Los paros intermitentes iniciados en plena operación salida de vacaciones se tornaron enseguida en claro conflicto de fondo que no sólo han provocado enormes retrasos, largas colas de espera y la pérdida de miles de vuelos, sino que también han afectado a algo tan sensible como la seguridad, situación inadmisible en una infraestructura clasificada de crítica y en un contexto como el actual de preocupación mundial por la amenaza terrorista.
De ahí que AENA (Agencia Estatal de Navegación Aérea) -la sociedad estatal titular de los aeropuertos españoles-, la Generalitat -la Administración competente en conflictos laborales en Cataluña- y el mismo Gobierno de la Nación tendrían que haber actuado con prontitud y decisión antes de que el conflicto llegara tan lejos como ha llegado en El Prat.
Una huelga que se inicia por el personal de control de la empresa de seguridad EULEN que ha provocado el enésimo caos veraniego en el aeropuerto lanzando un mensaje a la patronal del sector en plenas negociaciones del convenio colectivo.
Finalmente el Ejecutivo se ha visto obligado a adoptar unas medidas sin precedente como la de ordenar, en medio de un puente festivo, reforzar o sustituir con efectivos de la Guardia Civil a trabajadores en huelga para abordar un conflicto que ha ido adquiriendo aspectos graves por la actitud intransigente y bastante irresponsable de todas las partes implicadas, que ha terminado en la declaración de un laudo obligatorio a través de un Consejo de Ministros extraordinario en situación de vacaciones. Casi nada… teniendo en cuenta la responsabilidad y criticidad de estas infraestructuras y el hecho de que ya el 4 de diciembre de 2010, por conflicto con los controladores aéreos, hubo dos días de cierre total del espacio aéreo (con casi 5.000 vuelos anulados y 700.000 afectados en el puente más largo del año). El Gobierno decretó, por primera vez en la historia, el estado de emergencia mediante un Real Decreto "para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo”.
Es momento de hablar con una visión global del problema de la Seguridad (pública y privada), de la responsabilidad y de la criticidad de su funcionamiento, teniendo en cuenta los derechos y deberes de todas las partes implicadas: Infraestructuras Públicas, Empresas de Seguridad, Sindicatos, Personal de Seguridad y Administraciones Públicas.
La seguridad final es un derecho constitucional para los ciudadanos, y cualquier alcance de la interrupción de procesos puede vulnerar ese objetivo y generar una perturbación multiplicada que puede generar graves perjuicios y coartar la libertad de movimiento como ha sido el caso de los conflictos en el aeropuerto de El Prat en Barcelona.
Responsabilidades en las infraestructuras públicas
Importante número de entidades y organismos públicos son solo un claro ejemplo, entre muchos, de los concursos de seguridad privada adjudicados habitualmente a la baja a empresas que, utilizando la reforma laboral, sitúan a los vigilantes al frente de instalaciones de especial riesgo con salarios de alrededor de 700 euros mensuales y con dificultades para el abono de sus nóminas mes a mes, todo con la complacencia y aprobación legal de las Administraciones a todos los niveles.
Ahí está buena parte del origen del conflicto: en la adjudicación mediante subasta de las contrataciones públicas, una modalidad que ha llevado a algunas empresas a hacer ofertas temerarias que no cubrían siquiera los costes laborales. Como consecuencia, no se puede satisfacer ni el salario mínimo de convenio, y las empresas se han ido descolgando del nacional del sector, para pactar con sus trabajadores acuerdos mucho más desfavorables, ante la pasividad de las administraciones públicas. Las subastas están provocando una reducción salarial de entre el 15% y el 30%, además de una merma de las condiciones sociales y laborales de los trabajadores.
El verdadero conflicto no ha hecho sino empezar y las huelgas del personal de seguridad, sobre todo en aeropuertos, puertos y estaciones ferroviarias, se pueden convertir en una situación común en aquellas fechas clave, como vacaciones y puentes, en las que se registran grandes movimientos de pasajeros. Obviamente, el conflicto tiende a extenderse al resto del país, y puede afectar a servicios esenciales para los españoles.
En este caso, la Delegación del Gobierno ha destacado que los servicios de seguridad de la empresa afectan a un sector estratégico como el transporte aéreo, en que el trabajo de un número relativamente reducido de empleados conlleva un efecto multiplicador de tal magnitud que "técnicamente obliga a la determinación de unos servicios mínimos superiores" en porcentaje a los que correspondería en otra actividad. Así, ha fijado en el 90% los servicios mínimos para la huelga de trabajadores de la empresa EULEN en el Aeropuerto del El Prat de Barcelona cuando su protesta pasó a ser indefinida.
Es preciso reflexionar sobre algo tan evidente como que la seguridad en instalaciones de especial relevancia también se garantiza velando por unas correctas condiciones laborales, calidad de servicios y eficacia de la seguridad privada, que nunca han sido exploradas desde el Ministerio de Fomento ni desde el Gobierno, situación esta que, desde la contratación pública de estos servicios, competencia del Gobierno, se precariza en la totalidad de adjudicaciones realizadas a la baja en todo el territorio español.
Responsabilidades de las empresas de seguridad
En este caso, la empresa EULEN ha apelado a la responsabilidad de sus trabajadores para que acepten la propuesta de mediación “lamentando que una minoría se impusiese a la mayoría de trabajadores”, tal y como ocurrió en la votación de la convocatoria de huelga, donde sólo se manifestó un pequeño porcentaje de la plantilla, según remarcaba en un comunicado.
La realidad es que precisamos de unos nuevos concursos públicos adecuados a los servicios de seguridad que incluyan mejoras salariales y cumplimiento de los convenios colectivos puesto que, según recientes declaraciones empresariales “alrededor del 70% de los contratos con la Administración están en manos de empresas que no se adhieren al convenio del sector”.
La prevalencia del convenio sectorial, una amplia revisión de la Ley de Contratos así como un plan estratégico sobre contratación de servicios de seguridad privada que garantice condiciones laborales y estándares de calidad suficientes, son elementos imprescindibles para un sector que da empleo en la actualidad a más de 80.000 vigilantes y que, ante la inoperancia política y la proliferación de empresas incompetentes e incumplidoras de las reglas del juego, seguirá aumentando la precariedad y la conflictividad laboral sin acometer, con la suficiente voluntad política, un cambio real de modelo de seguridad privada en España.
Este sector se encuentra en un momento clave para reinventar su futuro teniendo en cuenta que el Ministerio del Interior y el Gobierno han reconocido su importancia para conseguir esa “Seguridad Única” (pública y privada, integral e integrada) que el país y los ciudadanos necesitan ante los nuevos retos y amenazas.
Responsabilidades de los sindicatos
Los sindicatos también vienen exigiendo a las distintas administraciones que, de manera inmediata, tomen decisiones que resuelvan este gravísimo problema o, de no hacerlo, asuman la creciente conflictividad que se generará en el Sector en todo el territorio nacional.
El sindicato UGT lleva trabajando y reivindicando en todas las instancias, tanto Estatales como Autonómicas y Locales, la necesidad de hacer planteamientos sobre la contratación pública de Servicios de Seguridad que garanticen una adjudicación socialmente responsable y bajo criterios de calidad y solvencia que eviten las nefastas consecuencias que las adjudicaciones que imponen exclusivamente el precio más bajo están trayendo para empresas, trabajadores y usuarios.
El conflicto de El Prat, impulsado por UGT, y que en semanas del mes de agosto ha provocado esperas interminables en la instalación aeroportuaria catalana, tiene, según fuentes conocedoras del sector, raíces profundas que hacen temer su extensión a otros aeropuertos e incluso a estaciones ferroviarias, especialmente en períodos festivos.
Lo cierto es que 150 vigilantes han puesto en jaque tanto a la empresa EULEN, como al sector, al Ministerio de Fomento y a las Administraciones, alterando las vacaciones a miles de españoles por una lamentable gestión de la crisis provocada.
En este sentido, es importante tener en cuenta que la problemática existente en este tipo de infraestructuras críticas en general y aeroportuarias y del transporte, en particular, así como la que existe en el sector de seguridad privada globalmente, se debe afrontar desde planteamientos que busquen soluciones globales para todo el colectivo afectado, por lo que se tendría que evitar cualquier estrategia individual o impuesta que se aleje de estos parámetros.
Es en el ámbito de la negociación del Convenio Colectivo Estatal donde los sindicatos están planteando y exigiendo el reconocimiento de las mejoras salariales y sociales de todas las categorías afectadas, así como la necesidad del reconocimiento de determinadas situaciones específicas que hagan justicia a las peculiaridades y exigencias con las que prestan sus servicios, particularmente aquellos que se encuentran asignados a los definidos como servicios esenciales o las infraestructuras críticas reconocidas en la propia Ley de Seguridad Privada. Sin embargo, los sindicatos y la patronal negocian este nuevo convenio colectivo con las posiciones todavía muy alejadas.
Del mismo modo, el desacuerdo de El Prat, que, como hemos dicho, es esencialmente consecuencia de la gestión temeraria de concursos de la Administración, tampoco está sirviendo para poner en marcha soluciones para el problema global de la seguridad privada en España, en ninguno de sus escenarios posibles.
Por otra parte, el sindicato UGT se ha solidarizado con los trabajadores de la empresa EULEN en El Prat por haber soportado estoicamente las presiones sufridas desde el Ministerio de Fomento donde se ha pretendido responsabilizar a los vigilantes de una situación en la que el máximo culpable es sin duda el Gobierno y su política de contratación.
Igualmente, UGT califica como actuaciones de un bajo perfil político las acontecidas en el conflicto de El Prat, en el que el Ministro de Fomento ha utilizado como garantías de seguridad decisiones como introducir a la Guardia Civil y el sometimiento a un laudo, considerando que existe cierta intención de desacreditar la imagen de los vigilantes en conflicto y forzar un acuerdo, ante una crisis que ha generado el propio Ejecutivo y que no ha sido capaz de gestionar.
Por su parte, la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO ha anunciado movilizaciones a partir de primeros de septiembre para protestar contra la situación del sector que, en su opinión, se encuentra "al borde del abismo". En un comunicado, el sindicato ha apuntado que estas movilizaciones "irán ganando en intensidad" si no hay "un cambio radical" en las actitudes de la Administración, los clientes y la patronal, ya que actualmente una cuarta parte del sector trabaja en empresas con salarios por debajo de lo establecido en el convenio.
Responsabilidades del personal de seguridad privada
La plantilla del aeropuerto de El Prat, de unos 360 vigilantes, se encuentra inmersa en un conflicto laboral con la empresa, a quien reclama una subida salarial de hasta 350 euros por trabajador, además de un refuerzo de personal. Por su parte la empresa EULEN, con mediación por parte de la Generalitat, acepta la propuesta del gobierno catalán, que consiste en subir hasta 200 euros los sueldos y sumar un quinto vigilante a cada filtro de seguridad (la empresa ofrecía 155 euros, y los sindicatos reclamaban también 350 euros).
Por otro lado, la patronal y los sindicatos están inmersos de lleno en las negociaciones para aprobar el nuevo convenio colectivo, y la huelga en el aeropuerto barcelonés se ha mostrado como otra forma de manifestar la preocupación de los trabajadores.
Responsabilidades de la Administración
Estamos ante un debate abierto a consecuencia de una mala praxis en la privatización de la seguridad por parte de las Administraciones Públicas a fin de abaratar los servicios que antes prestaba la seguridad pública, contratando servicios de seguridad con empresas privadas, en las que el criterio de adjudicación definitivo es el precio, sin importar la incidencia que esto tiene.
Unas “ofertas a la baja” que, en muchos de los casos, no garantizan los derechos laborales de los trabajadores ni la adecuada prestación del servicio, situación conocida por las Administraciones, fomentada con estas prácticas de contratación en las que no se puede garantizar siquiera el cumplimiento del servicio contratado a tan bajo precio.
Sin embargo, el Ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, no parece enfocar el tema desde este punto de vista. Sin profundizar en el conflicto, ha lanzado un "mensaje claro y contundente" de que los procedimientos ya se han iniciado y que al Ejecutivo no le va a "temblar la mano" a la hora de aplicar, en el marco de la legalidad vigente, "lo que sea necesario" para garantizar la seguridad pública y el orden en el entorno de una infraestructura estratégica para el conjunto del país, como es el Aeropuerto de El Prat.
Por otro lado, el Ministerio del Interior ha puesto a disposición un número "significativo" de guardias civiles, tras aludir a la alerta terrorista y al peligro de altercados en las colas de espera de los viajeros.
Con todo ello, el Gobierno ya ha puesto en marcha el procedimiento para el laudo arbitral obligatorio. De la Serna ha declarado que confía en la responsabilidad de los trabajadores, pero ha enfatizado que el Gobierno "nunca va a permitir que millones de españoles estén sujetos a decisiones y posturas intransigentes de unos pocos".
Por otro lado, el Gobierno se acerca a los representantes sindicales y responde a una de sus exigencias mientras explica que "la situación del aeropuerto de Barcelona es excepcional" y que la respuesta responde a la necesidad de "garantizar el orden y la seguridad pública". "Hemos acordado abrir el proceso arbitral porque es la última herramienta legal que nos queda para resolver el conflicto después de que la negociación liderada por la Generalitat fracasara", explicó de la Serna en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario que dictaminó el laudo.
A modo de conclusiones
Hemos de tener altura de miras e insistir en que se aplique el rigor y el discernimiento en el análisis y atención a las peculiaridades y exigencias de las infraestructuras especiales de las que hablamos. Como hemos insistido, estamos inmersos en un debate delicado sobre la privatización de la seguridad en las Administraciones Públicas, y no podemos olvidar que abaratar los servicios que antes prestaba la seguridad pública, contratando servicios de seguridad con empresas privadas jamás puede conllevar una pérdida de calidad en los resultados ni, por supuesto, rebaja en la retribución justa ni en la dignidad de las condiciones de trabajo de todos los que se ocupan de prestaciones tan necesarias y especiales.
Para ello, es imprescindible que se constituya un grupo de trabajo con participación de todas las partes implicadas (sindicatos, patronales y Administración) que aborde "de forma integral e integrada" la situación de la seguridad privada en los servicios esenciales e infraestructuras críticas y, especialmente, las condiciones de trabajo, formación o salarios.
Asimismo, es necesario que la nueva Ley de Contratos del Estado "incluya la obligación de que los contratos de las Administraciones Públicas incorporen cláusulas de contenido social, laboral y medio ambiental como criterios para la selección del contratista", según han solicitado los sindicatos.
En cualquier caso, la actual relación en España del sector de la Seguridad Privada, con la contratación por parte de las Administraciones del Estado, es lamentable, y están generalizadas las adjudicaciones basadas en el precio más bajo, con evidentes y lamentables consecuencias.
Y son todas las partes implicadas: Infraestructuras Públicas, Empresas de Seguridad, Sindicatos, Personal de Seguridad y Administraciones Públicas, las que, de una u otra manera, vienen haciendo dejación de sus responsabilidades:
Los responsables en las INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS, no valorando ni defendiendo la contratación de servicios de seguridad en condiciones adecuadas para su eficaz cumplimiento.
Las EMPRESAS DE SEGURIDAD, no cumplidoras de la normativa y del convenio, entrando al juego del concurso-subasta sin altura de miras para defender su profesionalidad, prestaciones laborales o relación precio-calidad-eficacia adecuada para cada servicio.
Los SINDICATOS, permitiendo condiciones inadecuadas para la protección de trabajadores y cumplimiento de los convenios en los servicios.
El PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA, aceptando condiciones que degradan la profesionalidad o incumplen las exigencias de especialización.
Las ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, no desarrollando los planes de integración de seguridad pública-seguridad privada, su marco sectorial y la convocatoria de concursos inadecuados o en claro incumplimiento de convenios colectivos o de condiciones laborales básicas.
La elaboración de presupuestos a la baja, iniciados en los tiempos de crisis y el éxito de las 'empresas piratas' han repercutido negativamente en salarios y jornadas laborales, así como en cumplimiento de los servicios.
Todo ello, sin olvidar que la seguridad privada se encuentra en un momento clave para reinventar su futuro teniendo en cuenta que el Ministerio del Interior y el Gobierno han reconocido su importancia para conseguir esa “Seguridad Única” (pública y privada, integral e integrada) que el país y los ciudadanos necesitan ante los nuevos retos y amenazas, como recientemente hemos sufrido en España por nueva agresión del terrorismo yihadista.
Retos que hemos de afrontar desde planteamientos que busquen soluciones globales para todo el colectivo afectado (público y privado), por lo que se tendría que evitar cualquier estrategia individual o impuesta que se aleje de estos parámetros de integración de las partes implicadas.
A problemas globales, soluciones globales… e imaginativas, para salvaguardar la libertad y la seguridad de los ciudadanos.