SEGURIDAD Y DEFENSA

El 94% de las empresas de España ha sufrido un incidente de ciberseguridad en el último año. Un dato alarmante, según asegura un reciente estudio publicado por la red de servicios internacional Deloitte.
 

De hecho, España se posicionó en 2022 como el tercer país a nivel mundial en materia de ciberataques, después de haber sufrido en 2021 más de 300.000 delitos informáticos, lo que se considera la mayor ola cibercriminal del país hasta el momento.
 

Los ciberataques suponen una vulnerabilidad muy grande en las organizaciones y, las pérdidas económicas y de información, además de ser muy importantes, representan un perjuicio en la imagen y reputación personal y de las instituciones.
 

Los ciberdelincuentes aprovechan el desconocimiento, la exposición y las vulnerabilidades de los usuarios para acceder a la información de nuestros dispositivos, a fin de utilizarlos en contra de las personas y de las organizaciones.
 

Cuando una organización sufre una incidencia, las consecuencias trascienden inmediatamente y el impacto del propio ataque pone en riesgo la confianza, la reputación, la credibilidad y el desarrollo de la actividad de la organización atacada. Consecuentemente, los órganos de gobierno de las organizaciones deben reforzar su capacidad de resiliencia al mismo ritmo que lo hace con la ciberseguridad, lo que supone un importante desafío.
 

Objetivos de la concienciación
 

Los pilares fundamentales de la ciberseguridad son las personas, los procesos y los sistemas y tecnologías.
 

En este sentido, el objetivo de la concienciación de las personas no es convertir a los empleados en expertos en seguridad de la información, sino trasladar las mejores prácticas en materia de prevención y protección para que pueda adoptar pautas de comportamiento seguro en los distintos entornos en los que desempeñan su actividad.
 

De esta forma, no solo se mejora la cultura de seguridad de la organización sino que se optimizan los procesos con garantías de protección. Así, se Identificará fácilmente los riesgos y amenazas a los que se está expuesto, así como sus potenciales consecuencias.
 

Igualmente, es objetivo importante conocer cómo actúan los ciberdelincuentes, sus motivaciones y modus operandi para saber aplicar las medidas de seguridad adecuadas y así prevenir la mayoría de los ciberataques.
 

La comunicación de todos los aspectos vinculados con la ciberseguridad de una organización es también objetivo importante.
 

Por último, se deberá mantener siempre actualizados los procesos de control, supervisión e inteligencia, que permitan medir los resultados y desviaciones para mantener un análisis de la información fiable y constante que provenga del funcionamiento y estado de seguridad de todos los procesos derivados de la actividad de la organización.
 

Concienciación e implicación
 

Para conseguir de forma efectiva la concienciación e implicación de todo el personal hay que definir previamente la política de seguridad en la propia estructura de la organización.
 

Para ello, la primera fase para prevenir la materialización del riesgo o cualquier ciberamenaza es identificarlas o conocerlas para establecer las medidas de prevención.
 

Una vez identificados los riesgos y amenazas, estableceremos las medidas de concienciación y prevención que debamos aplicar para minimizar o, en el mejor de los casos, eliminar esas vulnerabilidades, riesgos y amenazas a los que estemos expuestos.
 

En este sentido, la implicación de la alta dirección juega un papel clave para fortalecer el establecimiento de medidas de seguridad.
 

La concienciación es, en cualquier caso, más prioritaria que nunca y requiere poner en marcha iniciativas de sensibilización y capacitación para todo el personal.
 

Seguridad y ciberseguridad
 

Desde hace mucho tiempo, la seguridad ha de establecerse con una visión integral e integrada de la seguridad física y la lógica, para protección de los activos y la información de las organizaciones.
 

Esta integración se debe basar en una sinergia perfecta también entre las operaciones y la seguridad, consiguiendo así que esta última, además de velar y proteger los intereses y activos de la organización, aporte un valor añadido, diferencial y competitivo. Esta circunstancia tan solo es posible cuando por parte de los departamentos y responsables de seguridad se dispone de un profundo conocimiento de la actividad y sus riesgos.
 

Para ello, a la hora de definir un plan de seguridad, previamente se deben identificar y cuantificar los riesgos, amenazas y vulnerabilidades implícitos en la actividad y las personas y bienes o activos a proteger.
 

A continuación, debemos definir las políticas de seguridad necesarias para proteger y prevenir las potenciales consecuencias de los riesgos identificados, y que estas estén en consonancia con la actividad.
 

Por todo ello, las medidas y medios de ciberseguridad ya no son una opción más, han de estar integrados en el Plan de Seguridad para garantizar la salvaguarda de la información y proteger activos intangibles, como la reputación de la organización.
 

En este sentido, el Consejo de Administración debe implicarse y transmitir su compromiso a la Dirección de Seguridad y al resto de los empleados, para minimizar el impacto en su modelo de organización y funcionamiento.
 

Comunicación y formación
 

El escenario de trabajo definido, desde el punto de vista de la seguridad de la información, determinará el perímetro de protección de la organización y convierte a cada empleado en el nuevo entorno de seguridad a proteger y lo convierte en el punto más importante.
 

Por ello, la concienciación e implicación del empleado en la protección de la información que maneja y su comportamiento en el uso de los dispositivos y las tecnologías, requerirá de una especial formación y capacitación que convierte a la ciberseguridad en iniciativas básicas y fundamentales.
 

A través de esta capacitación se detectarán las ventajas y desventajas del medio digital y cómo está evolucionando la prevención y la protección en la organización.
 

Es imprescindible acompañar todas estas políticas de seguridad con medidas y protocolos complementarios, tanto de control, comprobación y seguimiento, como de identificación de nuevos riesgos y amenazas.
 

A modo de conclusiones
 

La labor de concienciación requiere del esfuerzo e implicación de todos en la ciberseguridad ya que tanto los ciudadanos, como las administraciones, organismos y organizaciones empresariales somos responsables del comportamiento en las comunicaciones, por tanto, todas las actuaciones tienen consecuencias directas en el resto de actores que participan y sólo desde el trabajo común y la responsabilidad compartida se podrá garantizar una mayor protección de los medios de gestión y comunicación.
 

La utilización de las nuevas tecnologías y equipamientos en el desempeño de nuestras actividades digitales, unido a la facilidad de acceso a Internet, ha convertido nuestros puestos de trabajo en versátiles, y podemos trabajar desde cualquier parte y comunicarnos en cualquier momento.
 

Esto hace que la concienciación e implicación en materia de seguridad de la información que manejan los empleados, sea la asignatura pendiente en el ámbito de la ciberseguridad, y es el elemento causante de incontables brechas de inseguridad capaces de afectar a organizaciones de cualquier tamaño.
 

En resumen, vamos a redundar sobre los puntos básicos que ha de tener en cuenta cualquier responsable de la seguridad de la información para minimizar el riesgo de inseguridad causada por el factor humano y son los siguientes:
 

- Hemos de establecer políticas de concienciación para facilitar la implicación de las personas en la ciberseguridad.

- Se han de realizar evaluaciones y acciones de concienciación de forma periódica a los empleados para conocer el nivel y cultura de protección de la información que poseen.

- Periódicamente se ha de realizar simulaciones de ataques a la información y datos y analizar los resultados.

- Es fundamental que todos los empleados conozcan la política de seguridad de la organización, y sepan muy bien qué se espera de ellos en términos de protección de la información y datos en línea.

- Se ha de proporcionar a cada empleado los medios y protocolos que sean necesarios para realizar su trabajo y mantener su concienciación e implicación.

- Hay que establecer, y animar a los empleados a utilizar contraseñas seguras, y a cambiarlas con frecuencia, proporcionando las herramientas adecuadas y el control que facilite el cumplimiento de los protocolos para el cambio de éstas.

- Hemos de asegurarnos que los empleados comprendan las consecuencias de las brechas de inseguridad o los ataques de los ciberdelincuentes para conseguir que se incremente su nivel de alerta y la preparación adecuada para identificar cualquier ataque de ingeniería social.
 

En definitiva, hagamos que la concienciación y la implicación en materia de ciberseguridad sea una parte importante de la cultura organizacional, creando retos que visibilicen a los empleados que tienen las mejores prácticas.

Manuel Sánchez Gómez-Merelo
Consultor Internacional de Seguridad
Ex-Coordinador de Seguridad en Instituciones Penitenciarias
 

Las múltiples deficiencias evidenciadas en los sistemas penitenciarios de la región hacen urgente el desarrollo de una amplia reforma penitenciaria que abarque distintos ámbitos.
 

Son imprescindibles y urgentes las reformas de los sistemas penitenciarios, destinando los recursos necesarios para acometer, adecuar y/o construir nuevas cárceles. Este es el verdadero desafío regional: Abordar definitivamente la insuficiencia de infraestructuras, la escasez del presupuesto destinado a resolver o al menos paliar ese abandono, los déficits crónicos en la administración y gestión penitenciaria, la deficiente calidad de los servicios y tratamientos, así como las carencias en los programas para la resocialización y reinserción de los penados.
 

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa que, “los Estados no pueden alegar dificultades económicas para justificar condiciones poco dignas de las personas privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios…” “El Estado tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para proteger la integridad personal de los privados de libertad y abstenerse, bajo cualquier circunstancia, de actuar de manera tal que se vulnere la vida y la integridad de estas”.
 

Las carencias y situaciones actuales son las principales causas que generan el aumento cada vez mayor de la conflictividad y el hacinamiento en la población carcelaria. Sin embargo, hay quienes consideran que el hacinamiento no es una causa, sino más bien una consecuencia de la ineficiente intervención estatal, dado que, en la mayoría de los países de la región, se ha preferido usar medios coercitivos o represivos en vez de educativos.
 

No obstante, si bien las medidas de aseguramiento y tratamiento pueden tomarse como un medio para lograr la resocialización y reinserción social, lo cierto es que hay de dotar de nuevos recursos al Sistema Penitenciario y establecer mecanismos donde prevalezca la garantía de los derechos humanos.
 

Así, el nuevo planteamiento de las Alianzas Público-Privadas (APPs) puede ser el medio idóneo para que el Estado, en colaboración armónica con entidades privadas, desarrolle y organice un nuevo diseño, financiación, gestión y reestructuración del Sistema Penitenciario en los distintos países, con miras a que la población reclusa goce de los derechos constitucionales y, sobre todo, se garantice su seguridad y tratamiento para la reinserción social.
 

En este sentido, tenemos interesantes experiencias internacionales en la implementación de las Asociaciones Público- Privadas en el sector penitenciario para la creación de nuevas cárceles o modernización de las existentes, medida adoptada en varios países para hacer frente a la crisis carcelaria.
 

La incorporación de capital privado y/o gestión colegiada en los nuevos establecimientos penitenciarios puede ayudar a la disminución de la carga Estatal, paliando sus carencias y contribuyendo a una mayor eficacia y eficiencia en la resolución de este grave conflicto.
 

Como demuestra la experiencia de otros países, mejorando el sistema judicial y facilitando unas infraestructuras dignas y suficientes, así como la tecnología de control imprescindible, es posible la creación de un sistema penitenciario que propicie la instauración de un código de conducta correcto, tanto en los funcionarios como en los reclusos (que responderán como personas siempre que sean tratados como tales), permitiendo con ello el cumplimiento del fin último de resocializar y reinsertar al mayor número de reclusos posible, mediante la eliminación de las demoras judiciales, el hacinamiento, la sobrepoblación carcelaria y los nichos internos de delincuencia.
 

Para ello, la construcción de nuevos centros penitenciarios es prioritaria y, como mínimo y mientras tanto, sería imprescindible actualizar las infraestructuras y seguridad de los actuales, mejorando con carácter de urgencia las condiciones laborales del personal y planificando el trabajo con las demás Instituciones implicadas, así como con las instancias judiciales.
 

Todo ello, teniendo en cuenta que no se debe delegar funciones que son intransferibles e inherentemente del Estado.
 

Seguridad penitenciaria
 

En la actualidad, son muchas las amenazas que atentan contra la seguridad del sistema penitenciario y carcelario. Entre ellas, la falta de personal y su adecuada capacitación, que es una de las mayores deficiencias que ponen en peligro y vulneran la propia seguridad, tanto del personal, como de los internos y de las instalaciones.
 

El tema de la seguridad penaliza al sistema, los Gobiernos sólo favorecen medidas represivas porque, es tan negativa la visión sobre quien comete delitos, que nunca se ha tenido una política adecuada de prevención e integración social del penado y sólo entra en programa la represión, cuando una inversión adecuada y a tiempo en la clasificación y tratamiento podría ahorrar muchas vidas e incluso abaratar costes de reinserción.
 

Los objetivos principales de la seguridad en los centros penitenciarios son: impedir que se produzcan fugas de presos o altercados y motines; garantizar la seguridad de los internos e instalaciones; favorecer el objetivo de reinserción social. Se contempla en dos conceptos generales clave: la protección externa, para evitar fugas y agresiones y el control y la vigilancia interna, para evitar incidentes.
 

El planteamiento del sistema de seguridad se ha de hacer de forma integral y debe ser objeto del proyecto la implementación de una plataforma de gestión integral. Esta plataforma permitirá integrar todos los sistemas de control y seguridad tanto del interior (módulos y patios) como del exterior (perímetro y accesos), así como todas las lecturas del sistema de control de accesos (personas y vehículos) y todos metadatos de las cámaras y servidores de inteligencia artificial más avanzados.
 

Conclusiones
 

A modo de resumen puede afirmarse que la política pública penitenciaria en Latinoamérica ha fracasado, dado que no ha podido afrontar con éxito el crecimiento significativo de la población penitenciaria, el modelo actual no ha sido capaz de generar los resultados en recuperación, rehabilitación y resocialización de las personas privadas de la libertad, lo que está directamente relacionado con una inadecuada gestión de seguridad, tratamiento y salud penitenciaria.
 

Prácticamente la totalidad de los establecimientos penitenciarios está en malas condiciones o con infraestructuras obsoletas, situación que ha llevado a la imposibilidad de la ejecución y el desarrollo de los “planes” y “programas” de seguridad en el tratamiento penitenciario.
 

En la práctica, como lo demuestra la información empírica, no se está cumpliendo con la gestión de seguridad, tratamiento y salud penitenciaria, a pesar de la obligación legal, y lo estipulado en los manuales operativos. La gestión de las autoridades de los establecimientos penitenciarios se ha centrado principalmente en la custodia y represión de las personas privadas de la libertad.
 

En general, la percepción de los funcionarios sobre el modelo del sistema penitenciario vigente ha fracasado, al no centrar su gestión en la seguridad y tratamiento para la reinserción, así como carecer de los recursos presupuestarios que permitan el seguimiento de los resultados.
 

Además de construir más recintos carcelarios, urge reestructurar el régimen penitenciario y establecer políticas de tolerancia cero, para avanzar con una verdadera política de Estado que se haga cargo de la situación de los penados de cara a su reinserción y resocialización, tanto dentro, como cuando dejan los recintos penitenciarios.
 

El nuevo modelo de gestión penitenciaria debe contemplar y enfocar su gestión en la seguridad, el tratamiento y la salud de la población penitenciaria, centrándose en:
 

• Reformar la inoperativa política judicial imperante, con un menor uso de la prisión preventiva.
• Atender a la formación integral y especializada del personal penitenciario.
• Establecer una política penitenciaria que se enmarque dentro de una Estrategia de Reinserción Social.
• Considerar las alianzas público-privadas que pueden ser el medio idóneo para que el Estado ejecute sus planes de desarrollo, facilitando la administración, el financiamiento, la gestión y la reestructuración de un Sistema Nacional Penitenciario verdaderamente eficiente.
   

La creación de nuevas cárceles o modernización de las existentes es solo parte de las medidas que deben adoptarse en los distintos países de la región para hacer frente a la larga crisis penitenciaria.

Manuel Sánchez Gómez-Merelo
Consultor Internacional de Seguridad
Ex-Coordinador de Seguridad en Instituciones Penitenciarias
 

Esta situación de inseguridad revoluciona Latinoamérica y no tiende a mejorar en casi ningún país dada la reducida inversión pública y las casi nulas políticas de reinserción para los reclusos. Se mira para otro lado y se asume, con un alto coste, los siniestros provocados por esas difíciles e insalubres condiciones de vida, que conducen inevitablemente al deterioro de la convivencia, la violencia, la propia corrupción funcionarial y la frustración de la sociedad.
 

Las cárceles están saturadas
 

Periódicamente, la ONU denuncia la sobrepoblación en las cárceles latinoamericanas y alerta de la grave situación. La crisis en las cárceles es estructural. Son una muestra de la impunidad, corrupción e ineficiencia del sistema penitenciario, incluso del judicial.
 

En general, todo el sistema penitenciario de la región vive en el omnipresente problema del hacinamiento y el de la falta de inversión, que facilita la presencia de organizaciones criminales que imponen su ley en cárceles deterioradas, insalubres y con funcionarios frecuentemente corruptos.
 

En la actualidad, de media, las cárceles albergan casi 40 por ciento más de reclusos de lo que deberían y, en muchos casos, se llega hasta el 300 por ciento, lo que facilita las tragedias acaecidas y pronostica otras, difíciles de evitar si no se aborda seriamente la problemática largamente denunciada.
 

Desde México a Argentina, el hacinamiento, que acaba desembocando en motines e importantes conflictos, es moneda de cambio en todo el continente. La situación en los penales es gravísima pues, buena parte de los establecimientos penitenciarios existentes, vienen del siglo pasado.
 

Cada país tiene sus particularidades pero, a las pésimas condiciones de vida, hay que sumar el abuso de la detención preventiva, la falta de salubridad y atención médica, la insuficiente alimentación, la ausencia de políticas de rehabilitación y de reinserción, la corrupción y los escasos e inadecuados recursos humanos.
 

Las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran las cárceles latinoamericanas propician el que se sigan reproduciendo organizaciones delictivas en el interior, que se produzcan conflictos entre bandas rivales, que haya mafias y jerarquías entre los presos, sumado a la carencia de espacios adecuados para albergar a aquellos de mayor peligrosidad.
 

Así, el hacinamiento, las peleas entre bandas, la corrupción, los motines, fugas, etc. han dado lugar a la terrible cifra de más de 2.000 internos muertos en siniestros ocurridos en las cárceles de Latinoamérica en los últimos 2 años.
 

Delincuencia y corrupción
 

El descuido y abandono en las cárceles fomenta la inseguridad en toda Latinoamérica. Las carencias de personal, tecnología y obsoleta arquitectura facilitan la acción de criminales y mafias.
 

Si para nadie es desconocida la crisis carcelaria de Latinoamérica, tampoco lo es su vínculo con los más de 40 años de guerra contra el narcotráfico. En este sentido, el creciente número de presos es directamente proporcional al peso que se asigna al combate contra las drogas.
 

Pero, hay más, dentro de los propios centros penitenciarios, existen: extorsiones, corrupción, prostitución, drogas, mercados ilegales, mafias, intimidación, sicarios, robos, asesinatos, secuestros e intimidación, porque se han convertido en lugares en los que los cárteles de la droga y las bandas criminales realizan grandes negocios y delinquen con muy pocos límites, tanto fuera como dentro de los centros penitenciarios.
 

El narcotráfico en toda la región ha llenado las cárceles en las últimas tres décadas, convirtiendo al hacinamiento y a la violencia en un mal menor y común de las cárceles de Latinoamérica, según confirman también muchos analistas.
 

La corrupción en las cárceles latinoamericanas es deplorable y grave. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos critica el deterioro y abandono de los centros penitenciarios, y señala que, en muchos casos, la corrupción permite que los funcionarios dejen entrar habitualmente en los propios recintos armas, drogas y teléfonos móviles. Así, el crimen organizado controla y se encuentra permanentemente conectado con el exterior, donde continúan sus actividades delictivas.
 

Derechos Humanos
 

La situación actual presenta un negro panorama en las cárceles Latinoamericanas, según la organización Human Rights Watch (HRW) que recientemente señaló que, en la actualidad, hay un problema generalizado de abandono, brutalidad policial y hacinamiento carcelario, según el informe anual presentado en Washington.
 

El incremento de la población penal, la falta de presupuesto o la mala administración, entre otros aspectos, ha desembocado en que el sistema penitenciario en Latinoamérica sea un sistema fallido o descontrolado.
 

Los protocolos de emergencia en las cárceles son problema común para los gobiernos latinoamericanos, y se han institucionalizado como verdaderos sistemas del delito controlados por los propios internos.
 

Actualmente, existen desafíos importantes en los sistemas penitenciarios de Latinoamérica, desde el planteamiento de nuevas normativas y estructuras organizacionales hasta las propias condiciones de vida dentro de las prisiones, lo que hace necesario atender un gran número de factores para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
 

Por otro lado, carecen de soluciones alternativas al encarcelamiento, como la libertad vigilada para autores de delitos menos graves o no violentos, trabajos comunitarios o la disposición de brazaletes electrónicos de control.
 

Con todo ello, la realidad es que en Latinoamérica los detenidos no van a la cárcel sino al infierno, a esos recintos hacinados y obsoletos donde se juntan los delincuentes confesos con los que cumplen su aún inexistente condena en régimen preventivo, además de las víctimas de la obsoleta legislación, que hace que todas las leyes deriven en el derecho penal, criminalizando conductas que no revisten auténtica gravedad.
 

Clasificación y tratamiento
 

La base del sistema y ordenamiento penitenciario se fundamenta en la clasificación y tratamiento de los internos con los siguientes principios generales:
 

• Intervención de equipos multidisciplinares, que atiendan las diferentes variables desencadenantes de la conducta desadaptada.
• Intervención continua y programada que establezca las fases y pautas de cambios de conducta individual y su evolución.
• Diseño de programas formativos orientados a desarrollar las aptitudes de los internos, enriquecer sus conocimientos y mejorar sus capacidades técnicas o profesionales.
• Potenciar y facilitar los contactos del interno con el exterior colaborando con los recursos de la comunidad como instrumentos fundamentales en los programas de reinserción.
   

Igualmente y como objetivos específicos del tratamiento podríamos señalar los siguientes:
 

• Garantía del sistema en el cumplimiento de la pena respetando los derechos y haciéndoles cumplir sus deberes.
• Disminución de la conflictividad interna (seguridad y disciplina) a través de la clasificación y separación entre módulos para lograr una convivencia ordenada y segura.
• Ocupación de los internos la mayor parte del tiempo posible a través de asistencia a cursos, talleres, deportes y otras actividades de tipo recreativo y cultural.
• Formación académica con el desarrollo de programas básicos y de especialización de educación.
• Formación laboral con el desarrollo de programas y establecimiento de talleres de trabajo ocupacional, incluso remunerado.
• Creación y mantenimiento de hábitos de autocuidado, conservación y mantenimiento de las dependencias y sus instalaciones.
   

Reinserción y resocialización
 

Uno de los factores que impide la reinserción real de los penados es la falta de oportunidades y los escasos programas que existen para la rehabilitación social. Hay que considerar que muchos internos no tienen la educación básica ni media completa, por lo que establecer convenios con instituciones públicas y/o privadas para propiciar la educación, o que se les propicie algún oficio o especialización es de vital importancia.
 

Las experiencias con internos que han culminado sus estudios en la cárcel son muy positivas aunque, lamentablemente, en Latinoamérica, lo son con porcentajes bastante bajos.
 

Las instalaciones penitenciarias en Latinoamérica están lejos de lograr la reinserción y resocialización de los penados pues en la región sólo se atiende la coyuntura urgente, es decir, se gestiona los problemas e incidentes que ya son graves en lugar de resolverlos cuando apuntan a un deterioro evitable y a un necesario cambio del sistema.
 

Por otro lado, llama la atención la falta no solo de recursos e inversión, sino también de personal, además de su escasa cualificación para hacerse cargo del tratamiento de los reclusos o tener capacidad de reacción cuando se desatan los incidentes y, sobre todo, en caso de especial gravedad.
 

En varios países latinoamericanos se está formando y capacitando más al personal de centros penitenciarios, pero también hay que aumentarles los salarios y valorar el hecho de que su profesionalidad redundará en la mejora de un servicio social muy importante.
 

La cultura de prevención, así como la implementación de nuevos programas de reinserción en los penales son temas prioritarios y debe de ser tarea y responsabilidad de todas las partes implicadas.