No se ven salidas claras al estallido social en Chile. Se requieren respuestas democráticas urgentes e integrales. El internacionalista y exdiplomático chileno José Rodríguez Elizondo ensaya reflexiones sobre el suceso que sorprendió a la región.

¿Por qué la ciudadanía en Chile esperó tanto tiempo para hacer conocer sus demandas en las calles ante la desigualdad social y un modelo económico que encarece los servicios, y con muchas insuficiencias en las políticas de salud y jubilación?

La razón de fondo es que los procesos económicos y sociopolíticos no son instantáneos sino acumulativos, aunque muchos políticos no lo adviertan. Hasta hace poco, nuestros actores económicos disfrutaban mucho porque los indicadores eran los mejores de la región y andaban cerca de los de algunos países desarrollados. Repetían, como un mantra, que la pobreza  había disminuido, los negocios  atraían negocios y los sectores medios accedían a su mejor consumo histórico. Soslayaban la imperfección oligopólica de los mercados −léase la colusión de los empresarios poderosos−, el estrés del endeudamiento fácil, el crecimiento de las desigualdades y el impacto del bajón cultural en la enseñanza.

Chile se distinguía en la región por su estabilidad, crecimiento y disciplina fiscal, por ser un modelo de país, en la región y el mundo. En realidad, ¿se escondían cifras de una realidad insostenible?

Las cifras estaban al alcance de quien quisiera asumir la diferencia entre el bienestar de la economía abstracta y el malestar de las personas concretas. Los crecidos indicadores habían ocultado el tema de las desigualdades comparativas. Además, llegado el momento del retiro, los ingresos de la edad productiva ya no cubrían los gastos de salud  y mutaban en tristes pensiones de jubilación. La explosión multitudinaria de octubre correspondió, entonces, a la llegada en diferido de una factura global. Lo grave es que también abrió un forado para que violentistas, terroristas  en forja y delincuentes comunes destruyeran nuestro metro, vandalizaran calles, parques y sedes políticas, incendiaran iglesias y supermercados  e incurrieran en el pillaje sistemático.

¿Conocían las autoridades que había un descontento? ¿Cuáles son las clases sociales más insatisfechas y de qué cifras de la población estamos hablando?

No dispongo de cifras que desglosen el fenómeno por clases sociales, pero tengo un dato muy notable. Según una encuesta sobre el carácter de las protestas, un 50,3 % las definió como mayoritariamente pacíficas y un 46,2% como mayoritariamente vandálicas y violentas. Es decir, casi la mitad de los encuestados homologó como “protestas” a los actos delictuales o vandálicos. Y no solo eso. Lo más sorprendente fue que ¡un 27 % estuvo de acuerdo con las seudo protestas  violentas y vandálicas o no las condenó!… Es decir, aceptaban o se resignaban a la destrucción de nuestro país.

¿Se inclina usted a pensar que la crisis se carga a favor de las izquierdas políticas?

Es lo que dicen los anarcos y, en general, los políticos antisistema. Quieren administrar la protesta, aprovechando que las muchedumbres ambulantes no tienen un comunicador que exprese preferencias políticas. Yo creo, por lo mismo, que la protesta debe interpretarse restrictivamente o por default. Me explico: esos millones de chilenos en las calles ratifican, de manera presencial, que la pureza teórica del mercado es antagónica con la impureza concreta de la sociedad. Cualquier sociedad. También recuerdan lo advertido, precozmente, por Patricio Aylwin, el primer mandatario de la transición: “el mercado es cruel”. Por lo dicho, esta rebelión de las masas es una crítica a este gobierno por acumulación. Porque tampoco atinó a fijar un punto de equilibrio entre la economía de mercado pura o “salvaje” y la economía libre, pero regulada por el Estado en función de las necesidades sociales.

Se observa que los políticos y el propio gobierno quedaron fuera de juego respecto a las protestas violentas y los vandalismos.

Sobre nuestros políticos profesionales, creo −y esto es un poco marxista− que sus condiciones de existencia determinaron sus niveles de conciencia. Sus estipendios y beneficios anexos están entre los más altos del mundo y eso los ha anulado en cuanto a “representantes” de distintos segmentos sociales. Desde sus privilegios, estaban ensimismados en sus juegos clientelares y de poder. Por eso, las masas de octubre los desbordaron de manera ecuánime. Por la derecha y por la izquierda.
A su vez, ese vacío de políticos ayudó mucho a que delincuentes y antisistémicos indujeran el pánico social, usufructuando de la amplia exposición que tuvieron en todos los medios y, en especial, en la televisión abierta. Esta suspendió su programación normal y mostró en sus pantallas, a toda hora, la violencia que a los violentos interesaba mostrar, como lo sabe cualquier estudioso de la materia. Entrampado en esta crisis dentro de la crisis, el gobierno no contó con el talento político transversal y comunicacional que tamaño problema requería. Concentrados en la “administración económicamente correcta” del país, el presidente y sus ministros carecían del lenguaje apropiado o se limitaban a la amenaza del aplicar “todo el rigor de la ley a quienes resultaran culpables”.

Precisamente, la respuesta inicial de Piñera, con policías y militares, añadida a la frase: Esto es guerra y los toques de queda. ¿Fue un error? ¿Revivió la sombra de la dictadura de Pinochet? ¿Qué debió hacer antes que todo el mandatario?

Fue un error de arrastre y de conceptualización política. Lo primero, porque tras el gobierno de Ricardo Lagos se descuidó la política y el trato especial que exigen la mantención y perfeccionamiento de la fuerza legítima. Si se me excusan la autorreferencia, escribí un libro sobre este tema que ningún político dio señales de conocer (Historia de la relación civil-militar en Chile). Lo segundo, porque las palabras de un jefe deben ser exactas y corresponder a sus posibilidades de acción. En concreto, diagnosticar una guerra implicaba contar con lo que no se tenía: datos duros de inteligencia y plena armonía entre la política hacia la fuerza y la estrategia respectiva. En el Perú, en los años del terrorismo, aprendí que, sin una política afinada hacia los agentes de la fuerza legal, es tan riesgoso diagnosticar una guerra y sacar militares a la calle… como no hacerlo de manera oportuna.

Piñera ha tomado ya algunas decisiones políticas: cambio de gabinete, convocatoria a partidos políticos, anuncio de nueva Constitución. ¿Será suficiente para salir de la crisis toda vez que las marchas, algunas muy violentas, continúan?

Podría serlo, si existe la voluntad política de que así sea. De hecho, mientras me entrevistan, han comenzado las negociaciones sobre una nueva Constitución entre casi todos los actores del sistema. Solo se ha excluido, autoaislándose, el Partido Comunista. Esta convergencia sobre el tema constitucional, que al comienzo parecía teoricista o desfasada, puede dar frutos si se privilegia el patriotismo, si la inteligencia civil comienza a funcionar, si se entiende que negociar no es imponer, si la Policía perfecciona su capacidad de disuasión y si las Fuerzas Armadas dan una señal de apoyo disciplinado a la institucionalidad democrática, en la línea de los generales mártires René Schneider y Carlos Prats. Pero, por sobre todo, el empeño fructificará si el presidente Piñera se dirige a la nación, explicando esta urgencia de unidad nacional, con la solemnidad, austeridad y dramaticidad que la oportunidad requiere.