Publicado en La Segunda, 29.6.2012
 
El pasado viernes, la destitución de Fernando Lugo mostró una fachada casi pulcra. Conspiradores de elección popular, aplicando la Constitución a la pata, con mayoría abrumadora y sin fusiles a la vista, lo sacaron de la Presidencia en versión express. Aparentemente resignado, Lugo se veía más cerca de la noble abdicación que de la ira resistente. “salgo por la puerta grande de la patria”, dijo a un grupo de sus leales .

A partir de ese día y más por acción externa que interna, comenzó una movida de acusación a los acusadores. Los más intuitivos decían que la rapidez con que se operaron del Presidente indicaba falta de “debido proceso”. Los más técnicos casi descubrieron que en el Derecho Público francés estaba el vicio que buscaban: la desviación de poder (détournement de pouvoir), que se produce cuando una autoridad respeta la letra de la norma, pero viola sus objetivos.

Poco podían importar esas críticas al poder destituyente. Sus miembros estaban ahí para optar y votar, no para ejercer el Derecho. Pero, fuera de Paraguay, activaron el “reflejo Zelaya”, con base en los gobiernos de la ALBA. Estos, con espíritu corporativo y también con rapidez, forjaron masa crítica para resistir la caida de otro gobierno afín. Tuvieron tres éxitos notables: Primero, la receptividad de Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay y Chile, materializada en el inmediato envío de una delegación de cancilleres. Segundo, haber internacionalizado la confusión entre un golpe de Estado y un golpe intraestatal. Tercero, el cambio del talante resignado de Lugo. Entre sábado y domingo, éste declaró rota la institucionalidad, calificó como “trucho” al gobierno de su sucesor Federico Franco y constituyó un grupo para la “resistencia”.

Así, la crítica legalista, que pareció un saludo a la bandera democrática, comenzó a mostrar aspectos disfuncionales. El principal,  haberse introducido en  una zona gris y pantanosa, entre la defensa de la democracia y la intervención en los asuntos internos de otro Estado. El subsidiario, haber convertido el tema en un nuevo caso de laboratorio, con varios enigmas por despejar. Por ejemplo:

¿Hasta dónde pueden homologarse los golpes de Estado diseñados y ejecutados por soldados, los diseñados por civiles y ejecutados por soldados y los “golpes políticos” que autoriza la Constitución? ¿es bueno fingir que los parlamentos son asambleas de juristas, donde primero se ve el Derecho y después se vota? ¿existe un punto de contacto entre la intervención humanitaria en Haití y la intervención política en Paraguay? ¿por qué la institucionalidad regional no se movió –o se movió poco- en  los casos de otros mandatarios interruptus, como los argentinos Raúl Alfonsín y  Fernando de la Rúa, los bolivianos Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Meza, más tres o cuatro mandatarios ecuatorianos? 

Apuntemos que, quizás ayudado por las mutaciones de Lugo, José Miguel Inzulza alcanzó a librar a la OEA de otro debate sin destino. Lo hizo cuando negó, categórico, que se tratara de un golpe de Estado: “es una crisis institucional entre dos poderes del Estado”, sentenció.

Termino con cinco conclusiones a medio sancochar: Una, Inzulza tiene razón. Dos, homologar una conspiración exitosa y un golpe de Estado es ignorar que la política contiene una dosis permanente de conspiración. Tres, la solidaridad externa con Lugo estuvo más cargada al intervencionismo que a la defensa del principio democrático. Cuatro, lo de Lugo fue una abdicación inicial con recapacitación inducida. Cinco, para perfeccionar esta última conclusión, sugiero analizar los casos de abdicaciones sin elástico, como las de Balmaceda y O´Higgins.

PS. Esto no alcanzó a salir en la columna. Es que, tras aprobarse la suspensión en Unasur y Mercosur para el nuevo gobierno paraguayo, quedó de manifiesto que Hugo Chávez, había sido -como siempre- más rápido que todos los otros interventores. En efecto, aprovechó el vacío de Paraguay en Mercosur para superar el veto del Congreso de dicho país y ser aceptado como miembro pleno. Es decir, hubo una sanción oculta para Paraguay que no está computada: el desconocimiento de  los derechos que le concede el estatuto de Mercosur, por una vía no destinada al efecto. Una vez más quedó demostrado que sólo Chávez sabe para quién trabaja.