Hemos indicado, en alguna otra ocasión, que lo que suponíamos que era una crisis pasajera del Estado del Bienestar iniciada a mediados de los años setenta del siglo pasado y como consecuencia del denominado “Shock del Petróleo”, ha resultado ser un auténtico derrumbe del mismo debido, principalmente, al acoso financiero al que ha estado sometido desde distintos frentes.

El concepto socialdemócrata original ha desaparecido, en el fondo y en la forma, para dar paso a un modelo neoliberal que pretende actuar, sólo, en aquellos ámbitos en los que el mercado no entra porque no le resulta rentable.

Es decir, estamos ante un papel del Estado del Bienestar exclusivamente complementario de la acción mercantil; complementariedad que suele ser derivada de las contribuciones realizadas por los ciudadanos durante su etapa de actividad laboral, principalmente las que realizan a la Seguridad Social para obtener prestaciones cuando se jubilen o cuando enfermen.

Lo grave de todo esto es que, en estos momentos críticos, ni siquiera esa faceta del Estado del Bienestar parece garantizada. De ahí la presión de las Administraciones para que los ciudadanos se blinden con fondos de pensiones o pólizas de seguros de enfermedad privados.

La consecuencia de esto es una mayor brecha entre los afortunados que pueden permitírselo porque tienen un trabajo fijo y bien remunerado, y los que, al estar desempleados o tener salarios escasos, no pueden acceder a esos “blindajes” privados.

Esta situación, no cabe duda, ha supuesto una decepción para la mayoría de los ciudadanos que, ingenuamente, pensaban, pensábamos, que el Estado del Bienestar era algo inmutable que garantizaba, de forma permanente, unos beneficios sociales que, ahora, ya no están asegurados.

La reacción ciudadana ha sido el rechazo a las instituciones, como indican todas las encuestas que se realizan, y las movilizaciones populares como las acontecidas, en estos meses pasados, en Madrid por el tema sanitario. Evidentemente, hay que despojarlas del aspecto político que acompañan a estas manifestaciones, así como de la “pesca en río revuelto” tan fácil en sociedades desengañadas.

Sin embargo, y aunque se produce un auténtico desencanto institucional, una desconfianza generalizada de los ciudadanos hacia sus clases políticas, esto no se materializa en un rechazo a la participación civil que se reorienta hacia otro tipo de entidades como las ONG.

La existencia de bolsas de pobreza y el aumento de personas desfavorecidas genera una mayor sensibilidad en la sociedad hacia los temas relativos a la solidaridad, lo que origina un crecimiento del número e importancia de las entidades no lucrativas privadas que ocupan, en la mayoría de las ocasiones con gran eficacia, los espacios que las administraciones públicas abandonan.