“El ataque es una violación directa de la libertad de expresión”

Todos coinciden en la gravedad de la agresión informática al diario y en la responsabilidad del Estado en investigarla. Para la CIDH, el caso “entra en la categoría de agresiones que suprimen el flujo de información”.

Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, condenó los ataques informáticos sufridos por este diario y afirmó que “el bloqueo de la página de un medio digital como Página/12 en forma reiterada es una práctica que entra en la categoría de agresiones y que suprime el libre flujo informativo”. El abogado y comunicador uruguayo dijo además que “los organismos de seguridad tienen que prestar especial atención a los ataques contra los medios de comunicación por el especial papel que desempeñan, e investigar las agresiones contra ellos siguiendo la línea lógica de que tendrían que ver con el ejercicio del periodismo” y subrayó que “todo ataque contra un medio de comunicación o sus periodistas debe ser condenado”.

Investigadores, docentes y académicos de la comunicación se pronunciaron de manera coincidente al señalar que los ataques informáticos sufridos por Página/12 en los últimos días configuran un atentado a la libertad de expresión y al derecho a la comunicación que debe ser garantizado por el Estado. “El protagonismo que ha asumido la comunicación a través de todo tipo de entornos digitales hace imprescindible su ubicación como una herramienta para el ejercicio de la libertad de expresión. En tal sentido, el ataque informático sufrido por el sitio web del diario Página/12 resulta de una gravedad inusitada y se encuadra claramente en una violación a la garantía de libertad de expresión contemplada por la ley argentina”, afirmó el docente e investigador Diego de Charras, director de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA.

María Cristina Mata, directora de la Especialización en Gestión y Producción de Medios Audiovisuales del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, dijo al respecto que “ante los reiterados ataques que viene sufriendo Página/12, desde nuestro lugar académico del campo de la comunicación y como vieja trabajadora por los derechos a la comunicación, experimento un sentimiento que transformo en una actitud indeclinable. Siento indignación y la necesidad de manifestar esa indignación”. Y “porque a veces el sentido de las palabras se va perdiendo –dijo– quiero recordar que estar indignado es experimentar un enojo profundo ante actos injustos, ofensivos o perjudiciales. Y eso es justamente lo que esos ataques implican. Una ofensa al derecho de todos quienes en nuestro país y fuera de él confían en la mirada que los periodistas de Página/12 producen cotidianamente sobre nuestra realidad: una mirada que revela lo que en otros medios no se deja intencionalmente ver”.

Damián Loreti, doctor en comunicación, sostuvo que “el Estado es el garante del cumplimiento de los estándares de ejercicio de los derechos humanos, entre ellos el de libertad de expresión que incluye la libre expresión por Internet en la medida en que no hay distinción de soportes de acuerdo al artículo 13 de la Convención Americana”. El abogado y docente de la UBA, uno de los principales redactores de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, agregó que “aun cuando un actor no estatal está limitando el acceso a contenidos de modo delictivo, el Estado está obligado a que ello no ocurra de acuerdo al artículo 13.3 in fine de la Convención porque estamos frente a un obstáculo a la libre circulación de informaciones y opiniones”. Sostuvo además que “no sólo el diario como empresa se ve afectado, sino también sus trabajadores y lectores, quienes ven vulnerados sus derechos”.

Para la doctora Sandra Massoni, investigadora de la Universidad Nacional de Rosario, “no hay democracia sin libertad de expresión, porque la misma resulta una condición vital para el sistema”. Para Massoni la libertad de expresión “tiene que ser defendida por las instituciones y por los ciudadanos de bien como un requisito indispensable de nuestro derecho a la comunicación que debe ser garantizado hoy y siempre”.

Glenn Postolski, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, opinó respecto de los ataques Página/12, que “sin duda se trata de un mecanismo de censura al obturar el derecho de acceso a la información”. Y agregó que los hechos ocurren “dentro de un contexto complejo en el plano comunicacional donde vía decreto presidencial se condiciona la vigencia de dos leyes como la LSCA y la de Argentina Digital, además de diversas presiones sobre funcionarios y periodistas por el sólo hecho de pensar diferente”. Según Postolski, también docente e investigador de la comunicación, “es un difícil inicio de una gestión que pregonaba entre sus principios la libertad de expresión, la defensa de la república y la pluralidad de ideas” porque “mirado desde una perspectiva histórica no difiere de otros momentos de restauración conservadora donde se pretendía retrotraer los derechos conquistados por el pueblo”.

Para Alejandro Kaufman, docente e investigador de la comunicación “la conquista de derechos no se limita al logro, a su adquisición, ni siquiera a su sostenimiento mediante la perseverante defensa de lo conseguido. Hace falta además el consentimiento de aquellos a quienes fueron arrancados esos derechos, con mayor o menor esfuerzo, con mayor o menor alegría o resignación, de uno y otro lado. Es el consentimiento que nuestra sociedad ha logrado contra el terrorismo de Estado y las interrupciones golpistas de la institucionalidad democrática. Ni aun así la irreversibilidad es una ley física ni nada que pueda darse por sentado de manera incondicional”. Y agrega que “el ataque informático contra la presencia cotidiana de Página/12 en Internet es en extremo preocupante: se extendió durante varios días, lo hizo en un momento oportuno para quien se ampara en las sombras del anonimato porque aprovechó el pasaje entre un gobierno y otro, y entonces consiguió de hecho una escasa repercusión antagonista hacia una agresión gravísima contra los derechos civiles. Aprovechó también la relativa anomia que atañe a los espacios virtuales, ese Far West que todavía acompaña tanto progresismo tecnofílico con peligros inadvertidos al enmascararse con el utopismo que la virtualidad encarna”. Y tras señalar que el ataque “tiene que cesar definitivamente y tiene que ser investigado”, agrega también que “tiene que servir de advertencia sobre lo que puede suceder con el gas que se desliza de los globos de colores”.

De Charras agregó además que “de acuerdo a la Ley 26.032 del año 2005 en nuestro país la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole, a través del servicio de Internet, este se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión, principio reafirmado por la Corte Suprema de Justicia en fallos relativamente recientes como ‘Sujarchuk’ o ‘Belén Rodríguez’, en los que se sostiene la irrelevancia de diferenciar soportes cuando de tutelar la libertad de difundir y recibir informaciones se trata”. El director de la Carrera de Comunicación de la UBA fue enfático al señalar que “el ataque ha configurado una restricción total de acceso a los lectores y una vulneración clara del derecho, por lo que hoy estamos lisa y llanamente ante un ataque a la libertad de expresión, por ende, a la sociedad democrática y las voces de repudio deberían ser estruendosas”.

Para. Alejandra Cebrelli investigadora de la Universidad Nacional de Salta, “el 10 de diciembre de 2015 marca un cierre pero también un inicio. En ese momento, nuestro país ingresó en la ‘revolución del amor y de la alegría’”. Pero, “paradójicamente, en los días previos se comenzó a vivir una realidad donde las amenazas a la legalidad y a los derechos de ciudadanía se vuelven moneda corriente porque en especial, se lesionan aquellos relacionados con el derecho a la comunicación y a la información, estrechamente ligados a la libertad de expresión que en nuestro país están garantizados por la Constitución y por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El allanamiento al Afsca realizado el día 4 y el ataque del 8 al sitio web de Página/12 que se mantiene hasta hoy constituyen dos hitos inusitados en la historia reciente de la democracia argentina. El bloqueo al diario más comprometido con los derechos humanos no parece una casualidad en este contexto”.

El también salteño Víctor Arancibia, doctor en Comunicación, advierte que “en el momento preciso de un cambio de gobierno, la ‘caída’ de la página del diario debe ponernos en alerta máxima. Fundamentalmente porque no es un ataque solamente a la circulación momentánea del diario por la red, sino que es el silenciamiento de una ciudadanía que co-produce su pensamiento democrático en las páginas de este medio. La gravedad está dada porque lesiona derechos humanos básicos como la libertad de recibir y producir información llegando incluso a vulnerar la posibilidad básica de pensar colectivamente. Las violación a la página web del diario no es sólo un hecho que lesiona el campo de la comunicación (lo cual es un hecho muy grave en sí mismo) sino que ataca la posibilidad del ejercicio de una ciudadanía plena. Sin ella, lo que está en peligro básicamente es la vida democrática que nos costó tanto construir y sostener durante estos treinta y dos años”.

Para María C. Mata la “ofensa que se hace a Página/12 perjudica la necesaria pluralidad que un sistema democrático requiere, para que puedan expresarse no sólo diferentes voces sino, en especial, para que los conflictos existentes no se diluyan ante una interesada y tramposa idea de convivencia armoniosa. No existe armonía cuando se atacan las palabras que no agradan y cuando desde el poder se pretende ignorar esos ataques”. Para la investigadora cordobesa “estamos ante un claro acto de injusticia ante el cual la conciencia democrática no puede permanecer acallada. Nuestro compromiso hoy, y en el futuro, para que Página/12 y cualquier otro medio que sea censurado y/o atacado, encuentre la solidaridad y el respaldo de quienes desde 1983 hemos trabajado por una sociedad que pueda expresarse libremente”, finalizó diciendo.



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