Una alarma social que comenzó el día 6 de enero con la toma del Capitolio por una masa de seguidores extremistas de Donald Trump, que ocasionaron múltiples daños humanos y materiales, y que terminó con un balance de cinco muertos.
Una alarma social insólita, con una ciudad sitiada una semana antes de los actos previstos para el día 20 de enero, en la que sus ciudadanos cada día amanecían con nuevas imágenes y nuevos titulares de lo que podría haber sido una masacre en el Capitolio, con los ánimos inflamados por radicales en el rango de la psicosis. Incluso un día antes, el día 19, cuando se desató un incendio en las proximidades del Congreso, ya saltaron todas las alarmas.
La ciudad, ha estado blindada ante la toma de posesión, y los cuerpos de seguridad y autoridades han estado vigilando las actividades de grupos y milicias ultraderechistas, ante la posibilidad que alguna de estas agrupaciones llegara a Washington con la intención de provocar enfrentamientos violentos.
Igualmente, una semana antes, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes envió cartas a organizaciones de transporte y alojamiento, servicios de alquiler de automóviles y cadenas hoteleras, instando a implementar “especiales medidas de control” para garantizar que no se utilizaran sus servicios para facilitar los “complots terroristas domésticos que rodean la toma de posesión de Biden”.
Finalmente, horas antes de la toma de posesión, las autoridades federales estaban monitoreando interacciones “inquietantes” en redes sociales, incluso amenazas contra funcionarios electos, e ideas sobre cómo la de infiltrarse en el evento, según información de fuentes oficiales.
Es del todo inusitado que un país que se ha enorgullecido de ser un ejemplo de la democracia y protección ante todo el mundo, en estos días previos haya temido incluso por la seguridad del propio mandatario electo y por una no transición pacífica del poder, contradiciendo décadas de propaganda.
Riesgos y amenazas
A los tradicionales riesgos y amenazas (internas y externas) en cualquier país de cara a una investidura de su Presidente del Gobierno, el país norteamericano, en esta ocasión, ha estado en alerta máxima como nunca antes, debido, sobre todo, al aviso del FBI acerca de las potenciales "protestas armadas" en toda la nación.
El todavía presidente Trump, tras las denuncias de fraude, su fracaso ante los tribunales y la radicalización de sus seguidores, emitió una semana antes una declaración de emergencia para la ciudad de Washington, vigente hasta el día 24 de enero, por el riesgo para la seguridad que suponen los grupos radicales como el del pasado 6 de enero.
En esta ocasión, más que nunca antes en la historia de los Estados Unidos, la tensión ha obligado a elevar la precaución hasta el punto de que la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, ha prohibido asistir a ningún acto y hasta salir a la calle durante la ceremonia.
La Corte Suprema de Justicia en Washington, ubicada frente al Capitolio, tres días antes de la investidura, recibió una amenaza de bomba, se revisaron el edificio y los alrededores y no hubo evacuación del edificio, según dijo un portavoz.
Igualmente, "dados los violentos hechos ocurridos en Washington, y el creciente riesgo de mayores daños”, Twitter llegó a suspender más de 70.000 cuentas dedicadas principalmente a difundir contenidos conspirativos. Según la CNN, la insurrección en el Capitolio fue alimentada por grupos conspirativos, extremistas y movimientos marginales vinculados a QAnon y los Proud Boys, dos facciones de extrema derecha que el presidente Donald Trump se negó repetidamente a condenar durante su campaña electoral el año pasado.
El Pentágono también analizó amenazas terroristas antes o durante la investidura de Joe Biden y el FBI alertó del peligro de protestas armadas y de un "levantamiento" en EE.UU. y advirtió a las agencias policiales sobre la posibilidad de que ultraderechistas se hicieran pasar por miembros de la Guardia Nacional.
En los mismos foros se ha hablado también durante semanas de organizar protestas masivas que culminaran en lo que se bautizó como la “Marcha del Millón de Milicias”, el mismo 20 de enero, en la explanada del Capitolio donde serían investidos el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris.
Por todo ello, tras una evaluación conjunta realizada por las distintas agencias y por el Departamento de Seguridad Nacional, se justificó el aumento de medidas para evitar ataques de terroristas internos que “suponen la amenaza más probable” a la toma de posesión.
El FBI ha estado una semana investigando a los 25.000 miembros de la Guardia Nacional que protegieron el acto para extremar todas las precauciones, incrementando el grado de ansiedad y preocupación por la seguridad del presidente electo y de todos los asistentes a la toma de posesión generando una gran alarma social ante el acto que se produciría solo dos semanas después del asalto contra el Capitolio.
No ha sido fácil investigar a más de 25.000 personas en tan corto espacio de tiempo, pero es mucho lo que estaba en juego. En una toma de posesión normal, no después del ataque contra el Capitolio del pasado 6 de enero, el despliegue hubiera sido muy inferior (entre 8.000 y 10.000 efectivos).
Desde el 11-S se da prioridad al terrorismo dentro de las fronteras estadounidenses porque, en muchos casos, los individuos se radicalizan en EE.UU. y se unen a Al Qaeda, el Estado Islámico o a grupos semejantes. Pero la amenaza que pendía sobre Biden en el día de su toma de posesión era de otro signo, y ha sido alimentada y reforzada por fanáticos como los supremacistas blancos, la extrema derecha y otros grupos radicales que han hecho bandera del fraude electoral.
Así el secretario del Ejército, Ryan McCarthy, aseguró además que al menos 25 casos de terrorismo nacional se han abierto a raíz de la sublevación.
Medidas de seguridad
Normalmente, las autoridades dedican meses a preparar un exhaustivo plan de seguridad para la toma de posesión presidencial, que suele ser un día de festividades. Pero, como se ha visto, en esta ocasión las medidas han sido inéditas e intensas, ante la amenaza de nuevos ataques organizados por grupos de extrema derecha, lo que ha provocado un “exceso de cautela”. La Policía del Capitolio se cubría y alertaba sobre una “amenaza externa para la seguridad”.
Así, en los días previos a la ceremonia, han sido cerradas carreteras y grandes sectores de la ciudad, líneas de metro, establecidos controles de vehículos, desplegados tanques y camiones militares, dispuestas sólidas vallas fijas y bloques de cemento para cercar la Casa Blanca y el Capitolio, además del despliegue de los más de 25.000 efectivos de seguridad.
Como es habitual, el Servicio Secreto ha tomado el mando de los planes de seguridad, respaldado por la Guardia Nacional y la Policía. El agente Matt Miller, quien lidera el esfuerzo de seguridad en nombre del Servicio Secreto, ya indicó que la planificación del evento ha estado en marcha durante más de un año.
Como se ha dicho, unos 25.000 efectivos de la Guardia Nacional y miles de policías de todo el país han sido desplegados para la ceremonia de investidura de Joe Biden y, por primera vez en 150 años, el presidente saliente Donald Trump, tras perder las elecciones y no admitir su derrota, se ha negado a estar presente en las ceremonias protocolarias.
La toma de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos ha tenido lugar en medio de un gran nerviosismo e intensas medidas de seguridad y las autoridades han temido, no sólo la posibilidad de un ataque de una persona común, sino incluso por los propios guardias y pilotos asignados a proteger la ceremonia.
La capital del país ha aparecido estos días como una fortaleza bajo estado de sitio. El National Mall -el parque de monumentos nacionales de la capital estadounidense- estuvo cerrado y enormes barreras rodearon los edificios del entorno del Capitolio.
Finalmente, doce efectivos de la Guardia Nacional fueron excluidos del operativo de seguridad debido a sus lazos con grupos de extrema derecha que habían colocado mensajes en Internet con retórica incendiaria sobre la investidura de Biden. El Pentágono se negó a divulgar los contenidos de estos mensajes. Las fuentes pidieron no ser identificadas porque no estaban autorizadas para hablar con la prensa.
El general Daniel Hokanson, comandante de la Guardia Nacional, confirmó qué efectivos fueron excluidos de la protección de la investidura, pero aclaró que sólo dos de ellos enviaron mensajes por Internet o textos por teléfono inapropiados. Los otros 10, afirmó, fueron expulsados debido a temas que podrían estar relacionados con antecedentes penales o actividades no directamente relacionadas con la transmisión de poder y subrayó que no se encontraron evidencia alguna sobre un plan concreto de atacar la ceremonia.
Por otra parte, el traspaso de la llamada "caja negra" o "maletín nuclear" (una valija reforzada con metal que acompaña a todas partes al presidente de EE.UU. “por si hubiera necesidad de lanzar un ataque atómico estando lejos de la Casa Blanca”), es uno de los momentos menos publicados pero de los más simbólicos e importantes de todo cambio presidencial desde hace casi seis décadas. Durante la toma de posesión del nuevo mandatario estuvo en manos de dos militares con uniformes de gala, que esperaron detrás de unos pilares el momento de la juramentación. Uno de ellos, que generalmente ha acompañado al presidente saliente en la mayoría de sus viajes, llevaba consigo el pesado maletín negro que, cuando el reloj marcó el mediodía, lo entregó al otro oficial que se encargará desde entonces de custodiarlo para el nuevo comandante en jefe.
La seguridad del presidente de los Estados Unidos depende del Servicio Secreto pero, en la toma de posesión también participan el Departamento de Seguridad Nacional, el de Protección Federal, las Fuerzas Armadas, la Policía del Capitolio, la de Parques de los Estados Unidos y la Metropolitana del Distrito de Columbia.
A todo lo anterior, se suman los medios de protección como el vehículo blindado, llamado “La Bestia” para la protección del presidente y sus ocupantes que, entre otras características, usa una combinación de armaduras de acero, aluminio, titanio y cerámica, cada una enfocada a un tipo diferente de amenaza. El vehículo está totalmente sellado por lo que soporta ataques químicos, biológicos y atómicos. Las paredes tienen un espesor de 12 cm. Cuenta con vidrios multicapa de cinco pulgadas antibala. Cuenta con equipo médico incluyendo sangre del presidente, que puede ser usada ante cualquier emergencia. Y un equipo de comunicaciones que está directamente vinculado a un satélite militar. Su peso ronda las nueve toneladas y es una especie de bunker móvil con capacidad para 7 ocupantes.
Y hasta se ha comentado que, el presidente electo Joe Biden posee una bicicleta estática de la marca Pelotón, que podría haber sido objeto de un serio análisis ante el día de su mudanza a la Casa Blanca. Este tipo de bicicletas vienen equipadas con cámaras y micrófonos conectados a Internet, por lo que supone también una amenaza a la ciberseguridad.
A modo de resumen
El tamaño de la celebración ha sido “extremadamente limitado” este año. Bajo esta premisa, tanto la toma de posesión de Joe Biden, como el dispositivo de seguridad, han sido muy diferentes, algo comprensible en parte debido a los miedos, amenazas y riesgos que se asumían.
A la previsión normal, se le han sumado tres circunstancias adicionales: La pandemia, que registra su momento más severo en Estados Unidos, con cifras récord de nuevos contagios confirmados y de muertes; la crisis política desatada tras el asalto al Capitolio realizado el 6 de enero por partidarios del presidente Donald Trump (quien ahora debe enfrentar un juicio político por esos hechos y aún se niega a reconocer los resultados de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre); y la alerta de los cuerpos de seguridad ante la potencial amenaza de que se produjeran protestas o graves actos de violencia, no solamente en Washington DC sino también en los distintos Estados.
Así, 200.000 banderas de Estados Unidos adornaron la explanada del Capitolio para la toma de posesión de Joe Biden y Kamala Harris instaladas en el National Mall representaron a otros tantos ciudadanos, no compatible con el despliegue de 25.000 miembros de la Guardia Nacional, además de distintos cuerpos policiales y el blindaje de una ciudad y evento sin asistentes.
En temas de seguridad y defensa, una acción importante tras sucesos como los previamente acaecidos es la de enviar un mensaje correcto y dimensionado que tranquilice a la población. No se ha entendido así lo que han hecho ante una situación de amenaza o peligro que se ha mostrado sin tapujos. Tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, la estrategia fue retomar las actividades normales a los pocos días, como los eventos deportivos y culturales, actividades financieras y educativas. El mensaje era claro: Estados Unidos no tenía miedo. Sin embargo, después de que una turba entrara a la sede del Capitolio el 6 de enero, las fuertes medidas de seguridad para la toma de posesión de Joe Biden han enviado un mensaje confuso y no adecuadamente dimensionado, reflejando mayor temor a los seguidores de Trump, a los grupos radicales de extrema derecha y a los pequeños grupos de desadaptados, que a las mayores organizaciones terroristas de la actualidad.
Estos miedos, sustos y seguridad extrema han estado hasta en los ensayos de los actos de toma de posesión del presidente electo, que fueron interrumpidos después de que se desatara un incendio en las inmediaciones del Capitolio. La falsa alarma escenificó las tensiones que reinaban en torno a la seguridad de la atípica ceremonia.
Washington ha sido una ciudad sitiada, en la que sus ciudadanos, cada uno de estos días, han amanecido con imágenes y titulares de lo que podría haber sido una masacre en el Capitolio el día 6 de enero, alertando de lo siguiente que podría pasar y llegando los ánimos al rango de psicosis.
Estados Unidos, país presuntamente ejemplo de seguridades, ha mantenido y mantiene una situación de alarma que ha generado más miedos, amenazas y vulnerabilidades, que calma y sensación de control entre sus ciudadanos.