Necesitamos todos aquellos recursos públicos y privados para garantizar el cumplimiento de la norma y así está haciéndose, incluso con riesgo para las propias personas.
El mundo empresarial ha sufrido el cese inmediato de actividades, registrando, no sólo caídas en su producción y facturación, sino despidos del personal no sostenible en estas condiciones. Para ello, como una primera ayuda se han establecido los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs), que ya se han producido por miles y se van amontonando, con cientos de miles de trabajadores ya afectados por estos procedimientos.
El parón en la actividad causado por la ruptura de las cadenas productivas y las medidas de confinamiento de la población han obligado a las empresas a optar por esta alternativa, que supone enviar a los trabajadores al paro mientras dure el impacto económico y social del coronavirus.
Fuentes del Gobierno han apuntado que no se va a permitir cualquier ERTE en el contexto actual, ya que deben estar vinculados al coronavirus. “Debe estar afectado por la declaración del estado de alarma y el coronavirus”, recoge una guía de la Seguridad Social. Si se dan estos supuestos, el expediente se puede dar en cualquier sector, como se ha visto hasta el momento con la oleada de ERTEs. Y cuánto se cobra en estas especiales circunstancias? El 70% de la base de cotización, sobre un cálculo con los 180 últimos días cotizados, o menos si no se llega a esa cantidad.
Pero, hasta ahora esta consecuencia del parón de actividad y confinamiento, solo está afectando al sector privado y empresarial. Así parece que a nadie se le ha ocurrido pensar qué hacer con el coste del parón en las actividades públicas no fundamentales o críticas. Pues si el estado de alarma y la emergencia sanitaria ya han provocado la aportación especial de 200 mil millones de euros, ¿no deberíamos de estar actuando también en los ahorros de otros costes, aunque estén contemplados en los presupuestos del Estado?
Así, empezando por los costes de nuestros representantes políticos (Congreso, Senado, Diputaciones, etc.), hasta los múltiples funcionarios o representantes en entidades y empresas públicas, que, igualmente, están afectados por las medidas de cese de actividades y confinamiento, deberían de establecer los correspondientes ERTEs o similares, lo que como consecuencia, representaría un importante ahorro en las arcas públicas.
Y como la ley y el estado de alarma, como la justicia, tiene que ser igual para todos, salvo aquel personal que pueda ejercer su actividad en modo de teletrabajo, el resto de funcionarios y representantes políticos deberían de estar incluidos en un ERTE específico.
La ley cita unos derechos y restricciones que son de aplicación a toda la población, por lo que, no vemos por qué han de ser excluidos los representantes políticos y funcionarios. Es decir, los trabajadores públicos tienen derecho a aplicarse la facultad de funcionar en modo de teletrabajo cuando así lo requiera y admita el desarrollo de sus funciones, cumpliendo con ello la orden del “QUÉDATE EN CASA” que asumimos todos pero, si están en su casa, no por prescripción facultativa ni en teletrabajo, sino porque son realmente prescindibles, bueno sería abordar el estudio sobre la posibilidad de adelgazar el número de componentes de nuestras hinchadas Cámaras de representación política no solo ahora mismo, con una especie de ERTE sobre los que sobran, sino incluso de manera permanente, previas las modificaciones constitucionales precisas.
Como los cambios nunca se producen de manera espontánea, estas medidas requieren de una programación mayor que la pura presión social y ciudadana pero es importante que ésta no falte.
Como la diferencia en los perfiles de equipos suma, añade valor, y como dicen que los problemas agudizan el ingenio, y bueno sería aprovechar ese extra neuronal que ahora se agita para realizar un sano ejercicio de discernimiento y permitir que entre el aire limpio y sano que necesitamos, mi propuesta y aspiración, además, es que nuestros representantes políticos que, sin enfermedad ni impedimento, están confinados en sus viviendas, como el resto de los ciudadanos no imprescindibles, les asignemos “tareas obligatorias” como a nuestros estudiantes para que no pierdan el curso que, además nos cuesta a los ciudadanos.
Estas tareas obligatorias hasta la recuperación de su “actividad normal” en el confinamiento estarían orientadas para la recuperación económica y social del país, basadas en “proyectos viables” que serían ponderamos en plenos y comisiones de trabajo, con el objetivo de generar nuevas empresas y puestos de trabajo de emprendedores y organizaciones proactivas, financiados por razones de “recuperación y crecimiento de la actividad productiva”, necesaria o evaluada en esta nueva fase.
En resumen, en aplicación de un Plan de Contingencia y Continuidad que no parece establecido, además de cumplir el esquema básico de su desarrollo y aplicación: Identificando las actividades esenciales, cuya interrupción puede causar impacto o pérdidas significativas; Midiendo el impacto y consecuencias sobre la población; Identificando los suministros y proveedores críticos que deben estar operativos para la continuidad de las actividades esenciales; Asegurando la relación con los ciudadanos con transparencia e indicando las limitaciones provocadas por la contingencia; Identificando el mínimo personal crítico necesario para mantener la continuidad de los compromisos adquiridos; Monitorizando el impacto de forma permanente para disponer los recursos necesarios para garantizar la resiliencia; y activando el Gabinete de Crisis para el adecuado seguimiento permanente de las afectaciones por la contingencia o interrupción de las actividades.
Además, es imprescindible: Aplicar el necesario Plan de Contingencia alternativo y de continuidad para minimizar las consecuencias de la materialización de la emergencia sanitaria y el estado de alarma; Gestionar adecuadamente la comunicación interna y externa correspondiente a la afectación y consecuencias de la actividad y su recuperación; Analizar y evaluar las consecuencias de la contingencia acaecida para modificar o actualizar el correspondiente Plan de Recuperación que permita, en el menor tiempo posible, volver a la normalidad y salir reforzados de esta especial crisis.
De ahí la propuesta de poner en valor, hacer trabajar en el confinamiento obligado a nuestros representantes políticos porque como dice el lema oficial “Este virus lo paramos unidos” y trabajando todos por ello.