Imagino que entre los ex comandantes en jefe hubo un debate muy fino, para componer su  texto colectivo. Quizás sobre cómo evitar que luciera amenazante  o a quienes excluir para que no pareciera provocativo. Tal vez sobre la necesidad de no gastar todas las municiones en un gobierno que termina o de qué manera equilibrarse entre la judicialización aceptada en la Mesa de Diálogo y la judicialización criticada de hoy.

Lo más importante, en todo caso, debió ser lo medular: cómo dejar en claro que el tema de fondo no era el muy puntual de Punta Peuco, sino el muy estructural de la relación civil-militar (RCM) en regresión.

Precisamente por eso, es inquietante que ese debate lo gatillara una promesa presidencial a una víctima emblemática de la dictadura y una respuesta eufemística a la periodista Matilde Burgos, ante las cámaras de televisión.  Antes de esa coyuntura, ya estaba claro que la normalización de la relación civil-militar (RCM), iniciada con la Mesa de Diálogo del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se había convertido en una relación complicada.  Los militares del “profesionalismo participativo”, de 2006,  ahora deben justificar su polivalencia con las catástrofes naturales. Las contribuciones castrenses en materias de política exterior suenan a intromisión. El general Cheyre, del “nunca más”, está bajo proceso judicial.

Comunicacionalmente, el tiempo ya no juega a favor de la justicia sin venganza. La imagen pretérita de un furibundo general Contreras, conducido forzadamente a la cárcel, es reemplazada por la imagen de un condenado nonagenario que ignora lo que le está sucediendo.

SICOLOGÍA PRESIDENCIAL

Visto que no ha existido coraje político –algunos dirán, el patriotismo necesario- en las centroderechas y en las centroizquierdas, para detener la regresión de la RCM, llegamos a lo que sucedió: la Presidenta no estuvo en condiciones de ejercer el carisma del mando ante quienes están entrenados para obedecer y quedó con su supremacía civil encasquillada. Se indignó sin tomar medidas, convalidó tácitamente lo obrado y complejizó la posibilidad de un futuro diálogo con los militares, desde posiciones de autoridad.

Muchos se sorprendieron por lo abrupto del conflicto. Confiaban demasiado en que este país tan agitado, marchoso y delincuencial en la calle, debía mantenerse inmóvil y silencioso en los cuarteles. Quizás por eso, distintas personalidades, civiles y militares intentaron interpretaciones sicológicas. El ex comandante en jefe de la Armada, almirante Jorge Arancibia,  subrayó la relación amor-odio de la Presidenta con la Fuerza Aérea, por el caso de su padre. Para el ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea, General Ricardo Ortega, quienes rodean a la Presidenta habían exacerbado los ánimos, “porque estamos próximos al término del gobierno (…) y pretenden apurar cosas que no van en el ánimo de pacificar a la ciudadanía”. Felipe Agüero, académico y experto en temas de la defensa, opinó que la buena relación de Bachelet con los militares “va a terminar en un pie de incertidumbre”. Añadió que ha tenido ministros de Defensa “extremadamente débiles como autoridad política”. Francisco Javier Cuadra, cientista político y ex ministro de Pinochet, aludió a una manera de zafar de su desprolijidad gobernante y del impacto desmoralizador del caso Caval, volviendo al clima cohesivo de la lucha contra la dictadura. El ex ministro de Defensa Jaime Ravinet culpó a una personalidad bifurcada: “La Michelle Bachelet que llegó en este período es otra (…) perdió los nexos con el mundo militar o con las amistades que tenía allí”. Carlos Ominami, ex ministro de Lagos e hijo, como Bachelet, de un general allendista de la Fuerza Aérea, dio una nota sicológica propia: no quiso creer que el trato había empeorado, porque “ella tiene un aprecio histórico por las Fuerzas Armadas (y)  vivió muy mal el desencuentro durante el régimen militar”.

Esa búsqueda de claves en la personalidad profunda de la mandataria, refleja lo difícil que es explicar su mal manejo del tema. Al priorizar y emblematizar el cierre de Punta Peuco, lo convirtió en el punto más alto de la regresión de la RCM, a contar de las “estupendas relaciones” (con ella como  ministra de Defensa) reconocidas por Izurieta Ferrer, en 1998. Por cierto, el mismo general que encabezó el texto crítico de los ex comandantes en jefe.

LA PUNTA DEL ICEBERG

La problemática de la personalidad y el poder, teorizada por Max Weber desde hace casi un siglo, no debe ocultarnos la gravedad de lo sucedido en este Chile de 2017. La coyuntura refleja dos procesos paralelos, en lo político y en lo social. Primero, el de las heridas en proceso de cicatrización (lenta), que se reabrieron (de sopetón) en este segundo gobierno de Bachelet.  Segundo, el tránsito desde la Mesa de Diálogo, que apuntaba a la reconciliación con desarrollo, a un emplazamiento militar sin diálogo, que podría conducirnos a una nueva polarización agria de la sociedad. Algo que nunca tiene buen pronóstico.

Eludir esta realidad buscando refugio en la ley –eventual sanción al  comandante en jefe en activo, general Humberto Oviedo, por haber opinado de manera similar el día del juramento a la bandera-, habría equivalido a colocarse en el punto ciego de dos artefactos romanos. Entre el dura lex sed lex (la norma a rajatabla) y el summum ius summa injuria (aplicar la norma ya no sirve). Por lo demás, es muy posible que tanto Oviedo como los generales ® hayan tratado de descomprimir el estado de ánimo de todos los uniformados, que puede estar más cercano a la crudeza que a la sofisticación.

Visto así el panorama, Punta Peuco es la punta del iceberg conflictivo de la transición y la pos transición. Uno cuya  masa sumergida contiene momentos escalofriantes: boinazos, ejercicios de enlace, revelación de crímenes espantosos, asesinato de Frei Montalva, jueces extranjeros procesando a Pinochet por default, el “nunca más” del general Cheyre,  el suicidio del general Odlanier Mena, las acusaciones al ex Presidente Lagos por el silencio de las víctimas del informe Valech …

Es un cúmulo de sentimientos potentes, transitoriamente reprimidos y de políticas públicas imprescindibles, que nunca se intentaron. Factores, todos, que eclosionaron en este segundo gobierno de Bachelet, para tratar de imponer la voluntad política de las minorías coherentes por sobre la voluntad de las mayorías decadentes.

Es un síndrome político de la mayor gravedad pues, en su deriva, esa masa sumergida nos está alejando del derrotero fijado por los primeros gobiernos de la Concertación. Aquel que conduce desde la simplicidad de las dicotomías ideológicas a la complejidad de una reconciliación imperfecta.

Un derrotero que obliga a rectificar rumbos hacia la normalización de la RCM, para no volver a los “compartimentos estancos”  y al antagonismo civil-militar.