¿Quién es?
Rafael Alberto Pérez
Autor de referencia en comunicación estratégica, conferenciante y consultor. Es consejero de The Blueroom Project - TBP Consulting para temas de turismo y ocio
Considerado el padre de la Nueva Teoría Estratégica (NTE) y autor laureado. Su libro “Estrategias de Comunicación” (2001) ha recibido dos premios internacionales y ha sido seleccionado la revista “Razón y Palabra” como uno de los textos más influyentes en Iberoamérica.
En la actualidad divide su actividad entre impartir Seminarios- invitado por más de 170 Universidades y empresas de 14 países- y ejercer como consultor estratégico.
Considerado el padre de la Nueva Teoría Estratégica (NTE) y autor laureado. Su libro “Estrategias de Comunicación” (2001) ha recibido dos premios internacionales y ha sido seleccionado la revista “Razón y Palabra” como uno de los textos más influyentes en Iberoamérica.
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Exigencia sobre responsabilidades políticas
Recojo, en esta primera entrega, las dos primeras propuestas recibidas por orden de recepción. Dado que hay una coincidencia clara en su intención y en el problema que aspiran paliar pienso que podrían refundirse en una sola, pero eso deben decidirlo sus autores.
Propuesta nº 1
“Ley sobre exigencia de responsabilidades a los políticos”
Propuesta por: Antonio Piñero, España
1. Constitución de una comisión de juristas para elaborar esa propuesta de ley y enviarla al gobierno. No pueden hacerlo los políticos, porque desde la República romana se dijo claramente que no se podía esperar que los “senadores juzgaran a los senadores” (Cicerón: proceso “de repetundis”).
2. Los beneficios serán inmediatos. Por ejemplo, se supone que no volvería a ocurrir lo de CAM y Caixa Novagalicia.
3. ¿Métodos específicos para la evaluación? Supongo los resultados, que serán visibles per se, los publicará la Prensa.
Propuesta nº 2
Exigencia de Corresponsabilidad Económica, Civil y Social a los Partidos Políticos
Propuesta por: Javier Barranco Saiz, España
Exigir que los partidos políticos asuman la responsabilidad económica, civil y social derivada de las actuaciones fraudulentas e ilegales de los políticos afiliados a ellos y derivadas de su actividad política.
Si un alcalde o un concejal, por ejemplo, es condenado por haberse lucrado personalmente por alguna gestión municipal ilegal, el partido político al que pertenezca deberá restituir con sus propios fondos, al ayuntamiento correspondiente, la cantidad percibida.
Los beneficios de actuaciones de este tipo se centrarían en la no asunción, por parte de los ciudadanos, de los costes derivados de dichas actividades ilegales.
Los parámetros cuantitativos de medida serían el número de veces que se producen y los miles de euros recuperados para la institución perjudicada.
En unos días se colgarán las siguientes propuestas
Propuesta nº 1
“Ley sobre exigencia de responsabilidades a los políticos”
Propuesta por: Antonio Piñero, España
1. Constitución de una comisión de juristas para elaborar esa propuesta de ley y enviarla al gobierno. No pueden hacerlo los políticos, porque desde la República romana se dijo claramente que no se podía esperar que los “senadores juzgaran a los senadores” (Cicerón: proceso “de repetundis”).
2. Los beneficios serán inmediatos. Por ejemplo, se supone que no volvería a ocurrir lo de CAM y Caixa Novagalicia.
3. ¿Métodos específicos para la evaluación? Supongo los resultados, que serán visibles per se, los publicará la Prensa.
Propuesta nº 2
Exigencia de Corresponsabilidad Económica, Civil y Social a los Partidos Políticos
Propuesta por: Javier Barranco Saiz, España
Exigir que los partidos políticos asuman la responsabilidad económica, civil y social derivada de las actuaciones fraudulentas e ilegales de los políticos afiliados a ellos y derivadas de su actividad política.
Si un alcalde o un concejal, por ejemplo, es condenado por haberse lucrado personalmente por alguna gestión municipal ilegal, el partido político al que pertenezca deberá restituir con sus propios fondos, al ayuntamiento correspondiente, la cantidad percibida.
Los beneficios de actuaciones de este tipo se centrarían en la no asunción, por parte de los ciudadanos, de los costes derivados de dichas actividades ilegales.
Los parámetros cuantitativos de medida serían el número de veces que se producen y los miles de euros recuperados para la institución perjudicada.
En unos días se colgarán las siguientes propuestas
Rafael Alberto Pérez
Martes, 15 de Noviembre 2011
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Blog sobre comunicación estratégica
Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850
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