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Blog de Tendencias21 sobre la historia reciente de España
Una reforma constitucional exige que todos los partidos políticos tomen en serio lo construido a partir de la Constitución de 1978
Cuando en España solo había provincias, los senadores y diputados catalanes, que se llamaban a sí mismos regionalistas, dirigieron al país un largo manifiesto afirmando que la causa de Cataluña era la causa de la España verdadera, de la España que trabaja y sufre. “Es hoy uno el interés y una la causa y uno el destino de todas las regiones españolas”, decían los parlamentarios catalanes, de modo que “la cuestión catalana” -título que dieron a su llamamiento- se convertía en la cuestión española por excelencia: de su solución dependía que España entera continuara su decadencia hasta su total ruina o iniciara su renacimiento hasta “hacerla de nuevo próspera, culta y poderosa”. Cataluña, aseguraban en 1906, aspira a consolidar por medio del regionalismo la unidad española.
Ese pleito, causa o cuestión catalana recibió un fuerte impulso en las postrimerías de la Gran Guerra cuando la Asamblea de Parlamentarios, convocada de espaldas a las Cortes, declaró la región como organismo natural reconociendo a todas ellas el derecho de regirse libremente en aquellos órdenes que afectaban al pleno desenvolvimiento de su vida interna. Será este derecho a una “autonomía integral” lo que reivindique Francesc Cambó cuando advierta al Congreso que había dos maneras de provocar la anarquía: una, pedir lo imposible; otra, retrasar lo inevitable. Y lo inevitable eran las autonomías regionales junto a un Poder central fuerte y real. Autonomía en cuanto a las funciones y plenitud de soberanía sobre esas funciones: todas las regiones que lo quisieran y mostraran aptitudes suficientes para desarrollarla podrían aspirar a ella, decía Cambó. Y de este modo, una Cataluña descarrilada y marchando a trompicones volvería a encarrilarse y emprendería una marcha segura de manera que cuando el impulso patriótico la hiciera avanzar de prisa, la seguirían los otros pueblos de España.
Crear una España grande con todas las regiones que lo desearan gozando de autonomía: esa fue la sustancia del catalanismo político hasta 1923, cuando la primera dictadura española del siglo XX derogó la Mancomunidad de Cataluña. Lo volvió a ser en los años treinta, ahora con los partidos de izquierda en posición hegemónica, cuando la Cortes Constituyentes de la República establecieron, para dar cauce a la cuestión catalana, que el acuerdo de una o varias provincias limítrofes, con características históricas, culturales y económicas comunes era el único requisito para constituir una región autónoma, posibilidad abierta a todas las provincias que lo desearan y fueran capaces de organizarla.
Y algo muy similar ocurrirá de nuevo cuarenta años después, cuando al término de la segunda dictadura que había arrasado la Constitución republicana y los estatutos de autonomía, los representantes de Coordinación Democrática pacten en mayo de 1976 con el Consell de Forces Politiques de Catalunya y con la Assemblea de Catalunya el restablecimiento del Estatuto de Autonomía de 1932 junto al reconocimiento de los derechos de las restantes nacionalidades y regiones del Estado español. En el debate constituyente iniciado tras las elecciones de junio de 1977 quedó más que dicho y repetido que los dos principios que regirían el proceso de construcción de la nueva estructura territorial del Estado serían los de autonomía de las nacionalidades y regiones y la solidaridad entre los pueblos de España. La cuestión catalana y, en general, la cuestión de las nacionalidades, dijo Jordi Pujol en el primer debate sobre política general celebrado en aquellas Cortes, debía ser vista como lo que realmente era, “una eficaz, sólida y fraternal articulación de los diversos pueblos de España y no como factor de disgregación”.
¿Qué ha ocurrido para que el acuerdo tan celebrado por sus protagonistas haya saltado por los aires con la cuestión catalana retornando a primer plano, ahora como secesión e independencia? La novedad respecto al pasado fue que esta vez la invención de las autonomías ha durado tanto que ha tenido tiempo de modificar su naturaleza. En los estatutos de nueva planta promulgados desde 2006, con Cataluña otra vez a la cabeza, nacionalidad se convirtió en nación mientras región se identificaba como realidad o comunidad nacional. Visto desde otro ángulo, la Constitución de 1978, al crear verdaderos poderes de Estado en cada una de las nacionalidades y regiones, pero al no enfrentarse a la exigencia de instituciones federales para manejar esa diversidad, ha servido para que los fragmentos de Estado que son las Comunidades Autónomas se hayan aplicado con todos sus recursos a la construcción de naciones o realidades nacionales sostenidas en “un solo pueblo”, cuyo espíritu o identidad vendría desde los arcanos de la historia, sin que en ningún momento se haya previsto la necesidad de instituciones que garantizaran la solidaridad ni, menos aún, las relaciones fraternales entre esos pueblos.
En los orígenes de esta historia, Jordi Pujol recordó una verdad que la experiencia de los cuarenta años transcurridos no ha hecho más que confirmar. Y es que la mejor Constitución no hace prosperar a un país o, si ese país atraviesa una crisis, no lo salva, cuando los hábitos políticos son malos. Ya puede darse un país la Constitución más adecuada a la diversidad de sus territorios y de sus gentes, que si los hábitos políticos son lo que Pujol definía como malos, el fracaso es seguro. Y, en efecto, mucho hay de malos hábitos políticos en el fracaso y la ruina de aquella expectativa que alentaba una tarde, a finales de julio de 1978, cuando en el Congreso de los Diputados llegaba a término el debate constituyente y el mismo Jordi Pujol, al confirmar enfáticamente el voto positivo de su grupo a la Constitución, celebraba ese “saber convivir, saber vivir juntos, saber trabajar juntos” y reiteraba su voluntad, su “firme decisión de no fracasar esta vez”.
Visto con la distancia de cuatro décadas, y ante la destrucción y el fracaso, inducido por los mismos nacionalistas catalanes, de las expectativas concebidas en los años de oposición a la dictadura, el peor de esos hábitos ha consistido en la consolidación de unas clases políticas cerradas que han edificado su poder sobre redes clientelares de ámbito regional y sobre marasmos de corrupción tanto en Cataluña como en Madrid, en Valencia igual que en Baleares o Andalucía. A medida que esas redes de poder se consolidaban y la corrupción se generalizaba, las políticas identitarias, con la consiguiente exclusión o demonización del otro, se profundizaban. Máquinas de fabricación de identidades colectivas enfrentadas: ese ha sido el mal hábito político, impensable en 1978, cuando campaba en lo más alto la solidaridad de los pueblos de España como lema de todos los partidos.
En Cataluña, desde el cerco al Parlament en junio de 2011 como respuesta a los drásticos recortes en políticas sociales y a la crisis de legitimidad de la democracia representativa, un sector de la clase política, bien arropado en intelectuales, historiadores y organizaciones que actúan como brazo civil del poder público, recurrió al último cartucho que aun le quedaba por quemar para salir del atolladero: una secesión que promete un paraíso, la independencia nacional. Ciertamente, no les ha faltado en esa empresa la colaboración de las instituciones del Estado central. El Tribunal Constitucional, primero, con su errática manera de dar a luz tardíamente una sentencia algo peor que desafortunada; el Gobierno, después, cercado él mismo, y atenazado, por la corrupción del partido en que se sostiene desde ese año. Pero lo que acabó por trasmutar aquel catalanismo político hasta convertirlo en proyecto de secesión e independencia fue la huida hacia adelante de Convèrgencia Democràtica de Catalunya, el partido del tópico seny y de la burguesía que tan pingües negocios ha podido realizar al abrigo del 3 por ciento como antes lo hacía protegida por el arancel.
Fue en esa huida cuando se puso en marcha el proceso para hacer efectivo el ejercicio de un derecho a decidir que llevará al heredero de Pujol, Artur Mas, a anunciar como elecciones plebiscitarias las convocadas para el 25 de septiembre de 2015, a las que nacionalistas de derecha e izquierda acudieron en la coalición Junts pel Sí en la expectativa de obtener una mayoría absoluta. Muy lejos de alcanzarla, con sus 62 escaños y 39,5% de votos emitidos, los coligados imploraron el auxilio, y accedieron a las exigencias, de la Candidatura d’Unitat Popular, que con sus diez diputados y 8,2% de votos proporcionaban a la coalición una mayoría de diputados aunque, por virtud del sistema electoral, con una minoría de votos, 47,7%. La CUP, que no viene de la tradición catalanista, sino de la libertaria y colectivista, portadora de la vieja utopía del pueblo –ahora la gente- sin estado, ha visto en la independencia de Cataluña el primer “momento destituyente” del Estado español, con su comienzo en el derrumbe de la autonomía catalana al que seguirá la demolición –o eso decía su cabeza de lista, Antonio Baños- del abominable régimen del 78 para dar paso, rotas por fin las cadenas, a la unión libre y fraternal de todos los pueblos de España.
Lo que vendría después de este pacto entre nacionalistas y libertarios, ambos con la carga populista propia de los tiempos que corren, estaba más que cantado: transformar a toda prisa el fracaso de las elecciones plebiscitarias en un triunfo político, trasmutando a una minoría social en la totalidad de la nación, el pueblo o la gente de Cataluña. Nacionalistas y colectivistas fundidos en la misma acción de ruptura, y vulnerando la Constitución y el Estatuto a los que deben su existencia como un poder del Estado, votaron las leyes de referéndum y transitoriedad en unas sesiones que habrían hecho las delicias de los parlamentos de los años treinta del siglo pasado, los que aplaudieron a rabiar las quiebras en serie de las democracias. Y por si aun quedaban dudas, los 72 diputados firmando un papel como “Los representantes de Cataluña” enviaron al resto de diputados la advertencia de que no habrá lugar para ellos en la construcción de la nueva república a no ser que se conviertan a la nueva religión nacional-populista.
El fin del catalanismo político, y de su secular propuesta de autonomía como llave para la regeneración, modernización o democratización de España, ha hecho evidente, por lo demás, que la Constitución de 1978 ha cumplido su función, o muerto de éxito, y anda pidiendo hace años una severa reforma que los partidos de ámbito estatal parecen por fin dispuestos a intentar. Si se deciden, quizá no fuera mala idea partir de lo ya consolidado: que las naciones y las realidades nacionales, definidas hasta hoy como comunidades autónomas, hagan uso de su capacidad de iniciativa y presenten en las Cortes, después de un amplio debate con la participación de todas ellas, una propuesta de reforma constitucional. Un proyecto que sustituya las declamaciones de solidaridad de los años setenta por instituciones de tipo federal que la garanticen jurídica y políticamente en todos los territorios del Estado. El problema es que los nacionalistas catalanes, sin ocupar ya las posiciones de vanguardia ni actuar como espoleta, al modo en que actuaron en 1931 y en 1978, optarán probablemente por no participar en el nuevo juego a la espera de que la Europa de los estados se disuelva en una Europa de los pueblos orgullosos de su identidad, y vean por fin despejado el camino a la independencia.
Ese pleito, causa o cuestión catalana recibió un fuerte impulso en las postrimerías de la Gran Guerra cuando la Asamblea de Parlamentarios, convocada de espaldas a las Cortes, declaró la región como organismo natural reconociendo a todas ellas el derecho de regirse libremente en aquellos órdenes que afectaban al pleno desenvolvimiento de su vida interna. Será este derecho a una “autonomía integral” lo que reivindique Francesc Cambó cuando advierta al Congreso que había dos maneras de provocar la anarquía: una, pedir lo imposible; otra, retrasar lo inevitable. Y lo inevitable eran las autonomías regionales junto a un Poder central fuerte y real. Autonomía en cuanto a las funciones y plenitud de soberanía sobre esas funciones: todas las regiones que lo quisieran y mostraran aptitudes suficientes para desarrollarla podrían aspirar a ella, decía Cambó. Y de este modo, una Cataluña descarrilada y marchando a trompicones volvería a encarrilarse y emprendería una marcha segura de manera que cuando el impulso patriótico la hiciera avanzar de prisa, la seguirían los otros pueblos de España.
Crear una España grande con todas las regiones que lo desearan gozando de autonomía: esa fue la sustancia del catalanismo político hasta 1923, cuando la primera dictadura española del siglo XX derogó la Mancomunidad de Cataluña. Lo volvió a ser en los años treinta, ahora con los partidos de izquierda en posición hegemónica, cuando la Cortes Constituyentes de la República establecieron, para dar cauce a la cuestión catalana, que el acuerdo de una o varias provincias limítrofes, con características históricas, culturales y económicas comunes era el único requisito para constituir una región autónoma, posibilidad abierta a todas las provincias que lo desearan y fueran capaces de organizarla.
Y algo muy similar ocurrirá de nuevo cuarenta años después, cuando al término de la segunda dictadura que había arrasado la Constitución republicana y los estatutos de autonomía, los representantes de Coordinación Democrática pacten en mayo de 1976 con el Consell de Forces Politiques de Catalunya y con la Assemblea de Catalunya el restablecimiento del Estatuto de Autonomía de 1932 junto al reconocimiento de los derechos de las restantes nacionalidades y regiones del Estado español. En el debate constituyente iniciado tras las elecciones de junio de 1977 quedó más que dicho y repetido que los dos principios que regirían el proceso de construcción de la nueva estructura territorial del Estado serían los de autonomía de las nacionalidades y regiones y la solidaridad entre los pueblos de España. La cuestión catalana y, en general, la cuestión de las nacionalidades, dijo Jordi Pujol en el primer debate sobre política general celebrado en aquellas Cortes, debía ser vista como lo que realmente era, “una eficaz, sólida y fraternal articulación de los diversos pueblos de España y no como factor de disgregación”.
¿Qué ha ocurrido para que el acuerdo tan celebrado por sus protagonistas haya saltado por los aires con la cuestión catalana retornando a primer plano, ahora como secesión e independencia? La novedad respecto al pasado fue que esta vez la invención de las autonomías ha durado tanto que ha tenido tiempo de modificar su naturaleza. En los estatutos de nueva planta promulgados desde 2006, con Cataluña otra vez a la cabeza, nacionalidad se convirtió en nación mientras región se identificaba como realidad o comunidad nacional. Visto desde otro ángulo, la Constitución de 1978, al crear verdaderos poderes de Estado en cada una de las nacionalidades y regiones, pero al no enfrentarse a la exigencia de instituciones federales para manejar esa diversidad, ha servido para que los fragmentos de Estado que son las Comunidades Autónomas se hayan aplicado con todos sus recursos a la construcción de naciones o realidades nacionales sostenidas en “un solo pueblo”, cuyo espíritu o identidad vendría desde los arcanos de la historia, sin que en ningún momento se haya previsto la necesidad de instituciones que garantizaran la solidaridad ni, menos aún, las relaciones fraternales entre esos pueblos.
En los orígenes de esta historia, Jordi Pujol recordó una verdad que la experiencia de los cuarenta años transcurridos no ha hecho más que confirmar. Y es que la mejor Constitución no hace prosperar a un país o, si ese país atraviesa una crisis, no lo salva, cuando los hábitos políticos son malos. Ya puede darse un país la Constitución más adecuada a la diversidad de sus territorios y de sus gentes, que si los hábitos políticos son lo que Pujol definía como malos, el fracaso es seguro. Y, en efecto, mucho hay de malos hábitos políticos en el fracaso y la ruina de aquella expectativa que alentaba una tarde, a finales de julio de 1978, cuando en el Congreso de los Diputados llegaba a término el debate constituyente y el mismo Jordi Pujol, al confirmar enfáticamente el voto positivo de su grupo a la Constitución, celebraba ese “saber convivir, saber vivir juntos, saber trabajar juntos” y reiteraba su voluntad, su “firme decisión de no fracasar esta vez”.
Visto con la distancia de cuatro décadas, y ante la destrucción y el fracaso, inducido por los mismos nacionalistas catalanes, de las expectativas concebidas en los años de oposición a la dictadura, el peor de esos hábitos ha consistido en la consolidación de unas clases políticas cerradas que han edificado su poder sobre redes clientelares de ámbito regional y sobre marasmos de corrupción tanto en Cataluña como en Madrid, en Valencia igual que en Baleares o Andalucía. A medida que esas redes de poder se consolidaban y la corrupción se generalizaba, las políticas identitarias, con la consiguiente exclusión o demonización del otro, se profundizaban. Máquinas de fabricación de identidades colectivas enfrentadas: ese ha sido el mal hábito político, impensable en 1978, cuando campaba en lo más alto la solidaridad de los pueblos de España como lema de todos los partidos.
En Cataluña, desde el cerco al Parlament en junio de 2011 como respuesta a los drásticos recortes en políticas sociales y a la crisis de legitimidad de la democracia representativa, un sector de la clase política, bien arropado en intelectuales, historiadores y organizaciones que actúan como brazo civil del poder público, recurrió al último cartucho que aun le quedaba por quemar para salir del atolladero: una secesión que promete un paraíso, la independencia nacional. Ciertamente, no les ha faltado en esa empresa la colaboración de las instituciones del Estado central. El Tribunal Constitucional, primero, con su errática manera de dar a luz tardíamente una sentencia algo peor que desafortunada; el Gobierno, después, cercado él mismo, y atenazado, por la corrupción del partido en que se sostiene desde ese año. Pero lo que acabó por trasmutar aquel catalanismo político hasta convertirlo en proyecto de secesión e independencia fue la huida hacia adelante de Convèrgencia Democràtica de Catalunya, el partido del tópico seny y de la burguesía que tan pingües negocios ha podido realizar al abrigo del 3 por ciento como antes lo hacía protegida por el arancel.
Fue en esa huida cuando se puso en marcha el proceso para hacer efectivo el ejercicio de un derecho a decidir que llevará al heredero de Pujol, Artur Mas, a anunciar como elecciones plebiscitarias las convocadas para el 25 de septiembre de 2015, a las que nacionalistas de derecha e izquierda acudieron en la coalición Junts pel Sí en la expectativa de obtener una mayoría absoluta. Muy lejos de alcanzarla, con sus 62 escaños y 39,5% de votos emitidos, los coligados imploraron el auxilio, y accedieron a las exigencias, de la Candidatura d’Unitat Popular, que con sus diez diputados y 8,2% de votos proporcionaban a la coalición una mayoría de diputados aunque, por virtud del sistema electoral, con una minoría de votos, 47,7%. La CUP, que no viene de la tradición catalanista, sino de la libertaria y colectivista, portadora de la vieja utopía del pueblo –ahora la gente- sin estado, ha visto en la independencia de Cataluña el primer “momento destituyente” del Estado español, con su comienzo en el derrumbe de la autonomía catalana al que seguirá la demolición –o eso decía su cabeza de lista, Antonio Baños- del abominable régimen del 78 para dar paso, rotas por fin las cadenas, a la unión libre y fraternal de todos los pueblos de España.
Lo que vendría después de este pacto entre nacionalistas y libertarios, ambos con la carga populista propia de los tiempos que corren, estaba más que cantado: transformar a toda prisa el fracaso de las elecciones plebiscitarias en un triunfo político, trasmutando a una minoría social en la totalidad de la nación, el pueblo o la gente de Cataluña. Nacionalistas y colectivistas fundidos en la misma acción de ruptura, y vulnerando la Constitución y el Estatuto a los que deben su existencia como un poder del Estado, votaron las leyes de referéndum y transitoriedad en unas sesiones que habrían hecho las delicias de los parlamentos de los años treinta del siglo pasado, los que aplaudieron a rabiar las quiebras en serie de las democracias. Y por si aun quedaban dudas, los 72 diputados firmando un papel como “Los representantes de Cataluña” enviaron al resto de diputados la advertencia de que no habrá lugar para ellos en la construcción de la nueva república a no ser que se conviertan a la nueva religión nacional-populista.
El fin del catalanismo político, y de su secular propuesta de autonomía como llave para la regeneración, modernización o democratización de España, ha hecho evidente, por lo demás, que la Constitución de 1978 ha cumplido su función, o muerto de éxito, y anda pidiendo hace años una severa reforma que los partidos de ámbito estatal parecen por fin dispuestos a intentar. Si se deciden, quizá no fuera mala idea partir de lo ya consolidado: que las naciones y las realidades nacionales, definidas hasta hoy como comunidades autónomas, hagan uso de su capacidad de iniciativa y presenten en las Cortes, después de un amplio debate con la participación de todas ellas, una propuesta de reforma constitucional. Un proyecto que sustituya las declamaciones de solidaridad de los años setenta por instituciones de tipo federal que la garanticen jurídica y políticamente en todos los territorios del Estado. El problema es que los nacionalistas catalanes, sin ocupar ya las posiciones de vanguardia ni actuar como espoleta, al modo en que actuaron en 1931 y en 1978, optarán probablemente por no participar en el nuevo juego a la espera de que la Europa de los estados se disuelva en una Europa de los pueblos orgullosos de su identidad, y vean por fin despejado el camino a la independencia.
Santos Juliá
Domingo, 28 de Enero 2018 19:24
De nacionalidades a naciones y de regiones a nacionalidades: tal podría ser el resumen de cuatro décadas de autonomía
Reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado español: tal parece ser el talismán que abrirá la puerta a un mejor encaje de nuestras mal llamadas naciones sin Estado en la Constitución española después de someterla a una profunda reforma. Se trata de una demanda presentada de manera formal en 1998, cuando PNV, CiU y BNG, evocando los pactos de la Triple Alianza de 1923 y el que dio origen a Galeuzca diez años después, firmaron una declaración en Barcelona, recordando que cumplidos 20 años de democracia continuaba sin resolverse “la articulación del Estado español como plurinacional”.
Los firmantes de esta declaración partían del supuesto de que, tal como la Constitución establecía, había en España nacionalidades y regiones y que, tras el desarrollo de los Estatutos, las regiones se sentían satisfechas con el grado de autonomía alcanzado durante esos años, pero las nacionalidades, precisamente porque las regiones disfrutaban ya del nivel máximo de competencias, se encontraban ante la terrible amenaza de la “uniformización”. En verdad, y al menos desde 1996, Jordi Pujol nunca dejará de repetir que si seguíamos por el camino de la uniformidad, “se llegará a la situación absurda de que en España no habrá regiones”. Y eso, para los catalanes, concluía Pujol, “tiene trascendencia”, la de no ver reconocida su diferencia.
Pues bien, ya hemos llegado al absurdo: apenas quedan regiones en España. Y no estará de más recordar que en el punto de partida de esta historia no había más que provincias, las establecidas por los liberales en 1833. Décadas después, un grupo de diputados y senadores catalanes plantearon en 1906 al gobierno de Su Majestad “La cuestión catalana”, que consistía en elevar las cuatro provincias de Cataluña al estatuto de región dotada de un derecho originario a la autonomía. De su reconocimiento por el Estado esperaban aquellos parlamentarios, inmunes al síndrome Pujol, el resurgir de las energías dormidas de todas las regiones de España: la causa de Cataluña, escribían, “es la causa de todas las regiones españolas”; la autonomía, también.
Hubo que esperar, sin embargo, a la proclamación de la República para que una Constitución española recogiera, por impulso catalán, el derecho de una o varias provincias limítrofes, con características históricas, culturales y económicas comunes, a organizarse en región autónoma para formar un núcleo político-administrativo dentro del Estado español. En los años de República en paz solo se constituyó una región autónoma, Cataluña, aunque otras dos, País Vasco y Galicia, plebiscitaron también Estatutos de autonomía antes de que la rebelión militar los arrasara a todos, y a los que esperaban, por la fuerza de las armas y del terror. En el exilio, ya desde los años cuarenta, abundaron los debates sobre la futura configuración del Estado, ahora como Comunidad Ibérica de Naciones, o como Confederación de Nacionalidades españolas o ibéricas, o como España como nación de naciones, y hasta de España, según la veía Pere Bosch Gimpera, como “una supernacionalidad en la que cabían todas las nacionalidades”.
De cuántas y cuáles eran estas nacionalidades se publicaron no pocas reflexiones, plagadas de un profundo historicismo al servicio de la causa. En resumen, se debatieron dos proyectos de futuro: uno, muy arraigado en círculos del exilio catalán, vasco y gallego, dibujaba el mapa a base de cuatro naciones confederadas: Castilla, Cataluña, Galicia y Euskadi, entendiendo que, para equilibrar el peso de las tres últimas con la primera, Cataluña abarcaría el conjunto de Países catalanes y Euskadi se extendería por Navarra y tierras limítrofes de Aragón; el otro, de preferente acogida por castellanos, contaba hasta catorce nacionalidades, reproduciendo más o menos el mapa de los estados diseñados en la no nata Constitución federal de la República de 1873.
En los medios de oposición a la dictadura en el interior se llegó, sin embargo, a identificar democracia con recuperación de libertades y de estatutos de autonomía por las nacionalidades y regiones, nueva pareja muy solidaria y bien avenida, que viajó en el mismo vagón hasta su reconocimiento en la Constitución de 1978 en términos calcados de la de 1931: provincias limítrofes con características históricas, económicas y culturales comunes. Cuáles eran nacionalidades y cuáles regiones quedó implícitamente entendido con el reconocimiento del derecho a dotarse de Estatuto por la vía rápida a los territorios que “en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía”, o sea, por este orden: Cataluña, Euskadi y Galicia, aunque Andalucía se subió de un triple salto al mismo carro.
Y así fue hasta que las regiones procedieron a redefinirse en los estatutos de nueva planta aprobados entre 2006 y 2010. De entidad regional, Cantabria pasó a identificarse como comunidad histórica, denominación adoptada también por Asturias. Aragón, que había prescindido de preámbulo en su primer estatuto, se definió como nacionalidad histórica en 2007, lo mismo que el pueblo valenciano, que al constituirse en Comunidad autónoma lo hacía como expresión de su identidad diferenciada como nacionalidad histórica. De manera que mientras las nacionalidades se convertían en naciones, o en realidades nacionales, las regiones, salvo Castilla-La Mancha y Murcia, se identificaron, por las razones históricas poéticamente inventadas en los preámbulos de sus nuevos estatutos, en comunidades históricas, en nacionalidades históricas, o simplemente, en nacionalidades.
¿Cómo hemos llegado a esto? Muy sencillo: desde que asumieron sus competencias, los gobiernos de las Comunidades Autónomas dedicaron parte notable de sus recursos, primero, a recuperar “señas de identidad” para, olivándose de la lealtad o solidaridad federal, embarcarse en la construcción de identidades diferenciadas, remontando la diferencia a una forja de los antepasados perdidos en las brumas de los tiempos. Así los catalanes, siempre pioneros, pero también los andaluces, aragoneses, valencianos y demás. Y así, cantando loores a la diferencia colectiva han convertido cada nación o nacionalidad en sujeto de derechos históricos, comenzando por el derecho a decidir, en el que tomaron la delantera los vascos, siguieron los catalanes y ahora, como parte de un “momento destituyente”, reivindica la CUP y otros populismos para todos los pueblos.
¿Que hacer? Ante todo, llamar a las cosas por su nombre: las políticas de identidad son como mantos primorosamente repujados que cubren políticas de poder. Cuando un poder reclama una identidad colectiva separada, enseguida afirma una voluntad nacional-popular como sujeto de decisión, primero, de soberanía inmediatamente. Mejor será ir al grano y abrir el debate que tenemos pendiente desde 2004 partiendo de la asunción de este nuevo hecho político construido a partir de 1978: que las Comunidades Autónomas, sean naciones, nacionalidades o, todavía, regiones, son poderes del Estado y que, como tales, tienen su palabra que decir en todo lo que se refiera a una reforma constitucional, mal que les pese a quienes no ven otro horizonte que la destrucción del mismo Estado.
Los firmantes de esta declaración partían del supuesto de que, tal como la Constitución establecía, había en España nacionalidades y regiones y que, tras el desarrollo de los Estatutos, las regiones se sentían satisfechas con el grado de autonomía alcanzado durante esos años, pero las nacionalidades, precisamente porque las regiones disfrutaban ya del nivel máximo de competencias, se encontraban ante la terrible amenaza de la “uniformización”. En verdad, y al menos desde 1996, Jordi Pujol nunca dejará de repetir que si seguíamos por el camino de la uniformidad, “se llegará a la situación absurda de que en España no habrá regiones”. Y eso, para los catalanes, concluía Pujol, “tiene trascendencia”, la de no ver reconocida su diferencia.
Pues bien, ya hemos llegado al absurdo: apenas quedan regiones en España. Y no estará de más recordar que en el punto de partida de esta historia no había más que provincias, las establecidas por los liberales en 1833. Décadas después, un grupo de diputados y senadores catalanes plantearon en 1906 al gobierno de Su Majestad “La cuestión catalana”, que consistía en elevar las cuatro provincias de Cataluña al estatuto de región dotada de un derecho originario a la autonomía. De su reconocimiento por el Estado esperaban aquellos parlamentarios, inmunes al síndrome Pujol, el resurgir de las energías dormidas de todas las regiones de España: la causa de Cataluña, escribían, “es la causa de todas las regiones españolas”; la autonomía, también.
Hubo que esperar, sin embargo, a la proclamación de la República para que una Constitución española recogiera, por impulso catalán, el derecho de una o varias provincias limítrofes, con características históricas, culturales y económicas comunes, a organizarse en región autónoma para formar un núcleo político-administrativo dentro del Estado español. En los años de República en paz solo se constituyó una región autónoma, Cataluña, aunque otras dos, País Vasco y Galicia, plebiscitaron también Estatutos de autonomía antes de que la rebelión militar los arrasara a todos, y a los que esperaban, por la fuerza de las armas y del terror. En el exilio, ya desde los años cuarenta, abundaron los debates sobre la futura configuración del Estado, ahora como Comunidad Ibérica de Naciones, o como Confederación de Nacionalidades españolas o ibéricas, o como España como nación de naciones, y hasta de España, según la veía Pere Bosch Gimpera, como “una supernacionalidad en la que cabían todas las nacionalidades”.
De cuántas y cuáles eran estas nacionalidades se publicaron no pocas reflexiones, plagadas de un profundo historicismo al servicio de la causa. En resumen, se debatieron dos proyectos de futuro: uno, muy arraigado en círculos del exilio catalán, vasco y gallego, dibujaba el mapa a base de cuatro naciones confederadas: Castilla, Cataluña, Galicia y Euskadi, entendiendo que, para equilibrar el peso de las tres últimas con la primera, Cataluña abarcaría el conjunto de Países catalanes y Euskadi se extendería por Navarra y tierras limítrofes de Aragón; el otro, de preferente acogida por castellanos, contaba hasta catorce nacionalidades, reproduciendo más o menos el mapa de los estados diseñados en la no nata Constitución federal de la República de 1873.
En los medios de oposición a la dictadura en el interior se llegó, sin embargo, a identificar democracia con recuperación de libertades y de estatutos de autonomía por las nacionalidades y regiones, nueva pareja muy solidaria y bien avenida, que viajó en el mismo vagón hasta su reconocimiento en la Constitución de 1978 en términos calcados de la de 1931: provincias limítrofes con características históricas, económicas y culturales comunes. Cuáles eran nacionalidades y cuáles regiones quedó implícitamente entendido con el reconocimiento del derecho a dotarse de Estatuto por la vía rápida a los territorios que “en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía”, o sea, por este orden: Cataluña, Euskadi y Galicia, aunque Andalucía se subió de un triple salto al mismo carro.
Y así fue hasta que las regiones procedieron a redefinirse en los estatutos de nueva planta aprobados entre 2006 y 2010. De entidad regional, Cantabria pasó a identificarse como comunidad histórica, denominación adoptada también por Asturias. Aragón, que había prescindido de preámbulo en su primer estatuto, se definió como nacionalidad histórica en 2007, lo mismo que el pueblo valenciano, que al constituirse en Comunidad autónoma lo hacía como expresión de su identidad diferenciada como nacionalidad histórica. De manera que mientras las nacionalidades se convertían en naciones, o en realidades nacionales, las regiones, salvo Castilla-La Mancha y Murcia, se identificaron, por las razones históricas poéticamente inventadas en los preámbulos de sus nuevos estatutos, en comunidades históricas, en nacionalidades históricas, o simplemente, en nacionalidades.
¿Cómo hemos llegado a esto? Muy sencillo: desde que asumieron sus competencias, los gobiernos de las Comunidades Autónomas dedicaron parte notable de sus recursos, primero, a recuperar “señas de identidad” para, olivándose de la lealtad o solidaridad federal, embarcarse en la construcción de identidades diferenciadas, remontando la diferencia a una forja de los antepasados perdidos en las brumas de los tiempos. Así los catalanes, siempre pioneros, pero también los andaluces, aragoneses, valencianos y demás. Y así, cantando loores a la diferencia colectiva han convertido cada nación o nacionalidad en sujeto de derechos históricos, comenzando por el derecho a decidir, en el que tomaron la delantera los vascos, siguieron los catalanes y ahora, como parte de un “momento destituyente”, reivindica la CUP y otros populismos para todos los pueblos.
¿Que hacer? Ante todo, llamar a las cosas por su nombre: las políticas de identidad son como mantos primorosamente repujados que cubren políticas de poder. Cuando un poder reclama una identidad colectiva separada, enseguida afirma una voluntad nacional-popular como sujeto de decisión, primero, de soberanía inmediatamente. Mejor será ir al grano y abrir el debate que tenemos pendiente desde 2004 partiendo de la asunción de este nuevo hecho político construido a partir de 1978: que las Comunidades Autónomas, sean naciones, nacionalidades o, todavía, regiones, son poderes del Estado y que, como tales, tienen su palabra que decir en todo lo que se refiera a una reforma constitucional, mal que les pese a quienes no ven otro horizonte que la destrucción del mismo Estado.
Publicado en El País, 6 de noviembre de 2017
Santos Juliá
Domingo, 28 de Enero 2018 19:18
Jordi Amat, El llarg procés. Cultura i política a la Catalunya contemporania (1937-2014). Barcelona: Tusquets Editores, 2015. 384 pp.
No es casualidad que la primera palabra del prólogo de este largo proceso hacia el control social del catalanismo conquistado en los últimos años por el independentismo sea l’escena, seguida de un dato muy preciso: la tal escena comienza en el segundo once de un vídeo. Y es que más que etapas de un largo camino, El llarg procés de Jordi Amat gira en torno a escenas de una película, en la que el autor gusta de introducirse al modo en que Hitchcock aparecía en sus célebres cameos, sin que falten algunas tramas que funcionan como macguffins, sin aparente conexión con el argumento central aunque participen de su corriente profunda. Y en fin, también por aquí y por allá invitaciones a los lectores para que participen, a la manera hitchcockiana, de cierto suspense, en este caso cultural, una carta, un apunte que valen para recrear escenas en las que algunos protagonistas aparecen desnudos a la vista del público. Cómo se articula cada escena con el proceso que ha conducido a la hegemonía soberanista es cosa que queda también a la imaginación del lector.
Quiero decir con esto que El llarg procès es resultado, por una parte, de años de inmersión de Jordi Amat en los diferentes archivos en que han depositado correspondencia y escritos no publicados sus protagonistas, y en las conversaciones que, guiado por su curiosidad omnívora, ha mantenido con testigos de primera y segunda fila; y, por otra, de su dominio bien demostrado en el ámbito de un periodismo cultural de alto vuelo sobre el pasado. De lo primero resulta un libro de una erudición apabullante, de un dominio completo sobre la bibliografía y los archivos disponibles; de lo segundo, una trama articulada sobre la sucesión de escenas o de instantes más que sobre la progresión estructurada de un guión escrito de principio a fin. Todo ello al servicio de la cuestión que realmente le interesa: la relación de cultura y política en la Cataluña de la larga segunda mitad del siglo XX, comenzando por los años de la guerra civil hasta llegar a la muerte del Cobi, con algún salto importante en el camino: los años de Jordi Pujol en el poder, de 1980 a 2003, precisamente el tramo en que se consolida una manera de relación de la cultura con la política sin la que no es posible entender la escena del vídeo evocado a su comienzo: el recibimiento que, con caras rebosantes de satisfacción, un grupo de intelectuales tributó al presidente Artur Mas a su vuelta a Barcelona, el 20 de septiembre de 2012, con las manos vacías tras la frustrante visita al presidente Mariano Rajoy.
Las escenas que estructuran las diferentes tramas de esta película se organizan en tres periodos. El primero arranca en las postrimerías de la guerra civil y alcanza hasta 1947, cuando ha culminado la obra de destrucción de un sistema cultural abierto y democrático y no hay más estrategia posible que la de supervivencia hasta que se logra articular, a base de reuniones literarias, lo que Amat define como una “catacumbal resistencia parapolítica”. Si Guillermo Díaz-Plaja encarna al superviviente, Maurici Serrahima será paradigma del resistente, mientras la revista de los catalanes de Burgos, Destino, va transformándose de una cosa en otra a medida que el tiempo pasa, los fascismos sucumben y los aliados se emplean en la dura tarea de reconstrucción de Europa. Entre Díaz-Plaja y Serrahima, salen también a escena, entre otros, los Ignasi Agustí y Néstor Luján, los Vicens Vives y Ferran Soldevila, los Pla y Gaziel, cada cual sembrando en el erial hasta la encrucijada de 1947, cierre de esta primera etapa, instante en que Francesc Cambó ve frustrado por la muerte su propósito de volver a Cataluña.
El segundo momento es el de la “Modernitat cauta”, que comienza con un flashback destinado a presentarnos a Carles Riba como firmante de la invitación de un nutrido grupo de intelectuales catalanes a sus homólogos castellanos para celebrar en 1930 con un banquete la batalla por la lengua catalana que estos libraron contra los decretos de la Dictadura. Esta modernidad que arranca con “Una nova Renaixença”, se sitúa, como Cambó hubiera deseado, bajo el signo de la concordia (pero no aun de la reconciliación, pace Amat, pues este vocablo solo se incorporará a nuestro léxico político a partir de 1956, introducido por el Partido Comunista en una resolución que será célebre). Nada mejor, pues, que recordar la correspondencia de Unamuno y Maragall, y que dos poetas como Ridruejo y Riba logren entenderse a la hora de convocar y celebrar una reunión en Segovia. Superar el pasado –muy reciente aún: Ridruejo acababa de pronunciar en el Ateneo de Madrid, y ante la plana mayor del fascismo español, una conferencia en la que todavía expresaba su admiración por Mussolini- para avanzar hacia el futuro. Jordi Rubió lo expresará adelantándose unos años a lo que será lenguaje común de la siguiente generación: “La fórmula ni vencedores ni vencidos es engañosa, y nada estable se edifica sobre ella… No se trata de olvidar, sino de enmendar”. Imposible olvido: cada cual sabía muy bien de donde venía; lo importante era que saber de dónde venía el otro no impidiera caminar juntos.
Y si la década anterior fue la de Mentrestant, de Serrahima, esta de los 50 será la de Noticia de Catalunya de Vicens y culminará con La pell de brau, de Espriu. Dos años después de aquella conferencia en el Ateneo, Ridruejo había dicho en Barcelona que “el trozo de Europa que los españoles tenemos está entre el Ebro y el Pirineo”. No es aún, pero no queda mucho para que lo sea, el momento socialdemócrata, que llegará cuando los socialistas alemanes viajen a Bad Godesberg y, en España, cuando PCE y PSOE renuncien, uno al leninismo y el otro al marxismo. Pero ya se están echando sus fundamentos, que en España exigían un acuerdo como el de católicos y marxistas en Italia al final de la guerra mundial. No por azar, la última escena de este periodo lleva por título “La campanya Jordi Pujol”, con Josep Benet, que venía de impulsar la Campanya de la P, en el papel de guionista y director: los católicos, identificados como tales, bajaban también a la calle para protestar contra el régimen y, como en el caso de Pujol, para dar con sus huesos en la cárcel.
Y así, de la mano de Pujol y Benet, desembocamos en el tercer momento, el que va de 1962 a 1980 bajo la rúbrica de catalanismo progresista. Primavera de esperanza la de 1963, con Kennedy asomando su seductora faz por encima del Muro y Juan XXIII sacando a toda prisa su encíclica Pacem in Terris, antes de que desapareciera en algún cubo de basura del Vaticano, ese nudo de víboras. Pero entre nosotros, desde que los diferentes grupos de oposición tuvieron claro que tampoco Kennedy movería un dedo por inaugurar el después de Franco, la necesidad de diálogo se transformó en exigencia de algún acuerdo, de alguna especie de reconciliación, ahora sí, contra la dictadura. Y en este punto, los catalanes marcaron el camino, tal vez porque allí el PSUC no fue filial del PCE en una cuestión fundamental: su capacidad para incorporar als altres catalans en una misma reivindicación de nación. En este llarg procés de Amat, sin embargo, este momento, en comparación con los dos anteriores, pierde fuelle, quizá porque ahora las escenas elegidas no acaban de dar cuenta de la riqueza de la trama, aunque en ellas aparezcan gentes de tanta enjundia como Josep Ma. Castellet y Jordi Solé Tura y asistamos a lo que el autor define como despliegue del pujolismo: construir Cataluña con una Banca por medio, si se me permite la simplificación. Pero estos serán también los años de la Assemblea de Catalunya, que solo aparece de manera tangencial, y los del Congrés de Cultura Catalana, que no se menciona.
Así llegamos al epílogo, cuando se muere el Cobi. Su muerte me recuerda la cubierta de la revista satírica Gedeón, que el 29 de septiembre de 1898 representaba una España muerta rodeada de todos los políticos de la situación con, al fondo, un tricornio de la guardia civil y, al pie, Gedeón preguntando: Quen matou o Meco? Y los conspicuos respondiendo: Matámolo todos. Jordi Amat, para desvelar la muerte de Cobi, prefiere dar un rodeo partiendo de la querella de historiadores, cuando unos anónimos libelistas acusaron de Enric Ucelay da Cal y a Borja de Riquer de escribir “al servei del nacionalisme espanyol”, una acusación, por cierto, que el segundo de los mentados reparte ahora a voleo. Eran los tiempos –constata Amat- de hegemonía marxista, no ya en historia sino en el conjunto de las humanidades, de la que se derivó un catalanismo de izquierda ilustrada que dio el tono a Barcelona, capital cosmopolita. Lo fascinante del caso es que cuando, desde el Ayuntamiento, los artífices de este esplendor aterricen en la Generalitat comenzarán a cavar su propia tumba.
No queda del todo claro por qué. Y mientras esperamos la continuación de esta película sin fin, nada de lo ocurrido expresa mejor la derrota de la izquierda catalanista y del catalanismo en su conjunto, que la escena que le sirvió de prólogo: un Salvador Giner, presidente en 1993 con Josep Ma Castellet y Encarna Roca, de la prestigiosa plataforma de apoyo a Maragall, Catalunya Segle XXI, formando ahora, veinte años después, el corro, como presidente del Institut d’Estudis Catalans, junto a Muriel Casals, presidenta de Omnium Cultural, y Jaume Sobrequés, director del Centre d’Història Contemporània de Catalunya, todos al frente de organismos financiados por la Generalitat; todos, en consecuencia, bailando las aguas a su president. La expresión de sus rostros prueba bien la razón que asistía a Azaña cuando, ya en el exilio, escribió: “el ardor de los neófitos es temible”. Y tal vez en eso consista la razón del triunfo del independentismo sobre el catalanismo: en que a sus profetas les sale por los ojos el ardor -¿temible?- de los neófitos.
Publicado en: Segle XX. Revista catalana d’història, 8 (2015), págs. 210-213.
Quiero decir con esto que El llarg procès es resultado, por una parte, de años de inmersión de Jordi Amat en los diferentes archivos en que han depositado correspondencia y escritos no publicados sus protagonistas, y en las conversaciones que, guiado por su curiosidad omnívora, ha mantenido con testigos de primera y segunda fila; y, por otra, de su dominio bien demostrado en el ámbito de un periodismo cultural de alto vuelo sobre el pasado. De lo primero resulta un libro de una erudición apabullante, de un dominio completo sobre la bibliografía y los archivos disponibles; de lo segundo, una trama articulada sobre la sucesión de escenas o de instantes más que sobre la progresión estructurada de un guión escrito de principio a fin. Todo ello al servicio de la cuestión que realmente le interesa: la relación de cultura y política en la Cataluña de la larga segunda mitad del siglo XX, comenzando por los años de la guerra civil hasta llegar a la muerte del Cobi, con algún salto importante en el camino: los años de Jordi Pujol en el poder, de 1980 a 2003, precisamente el tramo en que se consolida una manera de relación de la cultura con la política sin la que no es posible entender la escena del vídeo evocado a su comienzo: el recibimiento que, con caras rebosantes de satisfacción, un grupo de intelectuales tributó al presidente Artur Mas a su vuelta a Barcelona, el 20 de septiembre de 2012, con las manos vacías tras la frustrante visita al presidente Mariano Rajoy.
Las escenas que estructuran las diferentes tramas de esta película se organizan en tres periodos. El primero arranca en las postrimerías de la guerra civil y alcanza hasta 1947, cuando ha culminado la obra de destrucción de un sistema cultural abierto y democrático y no hay más estrategia posible que la de supervivencia hasta que se logra articular, a base de reuniones literarias, lo que Amat define como una “catacumbal resistencia parapolítica”. Si Guillermo Díaz-Plaja encarna al superviviente, Maurici Serrahima será paradigma del resistente, mientras la revista de los catalanes de Burgos, Destino, va transformándose de una cosa en otra a medida que el tiempo pasa, los fascismos sucumben y los aliados se emplean en la dura tarea de reconstrucción de Europa. Entre Díaz-Plaja y Serrahima, salen también a escena, entre otros, los Ignasi Agustí y Néstor Luján, los Vicens Vives y Ferran Soldevila, los Pla y Gaziel, cada cual sembrando en el erial hasta la encrucijada de 1947, cierre de esta primera etapa, instante en que Francesc Cambó ve frustrado por la muerte su propósito de volver a Cataluña.
El segundo momento es el de la “Modernitat cauta”, que comienza con un flashback destinado a presentarnos a Carles Riba como firmante de la invitación de un nutrido grupo de intelectuales catalanes a sus homólogos castellanos para celebrar en 1930 con un banquete la batalla por la lengua catalana que estos libraron contra los decretos de la Dictadura. Esta modernidad que arranca con “Una nova Renaixença”, se sitúa, como Cambó hubiera deseado, bajo el signo de la concordia (pero no aun de la reconciliación, pace Amat, pues este vocablo solo se incorporará a nuestro léxico político a partir de 1956, introducido por el Partido Comunista en una resolución que será célebre). Nada mejor, pues, que recordar la correspondencia de Unamuno y Maragall, y que dos poetas como Ridruejo y Riba logren entenderse a la hora de convocar y celebrar una reunión en Segovia. Superar el pasado –muy reciente aún: Ridruejo acababa de pronunciar en el Ateneo de Madrid, y ante la plana mayor del fascismo español, una conferencia en la que todavía expresaba su admiración por Mussolini- para avanzar hacia el futuro. Jordi Rubió lo expresará adelantándose unos años a lo que será lenguaje común de la siguiente generación: “La fórmula ni vencedores ni vencidos es engañosa, y nada estable se edifica sobre ella… No se trata de olvidar, sino de enmendar”. Imposible olvido: cada cual sabía muy bien de donde venía; lo importante era que saber de dónde venía el otro no impidiera caminar juntos.
Y si la década anterior fue la de Mentrestant, de Serrahima, esta de los 50 será la de Noticia de Catalunya de Vicens y culminará con La pell de brau, de Espriu. Dos años después de aquella conferencia en el Ateneo, Ridruejo había dicho en Barcelona que “el trozo de Europa que los españoles tenemos está entre el Ebro y el Pirineo”. No es aún, pero no queda mucho para que lo sea, el momento socialdemócrata, que llegará cuando los socialistas alemanes viajen a Bad Godesberg y, en España, cuando PCE y PSOE renuncien, uno al leninismo y el otro al marxismo. Pero ya se están echando sus fundamentos, que en España exigían un acuerdo como el de católicos y marxistas en Italia al final de la guerra mundial. No por azar, la última escena de este periodo lleva por título “La campanya Jordi Pujol”, con Josep Benet, que venía de impulsar la Campanya de la P, en el papel de guionista y director: los católicos, identificados como tales, bajaban también a la calle para protestar contra el régimen y, como en el caso de Pujol, para dar con sus huesos en la cárcel.
Y así, de la mano de Pujol y Benet, desembocamos en el tercer momento, el que va de 1962 a 1980 bajo la rúbrica de catalanismo progresista. Primavera de esperanza la de 1963, con Kennedy asomando su seductora faz por encima del Muro y Juan XXIII sacando a toda prisa su encíclica Pacem in Terris, antes de que desapareciera en algún cubo de basura del Vaticano, ese nudo de víboras. Pero entre nosotros, desde que los diferentes grupos de oposición tuvieron claro que tampoco Kennedy movería un dedo por inaugurar el después de Franco, la necesidad de diálogo se transformó en exigencia de algún acuerdo, de alguna especie de reconciliación, ahora sí, contra la dictadura. Y en este punto, los catalanes marcaron el camino, tal vez porque allí el PSUC no fue filial del PCE en una cuestión fundamental: su capacidad para incorporar als altres catalans en una misma reivindicación de nación. En este llarg procés de Amat, sin embargo, este momento, en comparación con los dos anteriores, pierde fuelle, quizá porque ahora las escenas elegidas no acaban de dar cuenta de la riqueza de la trama, aunque en ellas aparezcan gentes de tanta enjundia como Josep Ma. Castellet y Jordi Solé Tura y asistamos a lo que el autor define como despliegue del pujolismo: construir Cataluña con una Banca por medio, si se me permite la simplificación. Pero estos serán también los años de la Assemblea de Catalunya, que solo aparece de manera tangencial, y los del Congrés de Cultura Catalana, que no se menciona.
Así llegamos al epílogo, cuando se muere el Cobi. Su muerte me recuerda la cubierta de la revista satírica Gedeón, que el 29 de septiembre de 1898 representaba una España muerta rodeada de todos los políticos de la situación con, al fondo, un tricornio de la guardia civil y, al pie, Gedeón preguntando: Quen matou o Meco? Y los conspicuos respondiendo: Matámolo todos. Jordi Amat, para desvelar la muerte de Cobi, prefiere dar un rodeo partiendo de la querella de historiadores, cuando unos anónimos libelistas acusaron de Enric Ucelay da Cal y a Borja de Riquer de escribir “al servei del nacionalisme espanyol”, una acusación, por cierto, que el segundo de los mentados reparte ahora a voleo. Eran los tiempos –constata Amat- de hegemonía marxista, no ya en historia sino en el conjunto de las humanidades, de la que se derivó un catalanismo de izquierda ilustrada que dio el tono a Barcelona, capital cosmopolita. Lo fascinante del caso es que cuando, desde el Ayuntamiento, los artífices de este esplendor aterricen en la Generalitat comenzarán a cavar su propia tumba.
No queda del todo claro por qué. Y mientras esperamos la continuación de esta película sin fin, nada de lo ocurrido expresa mejor la derrota de la izquierda catalanista y del catalanismo en su conjunto, que la escena que le sirvió de prólogo: un Salvador Giner, presidente en 1993 con Josep Ma Castellet y Encarna Roca, de la prestigiosa plataforma de apoyo a Maragall, Catalunya Segle XXI, formando ahora, veinte años después, el corro, como presidente del Institut d’Estudis Catalans, junto a Muriel Casals, presidenta de Omnium Cultural, y Jaume Sobrequés, director del Centre d’Història Contemporània de Catalunya, todos al frente de organismos financiados por la Generalitat; todos, en consecuencia, bailando las aguas a su president. La expresión de sus rostros prueba bien la razón que asistía a Azaña cuando, ya en el exilio, escribió: “el ardor de los neófitos es temible”. Y tal vez en eso consista la razón del triunfo del independentismo sobre el catalanismo: en que a sus profetas les sale por los ojos el ardor -¿temible?- de los neófitos.
Publicado en: Segle XX. Revista catalana d’història, 8 (2015), págs. 210-213.
Santos Juliá
Sábado, 5 de Marzo 2016 18:00
Lejos de ser un acuerdo teatral, una claudicación o una fantochada, el pacto firmado entre PSOE y Ciudadanos ofrecía la única posibilidad de romper con la vieja política.
Se ha calificado de acuerdo teatral, de claudicación, de fantochada y, sin embargo, el pacto que han firmado socialistas y ciudadanos se sitúa en la única dirección posible para romper el bloqueo al que nos había empujado la alegre irresponsabilidad con la que partidos que están muy lejos de haber alcanzado la mayoría absoluta trazaban sus líneas rojas: un acuerdo entre una fuerza política de centro derecha y otra de centro izquierda, entre liberal/demócratas y social/demócratas si lo decimos con los términos de una tradición más que centenaria. Ni los socialdemócratas a estas alturas de su historia pueden dejar de ser también liberales, ni los liberaldemócratas pueden dejar de ser sociales. Es una cuestión de énfasis o de acentos en políticas sobre las que siempre es posible alcanzar pactos, de investidura, de legislatura o de coalición. Con lagunas y vaguedades, PSOE y Ciudadanos lo han conseguido y, dadas las circunstancias, es lo único digno de destacar y celebrar que ha ocurrido desde las pasadas elecciones en orden a limpiar de obstáculos la senda que puede llevar a la formación de un gobierno.
Y lo es –digno de celebrar- porque venimos de una reciente historia en la que dos grandes partidos se emplearon a fondo en su particular camino de perdición con aquella política llamada de crispación que era, en realidad, de exclusión, guiados ambos por el propósito de socavar la legitimidad del adversario. El deterioro de la política, la desafección y el hastío extendidos entre la ciudadanía exigían que alguien propinase un tajo profundo en el corazón de aquella viciada relación. Comenzaron la tarea los electores al convertir el bipartidismo, en el que había desembocado el sistema, en un pluripartidismo del que solo a través de una política de pactos podía derivarse la formación de un gobierno. Y la han continuado, gracias a las decisiones tomadas por una nueva generación de dirigentes políticos, los equipos negociadores de Ciudadanos y PSOE, de manera que han hecho posible un acuerdo entre campos antes enfrentados como bandos, mostrando así que entre centro izquierda y centro derecha un acuerdo de legislatura no solo es posible sino necesario.
Y algo de hacer de la necesidad virtud hay en el acuerdo firmado por Sánchez y Rivera. Necesidad porque Rajoy e Iglesias se habían situado en posiciones que reduplicaban la vieja política de la crispación, edificada sobre el eje excluyente izquierda/derecha: habían decidido no pactar y cargar toda la culpa en el partido más cercano. Podemos lo mostró desde el primer momento, al presentarse como parte hegemónica de un gobierno de coalición, antes incluso de discutir de políticas. Lo que importaba a sus dirigentes no era tanto un programa de gobierno como una buena porción del pastel a repartir: tan obsesionados por la ocupación del poder se sentían que se les pasó aclarar para qué lo querían. Y luego cuando no tuvieron más remedio que explicarlo, olvidaron todas las cautelas y envidaron a lo grande, reproduciendo el peor vicio de la vieja política: lo querían para invadir desde el ejecutivo al resto de poderes del Estado y de sus burocracias: jueces, policías, administradores civiles, nombramientos de altos cargos, todo, en fin, quedaba bajo el control de la vicepresidencia, encargada de seleccionar nombres entre los “comprometidos con el programa del Gobierno” o, dicho como en los tiempos de la Restauración, entre los amigos políticos.
Los dirigentes del Partido Popular han actuado, por su parte, como lo que han llegado a ser: un grupo humano noqueado por la corrupción, balbuciente, sin discurso, trastabillando palabras, manoteando como náufragos por el fango de la corrupción sistémica en su centro y en sus dos principales baluartes, el madrileño y el valenciano. No han caído en la cuenta de que ninguno de los dirigentes de su vieja guardia podrá negociar más que la forma y los términos de su abstención: Rajoy, Cospedal, Arenas, Barberá y tutti quanti ya habrían tenido que dimitir, a estas altura de la función, de todos sus cargos y salir de la política no porque ellos y ellas sean o dejen de ser penalmente culpables sino porque son políticamente responsables de que en sus organizaciones haya florecido la corrupción como en campo abonado. La única opción política que en una democracia normal les habría quedado sería la de negociar los términos de su salida de la política, no los de una imposible permanencia en el poder, menos aún de presidirlo.
Pero el pacto entre PSOE y Ciudadanos no responde solo a una necesidad exigida por el resultado electoral y las políticas o falta de políticas del PP y de Podemos. Hay también en él una buena dosis de virtud, en el sentido de que solo un gobierno que sea capaz de quebrar la divisoria excluyente izquierda/derecha, propia de la vieja política bipartidista, y presente en la política española como una especie de tabú desde hace tres décadas, estará en condiciones de emprender el puñado de reformas necesarias para sacar a la democracia de la trampa de confianza a la que se arrojó alegremente desde los años noventa del siglo pasado. Desde 2004 era ya evidente la necesidad de una reforma constitucional. Pasados más de diez años de aquella evidencia, lo que hoy se precisa supera, con mucho, la reforma de la Constitución, pues se refiere a todo el sistema de la política, a la estructura territorial del Estado y a las políticas económicas y sociales que es menester poner en práctica para frenar, primero, y revertir después la devastación de los bienes públicos y de los derechos sociales que ha sido el resultado de esta crisis de nunca acabar.
Todo esto necesita un gobierno de amplia concentración democrática, como decían los comunistas en los años setenta del siglo pasado. Y un esbozo de plan para un gobierno de ese tipo es lo que han propuesto PSOE y Ciudadanos, Sánchez y Rivera con sus respectivos equipos. No suman entre los dos más que 130 diputados. Podrían gobernar, al menos durante dos años, con la abstención del PP o la de Podemos, ambos con fuerza suficiente para poner un límite a la legislatura, si así lo decidieran. Lo que importa, sobre todo, es que el pacto se consolide, aun en el caso de sea necesario repetir la convocatoria electoral, pues solo en un pacto inclusivo, que liquide la vieja política, radica la posibilidad de formar un gobierno de concentración democrática capaz de acometer las reformas que tenemos pendientes desde comienzos del siglo.
Publicado en Ahora, 24, 4-10 de marzo de 2016
Y lo es –digno de celebrar- porque venimos de una reciente historia en la que dos grandes partidos se emplearon a fondo en su particular camino de perdición con aquella política llamada de crispación que era, en realidad, de exclusión, guiados ambos por el propósito de socavar la legitimidad del adversario. El deterioro de la política, la desafección y el hastío extendidos entre la ciudadanía exigían que alguien propinase un tajo profundo en el corazón de aquella viciada relación. Comenzaron la tarea los electores al convertir el bipartidismo, en el que había desembocado el sistema, en un pluripartidismo del que solo a través de una política de pactos podía derivarse la formación de un gobierno. Y la han continuado, gracias a las decisiones tomadas por una nueva generación de dirigentes políticos, los equipos negociadores de Ciudadanos y PSOE, de manera que han hecho posible un acuerdo entre campos antes enfrentados como bandos, mostrando así que entre centro izquierda y centro derecha un acuerdo de legislatura no solo es posible sino necesario.
Y algo de hacer de la necesidad virtud hay en el acuerdo firmado por Sánchez y Rivera. Necesidad porque Rajoy e Iglesias se habían situado en posiciones que reduplicaban la vieja política de la crispación, edificada sobre el eje excluyente izquierda/derecha: habían decidido no pactar y cargar toda la culpa en el partido más cercano. Podemos lo mostró desde el primer momento, al presentarse como parte hegemónica de un gobierno de coalición, antes incluso de discutir de políticas. Lo que importaba a sus dirigentes no era tanto un programa de gobierno como una buena porción del pastel a repartir: tan obsesionados por la ocupación del poder se sentían que se les pasó aclarar para qué lo querían. Y luego cuando no tuvieron más remedio que explicarlo, olvidaron todas las cautelas y envidaron a lo grande, reproduciendo el peor vicio de la vieja política: lo querían para invadir desde el ejecutivo al resto de poderes del Estado y de sus burocracias: jueces, policías, administradores civiles, nombramientos de altos cargos, todo, en fin, quedaba bajo el control de la vicepresidencia, encargada de seleccionar nombres entre los “comprometidos con el programa del Gobierno” o, dicho como en los tiempos de la Restauración, entre los amigos políticos.
Los dirigentes del Partido Popular han actuado, por su parte, como lo que han llegado a ser: un grupo humano noqueado por la corrupción, balbuciente, sin discurso, trastabillando palabras, manoteando como náufragos por el fango de la corrupción sistémica en su centro y en sus dos principales baluartes, el madrileño y el valenciano. No han caído en la cuenta de que ninguno de los dirigentes de su vieja guardia podrá negociar más que la forma y los términos de su abstención: Rajoy, Cospedal, Arenas, Barberá y tutti quanti ya habrían tenido que dimitir, a estas altura de la función, de todos sus cargos y salir de la política no porque ellos y ellas sean o dejen de ser penalmente culpables sino porque son políticamente responsables de que en sus organizaciones haya florecido la corrupción como en campo abonado. La única opción política que en una democracia normal les habría quedado sería la de negociar los términos de su salida de la política, no los de una imposible permanencia en el poder, menos aún de presidirlo.
Pero el pacto entre PSOE y Ciudadanos no responde solo a una necesidad exigida por el resultado electoral y las políticas o falta de políticas del PP y de Podemos. Hay también en él una buena dosis de virtud, en el sentido de que solo un gobierno que sea capaz de quebrar la divisoria excluyente izquierda/derecha, propia de la vieja política bipartidista, y presente en la política española como una especie de tabú desde hace tres décadas, estará en condiciones de emprender el puñado de reformas necesarias para sacar a la democracia de la trampa de confianza a la que se arrojó alegremente desde los años noventa del siglo pasado. Desde 2004 era ya evidente la necesidad de una reforma constitucional. Pasados más de diez años de aquella evidencia, lo que hoy se precisa supera, con mucho, la reforma de la Constitución, pues se refiere a todo el sistema de la política, a la estructura territorial del Estado y a las políticas económicas y sociales que es menester poner en práctica para frenar, primero, y revertir después la devastación de los bienes públicos y de los derechos sociales que ha sido el resultado de esta crisis de nunca acabar.
Todo esto necesita un gobierno de amplia concentración democrática, como decían los comunistas en los años setenta del siglo pasado. Y un esbozo de plan para un gobierno de ese tipo es lo que han propuesto PSOE y Ciudadanos, Sánchez y Rivera con sus respectivos equipos. No suman entre los dos más que 130 diputados. Podrían gobernar, al menos durante dos años, con la abstención del PP o la de Podemos, ambos con fuerza suficiente para poner un límite a la legislatura, si así lo decidieran. Lo que importa, sobre todo, es que el pacto se consolide, aun en el caso de sea necesario repetir la convocatoria electoral, pues solo en un pacto inclusivo, que liquide la vieja política, radica la posibilidad de formar un gobierno de concentración democrática capaz de acometer las reformas que tenemos pendientes desde comienzos del siglo.
Publicado en Ahora, 24, 4-10 de marzo de 2016
Santos Juliá
Sábado, 5 de Marzo 2016 14:01
Estas son algunas de las verdades penosas de decir y ásperas de oír que Manuel Azaña dejó escritas en el último año de su vida.
No hay nada que hacer: con esas palabras terminó Vicente Rojo, general jefe del Estado Mayor Central, su análisis de la situación ante los presidentes de la República y del Gobierno, Manuel Azaña y Juan Negrín, en la reunión que mantuvieron la noche del 28 de enero de 1939 cerca de la frontera francesa. Rojo presentó pocos días después un informe al consejo de ministros en el que, “para terminar la guerra de una manera digna”, proponía un plan de rendición muy simple: anunciar la suspensión de hostilidades y enarbolar en todas las unidades bandera blanca a la misma hora. El Gobierno no se atrevió a tomar tal decisión, la guerra continuaba y los reunidos atravesaron el 5 de febrero la frontera, Negrín para volver de inmediato a la zona Centro-Sur; Azaña y Rojo, con la firme decisión de no regresar.
Manuel Azaña había insistido, desde que la batalla de Teruel culminó con la llegada de las tropas franquistas al Mediterráneo, en la necesidad de poner fin a la guerra por medio de una mediación internacional. Juan Negrín, sin embargo, mantuvo su política de “resistir es vencer” planeando en el Ebro una nueva batalla decisiva, de las que valen en teoría para cambiar el curso de una guerra. Pero la singular estrategia de resistir pasando al ataque acabó en un segundo y, ahora sí, decisivo derrumbe del frente republicano, que abrió a Franco las puertas de Cataluña sin encontrar apenas resistencia. Y en este punto, ya no había nada que hacer: la guerra había terminado en derrota para la República.
Azaña no regresó, pues, a la zona Centro-Sur, y Francia y Gran Bretaña le pusieron en bandeja la ocasión de dimitir cuando reconocieron al general Franco como jefe del nuevo Estado español y procedieron al intercambio de embajadores. Al día siguiente, Azaña dimitió, provocando las iras de quienes aún mantenían la política de resistencia. En la reunión que la Diputación Permanente del Congreso celebró en París el 31 de marzo, Negrín afirmó que la decisión del Presidente influyó “de manera decisiva en el proceso de descomposición y rebeldía militar” contra su Gobierno y en el reconocimiento de Franco por parte de Francia y de Inglaterra. Dolores Ibarruri, por su parte, acusó a Azaña de haber traicionado a “este pueblo que durante tres años había estado vertiendo su sangre en defensa de la República”.
No hacían falta estas condenas de los suyos para que, en el bando de sus enemigos, se repitiera lo que de él se venía diciendo de tiempo atrás: que era un engendro espurio, aborto de logias, pervertido, cruel, infame, una bolsa de odios y de fracasos, que alimentaba un orgullo satánico en anónimas jornadas de burócrata oscuro, incapaz de ternura, ajeno a la emoción, dominado por el resentimiento. Un sapo, una hiena, un monstruo de vientre gelatinoso. Y para colmo, un delincuente común, un forajido, un ladrón que huyó de España llevándose un cargamento de joyas y piedras preciosas, de collares y alhajas, varios lingotes de oro y un cofre conteniendo millones de monedas extrajeras.
Azaña, mientras tanto, convencido de que la guerra había aniquilado su utilidad política, echó, como él mismo dijo, por el solo camino que le habían dejado: “un apartamiento radical, del que ha venido a ser símbolo fortuito mi reclusión en esta aldea”, Collonges-sous-Salève, a un paso de la frontera suiza. Hasta allí le llegó noticia de lo que de él decían unos y otros, y hasta allí llegó también la propuesta de firmar, junto al presidente de Cataluña y al presidente de Euskadi, un mensaje que una Asociación republicana de amigos de Francia, dividida en tres secciones, española, vasca y catalana, pensaba dirigir al gobierno francés. Azaña se negó a firmar diciendo que si catalanes y vascos querían continuar en la emigración los costosísimos dislates que habían cometido durante la guerra, allá ellos, y que si pensaban “recobrar la República y hacer la burra nuevamente, sobre la base de las nacionalidades y dels pobles iberiques están lucidos”. Por hacer la burra se refería quizá a los sucesivos memorandos que habían presentado vascos y catalanes al Foreing Office y al Quai d’Orsay en abril, junio y octubre de 1938 con planes de mediación sobre la base de una división territorial de España en cuatro zonas, presentándose ellos como una tercera fuerza, un grupo moderado, “equidistante de los dos elementos extremistas ahora en guerra”. España dividida en cuatro: Cataluña, Euskadi, y los dos “Spanish parties now fighting”. ¿Un dislate? Sí, y también una continuada deslealtad a la República.
Lejos de la política, dedicó su tiempo a escribir sobre las causas de la guerra y de su catastrófico final: ninguna duda sobre el crimen de lesa patria cometido por los rebeldes, ni lo determinante que fue para su triunfo la ayuda de la Alemania nazi y la Italia fascista, tanto como la ciega política de no intervención de Francia e Inglaterra. Pero ninguna duda tampoco sobre el papel que en la derrota tuvieron “los desmanes, la indisciplina y los fines subalternos” del campo republicano, con la revolución sindical, las divisiones en los partidos y el “eje Bilbao-Barcelona”. El resultado no podía ser más desolador: la República había muerto y nada podría restaurar las condiciones mínimas de convivencia entre españoles “mientras vivan las generaciones actuales”.
Estas fueron solo algunas de las “verdades penosas de decir, ásperas de oír”, que Azaña no ahorraba a sus lectores, convencido de que la historia de la guerra civil, de sus antecedentes y de sus resultados, “será una gigantesca mixtificación, y que las generaciones hoy vivientes nunca conocerán la verdad”, como había escrito a Lafora en plena guerra. Ahora, en el exilio, esa convicción se convirtió en amarga evidencia cuando sintió caer sobre España la mezcla de crueldad y estupidez fundidas en el nuevo régimen, cuyos “amos y rectores incluyen en el generalato a la Virgen de Covadonga y fusilan en nombre de Nuestro Señor Jesucristo”, según escribió a Blanco Amor.
A él también pretendieron fusilarlo. Varios esbirros de Falange, con Pedro Urraca al frente, acecharon la ocasión de secuestrarlo con el propósito de someterlo a un consejo de guerra y llevarlo al paredón, como ya había ocurrido con Lluis Companys, y como ocurrirá con Julián Zugazagoitia, Francisco Cruz Salido y Joan Peiró. Azaña logró escapar de su residencia en Pyla-sur-Mer, con los alemanes pisándole los talones, hasta llegar a Montauban. Allí, en el Hotel de Midi, convertido en un despojo, solo aspira “a que queden unos cientos de personas en el mundo que den fe de que yo no fui un bandido”. Entre ellos quedó el eminente historiador Ramón Carande, que muchos años después decía a sus amigos: hay que leer a Azaña; ustedes, los jóvenes, tienen que leer a Azaña. También a este último Azaña, desaparecido hoy hace 75 años, falto de todo poder, pero tan lúcido como siempre en su razón y en su palabra.
Publicado en El País, 3 de diciembre de 2015.
Santos Juliá
Lunes, 8 de Febrero 2016 10:31
En Barcelona, el líder de Esquerra Republicana de Catalunya Francesc Macià, declaró el 14 de abril de 1931 la Republicana Catalana que tres días después accedió a transformar en Generalitat de Catalunya.
“Si las cosas se hubieran deslizado normalmente no habría por qué abordar de momento el tema”, escribe tres días después de la proclamación de la República el diario AHORA en su primer editorial dedicado a Cataluña [al que este texto sirve de comentario]. Normalmente quiere decir aquí de acuerdo con lo pactado en agosto del año anterior, cuando tres representantes del republicanismo catalán (Manuel Carrasco i Formiguera, por Acció Catalana, Matías Mallol por Acció Republicana de Catalunya, y Jaume Aiguader por Estat Català) asistieron al encuentro convocado en San Sebastián por varios grupos del republicanismo español, liderados por Alejandro Lerroux, Manuel Azaña, Niceto Alcalá Zamora y Álvaro de Albornoz con Marcelino Domingo. Aunque el debate sobre la cuestión catalana fue muy vivo y corrieron luego diversas interpretaciones de lo verdaderamente pactado, no resultó imposible a los reunidos llegar a un acuerdo que quedó concretado en tres puntos: que el triunfo de la proyectada revolución contra la monarquía suponía el reconocimiento de la personalidad de Cataluña y el compromiso por parte del Gobierno revolucionario de dar una solución jurídica al problema catalán; que la solución del problema debía tener por base y fundamento la voluntad de Cataluña expresada en un Estatuto o Constitución autónoma; y, en fin, que el Estatuto propuesto y votado por Cataluña sería sometido a la aprobación soberana de las Cortes Constituyentes una vez que la República hubiera sido instaurada.
La República Catalana del 14 de abril
Pero tras la amplia mayoría alcanzada por Esquerra Republicana de Catalunya –un partido formado en marzo de 1931 por fusión del grupo de L’Opinió, el Partit Republicà Català y Estat Català, bajo la presidencia de Francesc Macià- en las elecciones municipales convocadas el 12 de abril de 1931, no todo el catalanismo se sintió comprometido con lo acordado en San Sebastián. A la una y media de la tarde del día 14, los concejales recién elegidos en Barcelona tomaron posesión de la alcaldía, izaron la enseña republicana en el balcón del Ayuntamiento, pidieron serenidad a la multitud congregada en la plaza de Sant Jaume y proclamaron “la República, por Cataluña y por España”. Media hora después, sin embargo, llegaba a la plaza Francesc Macià, abriéndose paso a duras penas entre el enorme gentío que se abalanzaba sobre él pretendiendo besarle y abrazarle. Desde el mismo balcón, en el que ya ondeaba, además de la bandera de la República, la bandera de Cataluña, Macià se dirigió a aquella multitud proclamando, en nombre del pueblo de Cataluña, “la República catalana, la qual obre els braços a les repúbliques germanes d'Iberia, amb les quals establirà llaços de contacte formant una àmplia federació de nacionalitats lliures”. Ahora formaremos la República Catalana –añadió Macià- “y aquí estaremos dispuestos a defenderla hasta morir”.
Apareció entonces un alguacil provisto de una corneta, entonando la Marsellesa, coreada unánimemente por los ciudadanos, y Macià salió del Ayuntamiento, atravesó la plaza y dirigió sus pasos a la Diputación para firmar allí, en calidad de presidente de la República Catalana, una nota de evidente alcance constituyente en la que ofrecía a todos los pueblos ibéricos la ayuda del nuevo Estado catalán para liberarlos de la monarquía borbónica. Decía así la nota que apareció el día siguiente en La Publicitat: “En nom del poble de Catalunya proclamo l’Estat Català, sota el règim republicà, règim que desitjo igualment per als altres pobles ibèrics amb els quals volem constituir una federació de pobles lliures. A tots ens oferim per alliberar-los de la monarquia borbònica. Desitgem fer arribar la nostra veu a tots els estats lliures en nom de la llibertat, de la juticia i de la pau dels pobles. El president de la Repùblica, Francesc Macià.”
De manera que, hacia las cinco de la tarde del 14 de abril, Francesc Macià había proclamado desde Barcelona un Estado catalán, bajo una República catalana, que anhelaba y pedía a los otros pueblos de España su colaboración para crear una especie de federación o confederación de pueblos ibéricos libres. Dos horas y media después, en Madrid, los miembro del comité revolucionario, Alcalá Zamora, Lerroux, Azaña, de los Ríos, Maura y Albornoz llegaban en automóvil al ministerio de la Gobernación, en la Puerta del Sol, para hacerse cargo del poder previamente desertado por Alfonso XIII y proclamar la República Española. Cuando esto ocurra, y Niceto Alcalá Zamora, en calidad de presidente del Gobierno provisional de la República española, converse por teléfono con el presidente de la República Catalana, Francesc Macià firmará todavía otra nota en la que inventará una ratificación por el presidente de la República Federal Española de los acuerdos adoptados en la reunión de San Sebastián y proclamará “La Republica Catalana com Estat integrant de la Federació Ibérica”.
Fueron tres declaraciones que mostraban la variedad de tendencias agrupadas en la coalición de izquierdas catalanas –“que va del separatisme sentimental de Macià i de Quimet Ventalló fins a l’espanyolisme temperat pel romanticisme anàrquic de Companys y Lluhí Vallescá”, por decirlo con palabras de Josep Pla- y un elevado nivel de improvisación acerca de qué se estaba proclamando y ante quién o quiénes se proclamaba: un Estado catalán independiente de una monarquía borbónica, que deja para el futuro la decisión de integrarse en una federación, o confederación, de pueblos ibéricos, como se dice a mediodía; o un Estado catalán que es parte integrante de una República federal española o de una Federación ibérica, como se dice al caer la noche; en cualquier caso, nada que ver con lo pactado en San Sebastián. Se comprende, pues, la inquietud de la prensa madrileña que no acaba de entender qué diablos está ocurriendo en Cataluña en torno a ese Estado Catalán pero teme que la naciente República española se estrelle, como escribe AHORA, con el mismo pleito que acabó con la primera.
Un sueño largamente acariciado
Pues, en efecto, el autoinvestido presidente de la República Catalana, saltando por encima de lo hablado y acordado en San Sebastián, había hecho realidad con sus sucesivas proclamas el sueño acariciado cuando vivía exiliado en Bruselas tras el fiasco de la insurrección que habría de seguir a una proyectada invasión desde Prats de Molló para proclamar la República Catalana en 1926. Había utilizado en aquella ocasión, como dijo el mismo Macià al subdirector de AHORA, Manuel Chaves Nogales, en una entrevista concedida a mediados de diciembre de 1931, “la táctica que consiste en prender fuego a la mecha de un polvorín”. La policía francesa se encargó de echar agua antes de que se encendiera el fuego y Macià fue juzgado, benévolamente condenado y desterrado a Bélgica, donde concibió otra táctica, más propia del sindicalismo y de las fiestas populares revolucionarias que de un caudillo político/militar, la de sacar multitudes a la calle para proclamar la República.
En realidad, más que concebirla en abril de 1931, la recuperó, pues ya la había puesto en práctica en noviembre de 1918 cuando, a la cabeza de un “buen golpe de dependientes de comercio que daban mueras a España y vivas a Cataluña” se había presentado a las puertas de la Diputación gritando a Puig i Cadafalch que era mentira que Cataluña entera se pronunciara por un régimen autonómico: Cataluña desea la independencia, clamaba Macià en aquella ocasión, tras colarse –como contaba Adolfo Marsillach- en la sala del Consejo Permanente de la Diputación.
Eso había ocurrido muchos años antes; ahora, en abril de 1931, ya no se trataba de colarse a empujones en un salón, sino de tomar posesión de todos los salones llevado en volandas por aquel pueblo que había votado por la candidatura de su partido en unas elecciones municipales. El viejo sueño se transformó en la maravillosa realidad que evocará meses después ante Chaves Nogales: multitudes en la plaza “aquel día glorioso en que proclamé la República” con el propósito de que “nuestro pueblo ayudase a los demás pueblos de España a sacudir el yugo y todos juntos formásemos una federación que dictase una Constitución por que habían de regirse los españoles dentro de un régimen federal”.
De República Catalana a Generalitat de Catalunya
La inquietud que las proclamas de Francesc Macià despertaron en el editorialista de AHORA era más que compartida por el Gobierno provisional de la República y movió a su presidente, Niceto Alcalá Zamora, a convocar a primera hora de la madrugada del 17 de abril una reunión extraordinaria del consejo de ministros exclusivamente dedicada al estudio del problema. Los ministros hablaron de restablecer la Mancomunidad abolida por la Dictadura de Primo de Rivera, fórmula que no satisfacía ni subyugaba a nadie, como escribió Marcelino Domingo, pues ni por su origen, ni por sus límites, ni por su fin, constituía la Mancomunidad una aspiración, sino más bien un enorme desencanto y una burla afrentosa. Alguien debió de recordar entonces la Generalitat, una institución que evocaba la plenitud de la personalidad de Cataluña, su glorioso pasado y su autonomía política, razón suficiente para que de manera unánime llegará el Gobierno, a altas horas de la noche, a la conclusión de que esta era la fórmula que se ofrecería al presidente de la República Catalana: el nombre de Mancomunidad tenía ecos de vilipendio, escribe Domingo; el nombre de Generalidad tenía, sin embargo, magníficas resonancias.
Y a Barcelona volaron tres ministros del Gobierno provisional, el mismo Domingo, con Lluis Nicolau d’Olwer y Fernando de los Ríos, en el trimotor que hacía la travesía diaria y que aterrizó en el aeródromo de Prat del Llobregat poco antes de las doce de la mañana. Macià, que no había dado su brazo a torcer en las diversas conversaciones que mantuvo por teléfono con Alcalá Zamora, había aprovechado la víspera para nombrar un Consejo de Gobierno, firmar varios decretos y presentar su recién nacida República al exterior enviando al presidente del Consejo de Ministros de Bélgica un telegrama para agradecerle, “al posesionarme de la presidencia de la República catalana, cordialmente unida por lazos federales a la República española, la acogida benévola y entusiasta que Bélgica había dado a los exiliados catalanes”.
El presidente Macià invitó a los viajeros a una comida en el palacio de la Diputación. Se sentaron a la mesa el capitán general López Ochoa; el gobernador civil, Lluis Companys; el alcalde de Barcelona, Jaume Aiguader; el presidente de la Audiencia, Anguera de Sojo y los consejeros del gobierno de Cataluña, Gassol, Campalans, Vidal Rosell, Serra Moret, Carrasco y Casanovas, con Xirau, del Comité de la Universidad. Bien dispuestos los ánimos, comenzó tras el almuerzo un duro debate entre los partidarios, más numerosos, apasionados e irreductibles –según testimonio de Domingo-, de mantener la República Catalana con los que abogaban por transformar la República catalana en Generalidad. Anguera de Sojo parece haber desempeñado un papel principal a la hora de ir venciendo la intransigencia hasta que el mismo Macià, símbolo del secesionismo catalán y la más egregia autoridad del separatismo, aceptó la fórmula propuesta por el Gobierno provisional de la República a cambio de unas concesiones que en todo caso estaban dispuestos a proponer los tres ministros enviados a negociar.
Y así, fruto de este segundo pacto que venía a ampliar el de San Sebastián, a las nueve y cuarto de la noche se levantó la reunión con la firma de una declaración conjunta en la que se expresaba la conveniencia de avanzar en la elaboración de un Estatuto de Cataluña que el Gobierno provisional se comprometía a presentar como ponencia ante las futuras Cortes Constituyentes, y el Consejo de Gobierno de la República catalana aceptaba denominarse en adelante con el nombre “de gloriosa tradición, de Gobierno de la Generalitat de Catalunya”. Se trataba, pues, de reiniciar el proceso, dar como nula o no sucedida la proclamación de un Estado catalán, fuera independiente de, o integrado a una republica federal, o confederal, de pueblos ibéricos, para partir del reconocimiento de la Generalitat de Catalunya por el Gobierno provisional de la República española, que asumía además el compromiso de aprobar en las Cortes constituyentes el Estatuto de autonomía que presentara la Generalitat catalana. De los Ríos, Domingo y Nicolau pudieron regresar a Madrid con la satisfacción de la misión cumplida. El editorialista de AHORA podrá celebrar que el “buen sentido del pueblo catalán” y “el ambiente cálido de simpatía y comprensión al que respondía el resto de España” habían evitado en esta ocasión que el pleito se envenenase dando lugar a esas graves contingencias evocadas tres días después de proclamadas la República en Barcelona y en Madrid.
Publicado en Ahora, Nº 19, 20 de enero-4 de febrero de 2016 La República Catalana del 14 de abril
Pero tras la amplia mayoría alcanzada por Esquerra Republicana de Catalunya –un partido formado en marzo de 1931 por fusión del grupo de L’Opinió, el Partit Republicà Català y Estat Català, bajo la presidencia de Francesc Macià- en las elecciones municipales convocadas el 12 de abril de 1931, no todo el catalanismo se sintió comprometido con lo acordado en San Sebastián. A la una y media de la tarde del día 14, los concejales recién elegidos en Barcelona tomaron posesión de la alcaldía, izaron la enseña republicana en el balcón del Ayuntamiento, pidieron serenidad a la multitud congregada en la plaza de Sant Jaume y proclamaron “la República, por Cataluña y por España”. Media hora después, sin embargo, llegaba a la plaza Francesc Macià, abriéndose paso a duras penas entre el enorme gentío que se abalanzaba sobre él pretendiendo besarle y abrazarle. Desde el mismo balcón, en el que ya ondeaba, además de la bandera de la República, la bandera de Cataluña, Macià se dirigió a aquella multitud proclamando, en nombre del pueblo de Cataluña, “la República catalana, la qual obre els braços a les repúbliques germanes d'Iberia, amb les quals establirà llaços de contacte formant una àmplia federació de nacionalitats lliures”. Ahora formaremos la República Catalana –añadió Macià- “y aquí estaremos dispuestos a defenderla hasta morir”.
Apareció entonces un alguacil provisto de una corneta, entonando la Marsellesa, coreada unánimemente por los ciudadanos, y Macià salió del Ayuntamiento, atravesó la plaza y dirigió sus pasos a la Diputación para firmar allí, en calidad de presidente de la República Catalana, una nota de evidente alcance constituyente en la que ofrecía a todos los pueblos ibéricos la ayuda del nuevo Estado catalán para liberarlos de la monarquía borbónica. Decía así la nota que apareció el día siguiente en La Publicitat: “En nom del poble de Catalunya proclamo l’Estat Català, sota el règim republicà, règim que desitjo igualment per als altres pobles ibèrics amb els quals volem constituir una federació de pobles lliures. A tots ens oferim per alliberar-los de la monarquia borbònica. Desitgem fer arribar la nostra veu a tots els estats lliures en nom de la llibertat, de la juticia i de la pau dels pobles. El president de la Repùblica, Francesc Macià.”
De manera que, hacia las cinco de la tarde del 14 de abril, Francesc Macià había proclamado desde Barcelona un Estado catalán, bajo una República catalana, que anhelaba y pedía a los otros pueblos de España su colaboración para crear una especie de federación o confederación de pueblos ibéricos libres. Dos horas y media después, en Madrid, los miembro del comité revolucionario, Alcalá Zamora, Lerroux, Azaña, de los Ríos, Maura y Albornoz llegaban en automóvil al ministerio de la Gobernación, en la Puerta del Sol, para hacerse cargo del poder previamente desertado por Alfonso XIII y proclamar la República Española. Cuando esto ocurra, y Niceto Alcalá Zamora, en calidad de presidente del Gobierno provisional de la República española, converse por teléfono con el presidente de la República Catalana, Francesc Macià firmará todavía otra nota en la que inventará una ratificación por el presidente de la República Federal Española de los acuerdos adoptados en la reunión de San Sebastián y proclamará “La Republica Catalana com Estat integrant de la Federació Ibérica”.
Fueron tres declaraciones que mostraban la variedad de tendencias agrupadas en la coalición de izquierdas catalanas –“que va del separatisme sentimental de Macià i de Quimet Ventalló fins a l’espanyolisme temperat pel romanticisme anàrquic de Companys y Lluhí Vallescá”, por decirlo con palabras de Josep Pla- y un elevado nivel de improvisación acerca de qué se estaba proclamando y ante quién o quiénes se proclamaba: un Estado catalán independiente de una monarquía borbónica, que deja para el futuro la decisión de integrarse en una federación, o confederación, de pueblos ibéricos, como se dice a mediodía; o un Estado catalán que es parte integrante de una República federal española o de una Federación ibérica, como se dice al caer la noche; en cualquier caso, nada que ver con lo pactado en San Sebastián. Se comprende, pues, la inquietud de la prensa madrileña que no acaba de entender qué diablos está ocurriendo en Cataluña en torno a ese Estado Catalán pero teme que la naciente República española se estrelle, como escribe AHORA, con el mismo pleito que acabó con la primera.
Un sueño largamente acariciado
Pues, en efecto, el autoinvestido presidente de la República Catalana, saltando por encima de lo hablado y acordado en San Sebastián, había hecho realidad con sus sucesivas proclamas el sueño acariciado cuando vivía exiliado en Bruselas tras el fiasco de la insurrección que habría de seguir a una proyectada invasión desde Prats de Molló para proclamar la República Catalana en 1926. Había utilizado en aquella ocasión, como dijo el mismo Macià al subdirector de AHORA, Manuel Chaves Nogales, en una entrevista concedida a mediados de diciembre de 1931, “la táctica que consiste en prender fuego a la mecha de un polvorín”. La policía francesa se encargó de echar agua antes de que se encendiera el fuego y Macià fue juzgado, benévolamente condenado y desterrado a Bélgica, donde concibió otra táctica, más propia del sindicalismo y de las fiestas populares revolucionarias que de un caudillo político/militar, la de sacar multitudes a la calle para proclamar la República.
En realidad, más que concebirla en abril de 1931, la recuperó, pues ya la había puesto en práctica en noviembre de 1918 cuando, a la cabeza de un “buen golpe de dependientes de comercio que daban mueras a España y vivas a Cataluña” se había presentado a las puertas de la Diputación gritando a Puig i Cadafalch que era mentira que Cataluña entera se pronunciara por un régimen autonómico: Cataluña desea la independencia, clamaba Macià en aquella ocasión, tras colarse –como contaba Adolfo Marsillach- en la sala del Consejo Permanente de la Diputación.
Eso había ocurrido muchos años antes; ahora, en abril de 1931, ya no se trataba de colarse a empujones en un salón, sino de tomar posesión de todos los salones llevado en volandas por aquel pueblo que había votado por la candidatura de su partido en unas elecciones municipales. El viejo sueño se transformó en la maravillosa realidad que evocará meses después ante Chaves Nogales: multitudes en la plaza “aquel día glorioso en que proclamé la República” con el propósito de que “nuestro pueblo ayudase a los demás pueblos de España a sacudir el yugo y todos juntos formásemos una federación que dictase una Constitución por que habían de regirse los españoles dentro de un régimen federal”.
De República Catalana a Generalitat de Catalunya
La inquietud que las proclamas de Francesc Macià despertaron en el editorialista de AHORA era más que compartida por el Gobierno provisional de la República y movió a su presidente, Niceto Alcalá Zamora, a convocar a primera hora de la madrugada del 17 de abril una reunión extraordinaria del consejo de ministros exclusivamente dedicada al estudio del problema. Los ministros hablaron de restablecer la Mancomunidad abolida por la Dictadura de Primo de Rivera, fórmula que no satisfacía ni subyugaba a nadie, como escribió Marcelino Domingo, pues ni por su origen, ni por sus límites, ni por su fin, constituía la Mancomunidad una aspiración, sino más bien un enorme desencanto y una burla afrentosa. Alguien debió de recordar entonces la Generalitat, una institución que evocaba la plenitud de la personalidad de Cataluña, su glorioso pasado y su autonomía política, razón suficiente para que de manera unánime llegará el Gobierno, a altas horas de la noche, a la conclusión de que esta era la fórmula que se ofrecería al presidente de la República Catalana: el nombre de Mancomunidad tenía ecos de vilipendio, escribe Domingo; el nombre de Generalidad tenía, sin embargo, magníficas resonancias.
Y a Barcelona volaron tres ministros del Gobierno provisional, el mismo Domingo, con Lluis Nicolau d’Olwer y Fernando de los Ríos, en el trimotor que hacía la travesía diaria y que aterrizó en el aeródromo de Prat del Llobregat poco antes de las doce de la mañana. Macià, que no había dado su brazo a torcer en las diversas conversaciones que mantuvo por teléfono con Alcalá Zamora, había aprovechado la víspera para nombrar un Consejo de Gobierno, firmar varios decretos y presentar su recién nacida República al exterior enviando al presidente del Consejo de Ministros de Bélgica un telegrama para agradecerle, “al posesionarme de la presidencia de la República catalana, cordialmente unida por lazos federales a la República española, la acogida benévola y entusiasta que Bélgica había dado a los exiliados catalanes”.
El presidente Macià invitó a los viajeros a una comida en el palacio de la Diputación. Se sentaron a la mesa el capitán general López Ochoa; el gobernador civil, Lluis Companys; el alcalde de Barcelona, Jaume Aiguader; el presidente de la Audiencia, Anguera de Sojo y los consejeros del gobierno de Cataluña, Gassol, Campalans, Vidal Rosell, Serra Moret, Carrasco y Casanovas, con Xirau, del Comité de la Universidad. Bien dispuestos los ánimos, comenzó tras el almuerzo un duro debate entre los partidarios, más numerosos, apasionados e irreductibles –según testimonio de Domingo-, de mantener la República Catalana con los que abogaban por transformar la República catalana en Generalidad. Anguera de Sojo parece haber desempeñado un papel principal a la hora de ir venciendo la intransigencia hasta que el mismo Macià, símbolo del secesionismo catalán y la más egregia autoridad del separatismo, aceptó la fórmula propuesta por el Gobierno provisional de la República a cambio de unas concesiones que en todo caso estaban dispuestos a proponer los tres ministros enviados a negociar.
Y así, fruto de este segundo pacto que venía a ampliar el de San Sebastián, a las nueve y cuarto de la noche se levantó la reunión con la firma de una declaración conjunta en la que se expresaba la conveniencia de avanzar en la elaboración de un Estatuto de Cataluña que el Gobierno provisional se comprometía a presentar como ponencia ante las futuras Cortes Constituyentes, y el Consejo de Gobierno de la República catalana aceptaba denominarse en adelante con el nombre “de gloriosa tradición, de Gobierno de la Generalitat de Catalunya”. Se trataba, pues, de reiniciar el proceso, dar como nula o no sucedida la proclamación de un Estado catalán, fuera independiente de, o integrado a una republica federal, o confederal, de pueblos ibéricos, para partir del reconocimiento de la Generalitat de Catalunya por el Gobierno provisional de la República española, que asumía además el compromiso de aprobar en las Cortes constituyentes el Estatuto de autonomía que presentara la Generalitat catalana. De los Ríos, Domingo y Nicolau pudieron regresar a Madrid con la satisfacción de la misión cumplida. El editorialista de AHORA podrá celebrar que el “buen sentido del pueblo catalán” y “el ambiente cálido de simpatía y comprensión al que respondía el resto de España” habían evitado en esta ocasión que el pleito se envenenase dando lugar a esas graves contingencias evocadas tres días después de proclamadas la República en Barcelona y en Madrid.
Santos Juliá
Viernes, 5 de Febrero 2016 13:05
Desde las primeras elecciones, celebradas en junio de 1977, el sistema español de partidos ha concentrado en los dos primeros más del 60% de los votos.
Todo comenzó en medio de una sopa de siglas y al son de los peores augurios. De lo primero la culpa no había que descargarla más que en los 40 años de una dictadura que no acababa de pasar. Por la derecha, a medida que aumentaba la descomposición de las “familias” del régimen de Franco, la política giraba en torno a “personalidades”, cada cual con su séquito, cada cual tomando posiciones para enfrentarse al hecho biológico. Por la izquierda, a la pétrea solidez del Partido Comunista, con su capital político acumulado en años de persecución, cárcel y tortura, le habían salido grupúsculos respondones, acusándolo, como Lenin a Kautsky, de traidor y renegado; y entre socialistas, el PSOE del exilio contemplaba desolado cómo los del interior se emancipaban de su tutela y se hacían con el santo y la limosna. En fin, en lo que ya comenzaba a formar una pareja inseparable, nacionalidades y regiones, salían a la superficie grupos y partidos ocupando posiciones en el doble eje de ubicación ideológica e identidad territorial, añadiendo nuevos ingredientes a una sopa ya bien abastecida con partidos de ámbito estatal.
Los malos augurios no solo fueron pan de cada día de los irreductibles nostálgicos del régimen en descomposición, ni de quienes, en camisa azul o con uniforme caqui, prodigaban declaraciones lamentando la confusión y el caos al que inexorablemente conduciría todo aquel barullo. Muchos hispanistas, de Francia a Estados Unidos, se sumaron a quienes aseguraban que los españoles, tan proclives al individualismo y a la anarquía y con sobradas reservas de energía reprimida después de tantos años de dictadura, acabarían montando un sistema multipartidista necesariamente abocado a los extremos, un camino seguro para repetir, como profetizó Giovanni Sartori en su clásico estudio de 1975, lo ocurrido en la República, experimento demasiado breve y confuso, destinado al caos.
Y de pronto, sin apenas tiempo para el aprendizaje, a la mayoría de los españoles les dio por votar a la europea. De los ciento y muchos partidos y agrupaciones electorales inscritos en el registro de Gobernación, llegaron a presentarse en junio de 1977 hasta 82 candidaturas. De ellas, a la última no la votó nadie, ni sus promotores, cero votos. Y la primera, la mayor beneficiaria de un sistema electoral fabricado a la medida del partido del Gobierno, alcanzó con no más del 34,5% de votos, 166 escaños, lejos de la mayoría absoluta, pero suficiente para gobernar. Era UCD, una coalición, más que un partido, manufacturada a toda prisa con variados retales de procedencia falangista, democratacristiana, liberal, socialdemócrata, una sopa de siglas en sí misma, bajo el liderazgo –o lo que fuera- de Adolfo Suárez. A cinco puntos de distancia, con el 29,4% de votos y 118 escaños irrumpió el PSOE, refundado en Suresnes en 1974 y liderado por Felipe González, que había mostrado una extraordinaria capacidad para fagocitar pequeños grupos que pululaban desperdigados por nacionalidades y regiones.
Tan decisivo para el sistema de partidos en formación fue que entre esas dos candidaturas y las dos siguientes de ámbito estatal, las del PCE y AP, lideradas por sendos políticos muy curtidos y con edad y rostro para evocar en un caso, Santiago Carrillo, la guerra civil, y en otro, Manuel Fraga, la dictadura, se abriera un boquete de más de 20 puntos de distancia, con lo que ambas salieron perjudicadas por la aplicación del método D’Hont, que castiga a las minorías cuando se quedan muy lejos de las mayorías y no hay mucho pastel que repartir, o sea, las 27 circunscripciones que cuentan con cinco escaños o menos.
En realidad, el sistema electoral, proporcional pero con distribución de escaños según el método del resto mayor y con circunscripciones provinciales, lo que pretendía era asegurar una confortable mayoría de escaños a UCD aun para el caso de que no obtuviera, como se temía, una mayoría absoluta de votos. La oposición comunista y socialista aceptó esta proporcionalidad corregida porque la alternativa hubiera sido un sistema mayoritario, que habría asegurado el triunfo de la derecha. Nadie previó entonces que solo dos partidos de entre la masa de concurrentes se despegarían con tanto ímpetu de sus inmediatos competidores, pero así fue, con el resultado de dos partidos mayoritarios y otros dos minoritarios a derecha e izquierda, con el añadido de partidos nacionalistas en Euskadi y Cataluña: un sistema, pues, bipartidista imperfecto o atenuado en el ámbito estatal y pluripartidista en dos ámbitos no estatales, el catalán y el vasco. Así comenzó a rodar el sistema de partidos y así pareció consolidarse en las segundas elecciones, convocadas al promulgarse una Constitución que, a la vista de la primera experiencia, sancionó en su art. 68.2 la provincia como circunscripción electoral, asignando a cada una de ellas “una representación mínima inicial” y consagrando el criterio de “representación proporcional”, aunque sin mentar para nada al señor D’Hondt.
Pero la legislatura inaugurada en 1979, y destinada a consolidar aquel bipartidismo imperfecto, acabó en la ruina del sistema todavía en formación. UCD se fue suicidando a lo largo de 1981 y el PC entró en una espiral de purgas y expulsiones que lo liquidó como partido relevante. Con posibilidades de futuro –aparte de los partidos de ámbito no estatal en su propio territorio- solo quedaron, por la derecha, la extrema, Alianza Popular, y por la izquierda, la que iba centrándose, un PSOE que, seguro de que a su izquierda solo se abría el abismo, echó las redes en los caladeros del centro. Ganó, claro, con un porcentaje de votos cercano a la mayoría absoluta (48,3%) y un número de escaños que la superaba holgadamente (202), mientras que AP, algo crecida con los restos del naufragio de UCD, alcanzaba el 26%, magnitud pronto bautizada como el techo de Fraga.
Y techo macizo fue en las dos siguientes convocatorias, dando así origen a un sistema de partido dominante hasta que José María Aznar emprendió en 1993, como antes Felipe González, su particular peregrinaje al centro, rompiendo así por fin el techo del 26%, reduciendo a cuatro puntos los 20 que lo separaban del PSOE y convirtiendo a un refundado PP en alternativa creíble de gobierno. Quien nunca levantó cabeza fue la tercera opción, ni por el centro, como Suárez lo intentó con su CDS, ni por la izquierda, como fue el sueño de Julio Anguita y su famosos sorpasso, siempre al alcance de la mano, siempre desvanecido el día de las elecciones.
Tal es el sistema que ha perdurado hasta hoy mismo. ¿La razón? Bueno, es habitual atribuir de manera mecánica al método D’Hondt el bipartidismo y, sin duda, ese método ayuda, como ayudó también al sistema de partido dominante: los socialistas lo saben muy bien porque lo disfrutaron durante diez años y, lejos de reformarlo para garantizar una mayor proporcionalidad, lo confirmaron como el mejor de los sistemas posibles porque aseguraba estabilidad a sus gobiernos e infundía desánimo a terceros competidores. Pero con la ayuda no basta: depende de cuántos sean los votos que acopie cada partido, y más aún de cuan larga sea la distancia entre el primero y el segundo y entre ambos y los que vienen detrás, para que esa ayuda pase de la teoría a la práctica. Incluso en una circunscripción con solo tres escaños, en las que se da por supuesto el sesgo mayoritario, el beneficiado podría ser un tercero en discordia si consiguiera la mitad más uno de votos alcanzados por el primero, en cuyo caso se llevaría el mismo botín, un escaño.
De manera que para que el sistema funcione como bipartidista se necesita, además de esa mano que siempre echa el señor D’Hondt a los primeros llegados, que entre estos y los que vienen detrás la distancia sea muy ancha, casi abismal. Y esto es, en resumidas cuentas, lo que ha ocurrido en nuestra historia electoral: si en los años de nacimiento del sistema, UCD y PSOE alcanzaban en torno al 65% del voto válido, desde 1993 la progresión del bipartido ha sido continua hasta conseguir en 2008 nada menos que el 84,7%: ocho y medio de cada diez españoles votaron PSOE o PP en esa convocatoria. Una cantidad extraordinaria, de la que se derivó la mayor estabilidad gubernamental desde que se introdujo el sufragio en España y una solidez del sistema de partidos a prueba de cualquier turbulencia. Culminación de una subida a la cima, la progresión del voto acopiado por PP y PSOE entre 1993 y 2008 fue continua y consistente: 74, 77, 80, 82, 85 por ciento de todos los votos resumen quince años de historia, un éxito sin precedente, que proporcionó a los dos partidos el 86, 85, 88, 89 y 92 por ciento de escaños en las sucesivas legislaturas.
Hasta que llegó la crisis y quebró la serie. Primero los votantes del PSOE y luego, tras su más amplio triunfo en unas elecciones, los del PP, hartos de la artificiosa y suicida política de crispación, con la reducción al “y tu más” de toda la pelea en el patio de vecindad de los dos partidos, comenzaron a desertar masivamente el campo de cada cual a la vista de las respuestas que cada uno daba a la crisis y de la inagotable serie de cohechos, sobornos, comisiones, financiaciones irregulares, ERE, sobresueldos, cuentas bancarias en paraísos fiscales, tarjetas negras y demás corrupciones sobre las que se montó la gran burbuja inmobiliaria. El PSOE se había quedado sin habla, y mucho le cuesta recuperarla, desde la noche triste de mayo de 2010, obligado a adoptar políticas de recortes y austeridad que pusieron fin a sus irresponsables alegrías presupuestarias. Y el PP, que se creyó que por su cara bonita iba a restablecer la confianza de los mercados, recurrió a políticas agresivas contra la clase media y los tres millones de empleados públicos –entre ellos, cientos de miles de docentes y sanitarios, sectores con fuerte capacidad de movilización- procediendo a la congelación y reducción de salarios y al rescate de la mitad del sistema financiero en medio del continuo desplome de las cajas de ahorro, instituciones centenarias depredadas por una voraz clase política; todo ello en medio de escándalos particularmente hirientes, protagonizados por señoritos repeinados y otras gentes de buena sociedad y delictivo vivir entrando a saco en los bienes públicos.
Probablemente, en este origen de la quiebra del bipartidismo radique la razón de que la protesta social no se haya manifestado, como en Europa, en el auge de algún partido de extrema derecha. Al cabo de cuatro años del 15M, con ocupación de plazas y mareas en las calles, los dos partidos que recogieron de una u otra forma los efectos de la sacudida de aquel acontecimiento han recorrido en muy poco tiempo un buen trecho de la senda que lleva al centro. Podemos ha liquidado, con el desparpajo propio del fabricante de retóricas de usar y tirar, su primera “construcción discursiva”, aquel proyecto de ruptura populista teorizado por Ernesto Laclau, consistente en dicotomizar el espacio público para construir un “nosotros”, la gente, enfrentado a un “ellos”, la casta, y ha buscado nueva inspiración ¡quién lo diría! en Manuel Azaña, repitiendo la pauta iniciada por Felipe González y continuada con éxito por José María Aznar. Y Ciudadanos, por su parte, ha decidido que solo alcanzará la meta si ocupa una posición que sirva lo mismo para un roto que para un descosido, para un pacto por la derecha –con el PP- o por la izquierda –con el PSOE-, de modo que aun si no obtuviera la mayoría relativa en las inminentes elecciones, podría negociar su apoyo a cualquiera de los dos a un precio muy elevado, por ejemplo, la reforma de la ley electoral que garantice para el futuro un sistema cuatripartidista.
En cualquier caso, el terremoto que ha sacudido al bipartidismo hasta su raíz, que no es otra que la voluntad de los electores expresada en las urnas, anuncia algo más que una crisis del sistema imperante desde 1993: su caída y sustitución por un pluripartidismo moderado, con un gobierno de coalición –o quizá un pacto de legislatura- PP/Cs o PSOE/Cs (probablemente con PNV y nuevos partidos o coaliciones de ámbito no estatal echando una mano por aquello de facilitar lo complicado que se volverá la gobernación del Estado), quedando Podemos en una posición de reserva activa. No es la menor lección de esta historia que cualquiera de estos futuribles, u otros de idéntico cariz, será posible sin haber reformado previamente la Constitución y sin haber modificado ni una coma de la ley electoral: el señor D’Hondt, tan vilipendiado por tirios y troyanos, no podrá evitar, desde ultratumba, una sonrisilla irónica.
Publicado en AHORA, 18-23 diciembre 2015
Los malos augurios no solo fueron pan de cada día de los irreductibles nostálgicos del régimen en descomposición, ni de quienes, en camisa azul o con uniforme caqui, prodigaban declaraciones lamentando la confusión y el caos al que inexorablemente conduciría todo aquel barullo. Muchos hispanistas, de Francia a Estados Unidos, se sumaron a quienes aseguraban que los españoles, tan proclives al individualismo y a la anarquía y con sobradas reservas de energía reprimida después de tantos años de dictadura, acabarían montando un sistema multipartidista necesariamente abocado a los extremos, un camino seguro para repetir, como profetizó Giovanni Sartori en su clásico estudio de 1975, lo ocurrido en la República, experimento demasiado breve y confuso, destinado al caos.
Y de pronto, sin apenas tiempo para el aprendizaje, a la mayoría de los españoles les dio por votar a la europea. De los ciento y muchos partidos y agrupaciones electorales inscritos en el registro de Gobernación, llegaron a presentarse en junio de 1977 hasta 82 candidaturas. De ellas, a la última no la votó nadie, ni sus promotores, cero votos. Y la primera, la mayor beneficiaria de un sistema electoral fabricado a la medida del partido del Gobierno, alcanzó con no más del 34,5% de votos, 166 escaños, lejos de la mayoría absoluta, pero suficiente para gobernar. Era UCD, una coalición, más que un partido, manufacturada a toda prisa con variados retales de procedencia falangista, democratacristiana, liberal, socialdemócrata, una sopa de siglas en sí misma, bajo el liderazgo –o lo que fuera- de Adolfo Suárez. A cinco puntos de distancia, con el 29,4% de votos y 118 escaños irrumpió el PSOE, refundado en Suresnes en 1974 y liderado por Felipe González, que había mostrado una extraordinaria capacidad para fagocitar pequeños grupos que pululaban desperdigados por nacionalidades y regiones.
Tan decisivo para el sistema de partidos en formación fue que entre esas dos candidaturas y las dos siguientes de ámbito estatal, las del PCE y AP, lideradas por sendos políticos muy curtidos y con edad y rostro para evocar en un caso, Santiago Carrillo, la guerra civil, y en otro, Manuel Fraga, la dictadura, se abriera un boquete de más de 20 puntos de distancia, con lo que ambas salieron perjudicadas por la aplicación del método D’Hont, que castiga a las minorías cuando se quedan muy lejos de las mayorías y no hay mucho pastel que repartir, o sea, las 27 circunscripciones que cuentan con cinco escaños o menos.
En realidad, el sistema electoral, proporcional pero con distribución de escaños según el método del resto mayor y con circunscripciones provinciales, lo que pretendía era asegurar una confortable mayoría de escaños a UCD aun para el caso de que no obtuviera, como se temía, una mayoría absoluta de votos. La oposición comunista y socialista aceptó esta proporcionalidad corregida porque la alternativa hubiera sido un sistema mayoritario, que habría asegurado el triunfo de la derecha. Nadie previó entonces que solo dos partidos de entre la masa de concurrentes se despegarían con tanto ímpetu de sus inmediatos competidores, pero así fue, con el resultado de dos partidos mayoritarios y otros dos minoritarios a derecha e izquierda, con el añadido de partidos nacionalistas en Euskadi y Cataluña: un sistema, pues, bipartidista imperfecto o atenuado en el ámbito estatal y pluripartidista en dos ámbitos no estatales, el catalán y el vasco. Así comenzó a rodar el sistema de partidos y así pareció consolidarse en las segundas elecciones, convocadas al promulgarse una Constitución que, a la vista de la primera experiencia, sancionó en su art. 68.2 la provincia como circunscripción electoral, asignando a cada una de ellas “una representación mínima inicial” y consagrando el criterio de “representación proporcional”, aunque sin mentar para nada al señor D’Hondt.
Pero la legislatura inaugurada en 1979, y destinada a consolidar aquel bipartidismo imperfecto, acabó en la ruina del sistema todavía en formación. UCD se fue suicidando a lo largo de 1981 y el PC entró en una espiral de purgas y expulsiones que lo liquidó como partido relevante. Con posibilidades de futuro –aparte de los partidos de ámbito no estatal en su propio territorio- solo quedaron, por la derecha, la extrema, Alianza Popular, y por la izquierda, la que iba centrándose, un PSOE que, seguro de que a su izquierda solo se abría el abismo, echó las redes en los caladeros del centro. Ganó, claro, con un porcentaje de votos cercano a la mayoría absoluta (48,3%) y un número de escaños que la superaba holgadamente (202), mientras que AP, algo crecida con los restos del naufragio de UCD, alcanzaba el 26%, magnitud pronto bautizada como el techo de Fraga.
Y techo macizo fue en las dos siguientes convocatorias, dando así origen a un sistema de partido dominante hasta que José María Aznar emprendió en 1993, como antes Felipe González, su particular peregrinaje al centro, rompiendo así por fin el techo del 26%, reduciendo a cuatro puntos los 20 que lo separaban del PSOE y convirtiendo a un refundado PP en alternativa creíble de gobierno. Quien nunca levantó cabeza fue la tercera opción, ni por el centro, como Suárez lo intentó con su CDS, ni por la izquierda, como fue el sueño de Julio Anguita y su famosos sorpasso, siempre al alcance de la mano, siempre desvanecido el día de las elecciones.
Tal es el sistema que ha perdurado hasta hoy mismo. ¿La razón? Bueno, es habitual atribuir de manera mecánica al método D’Hondt el bipartidismo y, sin duda, ese método ayuda, como ayudó también al sistema de partido dominante: los socialistas lo saben muy bien porque lo disfrutaron durante diez años y, lejos de reformarlo para garantizar una mayor proporcionalidad, lo confirmaron como el mejor de los sistemas posibles porque aseguraba estabilidad a sus gobiernos e infundía desánimo a terceros competidores. Pero con la ayuda no basta: depende de cuántos sean los votos que acopie cada partido, y más aún de cuan larga sea la distancia entre el primero y el segundo y entre ambos y los que vienen detrás, para que esa ayuda pase de la teoría a la práctica. Incluso en una circunscripción con solo tres escaños, en las que se da por supuesto el sesgo mayoritario, el beneficiado podría ser un tercero en discordia si consiguiera la mitad más uno de votos alcanzados por el primero, en cuyo caso se llevaría el mismo botín, un escaño.
De manera que para que el sistema funcione como bipartidista se necesita, además de esa mano que siempre echa el señor D’Hondt a los primeros llegados, que entre estos y los que vienen detrás la distancia sea muy ancha, casi abismal. Y esto es, en resumidas cuentas, lo que ha ocurrido en nuestra historia electoral: si en los años de nacimiento del sistema, UCD y PSOE alcanzaban en torno al 65% del voto válido, desde 1993 la progresión del bipartido ha sido continua hasta conseguir en 2008 nada menos que el 84,7%: ocho y medio de cada diez españoles votaron PSOE o PP en esa convocatoria. Una cantidad extraordinaria, de la que se derivó la mayor estabilidad gubernamental desde que se introdujo el sufragio en España y una solidez del sistema de partidos a prueba de cualquier turbulencia. Culminación de una subida a la cima, la progresión del voto acopiado por PP y PSOE entre 1993 y 2008 fue continua y consistente: 74, 77, 80, 82, 85 por ciento de todos los votos resumen quince años de historia, un éxito sin precedente, que proporcionó a los dos partidos el 86, 85, 88, 89 y 92 por ciento de escaños en las sucesivas legislaturas.
Hasta que llegó la crisis y quebró la serie. Primero los votantes del PSOE y luego, tras su más amplio triunfo en unas elecciones, los del PP, hartos de la artificiosa y suicida política de crispación, con la reducción al “y tu más” de toda la pelea en el patio de vecindad de los dos partidos, comenzaron a desertar masivamente el campo de cada cual a la vista de las respuestas que cada uno daba a la crisis y de la inagotable serie de cohechos, sobornos, comisiones, financiaciones irregulares, ERE, sobresueldos, cuentas bancarias en paraísos fiscales, tarjetas negras y demás corrupciones sobre las que se montó la gran burbuja inmobiliaria. El PSOE se había quedado sin habla, y mucho le cuesta recuperarla, desde la noche triste de mayo de 2010, obligado a adoptar políticas de recortes y austeridad que pusieron fin a sus irresponsables alegrías presupuestarias. Y el PP, que se creyó que por su cara bonita iba a restablecer la confianza de los mercados, recurrió a políticas agresivas contra la clase media y los tres millones de empleados públicos –entre ellos, cientos de miles de docentes y sanitarios, sectores con fuerte capacidad de movilización- procediendo a la congelación y reducción de salarios y al rescate de la mitad del sistema financiero en medio del continuo desplome de las cajas de ahorro, instituciones centenarias depredadas por una voraz clase política; todo ello en medio de escándalos particularmente hirientes, protagonizados por señoritos repeinados y otras gentes de buena sociedad y delictivo vivir entrando a saco en los bienes públicos.
Probablemente, en este origen de la quiebra del bipartidismo radique la razón de que la protesta social no se haya manifestado, como en Europa, en el auge de algún partido de extrema derecha. Al cabo de cuatro años del 15M, con ocupación de plazas y mareas en las calles, los dos partidos que recogieron de una u otra forma los efectos de la sacudida de aquel acontecimiento han recorrido en muy poco tiempo un buen trecho de la senda que lleva al centro. Podemos ha liquidado, con el desparpajo propio del fabricante de retóricas de usar y tirar, su primera “construcción discursiva”, aquel proyecto de ruptura populista teorizado por Ernesto Laclau, consistente en dicotomizar el espacio público para construir un “nosotros”, la gente, enfrentado a un “ellos”, la casta, y ha buscado nueva inspiración ¡quién lo diría! en Manuel Azaña, repitiendo la pauta iniciada por Felipe González y continuada con éxito por José María Aznar. Y Ciudadanos, por su parte, ha decidido que solo alcanzará la meta si ocupa una posición que sirva lo mismo para un roto que para un descosido, para un pacto por la derecha –con el PP- o por la izquierda –con el PSOE-, de modo que aun si no obtuviera la mayoría relativa en las inminentes elecciones, podría negociar su apoyo a cualquiera de los dos a un precio muy elevado, por ejemplo, la reforma de la ley electoral que garantice para el futuro un sistema cuatripartidista.
En cualquier caso, el terremoto que ha sacudido al bipartidismo hasta su raíz, que no es otra que la voluntad de los electores expresada en las urnas, anuncia algo más que una crisis del sistema imperante desde 1993: su caída y sustitución por un pluripartidismo moderado, con un gobierno de coalición –o quizá un pacto de legislatura- PP/Cs o PSOE/Cs (probablemente con PNV y nuevos partidos o coaliciones de ámbito no estatal echando una mano por aquello de facilitar lo complicado que se volverá la gobernación del Estado), quedando Podemos en una posición de reserva activa. No es la menor lección de esta historia que cualquiera de estos futuribles, u otros de idéntico cariz, será posible sin haber reformado previamente la Constitución y sin haber modificado ni una coma de la ley electoral: el señor D’Hondt, tan vilipendiado por tirios y troyanos, no podrá evitar, desde ultratumba, una sonrisilla irónica.
Publicado en AHORA, 18-23 diciembre 2015
Santos Juliá
Domingo, 27 de Diciembre 2015 13:13
Como ha reconocido la CUP, los partidos convocantes del plebiscito por la independencia de Cataluña han fracasado en su empeño.
El marco conceptual del que se derivó la propuesta, finalmente hegemónica, de convertir las elecciones catalanas de 27 de septiembre pasado en un plebiscito germinó a partir de 2012 en la mente de los dirigentes de Convergència Democràtica de Catalunya y, muy personalmente, en la de Artur Mas. La coalición de Convèrgencia con Unió había conseguido en las elecciones de ese año, con el 30,7% de los votos, 50 diputados en el Parlament de Cataluña, mientras ERC, con el 13,68, conseguía 21 escaños. Entre los dos, pues, fueron 71 los escaños, uno menos que en las elecciones de 2010, aunque con una distribución interna muy diferente, pues CiU había alcanzado en esas elecciones 62 escaños mientras una ERC en horas bajas debía contentarse con diez. De modo que entre los dos partidos sumaron 72 diputados en 2010 y 71 en 2012, tres y dos diputados más de los que habían conseguido en las dos elecciones anteriores celebradas en lo que va de siglo, que fueron en ambos casos 69 diputados, con un porcentaje conjunto situado entre el 47,3 y el 45,5% de votos. Nunca, en las cuatro elecciones, la suma de los dos partidos bajó del 44% del total de votos emitidos.
Hasta que Artur Mas tuvo la ocurrencia de fabricar una lista integrada por candidatos de su propio partido y de Esquerra Republicana, adobada con activistas de sociedades culturales y parapolíticas como son Assemblea Nacional de Catalunya y Omnium Cultural. La estrategia consistía en sumar los votos de centro derecha y de izquierda con el aporte de la llamada sociedad civil en la seguridad de que, cubiertos todos por el sagrado manto de la independencia nacional en el que se ocultan todos los conflictos sociales, lograrían por fin saltar del 45% de votos obtenidos como media aproximada en las dos convocatorias anteriores, hasta al menos la mitad más uno, un resultado que según repitió en varias ocasiones Artur Mas bastaría para declarar solemnemente la independencia de la nación catalana.
Esta convicción, compartida por Junqueras, llevó a ambos a transformar unas elecciones autonómicas en un plebiscito. La convocatoria del 27-S no sería una más, una cualquiera, en la serie de elecciones autonómicas de Cataluña. La elección iba a ser histórica, porque no existía precedente y porque abriría de par en par las puertas de un futuro que, en la calle, estaba ya escribiendo la multitud de catalanes que se manifestaban por la independencia de la nación, un millón y medio, dos millones, según las cuentas galanas de los organizadores de las sucesivas diadas.
Pero he aquí que cuando, finalmente, el plebiscito se celebra, precedido de una presión agobiante a favor del sí a la independencia de todos los medios de comunicación al servicio del poder, de un simposio de historiadores que han hecho almoneda de las exigencias de su oficio, de manifiestos de intelectuales empeñados en confirmar aquella trahison des clers que hizo célebre a Julien Benda, de propaganda en la que el Otro, esto es, España, se presenta como ladrona y expoliadora de Cataluña, los resultados cosechados por la suma de los dos partidos y las asociaciones convocantes del plebiscito son los peores de los obtenidos por cada partido por separado en lo que va de siglo, por no hablar de las décadas anteriores.
En efecto, la suma de votos obtenidos por Junts pel Sí -Convergència y Esquerra- no llega por vez primera al 40% del total: se ha quedado en un modesto 39,57%, un resultado más pobre aun si se tiene en cuenta que en la candidatura figuraban también miembros de asociaciones que se consideran como representantes de una supuesta mayoría social favorable a la independencia. Nunca, en lo que llevamos de historia electoral, la suma de escaños ocupados por diputados de Convergència más Esquerra se ha quedado tan lejos de la mayoría absoluta como en esta ocasión: 62 escaños, siete menos que en 2003 y 2006, diez menos que en 2010 y nueve menos que en 2011.
Los fracasados en su empeño de obtener la mitad más uno de los votos en un plebiscito secesionista se consolarán diciendo que estas cuentas no dan razón de los diez diputados cosechados por otro partido que también lleva en su programa la independencia de Cataluña. Pero eso es hacerse trampas, porque este partido, la Candidatura d’Unitat Popular, se subió al tren plebiscitario en el vagón de cola y con un programa que, lejos de limitarse a la independencia de Cataluña, propugnaba, entre otras menudencias, el impago de la deuda, la desobediencia a la Unión Europea, la ruptura con el euro y nuevas instituciones políticas que liquiden las propias del “régimen liberal burgués”, unos propósitos que hasta el momento están lejos de compartir los votantes de Convergència y que no figuran en primera línea de las inquietudes de Esquerra.
¿Podrá, con estos antecedentes, llegar la CUP a un acuerdo de gobierno con Convergencia y Esquerra? Aun en el caso de que llegaran, todos ellos son conscientes de que el plebiscito, como reconocieron en solitario los dirigentes de la CUP, lo han perdido los partidarios de la secesión que, aun sumando los votos de esta formación, mitad movimiento social mitad partido político, no llegan al 48 por ciento, por más que disfruten de mayoría absoluta en el Parlament, debido a un sistema electoral que prima la representación de las circunscripciones menos pobladas. Sí, es cierto que la CUP ha reconocido abiertamente la derrota en el plebiscito, pero nadie desprecia un dulce, y muy dulce es para cualquier partido político disfrutar de una parcela autónoma de poder en las instituciones del Estado. No cabe, pues, excluir que la CUP venda cara su alma aceptando el sacrificio de participar en el gobierno con alguna vicepresidencia u otra forma igualmente imaginativa: al cabo, la nación ha sido, es y por siempre será el recurso que todo lo justifica, incluyendo corrupciones sistémicas y promesas incumplidas.
Si, por fin, se anima la CUP a pillar una parcela de poder, tendríamos el insólito caso de un Parlamento impulsando la marcha a la secesión con el voto en contra de una mayoría de los ciudadanos que dice representar. Cosas de la política.
Santos Juliá
Hasta que Artur Mas tuvo la ocurrencia de fabricar una lista integrada por candidatos de su propio partido y de Esquerra Republicana, adobada con activistas de sociedades culturales y parapolíticas como son Assemblea Nacional de Catalunya y Omnium Cultural. La estrategia consistía en sumar los votos de centro derecha y de izquierda con el aporte de la llamada sociedad civil en la seguridad de que, cubiertos todos por el sagrado manto de la independencia nacional en el que se ocultan todos los conflictos sociales, lograrían por fin saltar del 45% de votos obtenidos como media aproximada en las dos convocatorias anteriores, hasta al menos la mitad más uno, un resultado que según repitió en varias ocasiones Artur Mas bastaría para declarar solemnemente la independencia de la nación catalana.
Esta convicción, compartida por Junqueras, llevó a ambos a transformar unas elecciones autonómicas en un plebiscito. La convocatoria del 27-S no sería una más, una cualquiera, en la serie de elecciones autonómicas de Cataluña. La elección iba a ser histórica, porque no existía precedente y porque abriría de par en par las puertas de un futuro que, en la calle, estaba ya escribiendo la multitud de catalanes que se manifestaban por la independencia de la nación, un millón y medio, dos millones, según las cuentas galanas de los organizadores de las sucesivas diadas.
Pero he aquí que cuando, finalmente, el plebiscito se celebra, precedido de una presión agobiante a favor del sí a la independencia de todos los medios de comunicación al servicio del poder, de un simposio de historiadores que han hecho almoneda de las exigencias de su oficio, de manifiestos de intelectuales empeñados en confirmar aquella trahison des clers que hizo célebre a Julien Benda, de propaganda en la que el Otro, esto es, España, se presenta como ladrona y expoliadora de Cataluña, los resultados cosechados por la suma de los dos partidos y las asociaciones convocantes del plebiscito son los peores de los obtenidos por cada partido por separado en lo que va de siglo, por no hablar de las décadas anteriores.
En efecto, la suma de votos obtenidos por Junts pel Sí -Convergència y Esquerra- no llega por vez primera al 40% del total: se ha quedado en un modesto 39,57%, un resultado más pobre aun si se tiene en cuenta que en la candidatura figuraban también miembros de asociaciones que se consideran como representantes de una supuesta mayoría social favorable a la independencia. Nunca, en lo que llevamos de historia electoral, la suma de escaños ocupados por diputados de Convergència más Esquerra se ha quedado tan lejos de la mayoría absoluta como en esta ocasión: 62 escaños, siete menos que en 2003 y 2006, diez menos que en 2010 y nueve menos que en 2011.
Los fracasados en su empeño de obtener la mitad más uno de los votos en un plebiscito secesionista se consolarán diciendo que estas cuentas no dan razón de los diez diputados cosechados por otro partido que también lleva en su programa la independencia de Cataluña. Pero eso es hacerse trampas, porque este partido, la Candidatura d’Unitat Popular, se subió al tren plebiscitario en el vagón de cola y con un programa que, lejos de limitarse a la independencia de Cataluña, propugnaba, entre otras menudencias, el impago de la deuda, la desobediencia a la Unión Europea, la ruptura con el euro y nuevas instituciones políticas que liquiden las propias del “régimen liberal burgués”, unos propósitos que hasta el momento están lejos de compartir los votantes de Convergència y que no figuran en primera línea de las inquietudes de Esquerra.
¿Podrá, con estos antecedentes, llegar la CUP a un acuerdo de gobierno con Convergencia y Esquerra? Aun en el caso de que llegaran, todos ellos son conscientes de que el plebiscito, como reconocieron en solitario los dirigentes de la CUP, lo han perdido los partidarios de la secesión que, aun sumando los votos de esta formación, mitad movimiento social mitad partido político, no llegan al 48 por ciento, por más que disfruten de mayoría absoluta en el Parlament, debido a un sistema electoral que prima la representación de las circunscripciones menos pobladas. Sí, es cierto que la CUP ha reconocido abiertamente la derrota en el plebiscito, pero nadie desprecia un dulce, y muy dulce es para cualquier partido político disfrutar de una parcela autónoma de poder en las instituciones del Estado. No cabe, pues, excluir que la CUP venda cara su alma aceptando el sacrificio de participar en el gobierno con alguna vicepresidencia u otra forma igualmente imaginativa: al cabo, la nación ha sido, es y por siempre será el recurso que todo lo justifica, incluyendo corrupciones sistémicas y promesas incumplidas.
Si, por fin, se anima la CUP a pillar una parcela de poder, tendríamos el insólito caso de un Parlamento impulsando la marcha a la secesión con el voto en contra de una mayoría de los ciudadanos que dice representar. Cosas de la política.
Santos Juliá
Santos Juliá
Domingo, 4 de Octubre 2015 13:12
De él admiraban, quienes le habían tratado, su pasión por la política y su ambición de poder y no faltaban periodistas que se hacían lenguas de su simpatía arrolladora y de su contagioso entusiasmo.
Hablaban otros de su juventud católica, de su notoria aversión a los libros, de su paso por niveles secundarios del Movimiento, del servicio casi filial a esa especie de segundo padre que fue para él Herrero Tejedor, y de las buenas migas que supo hacer con el almirante Carrero, con López Rodó y con el Príncipe de España. Pero nadie llegó nunca a saber en qué consistía su programa político, si tenía alguno, salvo que predicaba una evolución ordenada del régimen hacia una apertura que permitiera salir al terreno de juego a unas asociaciones en todo conformes a lo que consideraba auténtica Constitución que, faltaría más, andaba necesitada de ciertas reformas siempre que se acometieran desde el poder.
Muy ligero equipaje era aquel para la ardua empresa planteada por la acuciante pregunta que políticos españoles y teóricos extranjeros repetían desde hacia años: después de Franco, qué. A Adolfo Suárez, en verdad, no le preocupaba tanto la respuesta como el lugar que en el entramado político del régimen llegaría a ocupar cuando se produjera el llamado hecho biológico. Y no cabe duda de que desarrolló todas sus artes de seducción, que no eran pocas, para que el acontecimiento le pillara sentado a la mesa del consejo de ministros. Solo que, desde 1969, los caminos para alcanzar tan elevada posición se habían complicado por efecto de la descomposición que acabó convirtiendo a la dictadura en un conglomerado de personalidades cada cual rodeada de lo que Max Weber llamaba séquito y Manuel Azaña secuaces. Ya se mire a las gentes del búnker, a las nuevas generaciones del Movimiento, a los cuerpos superiores de funcionarios, a los tecnócratas del Opus Dei, a la democracia cristiana, todos, se encontraban divididos entre sí y enfrentados unos con otros, llevando cada cual la cuenta de los agravios mutuamente infligidos en las largas esperas por los pasillos del poder.
Suárez sufrió las consecuencias de esta atomización grupuscular de las fuerzas del régimen cuando, por la muerte de su patrón y guía, se vio arrojado desde la vicesecretaria general del Movimiento –pista de su vuelo al Gobierno- a los márgenes exteriores del sistema. Y entonces, con 42 años cumplidos, tomó una decisión en la que, jugándose a una carta su presente, se convirtió en promesa de futuro: fortalecer y expandir una de las pocas asociaciones acogidas al nuevo registro del Movimiento Nacional, la Unión del Pueblo Español. Nadie, ni las gentes del régimen, daban una perra gorda por las asociaciones, pero a Suárez le permitió la suya, de la que pronto fue presidente, subir al rango de personalidad política.
Y así, al sonar la hora de Franco y hacerse el después ahora, fue lo más natural que se cumpliera por fin su sueño y se viera aupado, con otras personalidades de mayor solera y rimbombancia, a un puesto en el consejo de ministros. Pudo haberle llevado a la ruina, ya que el ministerio era la Secretaría general del Movimiento, pero la mezcla de fortuna y audacia que acompaña a los triunfadores multiplicó su capital político ciento por uno tras el fracaso de Arias y el simultáneo naufragio de las más sobresalientes personalidades reformistas del régimen, empezando por los dos presidentes siempre a la espera, Fraga y Areilza, aspirantes a edificar sobre sus hombros una democracia a la española.
De modo que, cuando fue llamado de lo alto, Suárez tenía claro que el tiempo y la ocasión de las personalidades había terminado; que lo exigido por la nueva coyuntura era la formación de un equipo de gobierno en torno a un presidente sin séquito ni secuaces. Los aspavientos de Fraga, Areilza y otros Lópeces facilitaron las cosas. Era preciso seguir la senda italiana, aunque con otro nombre. Y en efecto, Suárez se propuso crear una nueva fuerza política que desempeñara en España el papel jugado por la democracia cristiana en Italia tras la derrota del fascismo: facilitar a los comunistas, desde el poder, la ocupación de un espacio propio que dividiera a la izquierda en dos partidos con similar fuerza electoral, destinados, por tanto, a una perenne oposición; y, al tiempo, idear un sistema electoral con el objetivo, no de crear un sistema bipartidista, sino de garantizar a su partido una hegemonía de décadas, también al modo italiano. Incorporó, por eso, a su primer Gobierno a destacados miembros de la democracia cristiana en posiciones clave, flanqueados por quienes recién habían colgado la camisa azul en el fondo del armario.
Si el marco en que habría de producirse la transición de una política de personalidades a una política de partidos estuvo más o menos claro desde el principio –de ahí el primer decreto-ley de amnistía que legalizó en la práctica a los partidos de la oposición- no lo estaba, sin embargo, el ritmo y el contenido de las iniciativas necesarias para celebrar elecciones generales que devolvieran la soberanía al pueblo español. Y fue en este punto donde brilló el genio político de Suárez al convocar unas elecciones por medio de una ley que siendo para la reforma no era de reforma puesto que no reformaba nada: un fraude de ley, como habían imaginado el sibilino Fernández Miranda o el más barroco Carlos Ollero. Al cabo, eso era lo que exigía la oposición: convocatoria de unas elecciones que abrieran la senda a un proceso constituyente; y eso fue lo que decidió el gobierno sin previa negociación y sin necesidad de consenso alguno.
Como resultado de este golpe audaz, Suárez liquidaba sin mayor obstáculo las instituciones políticas de la dictadura –Cortes y Movimiento-, cerraba el Tribunal de Orden Público y licenciaba a la burocracia sindical. Quedaba por ver hasta dónde permitirían las Fuerzas Armadas abrir el terreno de juego a la oposición. Y de nuevo en este punto, la fortuna y la audacia se aliaron en su decisión de legalizar al Partido Comunista arrebatando de golpe a los militares, también divididos, su tácito derecho de veto sobre el alcance de las políticas adoptadas por el Gobierno. Una vez logrado lo más, fue coser y cantar la liberación de un puñado de presos de ETA recurriendo a la arcaica figura del extrañamiento. Las elecciones pudieron celebrarse sin que nada turbara la soleada placidez de aquel día de junio inolvidable.
Pero el pasado juega en ocasiones malas pasadas. Y es curioso que Suárez que se hizo político en el sentido más noble del término, o sea, alguien que vivía para la política, y no de la política, en el marco de un sistema de personalidades-cum-séquito, no fuera capaz de culminar su trabajo creando un verdadero partido político. Si hubo un error Suárez, su semilla se plantó el día en que, después de ganar sin mayoría las primeras elecciones, decidió formar gobierno procediendo al reparto de esferas de poder entre los cabecillas de los variopintos grupos coligados en la UCD, llamados, no sin razón, barones. Cierto, la unión electoral se mudó formalmente en partido político, pero la forma no modificó el fondo: UCD permaneció como cueva de barones que compartían un rasgo común, su desprecio a aquel político que se había encaramado al poder como por arte de birlibirloque. Sin lecturas, sin bagaje intelectual, sin idiomas, sin pedigrí alguno, todo lo que antes fue motivo de admiración ahora se convertía en causa de desprecio.
Y fue, al cabo, la revancha de la política de personalidades transmutada en rencillas de barones la que acabó por provocar un boquete en la línea de flotación del mismo partido que les había llevado al Gobierno. Suárez nunca volvió a ser lo que había sido desde junio de 1976 hasta, alargando mucho, marzo de 1979. Luego, la fortuna se convirtió en extravío, las palmadas en el hombro en puñetazos al estómago, los parabienes en desdenes. Subió en la política de la mano de personalidades y murió a la política víctima de barones. Descanse en paz.
Necrológica publicada en El País, 23 de marzo de 2014.
Muy ligero equipaje era aquel para la ardua empresa planteada por la acuciante pregunta que políticos españoles y teóricos extranjeros repetían desde hacia años: después de Franco, qué. A Adolfo Suárez, en verdad, no le preocupaba tanto la respuesta como el lugar que en el entramado político del régimen llegaría a ocupar cuando se produjera el llamado hecho biológico. Y no cabe duda de que desarrolló todas sus artes de seducción, que no eran pocas, para que el acontecimiento le pillara sentado a la mesa del consejo de ministros. Solo que, desde 1969, los caminos para alcanzar tan elevada posición se habían complicado por efecto de la descomposición que acabó convirtiendo a la dictadura en un conglomerado de personalidades cada cual rodeada de lo que Max Weber llamaba séquito y Manuel Azaña secuaces. Ya se mire a las gentes del búnker, a las nuevas generaciones del Movimiento, a los cuerpos superiores de funcionarios, a los tecnócratas del Opus Dei, a la democracia cristiana, todos, se encontraban divididos entre sí y enfrentados unos con otros, llevando cada cual la cuenta de los agravios mutuamente infligidos en las largas esperas por los pasillos del poder.
Suárez sufrió las consecuencias de esta atomización grupuscular de las fuerzas del régimen cuando, por la muerte de su patrón y guía, se vio arrojado desde la vicesecretaria general del Movimiento –pista de su vuelo al Gobierno- a los márgenes exteriores del sistema. Y entonces, con 42 años cumplidos, tomó una decisión en la que, jugándose a una carta su presente, se convirtió en promesa de futuro: fortalecer y expandir una de las pocas asociaciones acogidas al nuevo registro del Movimiento Nacional, la Unión del Pueblo Español. Nadie, ni las gentes del régimen, daban una perra gorda por las asociaciones, pero a Suárez le permitió la suya, de la que pronto fue presidente, subir al rango de personalidad política.
Y así, al sonar la hora de Franco y hacerse el después ahora, fue lo más natural que se cumpliera por fin su sueño y se viera aupado, con otras personalidades de mayor solera y rimbombancia, a un puesto en el consejo de ministros. Pudo haberle llevado a la ruina, ya que el ministerio era la Secretaría general del Movimiento, pero la mezcla de fortuna y audacia que acompaña a los triunfadores multiplicó su capital político ciento por uno tras el fracaso de Arias y el simultáneo naufragio de las más sobresalientes personalidades reformistas del régimen, empezando por los dos presidentes siempre a la espera, Fraga y Areilza, aspirantes a edificar sobre sus hombros una democracia a la española.
De modo que, cuando fue llamado de lo alto, Suárez tenía claro que el tiempo y la ocasión de las personalidades había terminado; que lo exigido por la nueva coyuntura era la formación de un equipo de gobierno en torno a un presidente sin séquito ni secuaces. Los aspavientos de Fraga, Areilza y otros Lópeces facilitaron las cosas. Era preciso seguir la senda italiana, aunque con otro nombre. Y en efecto, Suárez se propuso crear una nueva fuerza política que desempeñara en España el papel jugado por la democracia cristiana en Italia tras la derrota del fascismo: facilitar a los comunistas, desde el poder, la ocupación de un espacio propio que dividiera a la izquierda en dos partidos con similar fuerza electoral, destinados, por tanto, a una perenne oposición; y, al tiempo, idear un sistema electoral con el objetivo, no de crear un sistema bipartidista, sino de garantizar a su partido una hegemonía de décadas, también al modo italiano. Incorporó, por eso, a su primer Gobierno a destacados miembros de la democracia cristiana en posiciones clave, flanqueados por quienes recién habían colgado la camisa azul en el fondo del armario.
Si el marco en que habría de producirse la transición de una política de personalidades a una política de partidos estuvo más o menos claro desde el principio –de ahí el primer decreto-ley de amnistía que legalizó en la práctica a los partidos de la oposición- no lo estaba, sin embargo, el ritmo y el contenido de las iniciativas necesarias para celebrar elecciones generales que devolvieran la soberanía al pueblo español. Y fue en este punto donde brilló el genio político de Suárez al convocar unas elecciones por medio de una ley que siendo para la reforma no era de reforma puesto que no reformaba nada: un fraude de ley, como habían imaginado el sibilino Fernández Miranda o el más barroco Carlos Ollero. Al cabo, eso era lo que exigía la oposición: convocatoria de unas elecciones que abrieran la senda a un proceso constituyente; y eso fue lo que decidió el gobierno sin previa negociación y sin necesidad de consenso alguno.
Como resultado de este golpe audaz, Suárez liquidaba sin mayor obstáculo las instituciones políticas de la dictadura –Cortes y Movimiento-, cerraba el Tribunal de Orden Público y licenciaba a la burocracia sindical. Quedaba por ver hasta dónde permitirían las Fuerzas Armadas abrir el terreno de juego a la oposición. Y de nuevo en este punto, la fortuna y la audacia se aliaron en su decisión de legalizar al Partido Comunista arrebatando de golpe a los militares, también divididos, su tácito derecho de veto sobre el alcance de las políticas adoptadas por el Gobierno. Una vez logrado lo más, fue coser y cantar la liberación de un puñado de presos de ETA recurriendo a la arcaica figura del extrañamiento. Las elecciones pudieron celebrarse sin que nada turbara la soleada placidez de aquel día de junio inolvidable.
Pero el pasado juega en ocasiones malas pasadas. Y es curioso que Suárez que se hizo político en el sentido más noble del término, o sea, alguien que vivía para la política, y no de la política, en el marco de un sistema de personalidades-cum-séquito, no fuera capaz de culminar su trabajo creando un verdadero partido político. Si hubo un error Suárez, su semilla se plantó el día en que, después de ganar sin mayoría las primeras elecciones, decidió formar gobierno procediendo al reparto de esferas de poder entre los cabecillas de los variopintos grupos coligados en la UCD, llamados, no sin razón, barones. Cierto, la unión electoral se mudó formalmente en partido político, pero la forma no modificó el fondo: UCD permaneció como cueva de barones que compartían un rasgo común, su desprecio a aquel político que se había encaramado al poder como por arte de birlibirloque. Sin lecturas, sin bagaje intelectual, sin idiomas, sin pedigrí alguno, todo lo que antes fue motivo de admiración ahora se convertía en causa de desprecio.
Y fue, al cabo, la revancha de la política de personalidades transmutada en rencillas de barones la que acabó por provocar un boquete en la línea de flotación del mismo partido que les había llevado al Gobierno. Suárez nunca volvió a ser lo que había sido desde junio de 1976 hasta, alargando mucho, marzo de 1979. Luego, la fortuna se convirtió en extravío, las palmadas en el hombro en puñetazos al estómago, los parabienes en desdenes. Subió en la política de la mano de personalidades y murió a la política víctima de barones. Descanse en paz.
Necrológica publicada en El País, 23 de marzo de 2014.
Santos Juliá
Domingo, 27 de Septiembre 2015 14:17
Si he prescindido del espíritu nacional […] es porque en la documentación de la época no hay nada que revele un estado de conciencia nacional, respondió Viicens a Rovira i Virgili. Y su respuesta no ha perdido ningún valor.
En su nueva misión como ilustre escudero de Josep Fontana, Borja de Riquer reitera de forma obsesiva los insultos a mí dirigidos como españolista de derechas, viejo lerrouxista, libelista y otras lindezas por el estilo, pero se va por las ramas y trampea con lo principal: ¿Qué diría de Riquer de un historiador que hubiera escrito que España fue el primer estado nación moderno de Europa y que la identidad española comenzó a forjarse en los tiempos de Racaredo, cuando no en los legendarios de Indibil y Mandonio? Sin duda, que era un nacionalista romántico. Nadie se enfadaría ni sufriría ataques de histeria por eso: los historiadores nacionalistas románticos constituyeron una legión muy estimada en el siglo XIX y hasta en el primer tercio del XX –tardorromanticos, los llamaba Francisco Ayala-, por su decisiva contribución a la forja de las naciones y en muchas de ellas recibieron de las autoridades coronas de laureles y homenajes patrióticos, además de sabroso estipendios.
Pero leer hoy las mismas ensoñaciones solo puede suscitar, en el caso de Cataluña, una exclamación: ¡Ay, si Vicens Vives levantara la cabeza! ¿Por qué? Primero, porque quien tales cosas escribe recurre al alto magisterio de Vicens como prueba de legitimidad de origen de sus desatinos; y además, o sobre todo, porque la primera batalla historiográfica librada por Vicens, con apenas 25 años de edad, fue contra Antoni Rovira i Virgili cuando respondió a la acusación de que en sus primeros trabajos publicados no había mostrado “sensibilitat catalanesca”, diciéndole: “Si he prescindit de l’esperit nacional en analitzar el regnat de Ferran II és perquè a la documentació de l’època no hi ha res que ens revelés un estat de consciència nacional”. No tenía otro motivo mi evocación de Vicens al leer, escrito por Fontana, que la identidad catalana se remonta al arcano de los tiempos y que Cataluña fue el primer estado nación moderno de Europa. O sea, lo propio del nacionalismo romántico, un tipo de historiografía que Jaume Vicens volvió a someter a crítica en enero de 1960, último año de su vida, cuando escribió que la “coacción romántica” seguía planeando sobre “les produccions dels nostres més eminents historiadors, algun dels quals arribá a confondre història romàntica amb història nacional”. Este es el mismo Vicens que poco más de tres años antes, en diciembre de 1956, había dirigido a la Juventut de Catalunya una especie de manifiesto-llamada en el que, entre otras cosas de la misma enjundia, afirmaba que “el separatisme és una actitud de ressentiment col.lectiu incompatible amb tota missió universal”.
Y por lo demás, los insultos, sazonados por los miserables juicios de intención que Borja de Riquer atribuye a quienes han recordado a Jaume Vicens Vives con ocasión del último libro de Josep Fontana, son tan despreciables que no merecen respuesta.
Santos Juliá
Pero leer hoy las mismas ensoñaciones solo puede suscitar, en el caso de Cataluña, una exclamación: ¡Ay, si Vicens Vives levantara la cabeza! ¿Por qué? Primero, porque quien tales cosas escribe recurre al alto magisterio de Vicens como prueba de legitimidad de origen de sus desatinos; y además, o sobre todo, porque la primera batalla historiográfica librada por Vicens, con apenas 25 años de edad, fue contra Antoni Rovira i Virgili cuando respondió a la acusación de que en sus primeros trabajos publicados no había mostrado “sensibilitat catalanesca”, diciéndole: “Si he prescindit de l’esperit nacional en analitzar el regnat de Ferran II és perquè a la documentació de l’època no hi ha res que ens revelés un estat de consciència nacional”. No tenía otro motivo mi evocación de Vicens al leer, escrito por Fontana, que la identidad catalana se remonta al arcano de los tiempos y que Cataluña fue el primer estado nación moderno de Europa. O sea, lo propio del nacionalismo romántico, un tipo de historiografía que Jaume Vicens volvió a someter a crítica en enero de 1960, último año de su vida, cuando escribió que la “coacción romántica” seguía planeando sobre “les produccions dels nostres més eminents historiadors, algun dels quals arribá a confondre història romàntica amb història nacional”. Este es el mismo Vicens que poco más de tres años antes, en diciembre de 1956, había dirigido a la Juventut de Catalunya una especie de manifiesto-llamada en el que, entre otras cosas de la misma enjundia, afirmaba que “el separatisme és una actitud de ressentiment col.lectiu incompatible amb tota missió universal”.
Y por lo demás, los insultos, sazonados por los miserables juicios de intención que Borja de Riquer atribuye a quienes han recordado a Jaume Vicens Vives con ocasión del último libro de Josep Fontana, son tan despreciables que no merecen respuesta.
Santos Juliá
Santos Juliá
Domingo, 27 de Septiembre 2015 13:51
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Santos Juliá
Santos Juliá es catedrático del Departamento de Historia social y del pensamiento politico en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Durante las últimas décadas ha publicado numerosos trabajos de historia política, social y cultural de España en el siglo XX: República y guerra civil, socialismo, Madrid, intelectuales, Azaña, franquismo, transición y cuestiones de historiografía han sido los principales campos de su trabajo. Premio Nacional de Historia de España 2005 por su libro Historias de las dos Españas, ha editado recientemente las Obras Completas de Manuel Azaña en siete volúmenes y ha publicado Vida y tiempo de Manuel Azaña, 1880-1940. Escribe también, desde 1994, comentarios de política española en el diario El País.
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