El Presidente del Consejo Empresarial para la Competitividad, César Alierta, ha presentado hoy el sexto informe de los emitidos por el organismo desde su creación en febrero de 2011, que aborda una perspectiva de la economía española con horizonte 2018 y enfoque en una reducción sustancial de la tasa de desempleo. 
El CEC, que anticipó en su estudio de marzo de 2013 el inicio de la recuperación económica ya constatable, se vuelca ahora en la propuesta de actuaciones reformistas para la creación de hasta 2,3 millones de empleos en los próximos cuatro años, lo que situaría la tasa de paro de la economía española en el 14,2%, 10 puntos menos de la actual, más alineada con nuestros comparables europeos.
Una de las principales conclusiones del informe es que a la inercia de crecimiento cíclico de la economía hay que unir una profundización en  las reformas, tanto del marco institucional como del sistema educativo y adecuación del tamaño de las empresas, para conseguir el reto principal de la economía española que es convertirse en un motor de creación de puestos de trabajo. 
Partiendo de esta consideración, el CEC propone actuaciones en ocho bloques y cifra el impacto de cada uno de ellos en la creación de empleo. Así, considera que la mejora del marco institucional y el aumento del tamaño de las empresas contribuirán a la reducción de 4,2 puntos en la tasa de desempleo, mientras que la mejora del sistema educativo puede tener un impacto de rebaja del paro en casi un punto. 
Además, incide en la búsqueda de las mejores prácticas en lo relativo a la economía del conocimiento, la sostenibilidad energética y la fluidez financiera, que aportarían una reducción de casi 2 puntos en la tasa de desempleo.

 
Campos de actuación identificados
Mejorar el marco institucional es fundamental para aumentar el tamaño empresarial y con ello el empleo vía productividad.- El informe considera un punto clave que el tejido empresarial español –donde actualmente priman microempresas[1]– gane tamaño, de modo que las empresas existentes consigan ser así más productivas, competitivas e internacionales. Para ello, concluye que es necesario un marco institucional que actúe eliminando las barreras legales (laborales y regulatorias), mejorando las condiciones financieras y fiscales a las que se enfrentan las empresas y fomentando la absorción y transferencia tecnológica, lo que permitirá impulsar la cultura del crecimiento y la innovación. Así, el objetivo pasa por alcanzar una estructura empresarial semejante a la de países europeos de referencia, lo que supone prácticamente duplicar el número de empresas de más de 250 empleados y aumentar el 60% el número de empresas medianas, aquellas que emplean entre 50 y 250 trabajadores. Esto produciría como efecto directo la generación de más de 400.000 puestos de trabajo. Además, las estimaciones sugieren que marcarse el reto de situarse en 2018 entre las primeras 10-20 economías en el ranking Doing Business (desde la posición 52 actual), supondría una clarísima mejora en productividad, empleo y nivel de PIB en el largo plazo. 
Hay que seguir apostando por la internacionalización de la empresa española e incorporación a las cadenas de valor globales.- Tras la mejora observada en 2013, el informe concluye que es indispensable dar continuidad al papel de las exportaciones como motor de crecimiento económico, dada su función crucial como palanca de desendeudamiento y como base al modelo de desarrollo futuro. En este sentido, el reto identificado por el Consejo Empresarial para la Competitividad pasa por conseguir que las empresas que comenzaron a vender al exterior en los últimos años se consoliden como exportadoras regulares y en concreto el objetivo es aumentar en 35.000 el número de empresas exportadoras regulares en los próximos cuatro años, lo que implicaría la generación de más de 700.000 puestos de trabajo. 
Mejorar el nivel educativo de la población reduciría considerablemente la brecha de bienestar con los principales países desarrollados.- De acuerdo con el informe que se publica hoy, el cambio del modelo productivo que se desea para España, menos dependiente de la demanda interna y más sobre las exportaciones, requerirá una cualificación especializada de la mano de obra que hoy por hoy un buen porcentaje de trabajadores no tiene. Por ello, el reto pasa por generar las instituciones que mejoren las perspectivas de medio y largo plazo sobre la calidad y acumulación del capital humano. Para conseguirlo, algunas de las iniciativas que se apuntan desde el Consejo Empresarial para la Competitividad son: potenciar un uso más eficiente de los recursos destinados a la educación; aumentar dichos recursos, igualando progresivamente el gasto en educación al promedio de la OCDE (6,2% del PIB); mejorar la eficacia de las políticas activas para la empleabilidad de los parados; introducir mayor competencia entre escuelas y grado de autonomía; y reforzar la meritocracia e incentivar la curiosidad por el aprendizaje, entre otras. 
Acelerar la Economía del Conocimiento.- De acuerdo con el estudio del CEC, los principales retos a los que se enfrenta España en este frente son: el fomento del desarrollo científico y tecnológico y del espíritu empresarial, proyectando una marca España industrial sólida; y el impulso de una mayor inversión en I+D, clave para la generación y acumulación de conocimiento y capital tecnológico en una economía. Así, desde el Consejo Empresarial de la Competitividad se apunta que para 2018 la inversión en I+D debería alcanzar el 3% del PIB frente al 1,3% actual y que al menos 2/3 de la misma provenga de inversión privada. Además, se fijan como objetivos fomentar la implantación de servicios digitales en pro de la eficiencia, revisar la actual aplicación de la ley de competencia europea asumiendo que se necesita mayor escala para ser más competitivo, y aumentar la inversión en intangibles al menos hasta el nivel promedio UE-15. 
El informe explica, además, que la aportación de la economía del conocimiento al desarrollo económico en España necesita actuaciones en cuatro ejes clave, en concreto: impulsar el desarrollo industrial en clave digital; incorporar técnicas digitales en la comercialización; transformar el modelo educativo para capacitar a las personas en las nuevas competencias del siglo XXI; y finalmente, acelerar la ejecución de la Agenda Digital. Respecto a este último punto, las telecomunicaciones tienen un papel habilitador fundamental, al tiempo que es de especial relevancia que Internet permanezca siempre como una plataforma abierta y que todas las empresas que prestan servicios en Internet estén regidas por las mismas reglas. El informe del CEC concluye en este punto que si se logra equiparar en 2018 estos indicadores a las mejores prácticas de nuestros socios europeos se conseguiría un impacto extra del 1,5% del PIB, que se trasladaría a una creación neta de empleo de 130.000 puestos de trabajo por año. 
Una política energética sostenible desde una perspectiva económica y medioambiental.- El Consejo Empresarial para la Competitividad destaca en su informe que con una contribución directa del 3,1% al PIB y del 2,5% al empleo total,  el sector energético es un pilar básico para el crecimiento económico y para la creación de empleo en España. El significativo efecto de tracción que representan para la economía sus ratios de inversiones y compras, entre otras cuestiones, hace necesario incluir en el debate social -actualmente centrado en aspectos medioambientales- las vertientes técnicas y económicas, así como apoyar la actividad exploratoria con el fin de atraer la inversión. Con un plan de inversiones razonable a medio plazo es posible crear 100.000 nuevos empleos hasta el año 2018, considerando el efecto directo e inducido de dicho aumento inversor. 
Mantener la posición en infraestructuras evitando la caída del stock de capital.- En el informe se destaca la posición privilegiada de la que goza nuestro país en cuanto a infraestructuras de transporte (6º a nivel mundial) para mejorar nuestro posicionamiento logístico. Por ello, es relevante aumentar las actuales tasas de inversión ya que el sector sigue siendo un pilar de la economía y con elevado impacto en el empleo, tiene un efecto derrame importante al resto de la economía sobre todo en un entorno como el actual de tipos nominales cercanos a cero y se debe evitar que el stock de capital acumulado se reduzca consecuencia la aceleración del ratio de depreciación.  
Una financiación fluida, clave para el desarrollo del país.- Otro de los ámbitos de actuación debería ser el de la financiación, especialmente después de que España haya sido uno de los países de la eurozona donde el crédito ha experimentado un ajuste más intenso. Así, y si bien es cierto que en los dos últimos años se han producido importantes avances por el lado de la demanda y por el de la oferta, existen diversos campos de mejora, que el informe detalla en forma de retos, y que serían de utilidad para incrementar la fluidez del acceso al crédito por parte del sector privado y, especialmente, por parte de las pymes. 
La lucha contra el fraude laboral podría aflorar un extra de más de 800.000 empleos y reducir la tasa de paro en hasta 3,6 p.p.- El CEC también cuantifica, describe y propone medidas para hacer frente al fraude laboral por su impacto sobre el empleo y, por lo tanto, en la tasa de paro. Tanto es así que el nivel de la economía sumergida en España se estima en torno al 23% del PIB, lo que equivale a aproximadamente 4 millones de empleos equivalentes, suponiendo  una tasa muy superior a la de otros países de la eurozona, como Alemania (15%), Francia (15%) u Holanda (11%). 
Un ajuste fiscal creíble y sin riesgos en la ejecución es clave para la sostenibilidad de la deuda pública.- El sexto informe del CEC explica también que, sin olvidar el esfuerzo realizado, la situación fiscal de España en relación con Europa no ha mejorado sustancialmente en los últimos doce meses; e incide en la importancia de cumplir e incluso de exceder el cumplimiento de la agenda prevista para garantizar la sostenibilidad de la deuda y evitar así que se sitúe por encima del 100% del PIB de manera sucesiva durante la próxima década. Y para ello, sería fundamental, concluye el informe en este punto, aumentar la tasa de crecimiento potencial con las medidas comentadas anteriormente a la par que alcanzar un superávit primario que garantice la reducción de la deuda. No obstante, la consecución de este superávit debería ser compatible con el incremento de la inversión pública hasta niveles que garanticen la estabilidad del stock de capital. 
Finalmente, y de acuerdo con el análisis de las actuaciones propuestas, el Consejo Empresarial para la Competitividad concluye su informe asegurando que reducir la tasa de paro por debajo del 15% en 2018 es posible; y que lo es gracias al efecto cíclico y estructural de la puesta en marcha de las medidas expuestas en el propio informe, y al efecto adicional que una mayor lucha contra el fraude tendría en el mercado laboral y productivo en España. En concreto, las medidas propuestas de lucha contra el fraude conseguirían reducir la tasa de paro a niveles inferiores al 11%.

 
Sobre el Consejo Empresarial para la Competitividad
El Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), formado en febrero de 2011, está compuesto por 15 compañías y el Instituto de Empresa Familiar. Las compañías que componen el Consejo Empresarial dan empleo a más de 1,7 millones de trabajadores y representan una facturación equivalente al 35% del PIB español.  El CEC se constituyó como un think tank que suma compromisos y esfuerzos para aportar propuestas que mejoren la competitividad, ayuden a la recuperación económica y fortalezcan la confianza internacional en España.

 
Empresas del Consejo Empresarial para la Competitividad: Acciona, ACS, Banco Santander, BBVA, El Corte Inglés, Ferrovial, Grupo Planeta, Iberdrola, Inditex, La Caixa, Mango, MAPFRE, Mercadona, Repsol, Telefónica

 
Instituto de la Empresa Familiar Representado por: Grupo Barceló, Havas Media Group, Prensa Ibérica.