Un recorte de la plantilla del 20%, teniendo en cuenta los gruesos beneficios de la operadora, es la opción más impopular para Telefónica. Pero lo cierto es que la compañía que preside César Alierta tiene ese margen y mucho más. Estamos hablando de una empresa sobredimensionada y privada que está viendo sufrir su negocio nacional y que se va a ver obligada a hacer un ajuste (uno más) para competir en mejores condiciones con sus rivales. France Telecom y Deutsche Telekom son menos competitivas que Telefónica porque no aplicaron las medidas a las que la española, poco a poco, sí se ha atrevido.

Porque tenemos que admitir que la plantilla de Telefónica de España es mayor de la que precisa. Los cerca de 32.000 empleados que se verán afectados, en realidad, no tienen tanto que hacer. La empresa, como el resto de operadoras del sector, depende cada vez más de subcontratas que realizan el trabajo a precio más bajo y no necesariamente peor. No es que a Telefónica le sobren trabajadores en la parte de fijo. Es que le sobran más de los que va a recortar en su próximo ERE.

Vodafone tiene en España 4.383 empleados, y ofrece servicios similares. "¡Pero no tiene una densa red que mantener!", dirá alguien. Usemos, pues, otro ejemplo. El cable sí tiene una red que mantener, y la suma de todos los operadores de cable regionales no arroja más de 4.000 trabajadores. De hecho, haciendo una cuenta sencilla se puede decir que Telefónica de España suma más que el doble de empleados que si sumamos los del resto de operadoras de fijo y móvil de nuestro país.

¿Es justo que una compañía con beneficios multimillonarios siga despidiendo gente? Los criterios morales no siempre coinciden con los empresariales. En el largo plazo, lo mejor para el bienestar general de un país es que sus empresas sean rentables, es decir, competitivas, y eso exige realizar sacrificios en el corto plazo. A Miguel Boyer, superministro de Economía y Hacienda del primer Gobierno de Felipe González y hoy presidente de la Comisión Asesora de Competitividad le toca ahora explicárselo a Zapatero.

Lo políticamente relevante no es meterle mano a las empresas para que no te estropeen la próxima EPA, sino preocuparse de que, quienes la abandonen no dilapiden su talento y su formación.

Un ERE de Telefónica, por más miles de trabajadores que se vean afectados, no es un ERE en una cadena de hoteles. No es un ERE en una constructora. Es un recorte extremadamente bien remunerado que afectará a algunos de los profesionales más preparados de España. Capaces de afrontar la crisis con buena formación, talento y un saco de billetes aportados por la empresa.

Si el ERE cuesta lo mismo que otros procesos anteriores, como sugirió Guillermo Ansaldo, podría elevarse hasta los 1.600 millones de euros, lo que arrojaría una media de 250.000 euros por cada uno de los 6.400 trabajadores que terminarán en la calle.

Alguien debería hacer un estudio en el que se dilucidase cuántas compañías innovadoras en España han estado relacionadas con el dinero procedente de un ERE de Telefónica. De cualquiera de los muchos que ha habido hasta ahora. Porque estamos hablando de que Telefónica de España reducirá su plantilla hasta 25.600 empleados cuando, hace 20 años, la operadora contaba con 75.500 trabajadores, casi el triple de los que suma hoy.

El verdadero desafío del Gobierno no será poner barreras al ERE, sino poner en marcha un entorno que facilite la creación de empresas innovadoras y permita a sus empleados volver a generar riqueza para el país. Porque quizá el creador del próximo Google se encuentra hoy, aburrido y desmotivado, en una oficina del Distrito C.