Con motivo del enfrentamiento en que se han visto implicados magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial a propósito de los procedimientos abiertos contra Baltasar Garzón, se ha repetido una y otra vez que la Ley de amnistía de 15 de octubre de 1977 fue resultado y a la vez causa de una amnesia colectiva que ha impedido a los españoles enfrentarse a su propia historia y muy especialmente a los crímenes del franquismo. Quizá convenga volver por un momento la mirada a aquellos años para situar la Ley de amnistía en el contexto de su tiempo y evaluar brevemente su alcance.

Ante todo, no estaría mal recordar que la Ley de 15 de octubre de 1977 fue la segunda amnistía promulgada durante la transición. La primera, por Decreto-ley de 30 de julio de 1976, se extendía a “todos los delitos y faltas de intencionalidad política y de opinión comprendidos en el Código Penal o en leyes penales especiales […] en tanto no hayan puesto en peligro o lesionado la vida o la integridad física de las personas”. Quedaban amnistiados también los delitos de rebelión y sedición tipificados en el Código de justicia militar, los prófugos y desertores y los que se hubieren negado a prestar el servicio militar por objeción de conciencia. Era, en opinión editorial de El País, “la mejor de las posibles aunque no la más amplia de las deseables”. Y en efecto, así fue recibida: como un gesto con el que, al devolver la libertad a los presos políticos de la dictadura, se pretendía liquidar la división entre vencedores y vencidos impuesta durante un largo periodo de nuestra historia.

Esta primera amnistía, verdadero punto de arranque del proceso de transición, no alcanzó sin embargo a quienes habían puesto en peligro o lesionado la vida o la integridad física de las personas, es decir, a los presos de ETA y de otras organizaciones terroristas. Por eso, aunque recibida como una gran conquista de la oposición, alentó un movimiento a favor de una amnistía total, que los partidos de la oposición, especialmente el Partido Nacionalista Vasco, reivindicaron a partir de entonces como símbolo de la auténtica reconciliación. Así, el 11 de enero de 1977, en la primera reunión mantenida por Adolfo Suárez con cuatro representantes de la oposición democrática –Antón Canyellas, Felipe González, Julio de Jáuregui y Joaquín Satrústegui- se expuso, se razonó y se solicitó al presidente del Gobierno que se otorgara, antes de las elecciones ya fijadas para el 15 de junio, una “amnistía de todos los hechos y delitos de intencionalidad política ocurridos entre el 18 de julio de 1936 y el 15 de diciembre de 1976”. Como escribió Jáuregui, los representantes de la oposición consideraban que era necesario “un gran acto solemne que perdonara y olvidara todos los crímenes y barbaridades cometidas por los dos bandos de la Guerra civil, antes de ella, en ella y después de ella, hasta nuestro días”.

El Gobierno no accedió a la demanda de la oposición, aunque a mediados de marzo de 1977 decretó varias medidas de gracia y recurrió luego a la anacrónica figura del extrañamiento para liberar a varios presos de ETA condenados en el célebre consejo de guerra de Burgos de 1970. Las elecciones se celebraron con participación de todos los partidos políticos –aunque los que llevaban la palabra “republicano” en su título debieron formar coaliciones presentándose bajo otro nombre-; un buen número de presos políticos de la dictadura formaron parte de las candidaturas de sus respectivos partidos y algunos de ellos pasaron a ocupar sus escaños en el Congreso, desde donde se planteó de nuevo la necesidad de una amnistía general. La exigió, sobre todo, el PNV, secundado por socialistas, comunistas y la minoría catalana, porque la nueva amnistía no iba a afectar ya a un indiscriminado colectivo de “presos políticos de la dictadura”, sino a los presos de organizaciones terroristas que habían cometido sus crímenes después de la muerte de Franco y, muy concretamente, a los presos de ETA.

La contrapartida de esta nueva o segunda amnistía, no decretada por el Gobierno sino promulgada por el Parlamento, fue que, junto a “todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado” –o sea, aunque hubieran lesionado la vida o la integridad física de las personas- quedaron también amnistiados los delitos y faltas cometidos por autoridades, funcionaros y agentes del orden público, con motivo u ocasión de las investigación de los actos incluidos en la Ley, y los delitos cometidos por los funcionarios y agentes de orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas. Se ha dicho que con esta Ley quedaron equiparados los presos políticos de la dictadura con los funcionarios y agentes del orden que habían violado derechos fundamentales. En realidad, si algo equipara la Ley es a los funcionarios y agentes del orden comprendidos en ella con los terroristas que cometieron delitos contra la vida y la integridad física de las personas. Por eso, la ley fue recibida como el acto que cerraba una etapa de nuestra historia y abría un horizonte del que la violencia quedaría definitivamente desterrada.

No fue así, pero eso entonces nadie podía sospecharlo. En todo caso, lo que importa es que ni en su gestación, ni en su debate, ni en su promulgación, la Ley de amnistía fue consecuencia de una amnesia, sino de una memoria muy viva del pasado aún reciente. Tampoco lo fue en sus consecuencias: los coloquios, congresos, novelas, películas, series periodísticas, artículos y reportajes en revistas de gran difusión o, en fin, investigaciones en publicaciones especializadas, sobre República, guerra civil y dictadura, comprendidos aquí los dedicados a los crímenes del franquismo, nunca han dejado de crecer desde la transición hasta el día de hoy. No es propio de una sociedad amnésica prestar tanta atención a su reciente historia como ha sido el caso de la española en los últimos treinta y cinco años. Tanta atención, que Paul Preston, autor de varias obras fundamentales sobre el siglo XX español, se preguntaba en un artículo publicado en 1990: “¿Por qué sigue siendo la guerra civil un [tema] que motiva grandes ventas de libros y llena a tope salas de conferencias?” Y su respuesta refleja bien el ambiente que respiramos durante aquel tiempo: “El interés por la guerra civil no ha disminuido: es vívidamente recordada por los que participaron en ella y se estudia con gran dedicación por los jóvenes en España y en otras partes”. Cualquiera que haya participado en los ciclos de conferencias, normalmente financiados con fondos públicos, celebrados en estos años que hoy se denuncian como de amnesia y silencio, puede dar fe de lo que constataba Preston: salas de teatros, ateneos y fundaciones llenas de gente con ganas de participar en los debates cada vez que se hablaba de la República, de la guerra o de la dictadura; o, como lo dice Preston, de los orígenes de la guerra civil, del decurso de la guerra civil, de las consecuencias de la guerra civil, las tres cuestiones esenciales de las que se ocupa la historiografía moderna en España.

La amnistía no fue un borrado de memoria. Fue más bien el resultado de unas memorias dirigidas a clausurar un pasado y abrir un futuro del que nunca ha estado ausente, todo lo contrario, el conocimiento y el debate sobre nuestra historia de República, guerra civil y dictadura.