Como recordatorio, en la reciente celebración del “Día de la Seguridad Privada”, desde sus inicios a nuestros días, se ha venido desarrollando la actividad regulada por Órdenes y Reales Decretos, hasta que, en 1992, se aprueba la Ley 23/92 de Seguridad Privada que ordena la actividad y es primera norma de rango legal que regula todo el sector.
Con ello, “la Ley de Seguridad Privada pasa de poner el acento en el principio de la subordinación a desarrollar más eficazmente el principio de complementariedad a través de otros que lo desarrollan, como los de cooperación o de corresponsabilidad…” y, en resumen, ratifica que, en el modelo español, la seguridad privada es auxiliar, complementaria, subordinada, colaboradora y controlada por la Seguridad Pública.
A efectos de la Ley se entiende por seguridad privada: “el conjunto de actividades, servicios, funciones y medidas de seguridad adoptadas por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas realizadas o prestadas por empresas de seguridad…
Todo ello, para hacer frente a actos deliberados o riesgos accidentales… con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, proteger su patrimonio y velar por el normal desarrollo de sus actividades”.
Por tanto, y según se expresa en la Ley, “… la seguridad privada se ha convertido en un verdadero actor de las políticas globales y nacionales de seguridad”.
En este sentido, no siendo defendible ni planteable la privatización de la seguridad pública, las voces altisonantes no salen del absurdo, quizá desconocedoras de la realidad y evolución de la seguridad privada dentro de la sociedad actual y la evidencia de que no es sostenible como alternativa a las posibles carencias de la seguridad pública Para darse cuenta, solo tendrían que imaginar lo que sería un día normal sin la seguridad privada.
Un día sin la seguridad privada
Si un día al despertarnos observáramos que las empresas y profesionales de la seguridad privada dejaron sus puestos y misiones… las armas, la vigilancia, la custodia y protección de los bienes y personas… ¿qué pasaría?
Pues sencillamente tendríamos un caos general de tamaño descomunal.
Un caos provocado sencillamente por la desaparición sin alternativa de una seguridad privada, en la que, solamente en España, trabajan, según datos del Ministerio del Interior, más de 1.500 empresas acreditadas, con más de 100.000 profesionales habilitados.
Y, muy especialmente, ¿qué pasaría en las más de tres mil infraestructuras críticas y esenciales, áreas industriales, polvorines, transporte público, hospitales, puertos y aeropuertos, etc.? ¿Cómo se gestionarían grandes eventos culturales o deportivos donde pueden llegar a trabajar más de 500 vigilantes de seguridad en uno solo de ellos?
En el mejor de los casos, se incrementarían las amenazas y los riesgos de actos violentos, robos, atracos, agresiones, vandalismo o, incluso, podría colapsarse la actividad normal dado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no podrían estar presentes.
Es evidente que la sociedad depende, especialmente con misiones preventivas, de la Seguridad Privada, como auxiliar y complemento de la Seguridad Pública en todas aquellas actividades, específicas, como lo es en las infraestructuras de transporte, industriales, comerciales o, caso especial, como el correspondiente a la mayoría de las infraestructuras críticas o estratégicas del país, cuya seguridad interna y de funcionamiento debe costearse por sus operadores, sin contar la actividad aparte que tienen los efectivos de la Seguridad Pública para garantizar la Seguridad Ciudadana en todos los entornos de su competencia.
En este sentido, capítulo aparte merece hacer constar que, para el normal desarrollo de la seguridad privada, se requiere una permanente revisión y ampliación rigurosa de los programas de formación, básica y de especialización, de todos los niveles profesionales del sector, en lógico acercamiento y complemento de los niveles de capacitación de la seguridad pública.
Es de subrayar un marco y concepto muy básico a tener en cuenta, como es el hecho de que la Seguridad Humana y Seguridad Ciudadana requieren del concurso y cooperación de la Seguridad Pública más la Seguridad Privada, logrando pasar de la simple “acción preventiva” al “compromiso preventivo” con una seguridad única, y sobre la base de los nuevos recursos implantados y en desarrollo, tanto de redes como de planes específicos, dentro del Ministerio del Interior, de quien depende, en definitiva, la regulación y control de la seguridad privada.
Finalmente, no se hagan lío los que piensen que la especialización y el crecimiento paralelo de la seguridad privada es una forma de privatización de la seguridad pública. El normal desarrollo de la sociedad, presenta nuevas complejidades, retos y exigencias que sólo se puede afrontar correctamente con soluciones nuevas y cooperativas.
No es eficiente plantear que sea la Seguridad Pública la que preste atención a este vastísimo campo de especialización, sino que los nuevos desafíos han de contar con un sector privado reforzado, bien formado y dotado de medios específicos de seguridad física y lógica, a fin de realizar su complementaria labor de la mejor manera posible y con la mejor capacitación.
Del mismo modo, no se puede aplazar más el canalizar situaciones irregulares que permanecen enquistadas, como lo es el volver requisito para el ingreso a la actividad de los cuerpos de la Seguridad Privada desde la oficializada Formación Profesional, en todos sus niveles.