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Aunque en España existe todavía una gran incultura en materia de Seguridad Privada y sigue siendo una asignatura pendiente para el Estado y el sector poner en valor todo lo que esta aporta a la mejora y eficacia de la seguridad para la sociedad, la Seguridad Privada es, en general, un bien apreciado ya por el ciudadano.
Deberemos acostumbrarnos a la presencia de empresas de seguridad privada en el día a día de nuestras vidas porque tienen una misión incuestionable que cumplir, más allá de los trasnochados criterios de pensar que es pura privatización de la Seguridad Pública.
España y su estado del bienestar maltratado tienen en la seguridad una dualidad pública/privada que ha de aclarar y consolidar ante la sociedad.
En este sentido, tenemos ante nosotros una nueva Ley de Seguridad Privada, la 5/2014, que viene a sustituir a la ya superada Ley 23/92, lo que representa una puesta al día imprescindible, un reconocimiento necesario de la aportación privada y el incremento de su colaboración, con un verdadero paso desde el control al aprovechamiento de los recursos privados en lo público.
“La nueva Ley representa un tratamiento total y sistemático de la seguridad privada en su conjunto, que pretende abarcar toda la realidad del sector existente en España, al tiempo que lo prepara para el futuro…” con mecanismos legales para aprovechar sus recursos y controlar sus incumplimientos o las potenciales violaciones de los derechos ciudadanos de forma efectiva.
Una nueva ley que presenta nuevas oportunidades ante una especial demanda para la contratación de servicios de seguridad privada en los sectores estratégicos definidos en la Ley 8/2011 de Protección de Infraestructuras Críticas, donde las empresas de seguridad privada deberán contar, con carácter previo a la prestación de sus servicios, con una certificación emitida por una entidad acreditada que garantice, como mínimo, el cumplimiento de la normativa administrativa, laboral, de Seguridad Social y tributaria que les sea de aplicación.
Una nueva ley que tiene entre otros objetivos, obtener, de un modelo legal de seguridad privada ya consolidado y maduro, la máxima eficacia y eficiencia en beneficio de la seguridad común, así como regular la coordinación y la colaboración entre la seguridad pública y la seguridad privada, incidiendo en su complementariedad y acentuando al máximo los elementos diferenciales para esa colaboración.
Una nueva ley que está constituida fundamentalmente por siete títulos: Disposiciones generales, Coordinación, Empresas y despachos, Personal de Seguridad Privada, Servicios y Medidas de Seguridad, Control Administrativo y Régimen Sancionador, y que se desarrolla en 13 Capítulos y 72 Artículos. Se completa con las Disposiciones Adicionales, Transitorias, Derogatoria y Finales.
Una nueva ley de la que me parece importante destacar los aspectos y las condiciones siguientes:
Disposiciones Generales
En estas Disposiciones Generales, desarrolladas en 13 Artículos, se estructura principalmente el modelo de seguridad privada donde se pasa de un tratamiento normativo parcial, a una ley generalista, reguladora de la totalidad de materias que configuran el sector de la seguridad privada.
Igualmente se fija el ámbito material y la finalidad a la que sirve la propia seguridad privada, y se definen conceptos jurídicos antes imprecisos o indeterminados, como por ejemplo los del personal acreditado. También se regula las llamadas actividades compatibles y se completa y perfila mejor las actividades de la propia seguridad privada.
Por primera vez se reconoce a los operadores de seguridad como personal acreditado.
Por otro lado, la seguridad de la información y las comunicaciones aparece definitivamente determinada como actividad compatible, decisión muy loable pero no exenta de complicación para el sector.
Y, finalmente, cabe destacar la liberalización de la actividad de planificación, consultoría y asesoramiento, que pasa a considerarse como actividad igualmente compatible, aspecto este que puede presentar aspectos negativos en su desarrollo habitual.
Titulo I. Coordinación
En este apartado, desarrollado en 3 Artículos, cabe destacar la especial determinación de las ideas fundamentales de la ley, como son la coordinación y la colaboración entre la seguridad pública y la seguridad privada.
También se pasa de subrayar el concepto de subordinación, a desarrollar más eficazmente el principio de complementariedad a través de otros conceptos como son el de cooperación o de corresponsabilidad, donde trasciende el nivel bidireccional de intercambio de la información así como se contempla la existencia de órganos de colaboración y encuentro.
Igualmente, destaca que: “Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán facilitar al personal de seguridad privada en el ejercicio de sus funciones, informaciones que faciliten su evaluación de riesgos y consiguiente implementación de medidas de protección”.
Título II. Empresas de seguridad y despachos de detectives privados
Apartado desarrollado en 9 Artículos, donde cabe destacar que se unifica y establece un nuevo Registro Nacional de Seguridad Privada.
Del mismo modo, es de subrayar el hecho de que se sustituye el sistema más gravoso de la autorización administrativa por el de la declaración responsable para centros de formación, despachos de detectives privados y empresas de instalación y mantenimiento.
Título III. Personal de seguridad privada
Este apartado (desarrollado en 12 Artículos) hay que destacar que amplia el actual sistema de acceso profesional y da cabida a otras posibilidades de acceso a la formación mediante el sistema que determine el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, al contemplarse la posibilidad de una formación profesional reglada o de grado universitario para el acceso a diferentes categorías o profesiones de seguridad privada, o de los correspondientes certificados de profesionalidad del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Igualmente, es de subrayar el que se ofrece protección jurídica análoga a la de agentes de la autoridad para el personal de seguridad privada frente a las agresiones o desobediencias de que pueden ser objeto cuando desarrollen actividades de seguridad privada en cooperación o bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Título IV. Servicios y medidas de seguridad
En este apartado, desarrollado en 15 Artículos, hay que mencionar que se especifica la forma de prestación de los servicios de seguridad y se hace ampliación del catalogo de estos en aras a una mayor participación del sector hacia una seguridad más completa y única.
Destacar igualmente que se regulan los servicios de videovigilancia y de investigación privada, así como se regula por primera vez a nivel de legislación, las medidas de seguridad y se introduce el sistema de normalización y certificación.
Por otro lado, cabe destacar otra importante novedad y es que capacita al Gobierno para obligar a los organizadores de eventos a contratar seguridad privada.
En este mismo sentido, de ampliación del catálogo de servicios, se abren nuevas líneas de actividad como la prestación de servicios en áreas o recintos exteriores de los Centros Penitenciarios; la participación en la prestación de servicios encomendados por y a la seguridad pública; la vigilancia en los espacios de uso común de urbanizaciones y polígonos industriales; y la participación en materias propias de la Protección Civil, entre otros.
Título V. Control administrativo
Desarrollado en 3 Artículos, en este apartado se determina las actuaciones de control e inspección, así como las medidas provisionales anteriores al procedimiento.
Título VI. Régimen sancionador
Con independencia de que en este apartado, el más amplio de la ley, desarrollado en 17 Artículos, se actualiza, se perfecciona, se amplia y se separa las infracciones, respecto a la Ley 23/92, hay que destacar especialmente que se hace hincapié en la regulación de aquellas conductas infractoras con el objeto de evitar el intrusismo de las empresas de seguridad, el personal no habilitado, las empresas de servicios que desarrollen actividades de seguridad o los usuarios.
Hacia una Seguridad Única
Con esta nueva Ley 5/2014 de Seguridad Privada estamos ante la oportunidad de seguir la senda y conseguir una Seguridad Única, Pública y Privada, Integral e Integrada, Profesional y Especializada.
Una Seguridad Integral con la Convergencia de las Seguridades y una Seguridad Integrada por la física y la lógica.
Todo ello, con el objetivo de realizar una Gestión integrada de Riesgos, Amenazas y Vulnerabilidades.
Esto implica especialmente trabajar por la optimización del gasto y el adecuado dimensionamiento de las inversiones en materia de seguridad, a la búsqueda de una eficacia proporcionada con el reto de realizar mucho más con menos… y mejor para la seguridad humana y ciudadana.
Para unos ciudadanos de los que no debemos olvidar que lo que más les importa es la percepción, esa sensación de seguridad que, en definitiva, pone en valor los trabajos y esfuerzos que el poder legislativo y ejecutivo vienen realizando no sin una especial participación de los profesionales (públicos y privados), verdaderos protagonistas de lo que se consigue.
Y si de esos protagonistas hablamos, integrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los responsables y directores de seguridad en entidades públicas y privadas y las empresas de seguridad y sus profesionales son los que constituyen esa verdadera y única seguridad para los ciudadanos.
Unos colectivos profesionales inmersos todos ellos en dar la respuesta eficaz a esos nuevos retos y demandas de la seguridad en todos sus ámbitos, ante una, sin duda, inseguridad globalizada que ha generado un espacio más grande y unos tiempos más breves para la lucha contra todo tipo de riesgos y amenazas.
Pero, para todo ello, precisamos de una mayor profesionalización del sector, de las empresas de seguridad implicadas con una dirección comprometida, con profesionales capacitados y motivados para los nuevos retos, demandas y oportunidades.
Por tanto, estamos ante el reto de renovación empresarial del sector de la seguridad privada, donde la situación se agrava por la suma de múltiples aspectos y dejaciones empresariales, principalmente desde que comienza la crisis económica europea y, particularmente, la española.
Un sector que viviendo en tiempos revueltos y desordenados precisa de una mayor convergencia y consenso entre las empresas y los profesionales, inmersos las primeras en la lícita búsqueda de la rentabilidad económica y los segundos en una mayor y mejor eficacia ante los nuevos retos.
Y un sector hay que decir también que, principalmente, amenazado y afectado por una pérdida de actividad, ha reducido la necesaria defensa de los nuevos sistemas tecnológicos y la calidad de los servicios.
Ahora, con las oportunidades que ofrece la nueva Ley 5/2014, el reto más importante para la Seguridad Privada está en poner en valor su amplia y especial participación profesional en el entramado de la seguridad en general, incrementar su aportación a la cultura de seguridad y, más que nunca, poner a disposición pública y privada sus conocimientos, medios y experiencias para hacer ese más con menos, de acuerdo con la exigida eficacia.
En este sentido, es sin duda necesaria la especialización empresarial y profesional mediante la colaboración Academia–Empresa con una Formación Especializada que tendrá como resultado esa promoción profesional que hasta ahora se echa especialmente en falta.
Componente igualmente imprescindible seguirá siendo el desarrollo y cumplimiento de la normativa europea, el desarrollo de los programas de certificación de productos, empresas y profesionales, así como la implantación de nuevos procedimientos y protocolos de actuación. Todo ello bajo un programa de control para su cumplimiento.
Capítulo aparte requiere el tratamiento de las nuevas oportunidades para el sector de la seguridad privada, sus empresas y profesionales, surgidas de la aprobación de la Ley 8/2011 de Protección de Infraestructuras Críticas cuyo desarrollo e implementación requiere de una respuesta especializada y personalizada para todas y cada una de las infraestructuras y sus operadores, con un planteamiento de Seguridad Global y un desarrollo muy especial de la Ciberseguridad.
Todo ello, sin duda, presenta nuevos retos y oportunidades para el desarrollo empresarial y la especialización profesional que redundará en el incremento de las Seguridades.
Finalmente, en esta crónica de una ley anunciada se acaba lo malo: un largo periodo de una ley reconocida como “claramente insuficiente” y, ahora, viene lo peor o lo mejor: su desarrollo reglamentario donde, siendo positivos, hay que destacar la especial predisposición del Ministerio del Interior para ello, principalmente en colaboración y a través de la Comisión Nacional de Seguridad Privada, siendo esperable el adecuado y mejor reglamento que al país y a la sociedad le corresponden.
A modo de conclusiones
La nueva Ley 5/2014 es una oportunidad para la renovación de la seguridad privada y un paso hacia la seguridad única (pública y privada), al igual que supone un reto hacia la convergencia, así como una exigencia hacia la eficacia a través de una irreversible profesionalización y una mayor especialización empresarial, todo ello, sobre la base de una normativa europea avanzada que, sin duda, respalda un programa para su certificación.
Uno de los retos y oportunidades más importantes corresponderá a la respuesta de seguridad en las Infraestructuras Críticas y Estratégicas, en cumplimiento de la Ley 8/2011.
Los sistemas penitenciarios, las instalaciones de las cárceles en Latinoamérica están muy lejos de lograr el objetivo de la regeneración de los delincuentes y su reinserción en la sociedad.
En toda la Región, en el mejor de los casos, se administran los problemas en lugar de resolverlos.
De México a Argentina las dificultades desbordan su administración, ya sea por la falta de planificación, obsolescencia de los sistemas, incongruencia en los procesos penitenciarios y de la justicia penal o por escasez y antigüedad de las infraestructuras penitenciarias y de los recursos de control y gestión.
A toda esta problemática viene a sumarse y rematarlo la sobrepoblación, pues la capacidad instalada en el sistema penitenciario de la región es de aproximadamente 960.000 plazas, mientras la población es de casi 1.400.000 internos, lo que implica que se han rebasado los espacios en más de 42 por ciento (la media internacional es 21 por ciento).
Los resultados que se hicieron públicos el año pasado ya ponían de relieve los graves problemas y las precarias situaciones en las prisiones que existen en todos los países de la Región.
Problemática que, principalmente, tiene como base las elevadas tasas de hacinamiento, resaltando: el casi 400 por cien de hacinamiento en Venezuela; el 235 en Bolivia, el 180 en Brasil; el 154 en Colombia; el 170 en Ecuador; el 300 en El Salvador; el 156 en Honduras; el 135 en México; el 123 en Perú; el 130 en Costa Rica; el 150 en Panamá; el 123 en Chile; el 121 en Argentina; y el 131 por ciento en Uruguay.
Igualmente, destacan otros aspectos muy generalizados como son la existencia de autogobierno en muchas cárceles a través de grupos organizados o mafias, así como esquemas de seguridad frágiles, producto de la debilidad institucional o de procesos con elevados niveles de corrupción que generan gran preocupación y situaciones de inseguridad y angustia a los internos.
En este sentido, las condiciones de hacinamiento de reclusión actuales, en muchos casos, hacen imposible garantizar simplemente los derechos humanos de los internos, ya sea por la situación de inhabitabilidad que define a gran parte de los establecimientos de la Región, o bien por la ausencia de un trato profesional o básicamente humano.
De manera importante, se carece de esquemas estructurados que reivindiquen social e institucionalmente el trabajo penitenciario y que estimulen, vía remuneración, un espíritu corporativo basado en principios éticos que den solidez, fiabilidad y garantías a las instituciones.
Además, la idea de que la prisión se compone únicamente de paredes, puertas y barrotes está superada hace mucho tiempo por el aumento de perfiles delincuenciales.
Es muy importante subrayar que la arquitectura y construcción está obsoleta y la tecnología escasa.
Todo, en gran medida, está basado en una falta de voluntad política y recursos financieros y profesionales. Los presupuestos de mantenimiento apenas alcanzan a cubrir, en muchas ocasiones, las necesidades operativas de las administraciones penitenciarias.
En los últimos tiempos, muertes, agresiones, motines y fugas de presos de las cárceles de toda Latinoamérica han puesto de relieve la realidad de emergencia que se vive tras las rejas y el sufrimiento de los familiares.
Nuevos planteamientos, nuevas soluciones
Ante problemas globales, como es el caso de las cárceles en Latinoamérica, necesitamos nuevas soluciones también globales e integradas.
Nuevas soluciones globales que parten de la reinvención de la arquitectura penitenciaria y nuevas soluciones de construcción y de reconversión de lo existente y salvable. Todo ello como base para conseguir el objetivo de unas condiciones mínimas de convivencia y cumplimiento en aras a obtener unos aceptables índices de reinserción social de penados.
Soluciones globales que, sin duda, pueden y deben aportar un nuevo y ágil planteamiento para una situación de alarma carcelaria global en Latinoamérica en el que todos los países tienen un plan urgente de construcción de nuevos Centros Penitenciarios y remodelación y ampliación de otro gran número de cárceles, actualmente obsoletas y con inaceptables niveles de hacinamiento y descontrol y una situación de condiciones sanitarias y de convivencia que, definitivamente, supone una grave vulneración de los derechos humanos.
Diseño y construcción modular de nuevas cárceles
Más de sesenta nuevos Centros Penitenciarios serán construidos en los próximos cuatro años en Latinoamérica.
En este sentido, un grupo de profesionales de larga experiencia y especialización venimos desarrollando nuevos modelos de arquitectura y construcción modular penitenciaria tendente a acometer este nuevo reto con grandes exigencias de eficacia y optimización de los recursos económicos y un planteamiento de reinserción social también prioritario.
Este nuevo modelo de cárcel está basado en un sistema de construcción de módulos de hormigón, con un techo abovedado que le imprime una geometría característica y que cubre todos los aspectos del proceso constructivo de cualquier edificación susceptible de poder ser ejecutada modularmente. El sistema integra desde el diseño de la arquitectura propia, que define el cometido y funciones de cada módulo; la producción del propio módulo como unidad estándar mediante prefabricación pesada; su transformación para poder cumplir su objetivo especifico derivado del proyecto de arquitectura en la fase de terminación y acabado y, por último, su transporte y montaje en la ubicación definitiva de la obra en construcción.
El módulo, especialmente diseñado para construcción y ampliación de centros penitenciarios, permite también que el sistema sea escalable, pudiendo crecer por adosamiento en todas las direcciones, incluido en altura. Otra de sus características principales es que permite la personalización y acondicionamiento a cualquier tipo de acabado en suelos, paredes, cerramientos, instalaciones, etcétera.
Este tipo de planteamiento y construcción modular ha ido obteniendo resultados positivos en distintos países de cara a la administración de la justicia, el cumplimiento de las penas y su resocialización, más allá de los resultados inmediatos de optimización de los recursos, velocidad de la construcción e importantes ahorros de inversión y gasto, prioridades irreductibles en estos momentos, especialmente en Latinoamérica.
La Seguridad Privada pasa, en la actualidad, por el debate y discusión política de una nueva Ley que sustituirá a la ya obsoleta del año 1992.
Es fácil detectar con frecuencia la poca labor de investigación periodística y escaso rigor que, en general, se observa en los medios de comunicación sobre el tratamiento de los temas de seguridad, y sorprende asimismo comprobar lo poco que se valora la repercusión y consecuencias que el desconocimiento o la mala gestión de esa información puede tener sobre la sociedad, hasta bordear incluso el peligro de generar alarma social.
Consultor Internacional de Seguridad
Miembro experto de la Comisión Nacional de Seguridad Privada del Ministerio del Interior
Transcurría 1849 cuando se creó la figura de “Guarda Municipal de Campo”, la primera figura de seguridad privada en la historia reciente de España. Eran Guardas Jurados por una Orden de la Reina Isabel II, del Ministerio de Agricultura con el concurso del Ministerio de Gobernación. Guardas Jurados que debían ser hombres que gozasen de buena opinión y fama, que nunca hubiesen sido condenados por delito alguno, y que no hubieran sido despedidos por alguna infracción disciplinaria de su trabajo. Tenían reputación de hombres buenos que terciaban en pleitos y discusiones. Siempre juraron (de formas distintas según las épocas) proteger los intereses puestos bajo su custodia, con lealtad al poder establecido.
El sábado 10 de Noviembre de 1849 la Gazeta de Madrid publicaba en su número 5.581 el “Reglamento para los guardas municipales y particulares del campo de todos los pueblos del reino”.
De ahí a nuestros días se ha venido desarrollando la actividad hasta 1992 donde se aprueba la Ley 23/92 de Seguridad Privada que regula la actividad y es primera norma de rango legal que regula todo el sector.
Ley que, por primera vez en casi siglo y medio, no contempla el carácter de agente de la autoridad; separa la habilitación de vigilante de la licencia de armas; crea las especialidades de escolta privado y de vigilante de explosivos, así como las figuras de los Jefes de Seguridad y los Directores de Seguridad; y sigue manteniendo la figura de los guardas de campo, con las variantes de pesquerías marítimas, caza y piscifactorías.
Con todo ello, “la Ley de Seguridad Privada pasa de poner el acento en el principio de la subordinación a desarrollar más eficazmente el principio de complementariedad a través de otros que lo desarrollan, como los de cooperación o de corresponsabilidad…” y, en resumen, ratifica que, en el modelo español, la seguridad privada es auxiliar, complementaria, subordinada, colaboradora y controlada por la Seguridad Pública.
A efectos de esta ley se entiende por seguridad privada: “el conjunto de actividades, servicios, funciones y medidas de seguridad adoptadas por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas realizadas o prestadas por empresas de seguridad… Todo ello, para hacer frente a actos deliberados o riesgos accidentales… con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, proteger su patrimonio y velar por el normal desarrollo de sus actividades”
Una actividad amplia y compleja dentro de un gran catálogo de riesgos y amenazas, por lo que constituyen actividades de seguridad privada principalmente: la vigilancia y protección de bienes y establecimientos públicos o privados, así como de las personas que pudieran encontrarse en los mismos; el acompañamiento y protección de personas físicas determinadas; el transporte, depósito y custodia de monedas y valores; el transporte, depósito y custodia de explosivos, armas y cartuchería; la instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad; la gestión de centrales para la conexión, recepción y verificación y, en su caso, transmisión y respuesta ante las señales de alarma; la investigación privada con relación a personas, hechos o delitos solo perseguibles a instancia de parte.
Todo ello, subrayando el especial carácter preventivo de estas actividades de seguridad privada.
Por tanto, y según se expresa en la exposición de motivos del Proyecto de la nueva Ley, “… la seguridad privada se ha convertido en un verdadero actor de las políticas globales y nacionales de seguridad”.
Así, hasta el momento, ni el conocimiento y tratamiento periodístico otorgado al asunto, ni la discusión política están a la altura de la importancia y repercusión social que corresponde a un tema de esta envergadura.
Una Seguridad Privada que no es nueva ni fruto de ninguna tendencia política significada, ni debe ser planteamiento alternativo a las posibles carencias de la Seguridad Pública o la potencial privatización de ésta.
En este sentido, y teniendo en cuenta que no es defendible ni planteable la privatización de la seguridad pública, las voces altisonantes, quizá desconocedoras de la realidad y evolución de la seguridad privada como desarrollo de la sociedad y no como alternativa a las posibles carencias de la seguridad pública, deberían de pararse un momento a analizar lo qué sería un día normal sin la seguridad privada.
Un día sin la Seguridad Privada
Si un día al despertarnos observáramos que las empresas y profesionales de la seguridad privada dejaron sus puestos y misiones… las armas, la vigilancia, la protección de los bienes y personas… ¿qué pasaría? Pues, sencillamente, que tendríamos un caos de tamaño descomunal.
Un caos por la desaparición sin alternativa de una seguridad privada, donde en España trabajan, según datos del Ministerio del Interior, más de 1.500 empresas acreditadas, con más de 100.000 profesionales habilitados, y en la que, sólo en el año 2011, se llegaron a realizar más de cuatrocientos mil contratos y más de un millón cien mil servicios, con un resultado en materia de colaboración de más de sesenta mil actuaciones o comunicaciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sobre auxilios, colaboraciones, informaciones y detenidos.
Pero, más allá de unas cifras globales, y a modo simplemente de ejemplo, ¿cómo sería un día normal de actividad en un aeropuerto como el de Madrid donde trabajan más de 600 vigilantes de seguridad, o en el Metro de Barcelona y Madrid donde desarrollan su actividad más de 600 y 1.500 vigilantes de seguridad, respectivamente?
¿Qué pasaría en una Central Nuclear donde hay habitualmente más de 70 vigilantes de seguridad? ¿Y en los centros comerciales, áreas industriales, polvorines, transporte público, etc.? ¿Cómo se gestionarían grandes eventos culturales o deportivos donde pueden llegar a trabajar más de 500 vigilantes de seguridad en uno solo de ellos?
Igualmente ¿cómo se desarrollarían los más de 9.000 servicios anuales de transporte y custodia de dinero y valores o los más 1.600 transportes de explosivos?, ¿Cómo se realizaría el control y la gestión de más de un millón y medio de sistemas de alarma monitorizados por las centrales de alarmas privadas que generan en conjunto más de 200.000 señales de alarmas falsas o no deseadas?, ¿Quién efectuaría el acompañamiento y protección de personas determinadas? O ¿quién protegería nuestros pesqueros que están faenando en el Océano Índico?
En todo caso, se incrementarían los riesgos de actos violentos, robos, atracos, agresiones, vandalismo, o incluso podría colapsarse la actividad normal en donde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no podrían ni deberían estar presentes. Y no podrían principalmente porque no poseemos esos recursos, y, sobre todo, no deberían porque, en la mayoría de los casos, son actividades privadas, incluso con ánimo de lucro, en las que no procede poner a disposición esos recursos públicos para nada que vaya más allá de su misión superior de garantizar la seguridad ciudadana.
A modo de conclusiones
Es evidente que la sociedad depende de la Seguridad Privada como auxiliar y complementaria de la Seguridad Pública. Su misión, especialmente preventiva, abarca todas aquellas actividades que precisan seguridad preventiva, como son principalmente las infraestructuras de transporte, industriales o comerciales, o, caso especial, el correspondiente a la mayoría de las infraestructuras críticas o estratégicas del país, en las que su seguridad interna y de funcionamiento debe ser costeada por sus propios operadores. Actividad y competencia aparte tendrán los recursos de Seguridad Pública para garantizar la Seguridad Ciudadana de los entornos correspondientes.
Finalmente, no se hagan lío los que piensen que la especialización y el crecimiento paralelo de la seguridad privada es una forma de privatización de la seguridad pública. El normal desarrollo de la sociedad, presenta nuevas complejidades, retos y demandas que sólo se puede afrontar correctamente con soluciones nuevas y cooperativas. No es eficiente plantear que sea la Seguridad Pública la que preste atención a este vastísimo campo de especialización, sino que los nuevos desafíos han de contar con un sector privado reforzado, bien formado y dotado de medios específicos para realizar su complementaria labor de la mejor manera posible y con la mejor capacitación.
En este sentido, hay un importante capítulo aparte aún nada debatido, y merece la pena subrayar que, para el normal desarrollo de la Seguridad Privada, es imprescindible también una revisión y ampliación rigurosa de los programas de formación básica y de especialización, de todos los niveles profesionales del sector, en lógico acercamiento a los niveles de capacitación que son exigidos en la Seguridad Pública. El incremento de formación y capacitación profesional es una asignatura pendiente imprescindible de modificar y aprobar.
Hay que insistir en un concepto muy básico a tener en cuenta, como es que la Seguridad Humana en general, y la Seguridad Ciudadana en particular, requieren del concurso y cooperación de la Seguridad Pública más la Seguridad Privada, logrando pasar de la simple “acción preventiva” al “compromiso preventivo coordinado”, con una seguridad única que aporte sinergias, y sobre la base de los nuevos recursos implantados y en desarrollo, dentro de redes y planes específicos de la Policía y Guardia Civil , arbitrados por el Ministerio del Interior, de quien depende finalmente la regulación y control centralizado de toda la seguridad, incluida la privada.
Leía hace unos días, una idea interesante desarrollada por Rolf Dobelli sobre que “la acumulación de noticias informativas que nos llegan perjudican la salud” y yo, rápidamente, me vi obligado a reflexionar sobre que también perjudica seriamente la seguridad humana.
La base de ello es que ya se encargan los medios de comunicación con sus dramáticos titulares, sus contenidos morbosos y sus insistencia de generar, en muchos casos, alarma social con lo que ello conlleva de inseguridad humana a nivel personal, ciudadana y global.
Y, como se ha dicho y demostrado, aunque parezca que simplemente nos mantienen informados, las “malas noticias” nos llenan el cerebro de hechos que carecen de utilidad práctica o teórica alguna para nuestras vidas, que se escapan de nuestro ámbito de acción y que, a menudo, no nos conciernen en absoluto y nos generan una importante situación de inseguridad.
En este sentido, como los medios de comunicación en general se vuelcan y regodean en las malas noticias, éstas directamente se convierten en tóxicas para nuestro cerebro y, consecuentemente, para la salud y la seguridad.
Pero, el morbo es productivo y vende, es una información fácil, rápida y barata de producir, aunque mejor sería hacer investigación y análisis y no simplemente toxicidad, pero esa es otra historia.
El peligro de esta profusión de malas noticias y su comunicación superficial, genera a la sociedad inseguridad y falsea nuestra apreciación verdadera del riesgo.
Por ejemplo, y por culpa del protagonismo que tienen unas u otras noticias en la prensa y los telediarios, según Dobelli, se sobreestima el riesgo de morir en un atentado terrorista y, sin embargo, se subestima el de morir por estrés crónico o situación cotidiana.
Así, parece demostrado que el abuso de malas noticias es realmente tóxico para nuestro cerebro, y el único modo de protegernos sería dejar de consumirlas por completo.
Con todo ello, no nos está permitido ni es posible actuar de forma racional u objetiva ante las imágenes emitidas en los medios de comunicación que se presentan cada vez con más crudeza de exposición de la realidad con el simple aviso de que “las imágenes pueden herir la sensibilidad humana”.
Por tanto, las malas noticias son inútiles casi por definición. Dice Dobelli en su estudio: “De entre las 10.000 noticias que haya leído o escuchado en los últimos doce meses, cite una que le haya ayudado a tomar una decisión más acertada con relación a su vida privada o profesional”.
La respuesta no es muy positiva y, consecuentemente, el consumo sobre todo de malas noticias, no tiene ninguna utilidad práctica.
Lo peor es que nos hacen creer que por acumular un gran número de noticias en nuestro cerebro, llegaremos a entender mejor el mundo que vivimos. Y ocurre lo contrario. Todo lo importante que debemos saber sobre la vida no está en las noticias, ni siquiera en las buenas, sino que surge de nuestras propias reflexiones, nuestras actitudes ante la vida y crecimiento personal.
Y la razón, según Dobelli, es que “las noticias no hacen que reflexionemos, ya que lo único que hacen es ayudar a consolidar nuestros prejuicios. Para reflexionar necesitamos concentración, lo que requiere que no nos interrumpan ni distraigan”. Sin embargo, las noticias están especialmente diseñadas para interrumpirnos.
Lo cierto es que, tales interrupciones permanentes no ocurren solamente en los canales de información 24 horas, con sus incesantes titulares sobre todo lo malo especialmente. También los artículos de los informativos de internet están hoy en día plagados de enlaces y anuncios de manera que mientras lee el texto, su atención se desvía del tema.
En este sentido, investigadores canadienses han demostrado que por el simple hecho de que el texto contenga enlaces, el nivel de comprensión disminuye, pues su cerebro se ve constantemente distraído al tener que tomar la decisión de hacer o no hacer clic en ellos, lo cual provoca que se desvíe del tema.
Las noticias envenenan el cuerpo y nos predisponen al pensamiento negativo. Según Dobelli, “Las noticias activan de forma constante el sistema límbico del cerebro. Las catástrofes que se nos anuncian en los titulares todos los días liberan altas cantidades de glucocorticoides (cortisol). Esto altera el sistema inmunitario y reduce la producción de la hormona del crecimiento, que se encarga de regenerar el organismo”.
Por tanto, las noticias pueden, por sí solas, someter a una persona con una vida equilibrada y tranquila a una situación de estrés crónico por acumulación de situaciones de inseguridad, incluso percibir alarma social provocada por temas permanentemente referenciados.
Añadiendo que otro efecto particularmente lamentable de las noticias es que nos ahogan con sucesos respecto a los cuales no podemos hacer nada. Al escuchar historias sobre las catástrofes varias que asolan todos los rincones del mundo, nos volvemos pasivos y nos vemos sumergidos en un estado de ánimo negativo, pesimista, fatalista, pudiendo incluso perder toda capacidad emotiva o de compasión hacia los demás, así como la ilusión por el futuro y nos genera angustia e inseguridad.
Pero, todo ello no quiere decir que en este mundo no necesitemos las noticias y la información de lo que ocurre, más bien al contrario. Las noticias son necesarias para dar a conocer los hechos más importantes relacionados con nuestro entorno local y mundial, especialmente, escuchando las buenas noticias y leyendo artículos que ayudan al mejor conocimiento.
Así que hablemos de buenas noticias pues, no son generalmente los medios de comunicación los que más ayudan por este camino.
En este sentido, y sin ir más lejos, hablemos de España. Esa España que todos los días nos retratan con bombas fétidas a través de los medios de comunicación, las tertulias interesadas y morbosas y que todos tratan sobre la crisis de la deuda, de la banca, de la construcción, del incremento de la prima de riesgo, de la incesante corrupción, del desempleo, del rescate financiero…
¿Por qué no hablamos de las buenas noticias?, ¿por qué no vemos que “la botella está medio llena y no medio vacía?
España es un país lleno de oportunidades y con buenos resultados de los que no hablamos, de los que no nos hablan, más allá de que somos campeones del mundo y de Europa de fútbol.
Y tenemos muchos y buenos ejemplos. España está actualmente en el segundo lugar del mundo en visitantes turísticos con más de 57 millones de personas anuales, ingresos que suponen un 10 por ciento del PIB español.
Y con respecto a la manida y maltratada internacionalización, del año 2009 al 2011 hemos incrementado nuestras exportaciones en más del 18 por ciento y reducido notablemente nuestro déficit comercial y seguimos doblando nuestros esfuerzos a nivel internacional.
Así, lideramos las obras de construcción del nuevo Canal de Panamá; estamos implantando, mediante un consorcio de empresas españolas, la línea de alta velocidad en Oriente Medio entre La Meca y Medina; gestionamos importantes aeropuertos como el de Londres, Orlando y otros muchos; estamos construyendo parques eólicos en Escocia y otros países, suministrando aerogeneradores a las principales economías del mundo; instalamos plantas desalinizadoras en Adelaida o el desierto de Atacama, etc.
España está liderando proyectos de todo tipo a nivel internacional, desde gestionar reservas de vuelo a nivel mundial, controlar el espacio aéreo en Alemania o desarrollar vacuna contra el Alzheimer, hasta instalar y controlar la especial estación meteorológica del Curiosity Mars Rover.
También tenemos, pese a las crisis, dos de las mejores entidades bancarias del mundo y lideramos las telecomunicaciones y todo, con empresas y esfuerzos españoles.
Y hay más, estamos a la cabeza mundial del sector de energías renovables y somos los primeros en energía solar.
En España somos creativos, innovadores y emprendedores, aunque los medios de comunicación solo destaquen diariamente las malas noticias y las crisis (… que las hay). Somos un país divertido y con gran diversidad, con una gastronomía reconocida y, lo más importante, con un sistema social y sanitario modelo -que esperemos que las malas gestiones no lo destruyan- y con una esperanza de vida que nos sitúa en el tercer país del mundo.
España es un país para vivirlo, trabajar, disfrutar y comérselo… no dejemos que nos lo destruyan y nos generen inseguridad solo con malas noticias.
Entonces, ¿por qué no hablamos de las buenas noticias y creamos seguridad y confianza?
Manuel Sánchez Gómez-Merelo
Consultor Internacional de Seguridad
Ex Coordinador de Seguridad de Instituciones Penitenciarias
Dedicado por más de 30 años a la Consultoría e Ingeniería de Seguridad y Defensa por más de 20 países como asesor para asuntos aeroportuarios, puertos, cárceles hospitales, entidades bancarias, museos, transporte ferroviario, servicios de Correos y puertos.
Es socio fundador y presidente para Europa de la Federación Mundial de Seguridad (WSF), Director para Europa de la Secretaría Iberoamericana de Seguridad, Asesor gubernamental en materia de integración operativa de seguridad pública y privada en diversos países latinoamericanos.
Como experiencia académica es profesor de postgrado en ICADE (Universidad Pontificia Comillas de Madrid) desde 1986, codirector de postgrado en la Facultad de Psicología (Universidad Complutense de Madrid) y director del Curso de Seguridad en Infraestructuras Críticas del Instituto General Gutierrez Mellado de la UNED, así como conferenciante habitual y profesor en más de 20 países sobre Seguridad y Defensa.
Su representación institucional es principalmente como Miembro Experto de la Comisión Mixta de Seguridad del Ministerio del Interior, Director para Europa de la Federación Panamericana de Seguridad (FEPASEP), representante “ad honores” de la Federación de Empresas de Seguridad del MERCOSUR (FESESUR), asesor del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) para asuntos de Seguridad Ciudadana y Observatorio de Delincuencia en Panamá, socio fundador y de honor del Observatorio de Seguridad Integral en Hospitales (OSICH), socio fundador y vicepresidente de la Asociación para la Protección de Infraestructuras Críticas (APIC)
Autor y director de la BIBLIOTECA DE SEGURIDAD, editorial de Manuales de Proyectos, Organización y Gestión de Seguridad
Actualmente es presidente y director del Grupo de Estudios Técnicos (GET), socio-senior partner de TEMI GROUP Consultoría Internacional y socio-director de CIRCULO de INTELIGENCIA consultora especializada.
Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850