Las grandes operadoras de nuestro país se han unido para pedir al Gobierno que incentive una economía digital en la que exista una regulación que favorezca al despliegue de las nuevas tecnologías y evite la brecha digital existente en nuestro país. Para ello, han solicitado que se favorezca la inversión en redes de nueva generación, se amplíe el alcance de la Ley General de Telecomunicaciones para evitar que las entidades locales pongan trabas a la instalación de antenas y redes de fibra óptica, y que además se disminuya su carga fiscal y se igualen con las de otros sectores. La consultora independiente Arthur D. Little ha presentado recientemente un informe titulado 'El sector de las telecomunicaciones en la economía española', apoyado por las telecos más importantes de nuestro país: Movistar, Vodafone y Orange, donde se ratifican todas estas necesidades sobre la importancia del sector para la economía española. Según este informe, el sector de las telecomunicaciones supone un 2% del PIB y genera más de medio millón de empleos. Asimismo, vaticina que la mitad del crecimiento económico de España en los próximos años, lo generará la economía digital. Los operadores españoles invierten una media anual de 4.100 millones de euros, un concepto que ha crecido un 26% desde el año 2012. Pero, sin embargo, sus resultados se han reducido entre un 14% y un 48%. La consultora también considera necesario un Plan de Digitalización en España para que el sector siga aportando valor al país. Durante la presentación de dicho informe, el presidente de Arthur D. Little, Carlos Mira, ha señalado el papel fundamental que juegan los operadores en el proceso de "revolución digital" que está generando cambios "exponenciales" que exigirán "conducir mirando hacia adelante" y no "al espejo retrovisor". Asimismo, también apoya que se revise el actual marco regulatorio para adaptarlo al nuevo entorno europeo que proviene del Mercado Único Digital, lo que implica cambiar las actuales obligaciones y cargas regulatorias del sector, establecer un marco más equilibrado que avale los mismos derechos y obligaciones a todos los agentes del ecosistema digital en todos los ámbitos y elaborar un plan sobre política de gestión del ámbito previsible, alineado con lo señalado por la UE.
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