La situación en el mercado social actual y se prevé que, con mayor incidencia, en el futuro, implica que las administraciones públicas van a desempeñar un papel protector, llamémosle excepcional, ante situaciones de extrema necesidad pero que, en el resto de los casos, se lavarán las manos y se los “cederán” a la iniciativa privada.

Con esta dejación de responsabilidades en el ámbito social, se pretende que lo mismo que las fuerzas del mercado, es decir la oferta y la demanda, se equilibran por la confrontación de sus capacidades, los nuevos oferentes de servicios sociales privados lo hagan con sus demandantes, con sus clientes.

En este panorama postcrisis que se vaticina, ¿qué se puede esperar de las administraciones públicas en el nuevo contexto del mercado social?

Además de exigirles, como decía el Premio Nobel de Economía y profesor de la Universidad de Princeton Paul Krugman, que gasten donde el sector privado no lo hace, invirtiendo en infraestructuras o incrementando los gastos sociales destinados a los más desfavorecidos, tendencia absolutamente contraria a lo que se está haciendo, ahora, en la mayoría de los países occidentales, debería pedírseles que vuelvan a los que fueron principios originales del Estado de Bienestar.

Que si no quieren gestionar, directamente, los programas sociales, aporten los recursos financieros suficientes, en cantidad y en tiempo, a aquellas entidades que, sin ánimo de lucro, van a prestar esos servicios en su lugar.

Que inicien o consoliden un sistema de regeneración ética, ya que sin Ética no hay sostenibilidad, transparente y en lucha permanente contra la corrupción.

Que propicien el fortalecimiento de los sistemas de control para salvaguardar los intereses de los ciudadanos y del resto de los grupos de interés. Este control debe ser aplicable a los individuos y a las organizaciones, incluidas las ONG. Con ello se evitarían suspicacias y escándalos que perjudican a todo el colectivo.

Que faciliten nuevas formas de actuación social como son la promoción y financiación a emprendedores y PYMES que son los que construirán el auténtico tejido empresarial, futura incubadora de tejido social.

En definitiva y como indicaba la “Estrategia Renovada de la UE para el período 2.011-2.014 sobre la RSC”, se solicita a la Administraciones Públicas, del tipo que sean, que establezcan las reglas y sistemas necesarios para poder implantar un modelo de desarrollo más justo, más inclusivo, más abierto y más equilibrado entre las tres dimensiones: económica, social y medioambiental.

Y descendiendo al ámbito operativo, que contribuyan al desarrollo de la RSE a través de programas de formación, de financiación o de promoción basada en la difusión de las buenas prácticas.