Economía y seguridad… todos a la cárcel
En “Todos a la Cárcel” la trama principal se centraba en un festejo preparado por Quintanilla, un hombre astuto y especializado en organizar este tipo de eventos colectivos y bulliciosos. Era un acto más bien político y clientelista, al que acudían las autoridades más representativas de la región, junto a otras personalidades del mundo de la cultura, las finanzas o el poder eclesiástico.
Tras muchas y complejas vicisitudes, el guión iba entretejiendo una serie de intervenciones y sucesos que desencadenaban un peculiar motín, concluyendo con la huida de Tornicelli, el director de la prisión y su joven amante transexual.
Hoy nos ocupan muy serias cosas: La desigualdad, la dependencia, el paro, las pensiones, los fanatismos patrioteros… Nos duele el dolor de quienes no merecen ser despojados, y vamos camino de organizar una manifestación con recogida de firmas y mítines enardecidos, acompañados de todos aquellos mayores necesitados a los que el Gobierno les niega o retrasa su imprescindible dignidad y residencia. ¿Qué nos aconsejaría hacer el guión del genial Berlanga?
Pues con el conocimiento de causa que los datos aportan, y aprendiendo de la experiencia que esa peli resume, podríamos buscar atajos fáciles, conclusivos y rápidos, que dieran soluciones eficientes a problemas difíciles.
Nuevo Plan de “Todos a la Cárcel”
Con esta adaptación del guión mencionado, a todo ciudadano de más de 65 años se le entregaría una pistola con seis balas (no necesariamente de verdad), y se le permitiría disparar a cuatro políticos, lo que no implicaría que tuviera que matarlos, habida cuenta de que en ningún caso, habría que desperdiciar mucha munición, ya que siempre está cara, aunque sea de goma.
Obviamente, con este tipo de “presunto atentado” el necesitado ejecutor terminaría en prisión, donde, como cualquier “delincuente”, tendría como dotación residencial –según el Régimen Penitenciario español (uno de los más progresistas de mundo)- una celda individual, en régimen de pensión completa: tres comidas al día, calefacción central, derecho de “vis a vis” una vez a la semana, televisión, ocio con instalaciones impresionantes, como piscina climatizada, biblioteca, aulas de informática y música, e incluso, un frontón, y todos los cuidados médicos y revisiones que requiera, incluido hasta un trasplante -caso de necesitarlo-, así como una amplia oferta de actividades deportivas y trabajo remunerado, además de una formación, incluso universitaria, si así lo solicita… Vamos, mejor que cuando trabajaban.
Es decir, todo cubierto sin más solicitud, añadiendo el hecho de que su familia podría visitarle tan a menudo como lo hace ahora o más.
¿Y quién pagaría todo ésto? El mismo Gobierno que le dijo que no se podía permitir ofrecerle una residencia después de haber cotizado y pagado impuestos por algunas decenas de años contando, además, que, ahora, estas personas “delincuentes jubilados” (más jubilados que delincuentes) no tendrían que pagar impuestos, por estar en un Centro Penitenciario.
Así que… todos a la cárcel, por el módico precio de atreverse a cometer un delito, que hay sitio para todos y, si no, se construirán más cárceles de lujo, sin necesidad de programas sociales o debates políticos que los aprueben, porque estarán en los Presupuestos del Estado.
Todo indica que el movimiento ha empezado ya pues nuestra población penitenciaria es un 32 por ciento superior al promedio europeo, pese a que los crímenes están un 27 por ciento por debajo.
Datos del año 2018 dicen que el Estado gasta más en el mantenimiento de un interno que en la prestación por desempleo de un padre con un hijo, cuyo máximo está en 1.242 euros. El coste de un interno en prisión está "entre 60 y 65 euros al día, unos 1.800 euros al mes, y en torno a 21.600 euros al año, si se tienen en cuenta todos los gastos que conlleva una prisión", según explicaba Francisco Llamazares, presidente de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones. Y eso que el coste diario por preso se redujo a la mitad durante la crisis: de 138,66 euros en 2010 pasó a 59,72 euros en 2015, y la densidad carcelaria también se ha reducido, o sea, que puede mejorar y hay sitio para muchos.
Pues lo dicho (y válgame la imprescindible ironía, dada la imposibilidad de comparar magnitudes): jubilados, desatendidos, marginados, despreciados, necesitados…“todos a la cárcel”.
