile tiene aristas coyunturales de carácter jurídico, pero también tiene aristas de interés doctrinario permanente. Po ejemplo, ha hecho claridad sobre los límites del Derecho, en los conflictos en que se disputa soberanía y sobre el rol que deben cumplir la diplomacia de negociación y la disuasión defensiva. En ese contexto ha surgido una importante polémica pública sobre el talante "salomónico" de la Corte Internacional de Justicia, que no garantizaría fallos "en estricto derecho" y sobre la necesidad de desvincularse del Pacto de Bogotá. Importa consignar que este tipo de debates antes sólo se dan en el secreto de las oficinas ministeriales.
Publicado en El Libero 25.9.2018
Se abriga en las cancillerías la ilusión de creer que no existen más derechos para las naciones que aquellos que los tratados les confieren.
Jules Cambon
Jules Cambon
En vísperas del fallo, los jueces de la Haya desempolvan sus pelucas, altos funcionarios chilenos elogian nuestra “sólida posición jurídica” y el énfasis en el deber ser legal vuelve a dejar en la penumbra al ser de la realidad.
Esa realidad, como todas, está hecha de matices. Quien entiende de política no cree que Evo Morales pensara, en algún momento, arrebatarnos territorio mediante una demanda judicial. Si sabe de leyes, entiende que nuestra concepción del derecho internacional no es idéntica a la de los quince jueces de La Haya. Además, si sospecha de estrategia, no subestima el apoyo que suscita la causa de Bolivia en otros países y personalidades, contrastado con la simple neutralidad que manifiestan hacia Chile.
Morales es tosco, pero no vive en una nube. Lo que quiere es seguir avanzando en una estrategia de mediano y largo plazo, bajo cobertura jurídica, para crear las condiciones que un mal día le permitan obtener territorio chileno, con una correlación de fuerzas a su favor y sin el costo de un encontronazo. Es una variable de lo que se conoce como "aproximación indirecta" y, obviamente, es indisociable de su ambición de perpetuarse en el poder.
EL DEBATE QUE NO FUE
Por eso, algunos advertimos (“oportunamente”) que si ya existía una decisión política de no ceder un centímetro de territorio a Bolivia, había que proyectarse más allá de la coyuntura. Esto implicaba no someter esa decisión a una Corte que podía mediatizarla. Además, había base jurídica para ello. Desgraciadamente, no se abrió debate al respecto, se optó por recusar la competencia de la Corte desde dentro, mediante excepciones preliminares… y ya sabemos cómo nos fue.
Pero, como el juridicismo es inmune a la realidad, pronto se dijo que la Corte nos hizo un favor al darnos en la cabeza, pues había acotado la demanda boliviana al solo trámite de negociar “sin comprometer resultado”. En lo sucesivo, Morales tendría claro que los jueces no podían endosarle territorio chileno. Habíamos ganado de carambola.
Sin embargo, aquello era too much e indujo un brote de pensamiento crítico en el alma nacional. Calificados diplomáticos aludieron a lo equívoco de llamar “Política exterior de Estado” a aplicaciones que nacen sin debate conocido. Otros recordaron que había distintas alternativas de solución pacífica en la Carta de la ONU. Incluso surgió una opinión multidisciplinaria y transversal pidiendo el retiro del Pacto de Bogotá, que tan funcional ha sido para entramparnos en el juridicismo.
Con buen criterio, el canciller Roberto Ampuero no ha descalificado esa opinión y ha manifestado, sugerente, que Chile no está disponible para “nuevas concesiones ni imposiciones”. El presidente Sebastián Piñera, por su parte, ya no reduce la defensa de Chile al solo factor legal. Hoy, está hablando de “la fuerza de la historia y la fuerza del derecho”… y no elude hacerse cargo de la agresividad de Morales.
LEONES SORDOS
Con todo, aún quedan leones sordos y autocomplacientes. Funcionarios que, según el análisis de Max Weber, configuran “una administración de sesiones secretas, que oculta a toda crítica sus conocimientos y acciones”. Desde ese refugio, ignoran el arte de la diplomacia, niegan con acritud la desviación juridicista -reconocida por nuestros historiadores mayores- y mutan en proezas los errores que nos encadenan desde 1949. Son quienes sostenían, en 2002, que Chile “no reconoce controversia jurídica alguna con el Perú”, para terminar diciendo que “la controversia con el Perú es estrictamente jurídica”.
Con base en lo señalado y como irreductible aficionado a los pronósticos, termino con el siguiente:
Si la Corte comete el despropósito de obligarnos a negociar, Morales embandera Bolivia y nosotros iniciaremos un debate, muy inoportuno, sobre quienes tuvieron la culpa. Por esa vía seguiremos soslayando el debate de fondo, que es el de potenciar nuestra Cancillería al nivel que exigen nuestra historia, nuestra geografía y nuestra seguridad. Es decir, seguiremos ignorando la advertencia de ese sabio amigo que fue Luciano Tomassini, para quien “en el mundo actual, un país que ahorre en política exterior está expuesto casi con certeza a incurrir en grandes pérdidas y a desperdiciar muchos beneficios”.
Es nuestra gran asignatura pendiente. Para asumirla hace falta una fuerte dosis de unidad nacional y transversal, una pizca de pensamiento crítico y muchas gotas de humildad.
Esa realidad, como todas, está hecha de matices. Quien entiende de política no cree que Evo Morales pensara, en algún momento, arrebatarnos territorio mediante una demanda judicial. Si sabe de leyes, entiende que nuestra concepción del derecho internacional no es idéntica a la de los quince jueces de La Haya. Además, si sospecha de estrategia, no subestima el apoyo que suscita la causa de Bolivia en otros países y personalidades, contrastado con la simple neutralidad que manifiestan hacia Chile.
Morales es tosco, pero no vive en una nube. Lo que quiere es seguir avanzando en una estrategia de mediano y largo plazo, bajo cobertura jurídica, para crear las condiciones que un mal día le permitan obtener territorio chileno, con una correlación de fuerzas a su favor y sin el costo de un encontronazo. Es una variable de lo que se conoce como "aproximación indirecta" y, obviamente, es indisociable de su ambición de perpetuarse en el poder.
EL DEBATE QUE NO FUE
Por eso, algunos advertimos (“oportunamente”) que si ya existía una decisión política de no ceder un centímetro de territorio a Bolivia, había que proyectarse más allá de la coyuntura. Esto implicaba no someter esa decisión a una Corte que podía mediatizarla. Además, había base jurídica para ello. Desgraciadamente, no se abrió debate al respecto, se optó por recusar la competencia de la Corte desde dentro, mediante excepciones preliminares… y ya sabemos cómo nos fue.
Pero, como el juridicismo es inmune a la realidad, pronto se dijo que la Corte nos hizo un favor al darnos en la cabeza, pues había acotado la demanda boliviana al solo trámite de negociar “sin comprometer resultado”. En lo sucesivo, Morales tendría claro que los jueces no podían endosarle territorio chileno. Habíamos ganado de carambola.
Sin embargo, aquello era too much e indujo un brote de pensamiento crítico en el alma nacional. Calificados diplomáticos aludieron a lo equívoco de llamar “Política exterior de Estado” a aplicaciones que nacen sin debate conocido. Otros recordaron que había distintas alternativas de solución pacífica en la Carta de la ONU. Incluso surgió una opinión multidisciplinaria y transversal pidiendo el retiro del Pacto de Bogotá, que tan funcional ha sido para entramparnos en el juridicismo.
Con buen criterio, el canciller Roberto Ampuero no ha descalificado esa opinión y ha manifestado, sugerente, que Chile no está disponible para “nuevas concesiones ni imposiciones”. El presidente Sebastián Piñera, por su parte, ya no reduce la defensa de Chile al solo factor legal. Hoy, está hablando de “la fuerza de la historia y la fuerza del derecho”… y no elude hacerse cargo de la agresividad de Morales.
LEONES SORDOS
Con todo, aún quedan leones sordos y autocomplacientes. Funcionarios que, según el análisis de Max Weber, configuran “una administración de sesiones secretas, que oculta a toda crítica sus conocimientos y acciones”. Desde ese refugio, ignoran el arte de la diplomacia, niegan con acritud la desviación juridicista -reconocida por nuestros historiadores mayores- y mutan en proezas los errores que nos encadenan desde 1949. Son quienes sostenían, en 2002, que Chile “no reconoce controversia jurídica alguna con el Perú”, para terminar diciendo que “la controversia con el Perú es estrictamente jurídica”.
Con base en lo señalado y como irreductible aficionado a los pronósticos, termino con el siguiente:
Si la Corte comete el despropósito de obligarnos a negociar, Morales embandera Bolivia y nosotros iniciaremos un debate, muy inoportuno, sobre quienes tuvieron la culpa. Por esa vía seguiremos soslayando el debate de fondo, que es el de potenciar nuestra Cancillería al nivel que exigen nuestra historia, nuestra geografía y nuestra seguridad. Es decir, seguiremos ignorando la advertencia de ese sabio amigo que fue Luciano Tomassini, para quien “en el mundo actual, un país que ahorre en política exterior está expuesto casi con certeza a incurrir en grandes pérdidas y a desperdiciar muchos beneficios”.
Es nuestra gran asignatura pendiente. Para asumirla hace falta una fuerte dosis de unidad nacional y transversal, una pizca de pensamiento crítico y muchas gotas de humildad.
José Rodríguez Elizondo
Sábado, 29 de Septiembre 2018
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Bitácora
PACTO DE BOGOTÁ, ENTRE EL DERECHO Y LA REALIDAD
José Rodríguez Elizondo
Debido a la experiencia con Bolivia, permanecer o no en el Pacto de Bogotá se ha convertidp en tema de debate político, en Chile. La opinión pública ilustrada comienza a comprender que no bastan los abogados para defender los intereses nacionales y que el derecho internacional no es intercambiable con la diplomacia. Es un tema al cual he asignado la mayor importancia, en mis libros y como docente. Últimamente, prestigiosos embajadores de carrera han asumido idéntico criterio y expertos de otros ámbitos me han acompañado en el debate. El siguiente texto, por ejemplo, fue fruto de un trabajo conjunto con un sociólogo que estuvo vinculado al equipo de defensa en La Haya, un ex embajador en Japón y Argentina y un ex comandante en jefe del Ejército.
Por ser un tema de interés nacional indiscutido, nos alegra que se esté produciendo un debate serio sobre el Pacto de Bogotá. Ante conflictos concretos, reducirse a la sola lógica legalista es negarse a asumir ideas diversas y soslayar factores tan principales de las relaciones internacionales como la experiencia histórica, el análisis político, la profesionalidad diplomática, la geoeconomía y la perspectiva estratégica. Es bloquearse al estudio de la realidad.
Perseverar en esa actitud reduccionista, nos aleja cada vez más de las doctrinas de las escuelas diplomáticas desarrolladas, para las cuales, eventualmente, la audacia puede ser la verdadera prudencia. La diplomacia vaticana suele aplicar ese criterio: “La prudencia es una virtud del gobierno; la audacia también”. Talleyrand, maestro del pragmatismo diplomático, enseñaba que en materia de conflictos “aún el derecho más legítimo puede ser discutible”.
Dicho reduccionismo ha sido denunciado por nuestros historiadores. Para Francisco A Encina, Chile produce un fenómeno exótico: “el traspaso de la mentalidad jurídica propia a los pueblos extraños con que entra en relaciones”. Mario Barros, en su obra Historia Diplomática de Chile, describe esto como una “esclavitud jurídica”, base de una “espantosa falta de imaginación”.
En el caso del conflicto con Bolivia, el verdadero problema no es el juicio en La Haya. Este es un síntoma. El gran desafío es una apetencia territorial de dicho país en perjuicio de Chile. Para alcanzarla, utiliza todos los medios a su alcance, entre ellos la demanda y persistirá en su propósito, cualquiera sea el tenor del fallo.
Sobre esa base, en todas nuestras publicaciones hemos enfatizado que se trata de un conflicto de poder –es decir, básicamente político- por estar en juego la soberanía. A mayor abundamiento, el gobierno boliviano lo ha politizado al extremo. No considerarlo es soslayar a) que se nos está aplicando en formato judicial ese recuperacionismo territorial que algunos desestiman por sernos “inoponible”, b) que el presidente Evo Morales lo ha proclamado sin tapujos en la Haya y uno de sus cancilleres incluso invocó la ordalía de la sangre, y c) que los jueces de la Corte asumieron como legítima la demanda boliviana, en una decisión que la doctrina comparada tipifica como “desviación del poder”.
Sería ingenuo, entonces, pensar que el gobierno boliviano renunciará a su estrategia después del inminente fallo de la Corte. Estamos ante un desafío para largo, que incluso pudiera llegar a involucrar a otros países. La idea de anunciar, en el momento oportuno, el retiro del Pacto de Bogotá, es adelantarse a posibles escenarios más complejos, recuperando la plenitud de la facultad nacional para resguardar nuestra soberanía.
Cabe agregar que, a partir del rechazo de la Corte a nuestras excepciones preliminares de competencia, la necesidad de desvincularnos del Pacto fue asumida por la opinión pública ilustrada y su debate fue legitimado por la Cancillería. Esto choca contra la posición del juridicismo a ultranza, para cuyos defensores el retiro siempre será inoportuno.
En definitiva, sin renunciar a las razones del derecho, pretendemos que Chile pase de los tiempos judiciales a los tiempos de la diplomacia profesional, asumiendo la necesaria capacidad de viraje de nuestra política exterior, aumentando así las opciones del jefe de Estado. Renunciar a esta opción, bajo el pretexto de la “oportunidad”, es ignorar la importancia de las señales en política internacional y mutilar a priori las opciones defensivas de nuestro país.
Reiteramos, por tanto, que el interés nacional se defiende con “todos los recursos legítimos del poder” y con “total apego a la Carta de la ONU.” En esto no hay amenaza alguna, no hay estridencia nacionalista, ni menos, una actitud temeraria.
El problema real, es que no hay peor sordo que el que no quiere oír ni hay mayor obstáculo para los intereses nacionales que los que no se atreven a innovar cuando las circunstancias lo exigen.
José Rodríguez Elizondo, Gabriel Gaspar Tapia, Eduardo Rodríguez Guarachi, Oscar Izurieta Ferrer
Bitácora
DECADENCIA DEL PACTO DE BOGOTÁ
José Rodríguez Elizondo
El Pacto de Bogotá, de 1948, debió servir para que los países firmantes de la región judicializaran (y resolvieran) sus conflictos. Se partía de la base de que las negociaciones diplomáticas no habían funcionado y que la Corte Internacional de Justicia -organismo de la ONU- sólo podía emitir fallos estrictamente jurídicos, que, además, no afectaran los tratados vigentes entre los países firmantes. Sin embargo, todo indica que esa Corte ha interpretado su propia competencia con demasiada amplitud. Por eso, Colombia, país sede del Pacto, ya se retiró del mismo. y ahora se ha instalado la discusión al respecto en Chile, a propósito de la demanda de Bolivia ante esa Corte. A continuación, un texto que este bloguero y tres distinguidos actores de la vida pública chilena, publicamos sobre este materia, el 14 de julio de este año.
Cuando Bolivia constitucionalizó un supuesto “derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico”, su “aspiración marítima,” mutó en desafío internacional. Su gobierno ya no buscaría un acuerdo consensuado con Chile, para optimizar sus vigentes salidas al mar, en el marco del tratado de límites de 1904. El objetivo era instalar un conflicto de poder.
Era el inicio público de una estrategia integral, de aproximación indirecta, orientada a la adquisición de parte de Arica o a la “recuperación” de Antofagasta. Su primer tramo, de apariencia jurídica, fue la demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con base en el Pacto de Bogotá, para que este tribunal de la ONU nos obligara a negociar una salida soberana al mar.
Nuestros abogados dictaminaron, de inmediato, que era una iniciativa jurídica inviable, pues soslayaba un requisito fundamental del Pacto: el respeto a los tratados vigentes. Faltó agregar que también violentaba los principios de la Carta de la ONU, encargada de velar por la no intervención, la paz y la seguridad internacionales.
Por ello, cuando la CIJ acogió a trámite esa demanda, dio respaldo a una estrategia sin plausibilidad jurídica, pero idónea para poner en peligro la paz internacional. Además, asumió responsabilidades propias del Consejo de Seguridad, que es el encargado onusiano del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.
Ante esas desviaciones de poder jurisdiccional, Chile pudo cuestionar de plano la competencia de la CIJ, no compareciendo al pleito mismo, con base en el artículo 53 de su Estatuto y de su jurisprudencia. Así bloqueaba ab initio la maniobra comunicacional del gobierno boliviano y deslegitimaba un posible fallo no acatable, Sin embargo, primó la tradición juridicista nacional y se optó por cuestionar a los jueces dentro del mismo proceso. Que ellos definieran su propia competencia, como si fuera un incidente procesal.
Tras el rechazo (categórico) de nuestras excepciones preliminares, quedó claro que la CIJ estaba por someter nuestra soberanía a revisión y que ningún fallo judicial liquidaría la estrategia de Bolivia. En efecto, su gobierno siguió exigiendo una negociación con resultados predeterminados, amenazando con nuevas demandas, optimizando la internacionalización de sus objetivos estratégicos y hostilizando a Chile por diversos medios tácticos. Sugerentemente, ya hay analistas que explican su actuar con base en las tesis de la “guerra asimétrica”.
En tales circunstancias, Chile debió equilibrar mejor los recursos del derecho, con los de la diplomacia y la disuasión defensiva. Así, hoy anunciamos que nuestra defensa del patrimonio territorial empleará “toda la fuerza de la Historia” y no sólo la fuerza de la argumentación legal. En paralelo, ya estaba legitimado el debate sobre el retiro del Pacto de Bogotá.
Empleado como plataforma para cuestionar, de manera soslayada, la vigencia de los tratados, ese Pacto ya no sirve para blindar el estatus de paz inherente al respeto a los mismos. Por lo demás, nunca fue una barrera respecto a las potencias mayores, que no lo ratificaron y, a mayor abundamiento, ya se retiró Colombia, país sede de su aprobación en 1948.
Por lo señalado, Chile no debe resignarse a una eventual nueva demanda con contenidos revanchistas. Más bien, debe dejar en claro que, en lo sucesivo, asumirá la defensa de su soberanía de manera directa, sin mengua del compromiso de resolver los conflictos de poder de manera pacífica, respetando la letra y espíritu de la Carta de la ONU.
Consecuentemente, debemos retirarnos del Pacto de Bogotá. El haber entablado una demanda técnica ante la CIJ, contra Bolivia, sobre la naturaleza del río Siloli/Silala, no puede convertirnos en rehenes sine die de un instrumento que se hizo adverso a los intereses superiores del país.
Cabe agregar que no se trata de hacer de llanero solitario, reduciendo el tema a la emisión de un documento legalizado ante notario. Retirarnos exige un trabajo político y diplomático de calidad, con amplia información a los órganos principales de la ONU.
El tema de fondo no es de conveniencia adjetiva o procesal, sino de defensa sustantiva de nuestra soberanía, ejercida en un marco de bien forjada unidad nacional.
José Rodríguez Elizondo. Escritor, Profesor de Relaciones Internacionales Universidad de Chile
Gabriel Gaspar Tapia. Cientista político, ex Subsecretario FF.AA y exembajador en misión especial
Eduardo Rodríguez Guarachi, Abogado, Consejero Universidad Diego Portales, Director de Empresas, ex Embajador en Japón y Argentina
Oscar Izurieta Ferrer, cientista político, ex Comandante en Jefe del Ejército de Chile, ex Subsecretario de Defensa.
Era el inicio público de una estrategia integral, de aproximación indirecta, orientada a la adquisición de parte de Arica o a la “recuperación” de Antofagasta. Su primer tramo, de apariencia jurídica, fue la demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con base en el Pacto de Bogotá, para que este tribunal de la ONU nos obligara a negociar una salida soberana al mar.
Nuestros abogados dictaminaron, de inmediato, que era una iniciativa jurídica inviable, pues soslayaba un requisito fundamental del Pacto: el respeto a los tratados vigentes. Faltó agregar que también violentaba los principios de la Carta de la ONU, encargada de velar por la no intervención, la paz y la seguridad internacionales.
Por ello, cuando la CIJ acogió a trámite esa demanda, dio respaldo a una estrategia sin plausibilidad jurídica, pero idónea para poner en peligro la paz internacional. Además, asumió responsabilidades propias del Consejo de Seguridad, que es el encargado onusiano del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.
Ante esas desviaciones de poder jurisdiccional, Chile pudo cuestionar de plano la competencia de la CIJ, no compareciendo al pleito mismo, con base en el artículo 53 de su Estatuto y de su jurisprudencia. Así bloqueaba ab initio la maniobra comunicacional del gobierno boliviano y deslegitimaba un posible fallo no acatable, Sin embargo, primó la tradición juridicista nacional y se optó por cuestionar a los jueces dentro del mismo proceso. Que ellos definieran su propia competencia, como si fuera un incidente procesal.
Tras el rechazo (categórico) de nuestras excepciones preliminares, quedó claro que la CIJ estaba por someter nuestra soberanía a revisión y que ningún fallo judicial liquidaría la estrategia de Bolivia. En efecto, su gobierno siguió exigiendo una negociación con resultados predeterminados, amenazando con nuevas demandas, optimizando la internacionalización de sus objetivos estratégicos y hostilizando a Chile por diversos medios tácticos. Sugerentemente, ya hay analistas que explican su actuar con base en las tesis de la “guerra asimétrica”.
En tales circunstancias, Chile debió equilibrar mejor los recursos del derecho, con los de la diplomacia y la disuasión defensiva. Así, hoy anunciamos que nuestra defensa del patrimonio territorial empleará “toda la fuerza de la Historia” y no sólo la fuerza de la argumentación legal. En paralelo, ya estaba legitimado el debate sobre el retiro del Pacto de Bogotá.
Empleado como plataforma para cuestionar, de manera soslayada, la vigencia de los tratados, ese Pacto ya no sirve para blindar el estatus de paz inherente al respeto a los mismos. Por lo demás, nunca fue una barrera respecto a las potencias mayores, que no lo ratificaron y, a mayor abundamiento, ya se retiró Colombia, país sede de su aprobación en 1948.
Por lo señalado, Chile no debe resignarse a una eventual nueva demanda con contenidos revanchistas. Más bien, debe dejar en claro que, en lo sucesivo, asumirá la defensa de su soberanía de manera directa, sin mengua del compromiso de resolver los conflictos de poder de manera pacífica, respetando la letra y espíritu de la Carta de la ONU.
Consecuentemente, debemos retirarnos del Pacto de Bogotá. El haber entablado una demanda técnica ante la CIJ, contra Bolivia, sobre la naturaleza del río Siloli/Silala, no puede convertirnos en rehenes sine die de un instrumento que se hizo adverso a los intereses superiores del país.
Cabe agregar que no se trata de hacer de llanero solitario, reduciendo el tema a la emisión de un documento legalizado ante notario. Retirarnos exige un trabajo político y diplomático de calidad, con amplia información a los órganos principales de la ONU.
El tema de fondo no es de conveniencia adjetiva o procesal, sino de defensa sustantiva de nuestra soberanía, ejercida en un marco de bien forjada unidad nacional.
José Rodríguez Elizondo. Escritor, Profesor de Relaciones Internacionales Universidad de Chile
Gabriel Gaspar Tapia. Cientista político, ex Subsecretario FF.AA y exembajador en misión especial
Eduardo Rodríguez Guarachi, Abogado, Consejero Universidad Diego Portales, Director de Empresas, ex Embajador en Japón y Argentina
Oscar Izurieta Ferrer, cientista político, ex Comandante en Jefe del Ejército de Chile, ex Subsecretario de Defensa.
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DEMOCRACIA EN AMERICA LATINA. ESTADO DE SITUACIÓN Y PROSPECTIVA (III)
José Rodríguez Elizondo
Esta es la tercera parte y final de mi ponencia presentada en Marruecos.
Presentación de la ponencia en Salón de Conferencias de la Academia del Reino. Rabat
José Rodríguez Elizondo
ALGUNOS PRECEDENTES
La historia muestra ejemplos importantes de crisis de la democracia representativa, tanto en países centrales como periféricos.
Fue, sintomáticamente, lo que sucedió en el marco de las dos Guerras Mundiales. De manera muy clara, algunos intelectuales de prestigio denunciaron a los partidos políticos. Débiles o renuentes para mantener la democracia, éstos habrían catalizado la gran conflagración.
Un ejemplo emblemático para América Latina se produjo con un resonante discurso del intelectual argentino Leopoldo Lugones, en 1914. Fue un verdadero manifiesto contra la democracia representativa, según el cual: “ha sonado otra vez, para bien del mundo, la hora de la espada (…) esta hará el orden necesario que la democracia ha malogrado hasta hoy”.[1]
En Francia, durante la Segunda Guerra Mundial, la pensadora Simone Weil, produjo un texto duramente condenatorio para la democracia de partidos: “el único fin de todo partido político es su propio crecimiento y ello sin el menor límite (…) el hecho de que existan no es en absoluto un motivo para conservarlos”. [2]
Actualmente, un historiador norteamericano ha manifestado su temor a la ineficiencia de los partidos políticos democráticos ante la embestida de los partidos antisistémicos. Observando el proceso italiano, alertó sobre la posibilidad de “pasar del populismo (una forma autoritaria de democracia) al fascismo, una formación política que pretende destruir la democracia mediante la violencia política y la dictadura”.[3]
EL GRAN DESAFÍO
El desafío actual es cómo mantener la democracia representativa sin morir en el intento.
La dificultad mayor estriba en que el contexto occidental dejó de ser estimulante. Los Estados Unidos de hoy ya no asumen la misión de expandir la democracia, ni siquiera de manera tutelar. El gobierno de Donald Trump ha dejado fuera de juego la vieja doctrina del “destino manifiesto”. Está pasando del paternalismo del “buen vecino” (Franklin D. Roosevelt) y del apoyo de la Alianza para el Progreso (J. F. Kennedy), al aislamiento, la apología del Muro divisorio y hasta a las groserías contra países de la región.
Europa, por su parte, ya no puede competir con los Estados Unidos como modelo alternativo. Con el Brexit, los euroescépticos y los euroindignados abrieron un forado para socavar la integración de las democracias desarrolladas. En paralelo, emergen separatismos sísmicos, grandes referentes políticos desaparecen o dejan de ser lo que eran y se producen entendimientos entre nacionalistas, populistas y neofascistas. En esa línea se perfilan partidos extremistas fuertes en Alemania, Austria, Francia e Italia.
En otro nivel, las superpotencias emergentes, Rusia y China, no aportan modelos sociopolíticos cercanos a la democracia representativa latinoamericana y tampoco se proponen salvaguardar la democracia en la región.
Lo señalado obliga a que, haciendo de la necesidad virtud, los latinoamericanos salgamos de esta encrucijada con nuestras propias fuerzas. Sin pedir improbables apoyos externos. Para ese efecto, los líderes actuales y del futuro debieran tener en cuenta un viejo aforismo levantino: “si estamos ante un callejón sin salida la única salida está en el callejón”.
TRES REALIDADES CRÍTICAS
Para salir del callejón es necesario un proceso de cabal introspección, con eje en los partidos políticos, que los obligue a asumir las realidades críticas de la hora.
La primera realidad mencionable es la relación entre el deterioro de su representatividad y el incumplimiento de su función primaria. Si los partidos ya no cumplen con su rol de proveedores de personal político calificado para la gobernanza del Estado ni se identifican con sectores segmentados de la sociedad, es inevitable que se les perciba como “clase política” para sí.
La segunda realidad es la decadencia de la afirmación según la cual “sin partidos políticos no hay democracia”. Por una parte, la ciudadanía percibe que esa identificación es abusiva. Por otra parte, a la polarización política que inducen los partidos, contrapone una hiperfragmentación social, inducida, en lo fundamental, por el crecimiento urbano y las nuevas tecnologías de la información. Fruto de esta complejización –más sociológica que política-, surgen organizaciones para o antisistémicas que compiten con los partidos. Ser militante de éstos dejó de ser requisito para postular a cargos de representación.
La tercera realidad crítica es el sistema de privilegios con que se gratifica el trabajo político en las instituciones del Estado. Para ejemplificar, la “dieta parlamentaria” hoy está astronómicamente lejos de su origen histórico y semántico, que fue homologar las posibilidades de participar en la cosa pública, mediante la asignación de una remuneración que cubriera las necesidades básicas”[4]
Hoy, con base en sus estipendios y privilegios anexos, los representantes parlamentarios de izquierdas y derechas forman parte del segmento socioeconómico más alto en cada país. Como botón de muestra, tras la recuperación de la democracia en Chile, el monto de la “dieta parlamentaria”, que era 20,6 veces el ingreso mínimo, habría llegado a 40,5 veces dicho ingreso.[5]
(Dicho como paréntesis, sobre esa base económica, muchos representantes políticos manejan los misterios del mercado de capitales con más éxito del que sería prudente. Al mismo tiempo, los empleos que contribuyen a crear son ocupados, de preferencia, por sus clientes y parientes. Por cierto, ellos tienden a justificarse sobre la base de la legalidad formal y no de la legitimidad ética y creen –o fingen creer- que todos los males del sistema se solucionan mediante nuevas leyes electorales. Éstas, casi indefectiblemente, aumentan las curules y los privilegios adjuntos, con la consiguiente carga adicional para las arcas fiscales.)
Esta tercera realidad contiene una tarea, quizás, la más difícil. Consiste en que los representantes políticos renuncien, por lo menos, a lo excesivo de sus privilegios. Es el gesto que espera la sociedad para comenzar a devolverles una parte de la confianza perdida. Incidentalmente, esta tarea ha sido intentada por algunos políticos jóvenes en mi país y resulta divertido observar cómo escabullen el tema los políticos veteranos… de todos los colores políticos.
RENOVACIÓN PROFUNDA
La gran política pública para sostener la democracia representativa en América Latina exige recuperar el capital cultural democrático, representado en lo regional por la Carta Democrática Interamericana. Esto exige una renovación profunda de los partidos políticos realmente existentes la que, entre otras cosas, significa:
- Pasar del proyecto-partido, al proyecto-país y al proyecto-región.
- Pasar de la información política restringida, que filtran los partidos políticos, a la información transparente y contrastada con la que producen las redes sociales.
- Pasar de la subestimación de la corrupción a la guerra contra la misma.
- Asumir una arquitectura orgánica congruente con lo anterior
POLITICA FICCION
Si no hay voluntad política para una renovación drástica de los partidos políticos podemos imaginar dos posibilidades extremas.
La primera sería la emergencia de dictaduras de nuevo tipo. Orwellianas, si se quiere. Supondrían la colusión de caudillos y monopolios tecnológicos, ricos en data, con sistemas de vigilancia corporativa y ciudadana, a nivel nacional y regional.
La segunda sería la emergencia de organizaciones sinergizadas con aplicaciones de redes sociales, que impondrían una reforma en la estructura del Estado, una nueva arquitectura sociopolítica y nuevas teorías sobre la distribución del poder.
Si la primera opción imaginada es claramente antidemocrática, nada garantiza que la segunda confirme la democracia que hoy conocemos. Al menos, la debilitada democracia representativa que los académicos e intelectuales democráticos penosamente tratamos de sostener.
[1] https://www.youtube.com/watch?v=C1kmJysoxMU
[2] Simone Weil, Nota sobre la supresión general de los partidos políticos. José J. de Olañeta Editor, España, 2014.
[3] Federico Finchelstein, Italia: los fantasmas del fascismo, Clarin, 22.2.2018
[4] Según el Diccionario de uso del español, de María Moliner, en su acepción de “retribución”, dieta es “lo que se da para vivir”. Por eso, en los primeros tiempos de la democracia representativa se hablaba de “dieta congrua”, en el sentido de “adecuada” o “conveniente”.
[5] Según informe de la Biblioteca del Congreso, cada senador chileno tiene un costo anual para el Estado de $379.049.241, que equivale aprox. a US$ 631.750. La cifra está compuesta por una dieta mensual de $9.121.806 (US$ 15.200), más gastos operacionales, montos por personal de apoyo y asesorías externas. V. http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/cuanto-le-cuesta-a-chile-un-diputado-y-un-senador-al-ano/20170227/nota/3395199.aspx
[6] V. Presentación: ¿la hora de la democracia?, en Revista internacional de Ciencias Sociales, junio de 1991.
Bitácora
DEMOCRACIA EN AMERICA LATINA. ESTADO DE SITUACIÓN Y PROSPECTIVA (II)
José Rodríguez Elizondo
Esta es la segunda parte de mi ponencia del título, presentada a fines de mayo en Rabat.
REGIONALISMO ABIERTO
Para que esto sea un diagnóstico y no una autopsia, los analistas que valoran la democracia deben pasar del regionalismo ensimismado al regionalismo abierto, con el fin de compulsar otras experiencias democráticas.
Ese tránsito informativo no sólo alude al check and balance de los Estados Unidos. También importa conocer el funcionamiento de los diversos sistemas parlamentarios, republicanos o monárquicos y el de una monarquía constitucional como la del Reino de Marruecos, tan importante en el Medio Oriente y en la región del Magreb.[[1]]url:#_ftn1 Todo ello en relación, obviamente, con las variables propias de la estructuración unitaria o federal de cada país.
En esos empeños, los estudiosos deben aplicar las preguntas correctas, entre las cuales estarían las siguientes:
EL CONTEXTO
En supersíntesis, el fin del orden mundial de la Guerra Fría, fue el contexto global que marcó el auge de la democracia representativa en la región. Como contrapartida, en la región no se aprovechó ese momentum para iniciar un proceso sinérgico que contribuyera al desarrollo de esa democracia representativa.
Consecuentemente, la posibilidad de una democracia desarrollada en América Latina quedó encapsulada en los partidos políticos de cada país, sin “derrame” hacia la sociedad. Fue una combinación de organizaciones profesionalizadas y ciudadanos privatizados, que redujo la política a la administración burocrática del poder, No hubo posibilidad, por ende, para una estrategia regional o sub-regional que implementara la gran asignatura pendiente: la integración latinoamericana con base en una relación virtuosa del Estado, el Mercado y la Sociedad.
Ante el vacío de ese proyecto estratégico, la región quedó encasillada en una mala alternativa: el subdesarrollo ordinario o la regresión. Personalmente, con base en mi experiencia nacional, he planteado como variable -en parte irónica- el “subdesarrollo exitoso”, que equivale a una aplicación resignada del, mito de Sísifo: se producen avances sustanciales, pero nunca autosustentables.
Una de las consecuencias más graves de esta situación es que favorece la gran corrupción. Esto explica tanto las dificultades para controlarla, como la velocidad variable con que ataca hasta a las instituciones más insospechables en cada país. De hecho, el Estado nacional está cediendo espacios estratégicos al crimen organizado y al narcotráfico, que han adquirido, así, un enorme poder económico y político para infiltrarse en las instituciones. Más que los dirigentes políticos, esto es algo que han puesto en la agenda global los cineastas, con impactantes filmes y series inspiradas en “los narcos”.
En tales circunstancias, se está produciendo en América Latina una cascada de fenómenos antisistémicos. Entre ellos:
No es de extrañar que, en ese contexto, las organizaciones sociales de carácter temático se politicen y que segmentos no despreciables de la sociedad manifiesten añoranza de la “mano dura” (léase, de las dictaduras). Esto último recuerda, subliminalmente, la célebre sentencia de Goethe: “prefiero una injusticia al desorden, porque el desorden es causa de mil injusticias”.
Para que esto sea un diagnóstico y no una autopsia, los analistas que valoran la democracia deben pasar del regionalismo ensimismado al regionalismo abierto, con el fin de compulsar otras experiencias democráticas.
Ese tránsito informativo no sólo alude al check and balance de los Estados Unidos. También importa conocer el funcionamiento de los diversos sistemas parlamentarios, republicanos o monárquicos y el de una monarquía constitucional como la del Reino de Marruecos, tan importante en el Medio Oriente y en la región del Magreb.[[1]]url:#_ftn1 Todo ello en relación, obviamente, con las variables propias de la estructuración unitaria o federal de cada país.
En esos empeños, los estudiosos deben aplicar las preguntas correctas, entre las cuales estarían las siguientes:
- ¿Es intangible el sistema presidencialista vigente en la región?
- Puede recuperarse el prestigio de la democracia representativa sin el apoyo de las “democracias centrales”?
- ¿Es válida como alternativa una “democracia autoritaria”?
- ¿Qué contenido tiene hoy la díada derechas/izquierdas?
- ¿Qué rol está jugando la información política a través de las redes sociales?
- ¿Es dable seguir soslayando el rol político implícito de las fuerzas armadas?
EL CONTEXTO
En supersíntesis, el fin del orden mundial de la Guerra Fría, fue el contexto global que marcó el auge de la democracia representativa en la región. Como contrapartida, en la región no se aprovechó ese momentum para iniciar un proceso sinérgico que contribuyera al desarrollo de esa democracia representativa.
Consecuentemente, la posibilidad de una democracia desarrollada en América Latina quedó encapsulada en los partidos políticos de cada país, sin “derrame” hacia la sociedad. Fue una combinación de organizaciones profesionalizadas y ciudadanos privatizados, que redujo la política a la administración burocrática del poder, No hubo posibilidad, por ende, para una estrategia regional o sub-regional que implementara la gran asignatura pendiente: la integración latinoamericana con base en una relación virtuosa del Estado, el Mercado y la Sociedad.
Ante el vacío de ese proyecto estratégico, la región quedó encasillada en una mala alternativa: el subdesarrollo ordinario o la regresión. Personalmente, con base en mi experiencia nacional, he planteado como variable -en parte irónica- el “subdesarrollo exitoso”, que equivale a una aplicación resignada del, mito de Sísifo: se producen avances sustanciales, pero nunca autosustentables.
Una de las consecuencias más graves de esta situación es que favorece la gran corrupción. Esto explica tanto las dificultades para controlarla, como la velocidad variable con que ataca hasta a las instituciones más insospechables en cada país. De hecho, el Estado nacional está cediendo espacios estratégicos al crimen organizado y al narcotráfico, que han adquirido, así, un enorme poder económico y político para infiltrarse en las instituciones. Más que los dirigentes políticos, esto es algo que han puesto en la agenda global los cineastas, con impactantes filmes y series inspiradas en “los narcos”.
En tales circunstancias, se está produciendo en América Latina una cascada de fenómenos antisistémicos. Entre ellos:
- La polarización política
- El desprestigio de los políticos profesionales
- La reformulación de los ideologismos confrontacionales
- El abstencionismo electoral
- La emergencia de organizaciones sociales temáticas
- La politización de los altos mandos militares por default y
- La reapertura de los conflictos vecinales.
No es de extrañar que, en ese contexto, las organizaciones sociales de carácter temático se politicen y que segmentos no despreciables de la sociedad manifiesten añoranza de la “mano dura” (léase, de las dictaduras). Esto último recuerda, subliminalmente, la célebre sentencia de Goethe: “prefiero una injusticia al desorden, porque el desorden es causa de mil injusticias”.
[[1]]url:#_ftnref1 Definido como una “monarquía constitucional, democrática y social”, el Reino de Marruecos muestra hoy una sociedad más abierta y con mayor inclusión de las mujeres que todos sus vecinos del Medio Oriente y Norte de África. Su sistema político promueve la participación de los ciudadanos, por la vía directa del referendum, la representación parlamentaria, la prohibición del “partido único” y el respeto a las religiones, en general. En este sistema, la pluralidad de partidos no es correlato del monopolio ni de la hegemonía de la representación. El artículo 3° de la Constitución establece que, junto con las organizaciones sindicales, las colectividades locales y las cámaras profesionales, los partidos políticos “concurren a la organización y representación de los ciudadanos”. Sobre esa plataforma, el rey, en cuanto jefe de Estado, goza de poderes literalmente reales, para garantizar la sustentabilidad del régimen y “el libre ejercicio de los cultos”. En la práctica, la participación democrática que garantiza el sistema marroquí es por lo menos equivalente –y en muchos casos superior- a la de muchas democracias latinoamericanas de estirpe occidental. Además, la prueba de los hechos dice que Marruecos configura una excepción calificada a la norma de la inestabilidad y/o difícil gobernanza de su región. Económicamente no sufre “la maldición de los recursos”, salió casi indemne de la destructividad que acompañó a la “Primavera Árabe” y, al parecer, ya no está bajo la amenaza de los grupos islamistas radicales, gracias a la doble legitimidad –histórica y religiosa- de su Jefe de Estado, quien es “el Comendador de los creyentes”. Las élites marroquíes, conscientes de su excepcionalidad y de la importancia del soft power, han sabido invertir en política exterior, para externalizar las características de su democracia y la excepcionalidad de lo que llaman su “Islam cultural”. Es una historia política que los gobernantes democráticos de América Latina debieran conocer y procesar.
Editado por
José Rodríguez Elizondo
Escritor, abogado, periodista, diplomático, caricaturista y miembro del Consejo Editorial de Tendencias21, José Rodríguez Elizondo es en la actualidad profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Su obra escrita consta de 30 títulos, entre narrativa, ensayos, reportajes y memorias. Entre esos títulos están “El día que me mataron”, La pasión de Iñaki, “Historia de dos demandas: Perú y Bolivia contra Chile”, "De Charaña a La Haya” , “El mundo también existe”, "Guerra de las Malvinas, noticia en desarrollo ", "Crisis y renovación de las izquierdas" y "El Papa y sus hermanos judíos". Como Director del Programa de Relaciones Internacionales de su Facultad, dirige la revista Realidad y Perspectivas (RyP). Ha sido distinguido con el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales (2021), el Premio Rey de España de Periodismo (1984), Diploma de Honor de la Municipalidad de Lima (1985), Premio América del Ateneo de Madrid (1990) y Premio Internacional de la Paz del Ayuntamiento de Zaragoza (1991). En 2013 fue elegido miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales.
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