Publicado en La Segunda del 25 de enero de 2014
  
El Tratado con Chile es el hecho capital entre los muchos hechos notables que en diez años ha realizado mi Gobierno.
Augusto Leguía, Presidente de Perú. Mensaje al Congreso Nacional, 12.10.1929.
 
La defensa no solamente debe ser jurídica  ante el Tribunal de la Haya, sino que debe haber también una defensa política, una defensa diplomática, un esfuerzo comunicacional…
Candidato presidencial Sebastián Piñera, 27.10.2009. Exposición ante el Consejo Chileno de Relaciones Internacionales.
 
¡Qué contrasentido sería que pusiéramos un país en medio de Chile y Perú!
Canciller Alfredo Moreno. Exposición en Academia Diplomática de Perú, 5.3.2013.
 
 
 
 
 A fines del gobierno de Michelle Bachelet las cuerdas separadas con Perú estaban deshilachadas. Los designios de Alan García eran impredecibles y autoridades chilenas calificaron su demanda marítima de 2008 ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como un “gesto inamistoso”. Como esto iba a contramano de una resolución expresa de la ONU, creció la suspicacia triunfalista de algunos peruanos. Juraban que Chile produciría un “ataque preventivo” para no cumplir un fallo adverso. El intelectual militar más importante, general Edgardo Mercado Jarrín, declaró que “vivimos uno de los momentos más críticos de la relación desde la guerra de 1879”. Altos oficiales militares, comprendido un ex ministro de Defensa, pasaron a retiro llamando a prepararse para resistir y señalaron, como objetivos chilenos ocultos, el gas, el agua y el cobre peruanos. El general Edwin Donayre incluso agregó una chanza macabra contra Chile. García, para dar explicaciones por ese desplante  a “mi amiga Michelle”, sometió a la Presidenta de Chile a la ordalía del teléfono abierto ante su Gabinete. Eso puso fin a la poca cordialidad interpresidencial que subsistía. Luego, tras proclamar que “nacionalistas somos todos”, García hizo de un caso de espionaje, negado por Chile, el equivalente del asesinato del archiduque de Austria. Subido por ese chorro, calificó al nuestro como un país acomplejado  a nivel de “republiqueta”. La civilidad chilena y su clase política se indignaron, pero sin jamás sospechar que habíamos entrado en curso de colisión. 
 
 OPCIONES DEL CANDIDATO PIÑERA
Henry Kissinger dice en sus memorias que, una vez instalados en el gobierno, los líderes no tienen tiempo para estudiar. Ahí “lo urgente se impone a lo importante” y deben girar con cargo a sus conocimientos acumulados.
Sebastián Piñera candidato debió conocer ese párrafo, pues se preparó a concho sobre el tema internacional más urgente: la demanda peruana y, por añadidura, la presión boliviana. Dejó constancia de ello el 27 de octubre de 2009, cuando expuso –como los otros candidatos- ante el Consejo Chileno de Relaciones Internacionales (CCRI). “Fue la mejor presentación, lejos”, dijo después Gabriel Valdés, entonces Presidente de ese organismo.
Revisado su texto con ojos actuales, parece claro que Piñera visualizaba dos opciones polares respecto al Perú. Una, continuista y nacionalista, inducía a privilegiar el orgullo patrio, sosteniendo la acusación de enemistad por la demanda y asumiendo el “gallito” planteado por el robusto García. De ello surgía una panoplia de variables: terminar con lo que quedaba de las “cuerdas separadas”; convocar al embajador chileno y retenerlo sine die; evitar pronunciamientos respecto al cumplimiento del fallo; criticar públicamente la facilidad con que la CIJ sobrepasa su competencia; definir las medidas disuasivas disponibles en el nivel técnico; publicar un “libro blanco” que en el Perú se leyera como negro… En suma, mantener la corta distancia entre el amurramiento y la hostilidad, sin achicarse ante el fantasmón de lo innombrable.
La otra opción era una mezcla de continuidad jurídica con rectificación política, que obligaba a remendar las cuerdas separadas -con ayuda de García-, resignarse al interés nacional específico de Ecuador (“al doble juego de Rafael Correa”, dicen otros) y reconocer que los errores no forzados, cometidos desde 1986, también fueron política de Estado.
Frustrante para el orgullo, riesgosa para la popularidad del gobierno e incierta desde la aparición de Humala, la opción segunda era la aplicación de un desconcertante aforismo israelí: “cuando estás ante un callejón sin salida, la única salida está en el callejón”. Como tal, exigía sofisticación diplomática, realismo político y un combinado de audacia con humildad. La primera, para zafar del inmovilismo inducido por la aparición de los solemnes –y aparentemente susceptibles- jueces de la CIJ. La segunda, para no mezclar la innovación con el reproche a los gobiernos anteriores.

APUESTA CALCULADA
Piñera Presidente asumió, rápido, la segunda opción. Esta le permitiría generar acciones políticas y diplomáticas, que reflejaran su personalidad hiperkinética, su escasa aversión al riesgo y, obvio, sus planteamientos críticos ante el CCRI.
Para estos efectos, contaba con su canciller Alfredo Moreno, empresario con vasta experiencia internacional y ampliamente desconocido por la clase política chilena. También creía contar con la simpatía de García, a quien había visitado en Palacio Pizarro, antes de su campaña electoral. A esa altura, el apabullante líder peruano había pasado desde el ideologismo aprista a la pragmática del poder y se llevaba mejor con los empresarios políticos que con los políticos a secas.
El problema real era el ex coronel Ollanta Humala, quien ya se probaba la banda presidencial ante el espejo. Apostar a su buena voluntad parecía temerario pero, muy en su carácter, Piñera decidió hacerlo. Barruntaba que su antichilenismo de familia se subordinaría al  pragmatismo militar y al interés nacional peruano. Humala Presidente no se daría el gustito de un encontronazo con Chile, que paralizara el visible despegue económico de su país, del cual dependía el potenciamiento castrense.
En cuanto al contencioso en trámite, la opción tomada obligaba a poner buena cara al mal tiempo, someterse a la suerte de los escritos y entender, parafraseando a San Alberto Hurtado, que el fallo sería acatado “hasta que duela”. En el fondo del callejón estaba (¡quizás!)  la recompensa de una relación renovada con el Perú, que recuperara el buen espíritu de 1929, potenciara el desarrollo común y, por añadidura, contuviera la errática agresividad de Evo Morales.

JUEGO DE SEÑALES
Para pavimentar su vía, Piñera envió dos señales a la Concertación. La primera fue desentenderse de la Contramemoria, enviada a La Haya por Bachelet días antes de su toma de posesión. Fue una decisión entre fría y enojosamente calculada. El embajador ® José Miguel Barros –agente de Chile en el caso Beagle- le había sugerido pedir a la CIJ, a través del gobierno en  funciones, una prórroga del plazo, para participar en la elaboración del documento. El Presidente electo se negó de manera frontal: “Se ha decidido continuar el tema como venía manejándose”, fue su respuesta. Decodificación posible: él se amarraba a lo técnico-jurídico consumado, quedaba libre en lo político y dejaba establecida una clara corresponsabilidad en los resultados.
La segunda señal fue mantener a los agentes y al equipo de abogados designado y contratado por Bachelet. Se limitó a incluir dos juristas de su confianza y a ampliar el comité de asesores, para asegurarse un pensamiento más plural (o menos único). Simultáneamente, el canciller Moreno se abrió a una política informativa moderna, con cuentas periódicas y uso de nuevas tecnologías También estimuló la investigación académica de sus diplomáticos respecto a temas tan político-estratégicos, como los vecinales. Con ello matizaba el juridicismo unidimensional y ponía fin a décadas de excesiva prudencia intelectual.
Respecto a García, el nuevo Presidente comenzó con una importante señal tácita. Se produjo en “la previa” presidencial peruana, cuando dejó sin respuesta una carta que Humala -en cuanto líder nacionalista- le entregara en Lima el 25.11.2010. Ahí, su futuro homólogo  manifestaba desconfianza respecto al cumplimiento chileno del fallo y afirmaba que “sería un gesto noble reconocer la responsabilidad histórica de Chile en la agresión contra el Perú de 1879”. Esto significaba, de paso, devolver las reliquias, libros y demás bagaje histórico que se encuentra en Chile, como “trofeos de guerra”. Junto con esa queja del siglo XIX, conminaba a Piñera a dar satisfacciones por un caso del siglo XX: “la venta ilegal de armas de su país a Ecuador, durante el conflicto del Cenepa en 1995”. Agregaba a esa bitácora de agravios una recriminación que alcanzaba al siglo actual: el espionaje chileno a la Fuerza Aérea del Perú. Para reforzar la andanada, invocaba el reciente gesto de humildad de la Presidenta Cristina Fernández, relacionado con el trasiego argentino de armas para Ecuador, durante el mismo conflicto del Cenepa: “En un acto que honró su visita a nuestro país, tuvo un mensaje de desagravio y reparación con los peruanos por un hecho similar”.
Mérito de Piñera fue ignorar esa carta, que colocaba la relación bilateral  sobre una plataforma de beligerancia tricentenaria.  El filtraje a los medios se produjo en el propio Perú y Humala pudo percibir el cortés escalofrío en Torre Tagle, el silencio de los expertos y una aterida expresión de orgullo nacionalista ante su “aporte”. Al parecer, ahí comenzó a entender que, como dicen los peruanos, “una cosa es con guitarra y otra es con cajón”.
 
ENTRE LA DISTENSION Y LA INTEGRACION
La primera innovación en la política hacia Perú fue indirecta: la ratificación de que no había condiciones para ceder a Bolivia soberanía sobre parte de Arica. Para buenos entendedores peruanos, esto comprometía a Chile a evitar un nuevo “charañazo”. Por añadidura, interrumpía el proceso asociativo entre Perú y Bolivia, inspirado por Manuel Rodríguez Cuadros, ex canciller de Alejandro Toledo, ideólogo de la demanda y embajador de Alan García en Bolivia. Este especialísimo diplomático había enseñado a Morales que la demanda marítima peruana era la llave para abrir el metafórico candado de su mediterraneidad. Según fuentes bolivianas, también ofreció asesoría técnica.
La segunda señal se produjo cuando Piñera, García y luego Humala, declararon a voz en cuello, en diversas oportunidades, que ambos países cumplirían cualquier fallo. Así disminuyó el triunfalismo con desconfianza de los peruanos y se revocó el “amurramiento” chileno de 2008.  Como efecto inmediato,  en Chile comenzó a germinar la idea de que, si no había ninguna posibilidad de ganancia geográfica u oceánica, sí podía haber ganancias compartidas en los niveles del desarrollo, la paz con seguridad y la eventual integración.
La tercera señal se relacionó con lo último y fue de alcance tetranacional: el lanzamiento, en abril de 2011,  de la Alianza del Pacífico, con  Chile, Perú, México y Colombia como fundadores. Notable, pues el país demandante y el país demandado se unían en una empresa integracionista, como si ya no hubiera riesgo de regresión. El proyecto lo había lanzado García, como alternativa tácita al ideologizado y presionante grupo de países del ALBA.
Eso no fue todo. Hubo una cuarta señal que abrochó la secuencia, con un fuerte pero asordinado impacto geoestratégico. Se emitió el 5 de marzo de 2013, en un párrafo del discurso que pronunciara el canciller Moreno ante la Academia Diplomática del Perú:
Tenemos que tener las cartas sobre la mesa, y eso es lo que Chile ha hecho. Para resumirlo, Chile no está dispuesto a perder su frontera con el Perú, es tan simple como eso.
Augusto Leguía y Conrado Ríos Gallardo, negociadores del Tratado de 1929,  habrán dado un brinco en sus tumbas. Ese párrafo -inadvertido por la opinión pública y tapado por informaciones posteriores- significaba que Chile y el Perú volvían a la ortodoxia del artículo 1° del Protocolo Complementario: no habría “zona tampón” boliviana entre Chile y Perú.

MIENTRAS TANTO, EN LA HAYA
En medio de la mutación política, los abogados de Chile y Perú produjeron los voluminosos textos de rigor –Memoria, Contramemoria, Réplica y Dúplica- y desempeñaron sus roles orales ante la CIJ, con togas, pelucas y mucha circunspección.
Los textos-papel esperan sintetizadores con arte, para salir a la calle en misión docente. Eso tomará tiempo. Mientras tanto, la transmisión de los alegatos por televisión llenó y superó ese cometido. Fue una superprodución que nos hizo vivir como espectadores de una película de tribunales y conocer, de oídas, los issues principales del litigio: existencia o inexistencia de tratados limítrofes, ubicación y rol del hito N°1, hito Concordia y orilla del mar, paralelo de latitud o bisectriz equitativa, fórmula del arco de círculos, “triángulo exterior” y alta mar,   actos propios que comprometen al Estado… etc.
Esa escenificación de la complejidad del Derecho sumada a la elocuencia de los empelucados y la grata caballerosidad entre los superagentes Alberto Van Klaveren y Allan Wagner, produjo un impacto sicosocial en diferido que se  recicló con la distensión protagonizaba por los políticos. Los  chilenos percibieron que si bien el caso peruano era una construcción, como decían los abogados oficiales… sus materiales no eran precarios. Los peruanos sospecharon que los publicistas oficiales habían exagerado: no podía ser que, de puro expansionistas, los chilenos les hubieran birlado un pedazo de mar, que era peruano desde el Génesis.
En definitiva, el tema era más difícil de entender que un partido de fútbol y la emoción patriótica no bastaba para evaluarlo. Fue así como casi todos comenzaron a dudar.

REFLEJO EN LAS ENCUESTAS (recuadro)
La duda en progresión fue contrastada por diversas encuestas. La de la Universidad Católica / Adimark, de 2006-2010, había mostrado  a los chilenos alineados en una posición contraria a la del gobierno. Un  73% estimaba que, aunque el tribunal fallara en su contra, “Chile no debería ceder territorio marítimo a Perú”. Quienes estaban por aceptar el fallo y ceder territorio marítimo eran sólo un 18%. En diciembre de 2012, una encuesta del diario La Segunda y la Universidad del Desarrollo mostró un cambio cualitativo. Aunque se mantenía un alto optimismo respecto a un fallo favorable (82%), ahora había una mayoritaria aceptación (54%) a que Chile acatara cualquier fallo y sólo un 44% sostenía lo contrario. Paralelamente, mostraba una alta aprobación a los actores de la primera línea en lo judicial y en lo político: abogados, canciller Moreno y Presidente Piñera.
A partir de 2008, junto con encuestas peruanas que mostraban la certeza de una victoria judicial y una profunda desconfianza en que Chile cumpliera el fallo, había advertencias tan escalofriantes como la del general ® Roberto Chiabra, ministro de Defensa de Alejandro Toledo: “si el fallo de La Haya favorece al Perú, la probabilidad de una guerra con Chile sería alta”.
Tras los alegatos, la sana duda también comenzó a instalarse en Perú. El pasado 30 de junio, una encuesta de la empresa  GfK, publicada por el diario La República, reflejó la cuantía del cambio: el 85% de los peruanos sondeados considera que “lo mejor que podría suceder para ambos países es que la controversia en torno al límite marítimo se resuelva de una buena vez, sea cual fuere el resultado”. El 82% está de acuerdo con “un futuro de cooperación”, el 90% cree que “peruanos y chilenos deben tener respeto mutuo” y el 76% expresa que “el Perú y Chile deben incrementar sus relaciones económicas y comerciales”.

JUEGO DE POSIBILIDADES
Según cálculo de los que saben, el fallo de la CIJ debía producirse a mediados de julio de 2013. El día 17, decían los superenterados. Próximos a esa fecha, la política de continuidad judicial con rectificación política de Piñera, más la recuperación de la prudencia de García y el pragmatismo de Humala, habían distendido la relación en las cúpulas. Esto, a su vez, había producido un real “efecto-chorreo”: el secretismo retrocedía y se enriquecía el debate académico, civil y militar en ambos países. Paralelamente,  la paradiplomacia de los ex cancilleres, líderes de partidos políticos, parlamentarios incumbentes y dignatarios religiosos,  comenzaba a alinearse de manera más prolija con las diplomacias oficiales.
En ese nuevo clima, ya pudo hablarse con realismo y sin que sonara a debilidad patriótica, sobre las tres grandes opciones de la CIJ: Darle plena razón al demandante, darle plena razón al demandado y dar una parte de la razón a cada uno. También se detectó que la última opción, escarmenada, contenía a lo menos seis sub-opciones: 1) mantener el paralelo del hito N°1 donde está, según coordenadas chilenas, 2) "bajarlo" hasta el punto Concordia, según coordenadas peruanas, 3) mantener el paralelo chileno, pero sólo hasta 12 millas contadas desde el hito N°1, 4) mantener el paralelo alternativo hasta 12 millas, pero contadas desde el punto Concordia, 5) aceptar tesis peruana de la bisectriz con origen en el punto Concordia y 6) aceptar la bisectriz, pero sólo a partir de las 12 millas de las versiones 3 y 4 del paralelo. Nota: las subopciones 3 y 4 podrían o no generar bisectrices al término de las 12 millas. Las subopciones 5 y 6, a su vez, generan la   sub-subopción de los posibles grados de las bisectrices respecto al paralelo (y su punto de origen). Esto abriría una gama teóricamente infinita de posibilidades. Para mejor especulación, también aparecía una séptima opción que, para muchos, dependía de si se abrían las distintas variables de bisectriz.  En tal caso, podría  atenderse o no la petición peruana de derechos sobre el llamado "triángulo exterior", que para Chile y la oceanografía mundial hoy es alta mar. 

¿ADIÓS AL CARIÑO MALO?
El 17 de junio de 2013, los presidentes de los partidos políticos chilenos, con la presencia del embajador peruano Carlos Pareja, firmaron el compromiso de respetar el  fallo de la CIJ, que parecía estar a una distancia de 30 días. A la vuelta de la esquina. Cuatro días después, en la Moneda, Piñera, Moreno, los agentes chilenos y los representantes de las comisiones de relaciones exteriores de ambas ramas del Congreso, se reunieron para abordar los eventuales resultados y  los posibles escenarios futuros. El diputado  socialista Juan Pablo Letelier, sintetizó el espíritu del encuentro diciendo que dicho fallo debía recibirse “con una voz única y por ningún motivo politizarlo y utilizarlo en ningún contexto de contienda electoral”. Similar criterio manifestó el senador Ignacio Walker, Presidente de la Democracia Cristiana y ex canciller de Lagos: “Aquí no hay juego de gobierno y oposición, derecha e izquierda”.
En el Perú se produjeron efectos similares. Humala empezó a cuidarse de las tacadas con carambola antichilena que le venía propinando Morales. Sus generales dejaron de marchar al retiro, con bandas de guerra tocando a zafarrancho. Los empresarios suspiraron aliviados, pues la mejor relación les permitiría sostener sus mejores negocios. Los líderes de los principales partidos políticos, con la previsible excepción del “fujimorismo”, entregaron al embajador chileno Fabio Vío una declaración equivalente al compromiso de sus homólogos chilenos.
El nuevo talante ya había favorecido una mirada prudente, en circunstancias tan explosivas como la del desplazamiento de minas en la frontera terrestre y un tratamiento simplemente administrativo para nuevos sospechosos de espionaje. También soportó que la declaración de los líderes políticos  peruanos describiera el contencioso como “el diferendo marítimo que nuestros países han entregado a su determinación (de la CIJ)”. Era un evidente acomodo de la realidad, pues Chile no recurrió a la CIJ de consuno con el Perú, sino todo lo contrario. Por otra parte, impulsó la reactivación de mecanismos integracionistas  dormidos, como las reuniones del “2 + 2” (ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa) y las biministeriales del Consejo de Integración Social. En ese contexto, no fue traumático el súbito relevo del canciller Rafael Roncagliolo, quien había trabajado en buena armonía con Moreno. Su sucesora, Eda Rivas, encontró todo tan bien encaminado que el 18 de junio, tras la declaración de los líderes políticos de su país, describió “un magnífico clima con Chile”.
Si el fallo de la CIJ se hubiera producido en ese contexto, enfrentarlo habría sido bastante menos complicado para las partes. Era el momentum. Una brecha positiva en el tiempo, difícilmente repetible. Una oportunidad que resaltaba aún más a tenor de la enojosa experiencia del reciente fallo de la CIJ sobre islas y mares, entre Nicaragua y Colombia. Sin embargo, todas esas consideraciones extrajurídicas fueron irrelevantes para los jueces. Abruptamente, el secretario de la Corte comunicó, por teléfono, a las embajadas de Chile y el Perú en Holanda, que la sentencia “no se conocerá en julio”. Para hacer más autoritario y burocrático el momento, tampoco dio fecha exacta posterior, dando por subentendido que no podría ser en agosto, el mes de vacaciones de sus togados jefes.
Inevitablemente, se produjo un principio de regresión. El canciller chileno Una tensión dentro de la distensión. Hubo actores políticos y diplomáticos, peruanos y chilenos, que actuaron como el león sordo de la fábula. Unos recuperaron la onda de la enemistad de 2008 y otros, la del triunfalismo incólume, pronosticando partes del fallo. Esto indujo a los analistas a reestudiar la tabla de posibilidades, adjudicando significados distintos y antagónicos al retardo de los jueces: unos pronosticaban que fallo sería desfavorable para Chile, pues para mantener el statu quo no se necesitaba más tiempo. Otros decían que sería desfavorable para el Perú, pues no se daba con la fórmula para destrabar de la masa contenciosa un elemento aislable, que permitiera salvar la cara de los demandantes. 
Conclusión provisional y cautelosa: Hasta aquí íbamos bien. Superando los fatalismos geoestratégicos, se pudo cambiar el mal rumbo que la civilidad se empeñaba en ignorar, bajaron los decibeles triunfalistas en Lima y se demostró que la arrogancia no es una característica absoluta del homo chilensis. El perjudicado individual –el damnificado símbolo- sería Evo Morales. En vez de un curso de colisión acelerado, que le abriera una oportunidad crítica para llegar al mar, se encontró con una reposición del blindaje chileno-peruano consignado en el Protocolo Complementario de 1929.
Salvo caso de fallo aberrante el 27 de este mes, emitido por jueces que también actúen como leones sordos, aún puede decirse decirse que chilenos y peruanos estamos ante una buena oportunidad para alejarnos del cariño malo. El problema estructural es que el fallo sólo solucionará lo que puede jurídicamente solucionar, sin tocar las motivaciones. Esto significa que son los estadistas de ambos países quienes deben asumir la relación de la demanda con los Acuerdos de Charaña y de éstos con el Protocolo Complementario de 1929 y las expectativas bolivianas.  Todo lo cual supone entender, de una vez por todas, el rol que ha jugado (y sigue jugando) Arica, desde el mero nacimiento de Bolivia.
Pero esa es otra historia, que en otro suplemento podríamos contar.