Tras la guerra del Pacífico, nuestros gobiernos se atrincheraron en una política vecinal reactiva. Según el historiador Mario Góngora, se autoconvencieron de que lo conquistado siempre había sido nuestro -Arica equivalente a San Antonio-  y delegaron la política vecinal en los militares y en los funcionarios de la Cancillería.

Dado que los jefes de Estado no pueden estar en el detalle de todo y deben confiar más de la cuenta en sus expertos cercanos, ese talante terminó  configurando una política con superávit de abogados, déficit de imaginación y aversión al riesgo. Pivoteaba sobre la hegemonía de las relaciones económicas internacionales, un buenismo jurídico concebido como “la santidad de los tratados” y la curiosa declaración de que Chile estaba satisfecho con su patrimonio territorial.

Así se consolidó  la subutilización de los diplomáticos de negociación, se instaló la semiconvicción  de que los derrotados estaban resignados a sus nuevas fronteras y que, si no era así, había organismos jurídicos internacionales que nos darían la razón. Con esto Chile renunciaba a tres factores esenciales de cualquier política exterior: la iniciativa política, la negociación de los conflictos territoriales y la disuasión defensiva.

Con los años, ese talante se conceptualizó como política de Estado permanente, sin atención a  los cambios en la estatura estratégica de nuestros vecinos y a los contextos siempre fluidos de la política exterior. Fue inevitable, por tanto, que la realidad comenzara a sacudirnos. A mediano plazo se comprobó que  la iniciativa vacante era asumida por los gobiernos de los países vecinos. El primer aldabonazo lo dio Bolivia, en 1949, al inducirnos a negociar una salida soberana al mar por Arica. En los años 70 estuvimos dos veces y fracción en peligro de guerra. Desde 2002 hasta hoy, el meollo de nuestra política vecinal (por extensión, regional), ha dependido de los jueces de la Haya.

Con mezcla de intuición y audacia, Sebastián Piñera dio una señal de cambio en su primer gobierno. Tomó la iniciativa para detener el curso de colisión que habían coproducido Alan García, siguiendo una estrategia de larguísimo plazo y Michelle Bachelet con su falta de vocación por la política exterior. Para ese efecto, soslayó las provocaciones de Ollanta Humala y nos sacó de la trinchera reactiva, al cofundar con éste y sus colegas de Colombia y México, la Alianza del Pacífico, instrumento que desestibó a la chavista UNASUR.

Aunque ese impulso quedó aparcado en el segundo gobierno de Bachelet, hoy Piñera está retomando su espíritu. Gracias a su gestión de la crisis venezolana y sin cometer el error de actuar en solitario, Chile dejó de mirar hacia el lado o de plegarse a lo que otros países decidan. Está asumiendo, desde el grupo de Lima, un activismo inédito para restaurar una democracia geopolíticamente decisiva en la región. Es un cambio cualitativo, que puede inaugurar una activa política exterior de Estado.

Parte de los dirigentes de la oposición de izquierdas, inluyendo excancilleres y exembajadores, está criticando duramente este cambio. Ponen el énfasis en  aspectos tácticos -si Piñera debió o no ir a Cúcuta, por ejemplo- y no en el meollo estratégico de solidarizar, de manera efectiva, con los castigados venezolanos. Su discurso político, en cambio, luce conservadoramente aferrado a la anquilosada política exterior reactiva,  en cuanto reduce un tema de interés global a la díada derechas-izquierdas. Para unos Piñera estaría haciendo el juego de Donald Trump o actuando sólo en el interés electoral de su sector. Para otros, el tosco  Nicolás Maduro sería una especie de replicante de Salvador Allende. Los  más sofisticados asumen una interpretación rigorista del principio onusiano de no intervención. Soslayan que se contradicen a sí mismos respecto a lo que planteaban durante la dictadura de Pinochet e ignoran que en  la doctrina onusiana, existe el deber de injerencia por razones humanitarias.

Con ello, junto con reconocer (por fin) que Maduro es un dictador,  hacen el juego que más conviene a la dictadura y creen que eso pasa inadvertido. Desconocen, por cierto, la lección ecuménica de política de Estado que diera Winston Churchill, uno de los íconos conservadores de la democracia occidental, cuando explicó por qué se aliaba con los comunistas durante la Segunda Guerra Mundial. Si se trata de derrotar a Hitler, dijo,  “yo me aliaría hasta con Satanás”.

Publicado en El Mercurio 29.1.19

La catastrófica inepcia de Nicolás Maduro ha puesto en tabla dos grandes temas generales de la política exterior de los Estados: los límites fácticos del Derecho y la acción de las Cancillerías.

Sobre lo primero, está claro que la majestad de la ley nunca fue razón de ser del chavismo. Hugo Chávez juró sobre una “moribunda Constitución”, antes de liquidarla. Para su sucesor, designado a dedo, la Constitución sustituta es sólo una miniatura que usó y sigue usando para expropiar el poder del soberano.

Lo que no está tan claro es por qué personas informadas siguen el juego jurídico-táctico de Maduro. Fingiendo que éste defiende un contrato social genuino, repiten la propuesta -a esta altura escapista- de un diálogo que conduzca a una buena relación entre el dictador y sus abusados. Otros invocan el principio onusiano de no intervención, queriendo ignorar que es una coartada burda y que choca con el principio complementario de la libre determinación de los pueblos. También están quienes, homologando al dictador venezolano con Salvador Allende, olvidan que éste optó por la muerte, para impedir una guerra civil y mantenerse leal a su biografía de líder democrático.

Es en este punto donde ensambla la acción de las cancillerías y, específicamente de la chilena. Tan categórica ha sido la violación de todos los valores democráticos y humanitarios por parte de Maduro, que ha sacado a nuestro país de su reactivismo histórico en materias de política internacional. 

Por primera vez, en muchos años, un Presidente chileno y su canciller no se han limitado a “la extrema cautela” o a seguir el rumbo que otros definen. Superando la aversión al riesgo y coordinando con los responsables de otros Estados, se han manifestado proactivos, solidarios y oportunos en un tema de la más alta complejidad.

Es un buen punto a favor de los derechos humanos del pueblo venezolano y de nuestro propio perfil internacional

Para el general y geopolítico  Edgardo Mercado Jarrín, el resultado de las elecciones para la Asamblea Constituyente peruana mostró una “tremenda potencialidad conflictiva”, altamente “peligrosa para nuestra integración nacional y para nuestra seguridad” (V. CARETAS N° 541).

En la opacidad de los movimientos políticos castrenses, aquello reflejaba una dura pugna entre el Presidente, general Francisco Morales Bermúdez y su ministro del Interior, general Luis “el Gaucho” Cisneros, quien tenía sólidos vínculos con los generales de la terrorífica dictadura argentina.  Cisneros postulaba una especie de “democracia parametrada”, idónea para proyectar “las conquistas” del poder militar y apoyar a Argentina (y Bolivia, por añadidura) en una casi segura guerra contra Chile.

Como suele suceder en las pugnas intracastrenses, el gobernante no se atrevía a despedir a un contrincante respondón y éste, a sabiendas de lo que se jugaba, se hizo entrevistar por El Comercio. Ahí dijo, desafiante, que su cargo no era de la sola confianza del Presidente. También dependía del comando del Ejército.

En ese contexto, el 13 de diciembre de 1978 estalló la noticia de un singular espionaje chileno, en el estratégico puerto de Talara. Según la información, filtrada por militares del sector crítico, el petrolero Beagle (notable nombre), al mando del capitán de navío Sergio Jarpa Gerhard, fletado por la Armada de Chile para cargar combustible, tenía un objetivo sospechoso. Su dotación de 91 marinos militares no correspondía a una misión comercial. De hecho, Jarpa, su segundo y el ayudante del agregado naval de la embajada de Chile fueron capturados en un vehículo diplomático, mientras fotografiaban las instalaciones portuarias. Al parecer, la inteligencia militar peruana estaba alerta.

Se dijo, entonces, que la misión real de los marinos chilenos oscilaba entre el espionaje y el sabotaje, en función del estallido de la guerra con Argentina, la cual ya contaría con el apoyo del Perú. De ser así, esa misión pudo transformarse en una profecía autocumplida. Quizás es lo que entendieron quienes filtraron la información pues, sobre la marcha, añadieron un caso previo, que se estaba tratando en el secreto diplomático. A su tenor, en el mes de octubre, el suboficial Julio Vargas Garáyar de la Fuerza Aérea del Perú, había sido sobornado por personal de la embajada de Chile, para que proporcionara información detallada sobre la base aérea La Joya.

La difusión de ambas noticias puso los pelos de punta a quienes, en el Perú, queríamos una transición pacífica a la democracia, comenzando por Morales Bermúdez. Entonces, la relación con Chile llegaba al borde de lo innombrable, con nerviosas visitas de militares argentinos, inflamados discursos de algunos constituyentes y duras críticas de la prensa parametrada contra el canciller José de la Puente. Lo acusaban de actuar con debilidad, por no haber informado sobre el caso Vargas y pedían la cabeza del embajador de Chile Francisco Bulnes. Todos ignorábamos que, en paralelo –el 22 de diciembre-, la escuadra chilena salía de sus fondeaderos en los canales magallánicos, para enfrentar a la escuadra argentina. La guerra estaba a la vuelta de la esquina.

EL LEGENDARIO ZILERI ACTUA

Fiel a su coraje humanista, el director de Caretas, Enrique Zileri, trató de poner paños pacíficos en la coyuntura. En un completo “informe especial” para la edición del 15 de enero de 1979, proporcionó a sus lectores todos los antecedentes disponibles. También adivinó que Bulnes, “cultor de la política tradicional del compromiso y la negociación”, había sido sobrepasado por los agentes secretos de Pinochet. En esa línea, llamó a “no exacerbar un sentimiento antichileno” y elucubró, con calculada ambigüedad, sobre “la excepcional cortesía de nuestro canciller de tratar la cuestión en absoluto secreto con el de Chile”.

Con lo último, Zileri aludía a la acusación contra De la Puente por haber sostenido conversaciones con su homólogo chileno Hernán Cubillos, en vez de primero aplicar medidas de retorsión. Al mismo tiempo, le daba la oportunidad de explicarse a fondo, en una entrevista notable. En ella, el canciller dio una respuesta que equivalía a una declaración de principios:

(…) establezcamos los niveles en que actúan los gobiernos. En la Cancillería se ventilan los más altos intereses de la Nación, mientras que es imposible negar que todo país, de una forma u otra, lleva a cabo actos de espionaje (…) desde tiempos inmemoriales, los actos de espionaje son llevados a cabo por agentes y ellos saben los riesgos que corren”.
Es de imaginar el escozor que causó en los militares cisneristas y velasquistas la templanza del informe de Caretas. Por ello, repusieron a la revista en su mira y, como no podían desmentir su investigación, apuntaron contra una información tomada de publicaciones extranjeras especializadas, que aludía a 12 interceptores MIG-21 “que nos ha prestado Cuba” y que podrían ser adquiridos por el Perú “en caso de un conflicto”. Publicarla se calificó como un atentado contra la seguridad nacional.

Fuertemente presionado, Morales Bermúdez, adoptó cuatro medidas de ejecución sucesiva: aceptó su renuncia a De la Puente, sometió a Consejo de Gabinete la pena de muerte para el suboficial Vargas, declaró “persona non grata” al embajador de Chile y… dispuso la clausura de Caretas.

Como De la Puente fue reemplazado por el civil Carlos García Bedoya, también diplomático de carrera, los “duros” quedaron frustrados. En un dramático consejo de gabinete se aprobó el fusilamiento de Vargas por mayoría de votos. La decisión fue ejecutada en la mañana del 19 de enero. Al día siguiente, la Cancillería informó sobre la medida contra Bulnes, pidiendo su “retiro inmediato del territorio nacional”. En esto hubo una sutileza que pasó inadvertida: la fecha coincidía con aquella en la cual el general Manuel Bulnes, antepasado del embajador, recibió en tierra peruana el título de mariscal de Ancash, por su victoria en la batalla de Yungay. En cuanto a la clausura de Caretas, quienes la impulsaron no dimensionaron el peso propio y conjunto de Doris Gibson e hijo ni la calidad de sus contactos internacionales. Pero eso merece párrafo aparte.

La historia oficial dice que esas medidas habilitaron a Morales Bermúdez para afirmarse en el poder, mantener su objetivo estratégico de transferirlo a la civilidad y resistir la presión de quienes querían incorporar al Perú a una alianza bélica contra Chile. Queda para la especulación ponderar cuánto y cómo influyó esa neutralidad peruana, para que los generales argentinos optaran por una guerra previa contra el Reino Unido.

HUESO DURO

Doris denunció urbi et orbi la clausura de Caretas y creó una revista sustituta sobre la marcha. Zileri, aprovechando que esa vez no lo deportaron, lideró una huelga de hambre, primero en la Catedral y luego en los pasillos del Congreso donde sesionaba la Constituyente. Lo acompañaron destacados periodistas de otros medios, incluidos los de Marka, una revista de izquierda con talante castrista.

Su lucha por la libertad de prensa fue noticia internacional y se convirtió en un incordio grave para los uniformados. La gestión de Mercado Jarrín como canciller de Velasco había posicionado al Perú entre los países líderes del Tercer Mundo y eso enorgullecía a todos. Se percibían internacionalmente aceptados y disfrutaban del contraste con el rechazo ecuménico que inspiraba el régimen de Pinochet.

En esa coyuntura, los pétreos militares de Cisneros y los velasquistas supérstites debieron bajar la guardia. Asumieron que ni siquiera la incautación de los diarios tradicionales había provocado tanto revuelo y que la vuelta a la democracia no tenía marcha atrás. Cuatro meses después, el astuto Morales Bermúdez pudo disponer el fin de la clausura de Caretas.
La revista reapareció el 28 de mayo de 1979, con otra de sus carátulas burlonas e históricas. Un esqueleto sonriente, sentado ante una máquina de escribir Olivetti, advertía a peruanos y extranjeros que la prensa seguía siendo UN HUESO DURO DE ROER. 

Publicada en El Mercurio, 7 de enero 2018  

Usted dice en su libro Todo sobre Bolivia que este país desde su origen ha tenido un desarrollo condicionado, que fue percibido como una zona de expansión propia, de expansión de otros, zona cercenada y zona por recuperar. ¿Me podría explicar esta afirmación?

Válgame una metáfora geopolítica: érase una vez un condominio con cinco propiedades y amplios espacios comunes. En un contexto de conflicto externo, una de esas propiedades es dividida manu militari y a la parte que emerge se le da el mismo estatus jurídico de las ´propiedades ya instaladas. Dado que todo ello se hizo sin previo acuerdo de voluntades, el conflicto se crea desde la partida. El jefe de la vivienda original tratará de recuperar todo o parte de lo que perdió. Los jefes de las otras propiedades tratarán de correr sus cercas demarcatorias, a expensas de la propiedad instalada a posteriori. En cuanto a ésta, tratará de defenderse y también de contraatacar, para defender su espacio. Este ejemplo explica por qué Bolivia, creada como República Bolívar en 1825, con 2 millones 250.000 kilómetros cuadrados, hoy tiene 1 millón 70.000 mil kilómetros cuadrados. La diferencia fue a incrementar los territorios de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú, con o sin guerras,

 ¿Por que se creó Bolivia y que rol cumplió San Martín en su creación?

Su pregunta parece sencilla pero tiene distintas respuestas según los historiadores que conozco.  Sintetizándolas en la medida de lo posible, la razón fue esencialmente geopolítica: cómo enfrentar desde mejores posiciones el finiquito de la guerra contra el imperio español. Pero, en su momento, debió verse como la definición de un duelo político con actores en Perú, Argentina, Colombia y marginalmente Chile El tema era quien se quedaba con el territorio conocido como Alto Perú, que ya se disputaban los virreinatos del Perú y de Buenos Aires. El pleito lo definió Simón Bolívar, “imaginativamente”, pero manu militari, creando en 1825 una república independiente, por intermedio del mariscal Antonio José de Sucre. Como ambos apreciaban los honores, el primer nombre del nuevo país fue República de Bolívar y su capital fue Sucre. En cuanto al “señor San Martín”, como le decía Bolívar, fue acusado de inducir la anarquía en el Perú, al mando de sus tropas argentinas y chilenas y terminó abandonando la turbulenta y gloriosa escena de la época tras un encuentro cara a cara con Bolívar. Para información en la fuente, sugiero hundirse en el epistolario de este Libertador.

De acuerdo a la constitución política boliviana de 1926, en la que se estipulan todos los departamentos que esta comprende- de Potosí, Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Oruro-   ninguno de ellos tenía acceso al mar. ¿En qué momento Bolivia obtuvo acceso al mar? ¿De qué manera?

Tras la guerra del Pacífico y del tratado de 1904 desapareció del mapa geográfico y jurídico de Bolivia su Departamento del Litoral creado en 1867, con la provincia de La Mar y el puerto de Cobija. Hay historiadores chilenos para quienes Bolivia recién tuvo acceso soberano al mar en virtud del tratado de 1866 con Chile.​ Otros afirman que Cobija era de Chile desde la colonia y recusan la falta de voluntad política del gobierno de la época para defenderlo. Historiadores bolivianos, por su parte, reconocen que en el Departamento del Litoral vivían muchísimos más chilenos que bolivianos. Es una vieja disputa historiográfica.

Si fueron varios países los que le quitaron territorio a Bolivia ¿por qué en este país existe una animadversión especial hacia Chile?

En su esencia es parte de la estrategia de los bolivianos revanchistas. Al poner el énfasis en el “injusto enclaustramiento” del país, privilegian el valor estratégico del agua sobre el terreno.  Así aislan a Chile como el “enemigo único”, porque los despojó de su “cualidad marítima”. El resto de los países que obtuvieron territorio a expensas de Bolivia tienen una especie de perdón anticipado, que facilitaría una eventual política de alianzas contra Chile, en caso de conflicto mayor

Usted dice que la pretensión boliviana, ante un fallo favorable, es la de "negociar con ventaja". ¿Que es esto?

Significa sustituir una verdadera negociación entre países soberanos, con concesiones mutuas y dentro de los límites fijados por el tratado de 1904, por una falsa negociación inducida por los jueces de la CIJ. Digo “falsa negociación”, pues todos sabemos que los jueces no podrían llegar al resultado buscado, que es quitar territorio y mar a Chile para dárselos a Bolivia. Lo que se pretendió, por tanto, fue que esos jueces presionaran a favor de una imposición política de Bolivia contra Chile, tácitamente en nombre de la ONU.

¿Un montaje?

Podría definirse así. Por supuesto, los bolivianos sensatos e ilustrados saben que una eventual cesión de territorio chileno sólo podría producirse mediante un acuerdo libre, en un contexto político de excelentes relaciones y contemplando el eventual interés del Perú en Arica o, por extensión, en territorios que fueron peruanos. Dicho al revés: esos bolivianos saben que es completamente inviable ese tipo de acuerdo entre países que ni siquiera tienen relaciones diplomáticas.

Entonces…

Lo peligroso es que Evo Morales ha convencido a demasiados bolivianos de que una imposición judicial contra Chile es inminente. Además, con el juicio contribuyó a internacionalizar al máximo su causa, con resultados que deben parecerle óptimos. Mientras algunos países y personalidades como el Papa manifiestan simpatía por Bolivia, Chile sólo ha obtenido la correcta neutralidad de sus interlocutores internacionales. “Es un asunto bilateral”, nos dicen.

¿Por qué le parece peligroso?

Porque el diablo suele estar en las insensateces. A partir de la política agresiva de Morales pueden potenciarse los recuperacionistas bolivianos a ultranza. Los revanchistas que no temen o incluso buscan desencadenar un conflicto mayor, para actuar “en el momento oportuno”. Seguramente, entienden que un fallo favorable de la Corte los ayudaría en la parte sicológica y política de ese conflicto innombrable. ¡Vaya responsabilidad para unos jueces de la ONU!

Afirma que fue un error, por parte de Chile, aceptar que La Haya fuera intermediaria en este conflicto ¿Por qué?

En lo fundamental, porque si Bolivia había roto relaciones con Chile en 1968, si promulgó en 2009 una Constitución que denunciaba unilateralmente el tratado de 1904 y si se negaba a seguir negociando sin ayuda externa, recurrir a la CIJ componía una figura insólita: ¡la de un país miembro de la ONU, encomendando a un organismo de la ONU, una gestión en contra de otro miembro de la ONU!  Fue un intento audaz y desgraciadamente exitoso de manipulación del organismo judicial de la ONU.

¿No nos dimos cuenta?

Lo ignoro, pero sospecho que los abogados internacionales contratados por Chile, que suelen litigar ante la CIJ, no eran partidarios de darse cuenta. Equivalía a ser partidarios de quedar cesantes. Pero, como analista independiente y antiguo profesor de Derecho Administrativo, yo creo que al admitir la demanda boliviana a tramitación y al rechazar la objeción chilena de incompetencia, la Corte incurrió en lo que la doctrina francesa llama “desviación de poder”.

¿En qué consiste eso?

En actuar formalmente dentro de la ley, pero al margen de los fines de la misma ley. En este caso, al acoger la demanda, los jueces actuaron contra los fines de la Carta de la ONU: interfirieron en la autodeterminación de un país soberano, desprotegieron un tratado de límites vigente y contribuyeron a potenciar un eventual estado de riesgo para la paz y seguridad internacionales. Nuestro error fue someternos a ese desviado proceso judicial, pudiendo haberlo evitado y teniendo base jurídica para hacerlo.

Me llama la atención una frase que pronunció en una entrevista previa: "A ninguna gran potencia se le ocurriría delegar la solución de sus conflictos en jueces extranjeros impredecibles". ¿Podría explicarme a qué se refiere?

Mi punto es que en casos de conflictos de poder, los países deben actuar primero con el Derecho, después con la Diplomacia y al final con la Disuasión.  Es lo que académicamente he bautizado como doctrina de “las tres D”. Así, cuando los abogados de los países en pugna no se ponen de acuerdo, que es muy frecuente, pues están adiestrados para lo que se llama “juego suma cero”, entran a tallar los diplomáticos. Estos están o deben estar adiestrados para negociar y llegar a acuerdos que supongan concesiones mutuas, que es “el juego de suma variable”. Ahora, si los diplomáticos no producen un acuerdo satisfactorio, entra a tallar la disuasión defensiva, para evitar que sea la fuerza del otro la que solucione el conflicto.

Vaya…

Esto tiene su máxima expresión en las grandes potencias, para cuyos gobernantes sería impensable entregar a jueces internacionales la decisión sobre temas importantes de su política exterior. Peor, aún, su gran fuerza a veces las induce a soslayar incluso la negociación diplomática. Simplemente, tras declarar su derecho ejercen la disuasión ofensiva. Creo que el actual Presidente de los EE.UU simpatiza demasiado con esta opción.

¿Cree usted, que al asumir la demanda, se subestimó la mediatización de este conflicto, y la imagen favorable que Bolivia proyectaría?

Fuimos contradictorios al afirmar que los tratados son intangibles, que la demanda de Bolivia era artificiosa y que Chile jamás cedería un centímetro de territorio. Al someternos en definitiva al proceso, esas afirmaciones perdieron fuerza. Un abogado diría que fueron afirmaciones soberanas, pero ejecutables bajo condición resolutoria tácita.

¿Considera que Evo Morales ha sido más hábil ante los medios?  ¿Por qué?

Es un hecho. ¿La razón principal?... porque sin conocer a Talleyrand, ese histórico príncipe de los diplomáticos, el jefe boliviano adivinó que “el derecho más legítimo puede ser discutible”. Jamás pretendió que lo suyo fuera un conflicto jurídico y así dejó descolocados, política y comunicacionalmente, a nuestros abogados locales y extranjeros.

¿Está obligado Chile a acatar un fallo desfavorable?

En primer lugar, pienso que debemos ser responsables de nuestras políticas y de nuestros errores. Por tanto, lo primero es dejar de ocultar esos errores bajo la alfombra. Por hacerlo estamos como estamos, desde 1949. En segundo lugar, tras habernos sometido a proceso, no podemos desacatar el fallo de la Corte. Sólo cambiaría esta afirmación en caso de un fallo monstruoso, por el cual, contradiciéndose a sí mismos –subiéndose al piano, diría un chusco- los jueces nos obliguen a negociar para ceder parte de nuestro territorio y de nuestro mar.

Bolivia insiste en afirmar que el tratado de 1904 fue firmado bajo presión.

En rigor, fue firmado bajo la presión de haber perdido una guerra, como ha sucedido en la historia de todos los tratados de posguerras. Eso no significa que haya existido una presión de fuerza actuante. El tratado se firmó veinte años después del fin de esa guerra y ningún soldado chileno puso una pistola en la cabeza a Ismael Montes, el presidente de Bolivia, para que firmara. Los historiadores, incluso bolivianos, han reconocido esta circunstancia. Limitémonos a recordar, por tanto, que el presidente Montes fue reelegido y eso es muy indicativo.

¿Cree usted que Bolivia va a dejar alguna vez de pedirle mar a Chile?

Ojo, que ya no lo está pidiendo. Eso fue cuando consideraban que el mar era una “aspiración”. Ahora lo está exigiendo con abogados, jueces y acción. Todo esto con base en su nueva Constitución, rigurosamente anunciada como punto de viraje. Morales nos testeó desde 2007 hasta 2013 para ver como reaccionábamos ante esa Constitución y sólo dio el paso audaz de demandarnos cuando interpretó que nuestra reacción era débil.

¿Lo fue?

La verdad es que no sé qué respondió nuestro gobierno pues lo hizo mediante una nota que ha permanecido secreta. Al parecer, nos conformamos con declarar que nos eran “inoponibles” los artículos de esa Constitución que desconocían el tratado de 1904.

Se sabe que mucho de lo actuado por Evo Morales obedece a su intención de mantenerse en el poder

Que actúe contra Chile por motivaciones electorales adjuntas, no debiera ser problema nuestro. El problema electoral boliviano es de los bolivianos.