LATINOAMÉRICA. El desafío regional de nuevas cárceles


Los sistemas penitenciarios, las instalaciones de las cárceles en Latinoamérica están muy lejos de lograr el objetivo de la regeneración de los delincuentes y su reinserción en la sociedad.

En toda la Región, en el mejor de los casos, se administran los problemas en lugar de resolverlos.


11/03/2014

MANUEL SANCHEZ GÓMEZ-MERELO

De México a Argentina las dificultades desbordan su administración, ya sea por la falta de planificación, obsolescencia de los sistemas, incongruencia en los procesos penitenciarios y de la justicia penal o por escasez y antigüedad de las infraestructuras penitenciarias y de los recursos de control y gestión. 

A toda esta problemática viene a sumarse y rematarlo la sobrepoblación, pues la capacidad instalada en el sistema penitenciario de la región es de aproximadamente 960.000 plazas, mientras la población es de casi 1.400.000 internos, lo que implica que se han rebasado los espacios en más de 42 por ciento (la media internacional es 21 por ciento).

Los resultados que se hicieron públicos el año pasado ya ponían de relieve los graves problemas y las precarias situaciones en las prisiones que existen en todos los países de la Región.

Problemática que, principalmente, tiene como base las elevadas tasas de hacinamiento, resaltando: el casi 400 por cien de hacinamiento en Venezuela; el 235 en Bolivia, el 180 en Brasil; el 154 en Colombia; el 170 en Ecuador; el 300 en El Salvador; el 156 en Honduras; el 135 en México; el 123 en Perú; el 130 en Costa Rica; el 150 en Panamá; el 123 en Chile; el 121 en Argentina; y el 131 por ciento en Uruguay.

Igualmente, destacan otros aspectos muy generalizados como son la existencia de autogobierno en muchas cárceles a través de grupos organizados o mafias, así como esquemas de seguridad frágiles, producto de la debilidad institucional o de procesos con elevados niveles de corrupción que generan gran preocupación y situaciones de inseguridad y angustia a los internos.

En este sentido, las condiciones de hacinamiento de reclusión actuales, en muchos casos, hacen imposible garantizar simplemente los derechos humanos de los internos, ya sea por la situación de inhabitabilidad que define a gran parte de los establecimientos de la Región, o bien por la ausencia de un trato profesional o básicamente humano.

De manera importante, se carece de esquemas estructurados que reivindiquen social e institucionalmente el trabajo penitenciario y que estimulen, vía remuneración, un espíritu corporativo basado en principios éticos que den solidez, fiabilidad y garantías a las instituciones.

Además, la idea de que la prisión se compone únicamente de paredes, puertas y barrotes está superada hace mucho tiempo por el aumento de perfiles delincuenciales.

Es muy importante subrayar que la arquitectura y construcción está obsoleta y la tecnología escasa.

Todo, en gran medida, está basado en una falta de voluntad política y recursos financieros y profesionales. Los presupuestos de mantenimiento apenas alcanzan a cubrir, en muchas ocasiones, las necesidades operativas de las administraciones penitenciarias.

En los últimos tiempos, muertes, agresiones, motines y fugas de presos de las cárceles de toda Latinoamérica han puesto de relieve la realidad de emergencia que se vive tras las rejas y el sufrimiento de los familiares.
Nuevos planteamientos, nuevas soluciones

Ante problemas globales, como es el caso de las cárceles en Latinoamérica, necesitamos nuevas soluciones también globales e integradas.

Nuevas soluciones globales que parten de la reinvención de la arquitectura penitenciaria y nuevas soluciones de construcción y de reconversión de lo existente y salvable. Todo ello como base para conseguir el objetivo de unas condiciones mínimas de convivencia y cumplimiento en aras a obtener unos aceptables índices de reinserción social de penados.

 

Soluciones globales que, sin duda, pueden y deben aportar un nuevo y ágil planteamiento para una situación de alarma carcelaria global en Latinoamérica en el que todos los países tienen un plan urgente de construcción de nuevos Centros Penitenciarios y remodelación y ampliación de otro gran número de cárceles, actualmente obsoletas y con inaceptables niveles de hacinamiento y descontrol y una situación de condiciones sanitarias y de convivencia que, definitivamente, supone una grave vulneración de los derechos humanos.
Diseño y construcción modular de nuevas cárceles

Más de sesenta nuevos Centros Penitenciarios serán construidos en los próximos cuatro años en Latinoamérica.

En este sentido, un grupo de profesionales de larga experiencia y especialización venimos desarrollando nuevos modelos de arquitectura y construcción modular penitenciaria tendente a acometer este nuevo reto con grandes exigencias de eficacia y optimización de los recursos económicos y un planteamiento de reinserción social también prioritario.

 

Este nuevo modelo de cárcel está basado en un sistema de construcción de módulos de hormigón, con un techo abovedado que le imprime una geometría característica y que cubre todos los aspectos del proceso constructivo de cualquier edificación susceptible de poder ser ejecutada modularmente. El sistema integra desde el diseño de la arquitectura propia, que define el cometido y funciones de cada módulo; la producción del propio módulo como unidad estándar mediante prefabricación pesada; su transformación para poder cumplir su objetivo especifico derivado del proyecto de arquitectura en la fase de terminación y acabado y, por último, su transporte y montaje en la ubicación definitiva de la obra en construcción.

El módulo, especialmente diseñado para construcción y ampliación de centros penitenciarios, permite también que el sistema sea escalable, pudiendo crecer por adosamiento en todas las direcciones, incluido en altura. Otra de sus características principales es que permite la personalización y acondicionamiento a cualquier tipo de acabado en suelos, paredes, cerramientos, instalaciones, etcétera.

Este tipo de planteamiento y construcción modular ha ido obteniendo resultados positivos en distintos países de cara a la administración de la justicia, el cumplimiento de las penas y su resocialización, más allá de los resultados inmediatos de optimización de los recursos, velocidad de la construcción e importantes ahorros de inversión y gasto, prioridades irreductibles en estos momentos, especialmente en Latinoamérica.