En estos tiempos que corren, sumergidos en la crisis que no acaba, no nos faltan, como era de temer, arbitristas que todo lo arreglarían si a ellos les dejaran. El que se lleva la palma en la competición es un maestro de periodistas, en su día director de lo que define como ABC verdadero, no éste ABC de ahora, que al parecer es de mentirijillas.

Proclama Luis María Anson que de la crisis se sale con solo reducir el número de funcionarios de los 3,2 millones que, según sus cuentas, son los actualmente en plantilla, hasta la más manejable magnitud de 700.000, o sea, que con jubilar o dar el finiquito a tres de cada cuatro funcionarios, se salvaría el Estado y nos libraríamos todos del insoportable fardo de la deuda.

Dejando de lado la obvia búsqueda de un chivo expiatorio que ofrecer al público, Anson transforma en funcionarios a todo el personal al servicio de las administraciones publicas y eleva su magnitud de los 2,65 millones realmente existentes a 3,2 millones. ¿En qué trabajan estos dos millones y medio de personas? Anson no lo dice porque tal vez se imagina a todas ellas detrás de la ventanilla, como las veían la caterva de regeneracionistas de finales del siglo XIX cuando ya se decía que había que librarse de esa plaga.

Pero resulta que, de ese total, medio millón trabaja en las instituciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud y unos 650.000 se ocupan de los diferentes niveles de docencia, desde la infantil a la universitaria. Quiere esto decir que nada menos que 44 de cada 100 “funcionarios” son personal sanitario o docente.

Tal vez se podría reducir este número a su cuarta parte, como propone Anson, pero entonces habría que explicar la manera de posibilitar a cada españolito que viene al mundo un periodo de escolarización obligatoria, que cubre en el momento actual catorce años de su vida, o cómo se garantiza a todo el que lo demanda una atención médica y hospitalaria gratuita y de reconocida calidad.

Dando un paso más, y una vez descontados los trabajadores de instituciones docentes y sanitarias, resulta que del resto de “funcionarios”, algo más de un cuarto de millón son militares, policías o guardias civiles, o sea, personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los que todavía habría que añadir las policías locales y autonómicas y el personal adscrito a la administración de justicia y a los centros penitenciarios, lo cual lleva el total de “funcionarios” encargados de nuestra seguridad a cerca de otro medio millón. ¿Propondría el audaz periodista que esos efectivos se podaran, en idéntica proporción que los anteriores, hasta el punto de reducir a 125.000 asalariados públicos la suma de policías, guardias civiles, jueces y demás ‘funcionarios’ que velan por el orden y la seguridad?

Consumadas estas podas, si se atiende la propuesta de Anson, el Estado tan trabajosamente construido durante las tres últimas décadas se vería sometido a una dieta de manera que nunca pudiera superar el tope de 125.000 empleados en las funciones de justicia y seguridad, otros 200.000 en docencia, y no más 150.000 en hospitales y centros de salud.

Hasta completar los 700.000 que, como límite máximo, propone el director del antiguo ABC quedarían únicamente 225.000 plazas que se podrían distribuir entre conductores de autobuses urbanos, limpieza de calles, parques y jardines, de oficinas y despachos, expedición de carnets de identidad, pasaportes y carnets de conducir, empleados en empresas públicas y otras menudencias del mismo tipo de manera que todavía quedaran algunos huecos para ir rellenando con los paniaguados que cada consejero de Comunidad Autónoma se ve en la necesidad de contratar y que, según se nos cuenta, habrían elevado la cifra total a más de tres millones de funcionarios, una ruina.