No se ven salidas claras al estallido social en Chile. Se requieren respuestas democráticas urgentes e integrales. El internacionalista y exdiplomático chileno José Rodríguez Elizondo ensaya reflexiones sobre el suceso que sorprendió a la región.

¿Por qué la ciudadanía en Chile esperó tanto tiempo para hacer conocer sus demandas en las calles ante la desigualdad social y un modelo económico que encarece los servicios, y con muchas insuficiencias en las políticas de salud y jubilación?

La razón de fondo es que los procesos económicos y sociopolíticos no son instantáneos sino acumulativos, aunque muchos políticos no lo adviertan. Hasta hace poco, nuestros actores económicos disfrutaban mucho porque los indicadores eran los mejores de la región y andaban cerca de los de algunos países desarrollados. Repetían, como un mantra, que la pobreza  había disminuido, los negocios  atraían negocios y los sectores medios accedían a su mejor consumo histórico. Soslayaban la imperfección oligopólica de los mercados −léase la colusión de los empresarios poderosos−, el estrés del endeudamiento fácil, el crecimiento de las desigualdades y el impacto del bajón cultural en la enseñanza.

Chile se distinguía en la región por su estabilidad, crecimiento y disciplina fiscal, por ser un modelo de país, en la región y el mundo. En realidad, ¿se escondían cifras de una realidad insostenible?

Las cifras estaban al alcance de quien quisiera asumir la diferencia entre el bienestar de la economía abstracta y el malestar de las personas concretas. Los crecidos indicadores habían ocultado el tema de las desigualdades comparativas. Además, llegado el momento del retiro, los ingresos de la edad productiva ya no cubrían los gastos de salud  y mutaban en tristes pensiones de jubilación. La explosión multitudinaria de octubre correspondió, entonces, a la llegada en diferido de una factura global. Lo grave es que también abrió un forado para que violentistas, terroristas  en forja y delincuentes comunes destruyeran nuestro metro, vandalizaran calles, parques y sedes políticas, incendiaran iglesias y supermercados  e incurrieran en el pillaje sistemático.

¿Conocían las autoridades que había un descontento? ¿Cuáles son las clases sociales más insatisfechas y de qué cifras de la población estamos hablando?

No dispongo de cifras que desglosen el fenómeno por clases sociales, pero tengo un dato muy notable. Según una encuesta sobre el carácter de las protestas, un 50,3 % las definió como mayoritariamente pacíficas y un 46,2% como mayoritariamente vandálicas y violentas. Es decir, casi la mitad de los encuestados homologó como “protestas” a los actos delictuales o vandálicos. Y no solo eso. Lo más sorprendente fue que ¡un 27 % estuvo de acuerdo con las seudo protestas  violentas y vandálicas o no las condenó!… Es decir, aceptaban o se resignaban a la destrucción de nuestro país.

¿Se inclina usted a pensar que la crisis se carga a favor de las izquierdas políticas?

Es lo que dicen los anarcos y, en general, los políticos antisistema. Quieren administrar la protesta, aprovechando que las muchedumbres ambulantes no tienen un comunicador que exprese preferencias políticas. Yo creo, por lo mismo, que la protesta debe interpretarse restrictivamente o por default. Me explico: esos millones de chilenos en las calles ratifican, de manera presencial, que la pureza teórica del mercado es antagónica con la impureza concreta de la sociedad. Cualquier sociedad. También recuerdan lo advertido, precozmente, por Patricio Aylwin, el primer mandatario de la transición: “el mercado es cruel”. Por lo dicho, esta rebelión de las masas es una crítica a este gobierno por acumulación. Porque tampoco atinó a fijar un punto de equilibrio entre la economía de mercado pura o “salvaje” y la economía libre, pero regulada por el Estado en función de las necesidades sociales.

Se observa que los políticos y el propio gobierno quedaron fuera de juego respecto a las protestas violentas y los vandalismos.

Sobre nuestros políticos profesionales, creo −y esto es un poco marxista− que sus condiciones de existencia determinaron sus niveles de conciencia. Sus estipendios y beneficios anexos están entre los más altos del mundo y eso los ha anulado en cuanto a “representantes” de distintos segmentos sociales. Desde sus privilegios, estaban ensimismados en sus juegos clientelares y de poder. Por eso, las masas de octubre los desbordaron de manera ecuánime. Por la derecha y por la izquierda.
A su vez, ese vacío de políticos ayudó mucho a que delincuentes y antisistémicos indujeran el pánico social, usufructuando de la amplia exposición que tuvieron en todos los medios y, en especial, en la televisión abierta. Esta suspendió su programación normal y mostró en sus pantallas, a toda hora, la violencia que a los violentos interesaba mostrar, como lo sabe cualquier estudioso de la materia. Entrampado en esta crisis dentro de la crisis, el gobierno no contó con el talento político transversal y comunicacional que tamaño problema requería. Concentrados en la “administración económicamente correcta” del país, el presidente y sus ministros carecían del lenguaje apropiado o se limitaban a la amenaza del aplicar “todo el rigor de la ley a quienes resultaran culpables”.

Precisamente, la respuesta inicial de Piñera, con policías y militares, añadida a la frase: Esto es guerra y los toques de queda. ¿Fue un error? ¿Revivió la sombra de la dictadura de Pinochet? ¿Qué debió hacer antes que todo el mandatario?

Fue un error de arrastre y de conceptualización política. Lo primero, porque tras el gobierno de Ricardo Lagos se descuidó la política y el trato especial que exigen la mantención y perfeccionamiento de la fuerza legítima. Si se me excusan la autorreferencia, escribí un libro sobre este tema que ningún político dio señales de conocer (Historia de la relación civil-militar en Chile). Lo segundo, porque las palabras de un jefe deben ser exactas y corresponder a sus posibilidades de acción. En concreto, diagnosticar una guerra implicaba contar con lo que no se tenía: datos duros de inteligencia y plena armonía entre la política hacia la fuerza y la estrategia respectiva. En el Perú, en los años del terrorismo, aprendí que, sin una política afinada hacia los agentes de la fuerza legal, es tan riesgoso diagnosticar una guerra y sacar militares a la calle… como no hacerlo de manera oportuna.

Piñera ha tomado ya algunas decisiones políticas: cambio de gabinete, convocatoria a partidos políticos, anuncio de nueva Constitución. ¿Será suficiente para salir de la crisis toda vez que las marchas, algunas muy violentas, continúan?

Podría serlo, si existe la voluntad política de que así sea. De hecho, mientras me entrevistan, han comenzado las negociaciones sobre una nueva Constitución entre casi todos los actores del sistema. Solo se ha excluido, autoaislándose, el Partido Comunista. Esta convergencia sobre el tema constitucional, que al comienzo parecía teoricista o desfasada, puede dar frutos si se privilegia el patriotismo, si la inteligencia civil comienza a funcionar, si se entiende que negociar no es imponer, si la Policía perfecciona su capacidad de disuasión y si las Fuerzas Armadas dan una señal de apoyo disciplinado a la institucionalidad democrática, en la línea de los generales mártires René Schneider y Carlos Prats. Pero, por sobre todo, el empeño fructificará si el presidente Piñera se dirige a la nación, explicando esta urgencia de unidad nacional, con la solemnidad, austeridad y dramaticidad que la oportunidad requiere.
 

Publicado en El Mercurio 10.11.2019
 
Según la experiencia histórica, los partidos políticos democráticos que no atinan a conducir una gran crisis terminan arrasados por la misma. Crudamente lo expresó Simone Weil en plena Segunda Guerra Mundial: “el hecho de que los partidos existan no es en absoluto un motivo para conservarlos”.

En nuestro caso y por extensión en América Latina, su rol desfalleciente nos está planteando el tema mayor: cómo mantener la democracia representativa sin combatir a la delincuencia organizada y la violencia terrorista. Una dificultad grande –dado que somos copiones- es que el contexto democrático occidental dejó de ser estimulante. Los Estados Unidos ya no asumen la misión autoasignada de expandir la democracia. Con Donald Trump optaron por el aislamiento, la apología del Muro y hasta las groserías contra países de la región. Europa, por su parte, hoy no luce como modelo alternativo. Con el Brexit se abrió un forado para socavar la integración de las democracias desarrolladas. En paralelo, emergen separatismos sísmicos, grandes referentes políticos dejan de ser lo que eran y se producen entendimientos ominosos entre nacionalistas, populistas y neofascistas en Alemania, Austria, Francia e Italia.

Para salir del callejón lo primero es asumir, sin eufemismos, la inanidad de los partidos chilenos realmente existentes. Si ya ni siquiera fingen representar a sectores enormes de la sociedad y carecen de líderes, es inevitable que se les perciba como “clase política” marginal, que se esconde en la adulación a “la calle” .

La segunda realidad, vinculada, es la decadencia de la tesis según la cual “sin partidos políticos no hay democracia”. De partida, la ciudadanía hoy percibe que ser militante dejó de ser aval para postular a cargos de representación. Y máxime, en el contexto de una hiperfragmentación social, inducida por el crecimiento urbano, la problemática mapuche, el Me too, la inmigración masiva, las organizaciones temáticas y las redes sociales.

Una tercera realidad crítica de los partidos, es el mal escuchado repudio popular a los privilegios, con cargo al Presupuesto, que se distribuyen. Basta ejemplificar con la “dieta parlamentaria” (y sus significativos colgajos), que se fija en relación con las más altas remuneraciones del Estado y no con el salario mínimo. Lejos está de su origen semántico e histórico según el cual –María Moliner dixit- dieta es “lo que se da para vivir”.

Con base en esas tres realidades, parte importante de los políticos chilenos -de cualquier partido- llegó a insertarse en el segmento socioeconómico más alto. Desde ese atalaya pueden manejar los misterios de los mercados con más éxito propio del que sería prudente, beneficiando, de paso, a clientes y parientes. Lo paradójico es que algunos tienden a justificarse con la legalidad que ellos mismos contribuyen a forjar y creen que una de las soluciones es aumentar las curules, para mantener una representatividad proporcional … de la cual carecen.

La gran política pública para sostener la democracia representativa exige, entonces, recuperar el capital cultural democrático dilapidado, teniendo presente la sombría opción del estudioso francés Guy Hermet: “a veces son preferibles regímenes autoritarios liberalizados a las seudodemocracias corrompidas”.

En lo más obvio, aquello exige que los partidos no contribuyan a derribar nuestra democracia realmente existente, con acusaciones constitucionales cruzadas, vista gorda ante las acciones violentistas, sesgos diversionistas ante el vandalismo ni, menos, llamando a la renuncia del Jefe de Estado.

Más allá, es imperiosa su renovación profunda y esto significa pasar del dispendio presupuestívoro a la austeridad, del proyecto clientelar al proyecto-país, de la subestimación de la corrupción a la guerra contra la misma y de la autocomplacencia opositora al enfrentamiento de la crisis del Estado en desarrollo.

Para esos efectos, sus dirigentes tendrían que abandonar la pretensión (o la ilusión) de que sólo ellos garantizan la democracia y transitar desde ese absolutismo al relativismo de la realidad. Al fin y al cabo, organizar elecciones es un problema más de operadores que de líderes.

Por todo lo señalado, en este momento todavía añoramos una declaración movilizadora, de todos los partidos del sistema, sobre dos bases de mínima unidad nacional: afirmar la continuidad democrática que tanto costó forjar e impedir que fuerzas oscuras sigan destruyendo a Chile.

El problema es que el tiempo se acaba

Este año Halloween se adelantó 13 días y nos brindó a los chilenos un Octubre de espanto. El viernes 18 pasamos, sin transición, del excepcionalismo jactancioso al Estado de excepción. Las bajas humanas, la destrucción de la red del Metro y el desabastecimiento inducido mediante incendios, vandalismo y pillaje, fueron noticia ominosa a nivel global. Como efecto inevitable, Chile incrementó su indicador de riesgo-país y debió a renunciar a ser sede de la COP 25 y de la APEC. Un golpe estratégico para nuestro soft power en el ámbito internacional.

En la superficie hay consenso sobre la fórmula letal: estrés social acumulado por décadas, nula representatividad de los políticos, alza del pasaje del metro como detonante, disponibilidad justiciera de la masa estudiantil, delincuencia potenciada al acecho y nula inteligencia técnica en materias de seguridad del Estado. Más a fondo, el consenso se acaba. Una encuesta al paso demostró que la percepción sobre la naturaleza de las protestas estaba polarizada: un 50.3 % las definía como mayoritariamente pacíficas y un 46.2% como mayoritariamente vandálicas y violentas. Sorprendentemente, un 27 % estaba de acuerdo con las segundas o no las condenaba.

Visto así el tema, cualquier solución política equivale a tratar de operar a un león sin amarrarlo ni anestesiarlo. Baste señalar que, por parte presidencial, hubo cambio de ministros -materia siempre opinable- y una oferta de medidas que incluían “heterodoxos” subsidios sociales. Un sector de la oposición se negó a dialogar, planteó acusaciones constitucionales contra el ministro del Interior saliente y contra el propio Presidente. Además, aprovechó la coyuntura para posicionar sus propias agendas, con epicentro en una nueva Constitución y un jefe de partido incluso pidió la renuncia del jefe de Estado.  

Los parlamentarios, por su lado, invirtieron tiempo en reyertas poco dignas, evacuaron su sede apenas la supieron cercada por una multitud y omitieron la única señal autocrítica que les repondría prestigio: un acuerdo unánime y sin condiciones, para fijar su dieta en función del salario mínimo y no de las más altas remuneraciones del Estado.

No era de extrañar, por tanto, que la inmensa mayoría de chilenos siguiera produciendo manifestaciones públicas, de enorme envergadura, contribuyendo a la evidencia de tres efectos explosivos. Primero, la institucionalidad carece de la base social necesaria para equilibrar agendas políticas divergentes. Segundo, perseverar en la confrontación sin diálogo, deslegitima la democracia realmente existente. Tercero, la aparición del fantasma del vacío de poder y, por añadidura, de eso que los politólogos conceptualizan como “guerra interna”.

Concluyendo: nuestra democracia, tan duramente reconquistada, vuelve a estar en peligro.

Entrevista en Caretas de 24.10.2019

El estallido violento refleja un profundo descontento social. Sin embargo la participación electoral voluntaria se desplomó a 50% en las últimas elecciones presidenciales. ¿Hay una correlación entre el anarquismo y la deserción electoral? ¿El voto voluntario ha debilitado la representación política?

Puede que hoy se vea así, pero no fue la correlación de base. En Chile solemos hacer la relación entre los tres primeros gobiernos de la Concertación, de un progreso gradualista pero sostenido y los gobiernos que siguieron, donde volvimos a los ideologismos y a los retrocesos y avances pendulares. En ese marco, la asonada en curso refleja un malestar social que fue creciendo, por razones que serían muy atendibles y debatibles, democráticamente, si no fuera por dos razones elementales: el déficit alarmante de la inteligencia técnica del Estado, que privó de información estratégica al Poder Ejecutivo y la penuria flagrante de nuestros políticos, ya estructurados como “clase”.

¿Cómo define esa clase política?

Baste decir que tenemos el personal político más caro del mundo. ¿Cómo va usted a decirles a chilenos humildes que actúen a través de sus “representantes políticos”, a sabiendas de que éstos se han concedido salarios y beneficios que los encasillan en los sectores más privilegiados del país?  Ensimismados en su estatus, esos políticos suelen crear clientelas que los sostengan, engolfarse en querellas semánticas y soslayar los proyectos y temas-país. Como resultado, nos han vuelto a encerrar en la polarización, cuya temible vía de escape es el sentimiento anarco. Ese “que se vaya todos”. No es casual que, tras el estallido, un joven parlamentario de izquierdas, Gabriel Boric, haya recordado una antigua moción suya para reducir el sueldo de sus colegas, a modo de señal autocrítica. Nadie lo cotizó, por cierto. Agrego que el rechazo a los políticos se está transfiriendo a la política misma y en definitiva a la democracia. El peligro es que ésta comience a depender de la probidad de los jueces y la apoliticidad de los militares, más que del arte de los políticos. Por eso no hay juventud en los partidos, muchos se abstienen de votar, se informan a través de las redes sociales y prefieren estar en organizaciones temáticas. La abstinencia electoral es una secuela.

¿Significa eso que el estallido fue espontáneo?

Cero espontaneísmo. Parafraseando a Lenin, “sin organización insurreccional no hay acción insurreccional” Todo vacío social tiende a llenarse y el que dejaron los políticos profesionales abrió las compuertas, entre otros, a políticos antisistémicos, antiguos castristas y anarcos de diversas familias. Posiblemente, la historia los individualizará. El caso es que supieron levantar una estrategia con base en el viejo lema “tanto peor, tanto mejor”, orientada a desestabilizar el gobierno de Sebastián Pilera y, en lo minimalista, a entrabar su gobernabilidad.

Entonces, el alza de la tarifa del Metro no fue la causa.

En este tipo de fenómenos nunca hay una causa única. El alza fue la gota clásica que rebalsa el vaso y libera fenómenos en cadena. Más importante ha sido la conjunción de esa medida con, por ejemplo, la “neutralidad benévola” de políticos opositores, el sesgo antipiñerista de medios importantes, la debilidad coyuntural de la policía, el renovado distanciamiento entre políticos y militares y la envidiable energía de los estudiantes.

¿Por qué ese rol de los estudiantes?

Para los teóricos de la violencia, los políticos opositores tienen como límite la acción insurreccional. Saben que los afectaría en su estatus personal. Por eso, las organizaciones violentistas emergen con políticos desplazados de las instituciones democráticas y utilizan como tropa a los marginales y a los “indignados”. Entre estos suelen estar los que George Sorel denominaba “clases peligrosas” o “agrupaciones de malvivientes”. También suelen estar los estudiantes, cuando confluyen en ellos el rechazo a los políticos adultos, el romanticismo de las revoluciones históricas y la falta de liderazgo –o la complicidad- de las autoridades educacionales. En la época de las guerrillas castristas, el brasileño Carlos Marighella escribió que “las fuentes de reclutamiento son inagotables, comenzando por los estudiantes”.

¿Hay influencia del contexto regional en el estallido chileno?

Es más que probable. En lo inmediato está el fuerte rechazo popular al Presidente de Ecuador Lenin Moreno, tras haber suprimido el subsidio a los combustibles… que debió reponer. La clara aceptación popular a la disolución del Congreso de ustedes, dispuesta por el Presidente Martín Vizcarra. El fracaso de Mauricio Macri y el eventual retorno del peronismo, que graficaría el fin de los gobernantes “tecnopol”. También computo el desparpajo con que Evo Morales ha sobrepasado el Derecho –comprendida la transparencia electoral-, para seguir aferrado al poder. En Venezuela Nicolás Maduro está disfrutando con lo sucedido y Diosdado Cabello ya incluyó al Chile de Piñera en lo que llama “huracán bolivariano”.

El presidente Piñera suspendió el alza de tarifas del metro diciendo “he escuchado humildemente la voz del pueblo”. Al día siguiente sostuvo que Chile está “en guerra” y que “las protestas tienen una organización y logística similares a los delincuentes”. ¿Tiene el gobierno ahora un plan para atajar el descontento social?

Nuestro Presidente tiene una inteligencia rápida, “está en todo” a nivel de administración y no tiene aversión a los riesgos políticos. Sin embargo –o quizás por lo mismo- privilegia lo técnico, descuida la motricidad fina que exigen los conflictos graves y suele ser impreciso en las categorías de la que por algo se llama “ciencia política”. Esto ha originado muchos “memes” y “piñericosas”.  Quizás debiera reclutar asesores que le merezcan respeto y que tengan el coraje suficiente para advertirle, de manera oportuna, sobre las trampas conceptuales. Respecto a su pregunta, ignoro si las medidas anunciadas –entre ellas la suspensión del alza- configuran un plan. En todo caso, hay rumores de cambio en el plantel político de gobierno, lo que me parece inevitable.
 
La tarifa del Metro en hora pico subió más de 100% ¿Tan mal está la situación financiera de la empresa?

El alza fue de sólo $30 sobre un valor de $800. No afectaba la tarifa preferencial de los estudiantes y las finanzas de la empresa -que es una sociedad anónima- no estaban mal. Los técnicos dicen que se fijó sobre la base de un “polinomio”, para desglosar parte importante de los mayores recursos en favor de la flota de transportes de tierra, deficitaria desde su origen en otros gobiernos y para otros gastos. En la empresa se comenta que debieron desmarcarse de esos subsidios, pero no lo hicieron para proteger al gobierno. En todo caso, hoy está claro que la consigna de “evadir” el pago no nació para protestar por esa alza específica, sino para catalizar una asonada política, con pérdida de vidas, destrucción de centros de abastecimientos, pillajes, incendios de edificios emblemáticos y el cataclismo del propio Metro. Los organizadores reventaron, así, una empresa que servía a millones de usuarios, integrando en sus vagones a ricos y pobres, mejorando la calidad de vida de los trabajadores, entre los cuales las familias de los propios estudiantes. Es un caso paradigmático que me recuerda un texto de Bertolt Brecht: “soy libre dijo el esclavo y se cortó un pie”.

1.- Lo ocurrido en Perú, ¿es una crisis institucional? Y de ser así, ¿cuán grave?

Pienso que no estamos ante el inicio de la crisis institucional de Martín Vizcarra, sino ante el punto final de la crisis de Alberto Fujimori. Tras su autogolpe de 1992, analistas peruanos prestigiosos dijeron que ejerció un poder más mafioso que político, corruptor de casi todos los estamentos, civiles y militares. Cual guinda de su torta, se fugó el 2000 y desde ese año sólo el Presidente provisional Valentín Paniagua pudo salvar la dignidad del cargo. Quienes lo sucedieron están procesados, prófugos, uno se suicidó y el propio Fujimori está preso. ¿Se puede decir, entonces, que sólo ahora se vino a quebrar la institucionalidad peruana?

2.- A una semana de la disolución del Congreso y el llamado a elecciones, todo parece más bien calmado, y con la población, aparentemente, de acuerdo con la medida. ¿O es sólo un espejismo?

En sus grandes crisis los peruanos lucen operados de los nervios. Ante el golpe militar de 1968 no hubo conmoción civil. Sacaron de palacio al Presidente Fernando Belaunde, lo pusieron en un avión y no se movió una hoja. Tampoco hubo drama para el autogolpe civil-militar de Fujimori. Yo interpreto esa pachorra como resignación ante una historia caudillista y un sistema de partidos políticos personalistas o desprestigiados. Con todo, en la tranquilidad actual percibo un matiz nuevo: una mezcla de satisfacción y de esperanza.  En cuanto provinciano sin partido, el Presidente luce confiable para los peruanos de a pie. Muchos de mis amigos limeños dicen, incluso, que demoró demasiado en hacer lo que hizo y que los militares no jugaron un rol decisivo, ni por acción ni por omisión. Se limitaron a obedecerle. Pienso que lo suyo fue un sinceramiento por default.

3.- Pero ha habido protestas y debate… ¿o no?

Naturalmente. Ha habido debates técnicos entre los abogados constitucionalistas, que para eso están. Al margen de la realidad política, ellos seguirán discutiendo si Vizcarra se ajustó o no a la normativa de la Constitución de Fujimori.  Y está muy bien que lo hagan. También está la protesta, entredientes, de los congresistas fujimoristas. Además de perder una “chamba” sustanciosa, ahora quedaron a la intemperie. Sin fuero para enfrentar las nuevas denuncias por corrupción que esperan turno.

4.- ¿Podría explicar brevemente cómo funciona este mecanismo constitucional mediante el cual el presidente peruano puede disolver el Congreso en relación a las llamadas "cuestiones de confianza"?

La Constitución de 1993 –de Fujimori- potenció el sistema presidencialista con incrustaciones parlamentaristas, como los votos de censura y de confianza. En su artículo 134 dice que el Presidente de la República tiene la facultad de disolver el Congreso, si este ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros sucesivos. Durante el breve mandato de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se produjo una primera denegación de confianza. Entonces, la pelota de la disolución quedó dando botes frente al Congreso y Vizcarra lo anotó. La oportunidad le llegó cuando, antes de debatir sobre un segundo voto de confianza solicitado, la mayoría fujimorista comenzó a designar a dedo a los miembros del Tribunal Constitucional. Mostraron una prisa sospechosa en reclutar jueces “garantistas”. Fue una triquiñuela tosca. Vizcarra la interpretó como una denegatoria “fáctica” de confianza, pateó al arco y disolvió el Congreso. Este dio un último pataleo designando a la vicepresidenta Mercedes Araoz como “Presidenta encargada”. El gesto quedará como anécdota para la historia y material para los humoristas, pues Araoz renunció al encargo a las pocas horas. Captó que el horno de la opinión pública no estaba para semejante bollo.
 
5.- ¿Qué está detrás de esta situación? Se dice que lo que choca es la agenda en favor de la probidad del gobierno con la mayoría parlamentaria que tiene el partido fujimorista Fuerza Popular. ¿Es así o habría que hacer precisiones?

Siempre hay que hacer precisiones. Creo que Vizcarra vicepresidente captó que, con las ideologías en bancarrota, el Apra enanizado y sin un líder carismático, la mayoría fujimorista no tenía un chapulín que los salvara. Muchos de sus congresistas estaban bajo denuncia en el caso Lava Jato y eran vistos más como mercaderes de prebendas que como representantes políticos. Por añadidura, habría captado que en Lima no se le tomaba el peso a lo tóxico de la corrupción y que el legado maligno de Fujimori tendía a “normalizarse” por su mayoría parlamentaria. Estas “presuntas presunciones” se habrían consolidado cuando, tras indultar a Fujimori, PPK debió renunciar. Llegado a la Presidencia por esa carambola, Vizcarra debió enfrentar una opción de hierro: administrar un sistema político insanablemente quebrado o tratar de reconstruirlo.  Los hechos dice que optó por lo segundo, levantando la bandera de la probidad.  Parafraseando a Condorito, imagino que un “plop” gigante se dibujó en la cabeza de los congresistas opositores.

6.- ¿Qué diferencia existe entre lo que ha hecho Vizcarra y lo que hizo Fujimori cuando cerró el Congreso?

Yo preguntaría al revés: ¿dónde está el parecido?... Primero, Fujimori llegó a la Presidencia por elección directa y clara, pero con entretelones oscuros. Siendo un desconocido, Alan García lo instaló como candidato creíble, para impedir que ganara Mario Vargas Llosa y así asegurarse un retorno presidencial sin problemas. Los peruanos saben hasta qué punto le salió el tiro por la culata. Segundo, Fujimori solucionó su déficit de redes conspirando con las Fuerzas Armadas y amedrentando a los políticos y periodistas de prestigio. Tercero, ya como dictador, manejó un “presupuesto negro” para forjarse una clientela rentable en votos y mantener el apoyo castrense. Cuarto, sobre esa base financiera y con la gestión cómplice de Vladimiro Montesinos, corrompió todo lo que podía corromper, incluyendo periodistas y uniformados Quinto, no sólo clausuró el Congreso, también intervino el Poder Judicial y configuró a su pinta el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional. Asumiendo esta realidad, el cientista social Carlos Iván de Gregori dijo que, en su gobierno, “la corrupción fue la institución”.

7.- Pero algo bueno habrá hecho. Si no, cómo se explica su mayoría parlamentaria hasta ayer.

Sin mencionar métodos, se le acredita haber terminado con el terrorismo original de Sendero Luminoso, que no es poco. Además, terminó con la hiperinflación legada por García, asumiendo el programa económico que le preparó el prestigioso economista Hernando de Soto. Prácticamente, fue el mismo programa que atacara, demagógicamente, cuando lo levantaba Vargas Llosa. Por último, no olvidemos que los dictadores no son necesariamente impopulares. Saben desarrollar políticas asistenciales que, sumadas a su capacidad corruptora, generan votos y gratitudes. Recordemos algunos episodios de la picaresca kirchnerista y la historia de Pablo Escobar, el parapolítico narco colombiano.

8.- Si no hay punto de comparación entre Vizcarra y Fujimori… ¿Existe algún riesgo de que el primero tome un rumbo autoritario?

A esta altura de mi avanzada juventud evito poner mis manos al fuego por un político. El riesgo existe, quién es uno para negarlo.

9.- La idea de los "presidentes encargados" parece no ser muy fructífera. ¿Cuál es la diferencia entre Araoz y Guaidó?
Sólo se parecen en la nomenclatura. Araoz fue el último pataleo de un Congreso estupefacto, dominado por el fujimorismo. Además, fue efímero, pues a las pocas horas –y con buen criterio- ella botó el encargo. Frente a eso, Juan Guaidó lleva nueve meses arriesgando su vida, ha sido reconocido por una sesentena de países y ha puesto en jaque a una dictadura temible e inescrupulosa.

10.- Las elecciones están fijadas para enero. ¿Qué cree que pasará?

Más bien espero. Espero que los partidos y organizaciones existentes postulen candidatos que no tengan prontuario. Espero que los electores voten en conciencia por candidatos honestos y no por los que luzcan como un “mal menor”. Espero que se recupere la imagen de los líderes peruanos que llegaron a la política democrática con inteligencia, ideas y patriotismo. En suma, espero que ahora ganen “los buenos”.

11.- ¿Afecta de alguna manera lo que pasa en Perú a sus relaciones con Chile?

Absolutamente, pero ese es un tema macro. Para otra entrevista.

12.- Pero no sólo en Perú ocurren cosas. La zona está un poco inestable. ¿Cuán preocupante es lo que ocurre en Ecuador?

En demasiadas partes se cuecen habas. Muy mala señal la del Presidente Lenin Moreno abandonando la sede símbolo del poder, aunque fuera por un día y fracción. Lo sucedido obliga a afinar el análisis sobre el límite de tolerancia democrática ante ciertas medidas económicas. En Ecuador y Argentina se está reeditando el viejo dilema entre el gradualismo, que siguió Mauricio Macri y el shock, que estaría aplicando Moreno.

13.- ¿Qué le parece la idea de una cuarta elección de un mismo presidente, como es lo que pretende Evo Morales en Bolivia?

Su sola postulación lo colocó en estado de ilegitimidad flagrante: violó la Constitución que él mismo impuso y desconoció un referendum ad-hoc. Su explicación de que tiene el derecho humano a ser reelegido, cuantas veces quiera, insulta la inteligencia del pueblo boliviano.

14.- ¿Es la probidad o su falta un problema importante a nivel de gobernantes en la región: están los casos en Brasil, el mismo Perú y ahora Álvaro Uribe en Colombia ha tenido que ir a tribunales por presunto soborno?

Para mí, el gran tema es que, antes y durante la Guerra Fría, incluso con dictadores instalados, se valoraba la democracia por sus propios méritos. En cambio, con el actual desprestigio de los políticos se está desvalorizando la política misma y, por añadidura, la democracia realmente existente. Incluso se estaría negando la valoración minimalista de Karl Popper, para quien su mérito esencial es que permite deshacerse de los malos gobernantes sin derramamiento de sangre, por medio de una votación. Hoy hasta esa micro valoración está tambaleando. Hay gobernantes, elegidos y reelegidos, que se muestran dispuestos a asumir la ordalía de la sangre para morir en el poder.

 
15.- ¿Cómo ve las fuerzas políticas democráticas y la estabilidad en los países sudamericanos?

Veo una cascada de fenómenos antisistémicos. Le hago una “lista de lavandería”: reformulación de ideologismos confrontacionales, tendencia a la polarización política, desprestigio de los políticos profesionales, resignación a los privilegios que se autoconceden, emergencia de políticos outsiders,  tendencia al abstencionismo electoral, organizaciones político-temáticas en el espacio de los partidos, poder corruptor de los narcos, desborde de la delincuencia, inmigraciones masivas, policialización de las fuerzas armadas, decadencia de instituciones fundamentales, bastardización de la cultura universitaria humanista, reapertura de conflictos vecinales. De acuerdo con esta lista, que no es exhaustiva, la democracia representativa hoy estaría dependiendo, en gran parte, de la probidad de los jueces y de la apoliticidad de los militares… quienes tampoco son de palo.

16.- Entiendo que está ultimando unas memorias con sus experiencias en el exterior. ¿Hablará de todas ellas o de algunas en particular: desde Perú a Israel, digamos?

Ya están listas. Como no es bueno abrumar a los lectores –tengo presente a Funes el memorioso-, sólo aludo a períodos y temas acotados: mi muerte presunta del 11 de septiembre, mi exilio y fuga de la RDA, mi descubrimiento del Perú, mi trabajo como periodista de medios prestigiosos, conversaciones con personajes como Neruda, Edwards, Friedman, Samuelson, Teitelboim y Alan García. En beneficio de mis nietos, que son muy preguntones, espero que haya un segundo tomo para contar mis experiencias en Israel, en la guerra de Vietnam y en mis guerrillas antiburocráticas.

16.- ¿Y son memorias diplomáticas o poco diplomáticas?

Son diplomáticas en el buen sentido. Diciendo verdades incómodas, pero sin odiosidades y con una pizca de humor. Tenga presente que yo soy caricaturista y eso marca.