Al colectivo de personas con discapacidad (el 12% de la población de España) no se le está tratando con equidad y con igualdad de oportunidades como marca la ley española y la Directiva del 2000 de la DGV. Se les está condenando a la pobreza.
Pedimos urgentemente que el cobro mensual de la pensión por discapacitado sea compatible con cualquier otro ingreso por actividad profesional o trabajo dependiente sin límite de ingresos.
Y, para el supuesto de que no se tenga en consideración nuestra solicitud y que se mantenga la situación actual, que se recuperen AUTOMATICAMENTE, cuando el beneficiario deje de percibir por su trabajo, las cantidades que superen el máximo permitido en cada caso y que suponen la pérdida de su pensión por discapacidad.
Hemos hecho un llamamiento en la plataforma OSOIGO para llegar a los senadores con el ruego de que se resuelva este problema que tiene la ciudadanía de este país en el que en cada tres hogares hay una persona con discapacidad y que merece ser tratada equitativamente.
 
Poder desarrollar una vida profesional si tiene la capacidad y talento para hacerlo como cualquier otro ciudadano de España y de la Unión Europea.
 
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