SEGURIDAD Y DEFENSA

Múltiples frentes de trabajo y objetivos concretos, como es el ambicioso Plan Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas, en pleno desarrollo y consolidación de nuevos modelos de gestión del riesgo y la seguridad, hacen necesaria una rigurosa revisión de todas las partes implicadas en el proceso.
 

Para su tratamiento eficiente, hemos de reidentificar, auditar, analizar y evaluar nuestros riesgos y amenazas y sus índices potenciadores, así como las vulnerabilidades de las propias infraestructuras.
 

También hemos de reinventar a nuestros Directivos de Seguridad, seleccionándoles y entrenándoles para que ejerzan su misión desde una visión totalmente integradora de las seguridades en el esquema de gestión del riesgo corporativo. Precisamos de un perfil multidisciplinar con visión y conocimiento global de la seguridad y una adecuada reubicación en el organigrama.
 

Pero también hay que reformular la inteligencia de seguridad, para lo que precisamos de un nuevo protocolo de integración y participación que permita compartir información y abordar la armonización de los protocolos de seguridad.
 

En este sentido, la amplia experiencia público-privada y las lecciones aprendidas en las últimas décadas nos permiten estar en disposición de compartir modelos de éxito para la planificación estratégica de la seguridad de las infraestructuras no sólo críticas, sino también estratégicas, contando además con la puesta en valor de tecnologías certificadas y metodologías especiales de las que disponemos para este nivel de exigencia.
 

Para satisfacer una misión y visión global, como corresponde a la planificación de la protección de infraestructuras, es preciso generar las bases para poder asegurar que sus sectores estén bien definidos, sus operadores determinados y sus instalaciones clasificadas con el requerido nivel profesional, sin olvidar la imprescindible continuidad en el desarrollo de una capacitación especializada, con formación específica y su correspondiente certificación académica.
 

Nuevos retos para este 2018 de cara a objetivos ambiciosos pero realizables. Para lograrlo disponemos de una legislación y normativa (con algunas carencias o indefiniciones a corregir), una experiencia público-privada excepcional y unas tecnologías apropiadas para presentar soluciones en buena relación coste-eficacia pero donde nos queda mucho trabajo por desarrollar y, especialmente en el marco del proceso de implantación del Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas (PIC) que dirige el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC), donde se han incorporado los nuevos operadores críticos, responsables de la gestión de más de 65 infraestructuras de esa categoría críticas de los sectores de la alimentación y del transporte urbano y metropolitano.

El escenario internacional actual, ya sea a escala mundial o a nivel regional o local, resulta en muchos casos inquietante para nuestra seguridad, para la recuperación del bienestar perdido durante la crisis, e incluso para la defensa de algunos de los valores democráticos y liberales más importantes que compartimos una gran mayoría de países.

Sin embargo, no nos vamos a sumar a ningún tipo de pesimismo, ya que, aún con la necesidad de estar preparados para escenarios de alto riesgo, el panorama internacional sigue ofreciendo muchas oportunidades que debemos abordar de forma proactiva.

Esta contribución se debe enfocar positivamente, pese a que las experiencias y percepciones de inseguridad se articulan en formas que no son ni obvias ni sencillas. Baste pensar que el riesgo de mayor impacto para la seguridad global lo proporcionan los efectos derivados del cambio climático, por delante de otros tales como el terrorismo o el crimen organizado.

Es un hecho que el propio metabolismo de la globalización produce miedo e inseguridad que invaden amplias zonas del planeta, y nuestro mayor reto está en lograr una adecuada gobernanza, una inteligente gestión de los riesgos y de los conflictos.

Las estrategias tradicionales de seguridad, fracasadas por el mal análisis de los riesgos y los conflictos que las motivan, terminan por formar parte del problema en lugar de la solución.

En este sentido, hemos de acometer una serie de reflexiones sobre que estos riesgos pues los conflictos no pueden ya seguir siendo considerados como "efectos colaterales o secundarios" del proceso de modernización de la sociedad industrial y de la información, sino que, por el contrario, constituyen un componente más de este proceso.

¿Qué ha pasado en 2017?

Acabamos de pasar un año 2017 plagado de acontecimientos en los que la inseguridad nos ha hecho percibir su presencia en territorios y temas que superan lo conocido hasta ahora en la sociedad del bienestar. El terrorismo, los conflictos regionales y, especialmente, el creciente número de incidentes de ciberseguridad han tenido cierto protagonismo, ocupando en gran medida los titulares de los principales medios de comunicación. Hemos de reflexionar y procesar todo lo ocurrido y poner nuestra mirada sobre el año que comenzamos en el que, sin duda, se generarán interesantes discusiones sobre el panorama de amenazas y la gestión de los riesgos.

Algunos acontecimientos ocurridos en determinadas partes del mundo durante el año 2017 no auguran nada bueno, toda vez que los protagonistas de los conflictos internacionales se encuentran en proceso de nuevo posicionamiento, lo que nos obliga a analizar el balance de lo ocurrido en este año convulso, pero, sobre todo, a adelantar una hipótesis de los resultados de esa prospectiva, con algunas claves que deberían ayudar a afrontar mejor el panorama, tanto inmediato como más lejano.

¿Hacia dónde en 2018?

El año entrante hemos de enfrentarnos a una serie de desafíos diversos y significativos como: las tensiones geoestratégicas intensificadas por los conflictos en curso; el incremento en la globalización del terrorismo yihadista; la inseguridad ciudadana derivada de las desigualdades sociales y el impacto del crimen organizado; el uso insostenible de los recursos naturales de nuestro planeta y el cambio climático.

De todos modos, y aunque estas realidades puedan representar un panorama ensombrecedor, no resulta tan temerario afrontar 2018 con ánimo positivo, dados los avances y expectativas a nivel global que se pueden ver, por ejemplo, en el recorrido de los acuerdos sobre cambio climático alcanzado en París, las nuevas sendas que alejan a Irán y Corea del Norte de la condición de amenaza nuclear, o en una posible cooperación internacional eficaz contra el terrorismo.

Pero, quizá sea la crisis de los refugiados, con sus diversas variables externas, donde esté uno de los principales retos y la UE se juegue su cohesión interior y su seguridad este nuevo año.

Por otro lado, también está el riesgo, con una notable probabilidad de que suceda, de un importante movimiento de flujos migratorios involuntarios a gran escala, afectando igualmente en gran medida al continente europeo, como consecuencia de los efectos del cambio climático, según indicaba ya The Global Risks Report 2016.

Por otra parte, las ciberamenazas y los ataques informáticos llegaron para quedarse. Este año se prevé que los ataques continuarán expandiéndose tanto en volumen como en modalidades de enfoque. Sin embargo, aunque hemos de pensar que podrán evolucionar y diversificarse, hemos de insistir en la importancia de mantener un posicionamiento efectivo a favor de la ciberseguridad global, basado en el conocimiento del valor de la información, complementándose además con la información y comprensión del panorama y el análisis de las amenazas.

Seguridad Mundial. Globalización de la seguridad

Con independencia de que el principal reto exterior que tenemos como país es conectarnos mejor con la integración europea dentro del objetivo de globalización de la seguridad, hemos de tener en cuenta que lo urgente, lo inmediato y lo importante en esta materia son tareas de difícil discernimiento y actualmente, las prioridades políticas se centran en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado (pese a no ser el área de más graves consecuencias), a fin de ofrecer la mejor seguridad ciudadana en su más amplio espectro.

Si nos referimos a la lucha contra el terrorismo, este está evolucionando constantemente hacia formas nuevas y cada vez más peligrosas con la intención de evitar las medidas de seguridad que se implementan en cada momento.

En este sentido, el “Global Risks Report 2016” destaca aspectos como el drama de los refugiados o la amenaza terrorista indicando que el mundo se enfrenta a un auténtico cambio de paradigma sobre lo que significa la libre circulación de bienes, personas e ideas.

Por otra parte, aunque combatir el terrorismo yihadista ya era considerado como la primera prioridad a la que debería atender la política exterior, como en el caso de España, uno de los aspectos más inquietantes del terrorismo contemporáneo radica en su dimensión transnacional y en el vínculo de una parte significativa de su actividad con el Crimen Organizado Global, especialmente con el tráfico de armas y el narcotráfico.

No obstante, hay que tener igualmente en cuenta a lo que llamamos la seguridad glocal (global + local), ese bien público que se coproduce con la participación de la sociedad civil y la responsabilización de actores estatales y colaboraciones internacionales.

Por otro lado, y refiriéndonos al Crimen Organizado, este está impulsado principalmente por la desregulación y la globalización financiera, esa diferenciación entre actividad económica legal y criminal, dinero limpio y dinero sucio, en la que resulta cada vez más difícil una represión eficaz pues supondría, en gran medida, cuestionar los principios mismos que rigen el concepto de globalización. Por consiguiente, el crimen organizado global se acomoda perfectamente a la parcelación del poder existente, principalmente en el mundo liberal.

En cuanto a la Seguridad Ciudadana, concepto ampliamente difundido desde finales de la década de los 90, que marca un cambio radical con respecto a las políticas estatales o nacionales de seguridad al enfatizar la calidad de vida y la dignidad humana, está igualmente vinculado con otros conceptos tales como la libertad y los derechos universales.

Sin embargo sobre lo anterior, mientras que inicialmente el debate sobre la seguridad ciudadana trataba la inseguridad como un problema social, en años recientes se podría decir que se ha venido transformando el concepto de seguridad, demostrándose que resulta de una problemática del desarrollo. Un ejemplo de ello se encuentra en el “Informe sobre el Desarrollo” del Banco Mundial que explícitamente argumenta que es crítico “aceptar los vínculos que existen entre la seguridad y los resultados del desarrollo”.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el fenómeno social de la inseguridad ciudadana se ve agravado por la extraordinaria capacidad que han adquirido los medios de comunicación a la hora de difundir en tiempo real y amplificar a nivel mundial -y, por tanto, deslocalizándolos- los desastres y las violencias más extremas y aterrorizantes.

Pero también contribuye, decisivamente, a la extensión de esta auténtica epidemia social, la inexistencia de indicadores y análisis fiables de la dimensión y la evolución real de la inseguridad a las que se ven sometidos los datos disponibles sobre las actividades de los organismos policiales y judiciales donde ni siquiera está claro que la delincuencia esté aumentando por encima del crecimiento económico y de población o de la movilidad local y transnacional.

Y, en todo caso, convendría ubicar esta amenaza en el lugar que le corresponde, por su gravedad relativa, en el conjunto de inseguridades como: las víctimas en las carreteras, los accidentes laborales o la violencia doméstica y la catástrofe ecológica.

A modo de conclusiones, podemos decir que, en el mundo globalizado en el que vivimos, más allá de las consignas mediáticas y las prioridades políticas (terrorismo internacional, crimen organizado y seguridad ciudadana), debemos entender que la inseguridad globalizada nos obliga a fijar la atención en los temas fundamentales que más graves consecuencias provocan, tanto en pérdidas de bienes como en vidas humanas (las amenazas derivadas del cambio climático, flujos migratorios, desigualdad, pobreza, corrupción, explotación, estados fallidos o totalitarios, terrorismo institucional, etc.).

"No basta saber, se debe también aplicar, no es suficiente querer, se debe también hacer" – Goethe

La nueva ENS-2017 aborda la actualización e incremento de objetivos estratégicos que derivan de un entorno que ha cambiado de forma significativa desde la aprobación de la Estrategia 2013.

 

Hace especial hincapié en que “Nos enfrentamos a una realidad definida por dinámicas a menudo opuestas, a un mundo globalizado, pero a su vez fragmentado y competitivo, un espacio donde la ambigüedad se ha convertido en uno de los mayores retos a la seguridad”.
 

Estamos en un frente complejo que trata de conjugar variables como el ritmo acelerado de la transformación impulsada por la aplicación de nuevas tecnologías, las asimetrías demográficas entre regiones o el cambio climático, que demandan un esfuerzo para adaptarse y gestionar de forma ágil y flexible los rápidos cambios que vienen produciéndose.
   

En esta nueva edición, el terrorismo transnacional y los ciberataques siguen siendo uno de los principales retos para la Seguridad. Aunque, junto a ellos, surgen las que han venido a denominarse “amenazas hibridas”, una combinación de amenazas convencionales y no convencionales orientadas a la desestabilización de nuestra forma de desarrollo social, y cuya identificación y atribución resultan especialmente complicadas, según el documento.
 

Otra novedad importante es también el avance hacia el fortalecimiento de la “Cultura de Seguridad Nacional”, propia de una sociedad como la española, consciente de su responsabilidad y posición en Europa y en el mundo.
 

La Estrategia de Seguridad Nacional que ahora se presenta queda estructurada en los seis capítulos siguientes: 1. Una Seguridad Nacional para la España de hoy; 2. Dinámicas de transformación de la Seguridad Global; 3. España en el mundo: un país con vocación global; 4. Amenazas y desafíos para la Seguridad Nacional; 5. Objetivos generales y líneas de acción de la Seguridad Nacional; y 6. Sistema de Seguridad Nacional.
 

Ante el nuevo entorno de inseguridad que vivimos, especial mención merece el cuarto capítulo de la ENS-2017 que trata las “Amenazas y desafíos para la Seguridad Nacional”, donde se identifican, por una parte, las amenazas que comprometen la Seguridad Nacional y por otra parte, los desafíos que, como retos y sin llegar a tener la entidad de amenaza, significan vulnerabilidad, provocan situaciones de inestabilidad o pueden propiciar el afloramiento de nuevas amenazas.
 

Así, las principales amenazas identificadas en la ENS-2017 son los conflictos armados, el terrorismo, el crimen organizado, la proliferación de armas de destrucción masiva, las ciberamenazas, el espionaje y las amenazas sobre las infraestructuras críticas. Especial significación se hace a la amenaza del terrorismo yihadista, uno de los principales problemas de seguridad a los que se enfrenta el mundo y que de nuevo mostró toda su brutalidad en España en agosto de 2017.
 

Consecuentemente, y a la vista de estas múltiples amenazas y los nuevos retos y desafíos para la Seguridad Nacional, el quinto capítulo de la ENS-2017, “Objetivos generales y líneas de acción de la Seguridad Nacional”, identifica cinco objetivos generales que orientan la acción del Estado: “Avanzar en un modelo integral de gestión del riesgo y de crisis, promover una cultura de Seguridad Nacional, favorecer el buen uso de los espacios comunes globales, impulsar la dimensión de seguridad en el desarrollo tecnológico y fortalecer la proyección internacional de España”.
 

Por otro lado, en este quinto capítulo se establece, además, quince ámbitos de actuación de los cuales algunos son tradicionales, como la Defensa Nacional, la lucha contra el terrorismo, la ciberseguridad, o la lucha contra el crimen organizado. Otros son especialmente novedosos y exigidos por los nuevos retos para la seguridad, como son la preservación del medio ambiente, con especial incidencia en la lucha contra el cambio climático, la seguridad frente a epidemias o pandemias y la seguridad del espacio aéreo.
 

Todos los objetivos y líneas de acción “Ordenan, posicionan y priorizan la acción del Estado en materia de Seguridad Nacional” y disponen la asignación adecuada de recursos, capacidades y esfuerzos, siempre bajo la lógica de su optimización y uso eficaz y eficiente.
 

En el sexto y último capítulo, “Sistema de Seguridad Nacional”, se establece una serie de iniciativas para reforzar el Sistema de Seguridad Nacional y mejorar la coordinación y eficacia de la acción del Estado y la participación de la sociedad en clara orientación público-privada.
 

Igualmente, se prevé desarrollar el sistema de gestión de crisis y establecer: “un Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional”, el impulso a la aprobación de la Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional y la constitución del Consejo Nacional de Seguridad Aeroespacial”, así como la revisión de las estrategias sectoriales existentes en materia de seguridad marítima, energía y ciberseguridad.
 

Como resumen, puede decirse que, efectivamente, las circunstancias han cambiado desde 2013, tanto a nivel del orden nacional como del internacional, en ocasiones de forma notable, contribuyendo a un aumento de la incertidumbre y la percepción de inseguridad. Algunas de las amenazas identificadas y valoradas entonces, como el terrorismo o las ciberamenazas, se han incrementado y así lo ponen de manifiesto los distintos atentados terroristas ocurridos en Europa, que también afectaron a España en agosto de 2017, por primera vez desde 2004.
 

Cabe destacar la especial significación que se da a la ciberseguridad derivado del incremento del número de ciberamenazas y su superior impacto, como sucedió en el caso del ciberataque de “WannaCry” de mayo de 2017, de dimensión global e implicación directa a empresas, servicios e intereses nacionales e internacionales.
 

Con todo ello, se ratifica una vez más, la importancia que tiene la nueva Estrategia de Seguridad Nacional para el desarrollo de la planificación y establecimiento de los planes y medidas de protección para las infraestructuras críticas y estratégicas que está llevando España, y su especial protagonismo en la Unión Europea.

En el desarrollo de nuestras actividades cotidianas, vivimos rodeados de un amplio catálogo de riesgos potenciales, amenazas reales y notables vulnerabilidades, cada vez más sofisticadas y evidentes, pero son de manera especial la delincuencia organizada y sobre todo el terrorismo, los que están haciendo mella cada vez más cerca del ciudadano. Una situación en permanente evolución y cambio rápido, en un mundo, ya globalizado y, por ello, conectado, pequeño y sensible al impacto mediático del miedo y el terror.

Sin duda, ese es el actual objetivo del terrorismo yihadista que, especialmente en Europa, y de forma directa en España, se ha visto evolucionar del 11M (fatídico atentado con 193 muertos y 1.858 heridos en Madrid en 2004) al 17A (reciente atentado con 16 muertos y más de 100 heridos en Barcelona).

Los atentados cometidos en los últimos tiempos en París (6 militares heridos por atropello), Londres (5 muertos y decenas de heridos en dos atropellos), Berlín (12 personas muertas atropelladas en un mercado), Niza (84 muertos y 300 heridos por un camión), Bruselas (32 muertos y 300 heridos) o París (130 muertos en sala de fiesta y 12 muertos en el ataque a la revista Charlie Hebdo), sumado a los ataques con cuchillos, machetes y más atropellos en distintos puntos del continente europeo, no solo reflejan que los terroristas mantienen e intensifican sus objetivos, sino que recurren a métodos cada vez más básicos, crueles y letales como los ataques directos con camiones y furgonetas.

Este nuevo modelo de ofensiva terrorista presenta además el perfil de un agresor más autónomo, que solo de forma ideológica y no logística pertenece a una organización tan etérea como la yihadista que fomenta un adoctrinamiento rápido y facilitado por las redes.

Los yihadistas vienen adaptando su modus operandi ante las nuevas condiciones de seguridad de los países en los que actúan. Una muestra de adaptación es el uso de vehículos o armas y menos explosivos, pues a menudo es complicado para ellos acceder a los ingredientes para hacer bombas sofisticadas y, como se ha visto en el último atentando de Cataluña, tienden a utilizar explosivos de elaboración casera.

Las características de los terroristas que intervienen en los atentados se mantienen y consolidan. Son realizados por personas muy jóvenes, que viven y trabajan entre nosotros, que son captados y desarraigados de una sociedad integradora y tolerante como la española por fanáticos líderes del terror, para ser abducidos y utilizados en células radicalizadas muy adaptadas a la convivencia.

Corremos el riesgo de familiarizarnos y asumir cierta resignación ante esta amenaza que se está volviendo un cáncer social con el que convivir, pero no hemos de bajar la guardia en ningún aspecto, sino abordar el problema colectivo como un reto colaborativo.

Es el momento inaplazable de acometer el desafío que esta situación presenta, unidos y motivados hacia soluciones globales, muy especialmente, en lo que se refiere a la protección de nuestras infraestructuras estratégicas y críticas, donde son más notables nuestras vulnerabilidades, pero, en las que el ciudadano cuenta con la eficacia de su funcionamiento silencioso, y en cuya seguridad confía como substrato de su bienestar y libertad.

Con ese objetivo, hemos de revisar y consolidar nuestros conceptos de seguridad más básicos, a fin de no pisar en falso ni dar un paso atrás Se impone exigirnos esa visión holística, analítica e integradora del problema y sus soluciones ante una situación tendente a seguir evolucionando en la radicalización.

Es preciso aspirar a una especial altura de miras para consolidar el avance del modelo español hacia esa “Seguridad Única” (pública y privada, integral e integrada) basada en la transparencia y la ética, la confianza y la colaboración real de todas las partes implicadas, en la que ya no sean posibles errores de coordinación como los vividos, utilizando estrategias eficientes y valores añadidos a los ya demostrados por nuestros profesionales, a fin de avanzar en la implantación del pensamiento exponencial y no lineal.

En este avanzar hacia soluciones globales, debemos potenciar la inteligencia aplicada, inherente a todo planteamiento de respuesta sólida e imaginativa, y que ha de ser el referente transversal en toda gestión exigente -hoy en tiempo real-, para asegurar la eficiencia en los procesos, aprovechando las plataformas de control online que la innovación tecnológica actual nos permite y facilita.

Todo ello apoyado en la reputación y prestigio que en general tienen nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con el apoyo y colaboración igualmente necesaria e irreversible que presta el sector de la Seguridad Privada.

Sin embargo, cabe destacar que la eficacia y la eficiencia potencial hacia esas soluciones no llegarán a su aplicación en tiempo y forma sin la propia exigencia de seguridad por parte de la sociedad, licita aspiración y esperable demanda en el ejercicio de sus derechos y libertades.

En resumen, tenemos enfrente un enemigo difuso y confuso que sigue avanzando en estrategias y recursos, y que requiere de nuevas soluciones y procedimientos por nuestra parte, que en muchos casos ya conocemos o están a nuestro alcance, y que fundamentalmente pasan por una coordinación integral e integrada de fuerzas aplicadas en esta guerra desigual contra el terrorismo y el crimen organizado.

Nuevos retos y nuevas respuestas globales que hacen precisa la preparación adecuada de cada vez más profesionales ejecutivos y operativos, que han de acreditar una formación y capacitación especializada no lineal, basada en estrategias y pensamientos exponenciales abiertos y flexibles que les convierta en los lideres de la seguridad del Siglo XXI.

Los paros intermitentes iniciados en plena operación salida de vacaciones se tornaron enseguida en claro conflicto de fondo que no sólo han provocado enormes retrasos, largas colas de espera y la pérdida de miles de vuelos, sino que también han afectado a algo tan sensible como la seguridad, situación inadmisible en una infraestructura clasificada de crítica y en un contexto como el actual de preocupación mundial por la amenaza terrorista.

De ahí que AENA (Agencia Estatal de Navegación Aérea) -la sociedad estatal titular de los aeropuertos españoles-, la Generalitat -la Administración competente en conflictos laborales en Cataluña- y el mismo Gobierno de la Nación tendrían que haber actuado con prontitud y decisión antes de que el conflicto llegara tan lejos como ha llegado en El Prat.

Una huelga que se inicia por el personal de control de la empresa de seguridad EULEN que ha provocado el enésimo caos veraniego en el aeropuerto lanzando un mensaje a la patronal del sector en plenas negociaciones del convenio colectivo.

Finalmente el Ejecutivo se ha visto obligado a adoptar unas medidas sin precedente como la de ordenar, en medio de un puente festivo, reforzar o sustituir con efectivos de la Guardia Civil a trabajadores en huelga para abordar un conflicto que ha ido adquiriendo aspectos graves por la actitud intransigente y bastante irresponsable de todas las partes implicadas, que ha terminado en la declaración de un laudo obligatorio a través de un Consejo de Ministros extraordinario en situación de vacaciones. Casi nada… teniendo en cuenta la responsabilidad y criticidad de estas infraestructuras y el hecho de que ya el 4 de diciembre de 2010, por conflicto con los controladores aéreos, hubo dos días de cierre total del espacio aéreo (con casi 5.000 vuelos anulados y 700.000 afectados en el puente más largo del año). El Gobierno decretó, por primera vez en la historia, el estado de emergencia mediante un Real Decreto "para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo”.

Es momento de hablar con una visión global del problema de la Seguridad (pública y privada), de la responsabilidad y de la criticidad de su funcionamiento, teniendo en cuenta los derechos y deberes de todas las partes implicadas: Infraestructuras Públicas, Empresas de Seguridad, Sindicatos, Personal de Seguridad y Administraciones Públicas.

La seguridad final es un derecho constitucional para los ciudadanos, y cualquier alcance de la interrupción de procesos puede vulnerar ese objetivo y generar una perturbación multiplicada que puede generar graves perjuicios y coartar la libertad de movimiento como ha sido el caso de los conflictos en el aeropuerto de El Prat en Barcelona.

Responsabilidades en las infraestructuras públicas

Importante número de entidades y organismos públicos son solo un claro ejemplo, entre muchos, de los concursos de seguridad privada adjudicados habitualmente a la baja a empresas que, utilizando la reforma laboral, sitúan a los vigilantes al frente de instalaciones de especial riesgo con salarios de alrededor de 700 euros mensuales y con dificultades para el abono de sus nóminas mes a mes, todo con la complacencia y aprobación legal de las Administraciones a todos los niveles.

Ahí está buena parte del origen del conflicto: en la adjudicación mediante subasta de las contrataciones públicas, una modalidad que ha llevado a algunas empresas a hacer ofertas temerarias que no cubrían siquiera los costes laborales. Como consecuencia, no se puede satisfacer ni el salario mínimo de convenio, y las empresas se han ido descolgando del nacional del sector, para pactar con sus trabajadores acuerdos mucho más desfavorables, ante la pasividad de las administraciones públicas. Las subastas están provocando una reducción salarial de entre el 15% y el 30%, además de una merma de las condiciones sociales y laborales de los trabajadores.

El verdadero conflicto no ha hecho sino empezar y las huelgas del personal de seguridad, sobre todo en aeropuertos, puertos y estaciones ferroviarias, se pueden convertir en una situación común en aquellas fechas clave, como vacaciones y puentes, en las que se registran grandes movimientos de pasajeros. Obviamente, el conflicto tiende a extenderse al resto del país, y puede afectar a servicios esenciales para los españoles.

En este caso, la Delegación del Gobierno ha destacado que los servicios de seguridad de la empresa afectan a un sector estratégico como el transporte aéreo, en que el trabajo de un número relativamente reducido de empleados conlleva un efecto multiplicador de tal magnitud que "técnicamente obliga a la determinación de unos servicios mínimos superiores" en porcentaje a los que correspondería en otra actividad. Así, ha fijado en el 90% los servicios mínimos para la huelga de trabajadores de la empresa EULEN en el Aeropuerto del El Prat de Barcelona cuando su protesta pasó a ser indefinida.

Es preciso reflexionar sobre algo tan evidente como que la seguridad en instalaciones de especial relevancia también se garantiza velando por unas correctas condiciones laborales, calidad de servicios y eficacia de la seguridad privada, que nunca han sido exploradas desde el Ministerio de Fomento ni desde el Gobierno, situación esta que, desde la contratación pública de estos servicios, competencia del Gobierno, se precariza en la totalidad de adjudicaciones realizadas a la baja en todo el territorio español.

Responsabilidades de las empresas de seguridad

En este caso, la empresa EULEN ha apelado a la responsabilidad de sus trabajadores para que acepten la propuesta de mediación “lamentando que una minoría se impusiese a la mayoría de trabajadores”, tal y como ocurrió en la votación de la convocatoria de huelga, donde sólo se manifestó un pequeño porcentaje de la plantilla, según remarcaba en un comunicado.

La realidad es que precisamos de unos nuevos concursos públicos adecuados a los servicios de seguridad que incluyan mejoras salariales y cumplimiento de los convenios colectivos puesto que, según recientes declaraciones empresariales “alrededor del 70% de los contratos con la Administración están en manos de empresas que no se adhieren al convenio del sector”.

La prevalencia del convenio sectorial, una amplia revisión de la Ley de Contratos así como un plan estratégico sobre contratación de servicios de seguridad privada que garantice condiciones laborales y estándares de calidad suficientes, son elementos imprescindibles para un sector que da empleo en la actualidad a más de 80.000 vigilantes y que, ante la inoperancia política y la proliferación de empresas incompetentes e incumplidoras de las reglas del juego, seguirá aumentando la precariedad y la conflictividad laboral sin acometer, con la suficiente voluntad política, un cambio real de modelo de seguridad privada en España.

Este sector se encuentra en un momento clave para reinventar su futuro teniendo en cuenta que el Ministerio del Interior y el Gobierno han reconocido su importancia para conseguir esa “Seguridad Única” (pública y privada, integral e integrada) que el país y los ciudadanos necesitan ante los nuevos retos y amenazas.

Responsabilidades de los sindicatos

Los sindicatos también vienen exigiendo a las distintas administraciones que, de manera inmediata, tomen decisiones que resuelvan este gravísimo problema o, de no hacerlo, asuman la creciente conflictividad que se generará en el Sector en todo el territorio nacional.

El sindicato UGT lleva trabajando y reivindicando en todas las instancias, tanto Estatales como Autonómicas y Locales, la necesidad de hacer planteamientos sobre la contratación pública de Servicios de Seguridad que garanticen una adjudicación socialmente responsable y bajo criterios de calidad y solvencia que eviten las nefastas consecuencias que las adjudicaciones que imponen exclusivamente el precio más bajo están trayendo para empresas, trabajadores y usuarios.

El conflicto de El Prat, impulsado por UGT, y que en semanas del mes de agosto ha provocado esperas interminables en la instalación aeroportuaria catalana, tiene, según fuentes conocedoras del sector, raíces profundas que hacen temer su extensión a otros aeropuertos e incluso a estaciones ferroviarias, especialmente en períodos festivos.

Lo cierto es que 150 vigilantes han puesto en jaque tanto a la empresa EULEN, como al sector, al Ministerio de Fomento y a las Administraciones, alterando las vacaciones a miles de españoles por una lamentable gestión de la crisis provocada.

En este sentido, es importante tener en cuenta que la problemática existente en este tipo de infraestructuras críticas en general y aeroportuarias y del transporte, en particular, así como la que existe en el sector de seguridad privada globalmente, se debe afrontar desde planteamientos que busquen soluciones globales para todo el colectivo afectado, por lo que se tendría que evitar cualquier estrategia individual o impuesta que se aleje de estos parámetros.

Es en el ámbito de la negociación del Convenio Colectivo Estatal donde los sindicatos están planteando y exigiendo el reconocimiento de las mejoras salariales y sociales de todas las categorías afectadas, así como la necesidad del reconocimiento de determinadas situaciones específicas que hagan justicia a las peculiaridades y exigencias con las que prestan sus servicios, particularmente aquellos que se encuentran asignados a los definidos como servicios esenciales o las infraestructuras críticas reconocidas en la propia Ley de Seguridad Privada. Sin embargo, los sindicatos y la patronal negocian este nuevo convenio colectivo con las posiciones todavía muy alejadas.

Del mismo modo, el desacuerdo de El Prat, que, como hemos dicho, es esencialmente consecuencia de la gestión temeraria de concursos de la Administración, tampoco está sirviendo para poner en marcha soluciones para el problema global de la seguridad privada en España, en ninguno de sus escenarios posibles.

Por otra parte, el sindicato UGT se ha solidarizado con los trabajadores de la empresa EULEN en El Prat por haber soportado estoicamente las presiones sufridas desde el Ministerio de Fomento donde se ha pretendido responsabilizar a los vigilantes de una situación en la que el máximo culpable es sin duda el Gobierno y su política de contratación.

Igualmente, UGT califica como actuaciones de un bajo perfil político las acontecidas en el conflicto de El Prat, en el que el Ministro de Fomento ha utilizado como garantías de seguridad decisiones como introducir a la Guardia Civil y el sometimiento a un laudo, considerando que existe cierta intención de desacreditar la imagen de los vigilantes en conflicto y forzar un acuerdo, ante una crisis que ha generado el propio Ejecutivo y que no ha sido capaz de gestionar.

Por su parte, la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO ha anunciado movilizaciones a partir de primeros de septiembre para protestar contra la situación del sector que, en su opinión, se encuentra "al borde del abismo". En un comunicado, el sindicato ha apuntado que estas movilizaciones "irán ganando en intensidad" si no hay "un cambio radical" en las actitudes de la Administración, los clientes y la patronal, ya que actualmente una cuarta parte del sector trabaja en empresas con salarios por debajo de lo establecido en el convenio.

Responsabilidades del personal de seguridad privada

La plantilla del aeropuerto de El Prat, de unos 360 vigilantes, se encuentra inmersa en un conflicto laboral con la empresa, a quien reclama una subida salarial de hasta 350 euros por trabajador, además de un refuerzo de personal. Por su parte la empresa EULEN, con mediación por parte de la Generalitat, acepta la propuesta del gobierno catalán, que consiste en subir hasta 200 euros los sueldos y sumar un quinto vigilante a cada filtro de seguridad (la empresa ofrecía 155 euros, y los sindicatos reclamaban también 350 euros).

Por otro lado, la patronal y los sindicatos están inmersos de lleno en las negociaciones para aprobar el nuevo convenio colectivo, y la huelga en el aeropuerto barcelonés se ha mostrado como otra forma de manifestar la preocupación de los trabajadores.

Responsabilidades de la Administración

Estamos ante un debate abierto a consecuencia de una mala praxis en la privatización de la seguridad por parte de las Administraciones Públicas a fin de abaratar los servicios que antes prestaba la seguridad pública, contratando servicios de seguridad con empresas privadas, en las que el criterio de adjudicación definitivo es el precio, sin importar la incidencia que esto tiene.

Unas “ofertas a la baja” que, en muchos de los casos, no garantizan los derechos laborales de los trabajadores ni la adecuada prestación del servicio, situación conocida por las Administraciones, fomentada con estas prácticas de contratación en las que no se puede garantizar siquiera el cumplimiento del servicio contratado a tan bajo precio.

Sin embargo, el Ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, no parece enfocar el tema desde este punto de vista. Sin profundizar en el conflicto, ha lanzado un "mensaje claro y contundente" de que los procedimientos ya se han iniciado y que al Ejecutivo no le va a "temblar la mano" a la hora de aplicar, en el marco de la legalidad vigente, "lo que sea necesario" para garantizar la seguridad pública y el orden en el entorno de una infraestructura estratégica para el conjunto del país, como es el Aeropuerto de El Prat.

Por otro lado, el Ministerio del Interior ha puesto a disposición un número "significativo" de guardias civiles, tras aludir a la alerta terrorista y al peligro de altercados en las colas de espera de los viajeros.

Con todo ello, el Gobierno ya ha puesto en marcha el procedimiento para el laudo arbitral obligatorio. De la Serna ha declarado que confía en la responsabilidad de los trabajadores, pero ha enfatizado que el Gobierno "nunca va a permitir que millones de españoles estén sujetos a decisiones y posturas intransigentes de unos pocos".

Por otro lado, el Gobierno se acerca a los representantes sindicales y responde a una de sus exigencias mientras explica que "la situación del aeropuerto de Barcelona es excepcional" y que la respuesta responde a la necesidad de "garantizar el orden y la seguridad pública". "Hemos acordado abrir el proceso arbitral porque es la última herramienta legal que nos queda para resolver el conflicto después de que la negociación liderada por la Generalitat fracasara", explicó de la Serna en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario que dictaminó el laudo.

A modo de conclusiones

Hemos de tener altura de miras e insistir en que se aplique el rigor y el discernimiento en el análisis y atención a las peculiaridades y exigencias de las infraestructuras especiales de las que hablamos. Como hemos insistido, estamos inmersos en un debate delicado sobre la privatización de la seguridad en las Administraciones Públicas, y no podemos olvidar que abaratar los servicios que antes prestaba la seguridad pública, contratando servicios de seguridad con empresas privadas jamás puede conllevar una pérdida de calidad en los resultados ni, por supuesto, rebaja en la retribución justa ni en la dignidad de las condiciones de trabajo de todos los que se ocupan de prestaciones tan necesarias y especiales.

Para ello, es imprescindible que se constituya un grupo de trabajo con participación de todas las partes implicadas (sindicatos, patronales y Administración) que aborde "de forma integral e integrada" la situación de la seguridad privada en los servicios esenciales e infraestructuras críticas y, especialmente, las condiciones de trabajo, formación o salarios.

Asimismo, es necesario que la nueva Ley de Contratos del Estado "incluya la obligación de que los contratos de las Administraciones Públicas incorporen cláusulas de contenido social, laboral y medio ambiental como criterios para la selección del contratista", según han solicitado los sindicatos.

En cualquier caso, la actual relación en España del sector de la Seguridad Privada, con la contratación por parte de las Administraciones del Estado, es lamentable, y están generalizadas las adjudicaciones basadas en el precio más bajo, con evidentes y lamentables consecuencias.

Y son todas las partes implicadas: Infraestructuras Públicas, Empresas de Seguridad, Sindicatos, Personal de Seguridad y Administraciones Públicas, las que, de una u otra manera, vienen haciendo dejación de sus responsabilidades:

Los responsables en las INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS, no valorando ni defendiendo la contratación de servicios de seguridad en condiciones adecuadas para su eficaz cumplimiento.

Las EMPRESAS DE SEGURIDAD, no cumplidoras de la normativa y del convenio, entrando al juego del concurso-subasta sin altura de miras para defender su profesionalidad, prestaciones laborales o relación precio-calidad-eficacia adecuada para cada servicio.

Los SINDICATOS, permitiendo condiciones inadecuadas para la protección de trabajadores y cumplimiento de los convenios en los servicios.

El PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA, aceptando condiciones que degradan la profesionalidad o incumplen las exigencias de especialización.

Las ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, no desarrollando los planes de integración de seguridad pública-seguridad privada, su marco sectorial y la convocatoria de concursos inadecuados o en claro incumplimiento de convenios colectivos o de condiciones laborales básicas.

La elaboración de presupuestos a la baja, iniciados en los tiempos de crisis y el éxito de las 'empresas piratas' han repercutido negativamente en salarios y jornadas laborales, así como en cumplimiento de los servicios.

Todo ello, sin olvidar que la seguridad privada se encuentra en un momento clave para reinventar su futuro teniendo en cuenta que el Ministerio del Interior y el Gobierno han reconocido su importancia para conseguir esa “Seguridad Única” (pública y privada, integral e integrada) que el país y los ciudadanos necesitan ante los nuevos retos y amenazas, como recientemente hemos sufrido en España por nueva agresión del terrorismo yihadista.

Retos que hemos de afrontar desde planteamientos que busquen soluciones globales para todo el colectivo afectado (público y privado), por lo que se tendría que evitar cualquier estrategia individual o impuesta que se aleje de estos parámetros de integración de las partes implicadas.

A problemas globales, soluciones globales… e imaginativas, para salvaguardar la libertad y la seguridad de los ciudadanos.