Manuel Sánchez Gómez-Merelo
Consultor Internacional de Seguridad
Ex-Coordinador de Seguridad en Instituciones Penitenciarias
Las múltiples deficiencias evidenciadas en los sistemas penitenciarios de la región hacen urgente el desarrollo de una amplia reforma penitenciaria que abarque distintos ámbitos.
Son imprescindibles y urgentes las reformas de los sistemas penitenciarios, destinando los recursos necesarios para acometer, adecuar y/o construir nuevas cárceles. Este es el verdadero desafío regional: Abordar definitivamente la insuficiencia de infraestructuras, la escasez del presupuesto destinado a resolver o al menos paliar ese abandono, los déficits crónicos en la administración y gestión penitenciaria, la deficiente calidad de los servicios y tratamientos, así como las carencias en los programas para la resocialización y reinserción de los penados.
En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa que, “los Estados no pueden alegar dificultades económicas para justificar condiciones poco dignas de las personas privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios…” “El Estado tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para proteger la integridad personal de los privados de libertad y abstenerse, bajo cualquier circunstancia, de actuar de manera tal que se vulnere la vida y la integridad de estas”.
Las carencias y situaciones actuales son las principales causas que generan el aumento cada vez mayor de la conflictividad y el hacinamiento en la población carcelaria. Sin embargo, hay quienes consideran que el hacinamiento no es una causa, sino más bien una consecuencia de la ineficiente intervención estatal, dado que, en la mayoría de los países de la región, se ha preferido usar medios coercitivos o represivos en vez de educativos.
No obstante, si bien las medidas de aseguramiento y tratamiento pueden tomarse como un medio para lograr la resocialización y reinserción social, lo cierto es que hay de dotar de nuevos recursos al Sistema Penitenciario y establecer mecanismos donde prevalezca la garantía de los derechos humanos.
Así, el nuevo planteamiento de las Alianzas Público-Privadas (APPs) puede ser el medio idóneo para que el Estado, en colaboración armónica con entidades privadas, desarrolle y organice un nuevo diseño, financiación, gestión y reestructuración del Sistema Penitenciario en los distintos países, con miras a que la población reclusa goce de los derechos constitucionales y, sobre todo, se garantice su seguridad y tratamiento para la reinserción social.
En este sentido, tenemos interesantes experiencias internacionales en la implementación de las Asociaciones Público- Privadas en el sector penitenciario para la creación de nuevas cárceles o modernización de las existentes, medida adoptada en varios países para hacer frente a la crisis carcelaria.
La incorporación de capital privado y/o gestión colegiada en los nuevos establecimientos penitenciarios puede ayudar a la disminución de la carga Estatal, paliando sus carencias y contribuyendo a una mayor eficacia y eficiencia en la resolución de este grave conflicto.
Como demuestra la experiencia de otros países, mejorando el sistema judicial y facilitando unas infraestructuras dignas y suficientes, así como la tecnología de control imprescindible, es posible la creación de un sistema penitenciario que propicie la instauración de un código de conducta correcto, tanto en los funcionarios como en los reclusos (que responderán como personas siempre que sean tratados como tales), permitiendo con ello el cumplimiento del fin último de resocializar y reinsertar al mayor número de reclusos posible, mediante la eliminación de las demoras judiciales, el hacinamiento, la sobrepoblación carcelaria y los nichos internos de delincuencia.
Para ello, la construcción de nuevos centros penitenciarios es prioritaria y, como mínimo y mientras tanto, sería imprescindible actualizar las infraestructuras y seguridad de los actuales, mejorando con carácter de urgencia las condiciones laborales del personal y planificando el trabajo con las demás Instituciones implicadas, así como con las instancias judiciales.
Todo ello, teniendo en cuenta que no se debe delegar funciones que son intransferibles e inherentemente del Estado.
Seguridad penitenciaria
En la actualidad, son muchas las amenazas que atentan contra la seguridad del sistema penitenciario y carcelario. Entre ellas, la falta de personal y su adecuada capacitación, que es una de las mayores deficiencias que ponen en peligro y vulneran la propia seguridad, tanto del personal, como de los internos y de las instalaciones.
El tema de la seguridad penaliza al sistema, los Gobiernos sólo favorecen medidas represivas porque, es tan negativa la visión sobre quien comete delitos, que nunca se ha tenido una política adecuada de prevención e integración social del penado y sólo entra en programa la represión, cuando una inversión adecuada y a tiempo en la clasificación y tratamiento podría ahorrar muchas vidas e incluso abaratar costes de reinserción.
Los objetivos principales de la seguridad en los centros penitenciarios son: impedir que se produzcan fugas de presos o altercados y motines; garantizar la seguridad de los internos e instalaciones; favorecer el objetivo de reinserción social. Se contempla en dos conceptos generales clave: la protección externa, para evitar fugas y agresiones y el control y la vigilancia interna, para evitar incidentes.
El planteamiento del sistema de seguridad se ha de hacer de forma integral y debe ser objeto del proyecto la implementación de una plataforma de gestión integral. Esta plataforma permitirá integrar todos los sistemas de control y seguridad tanto del interior (módulos y patios) como del exterior (perímetro y accesos), así como todas las lecturas del sistema de control de accesos (personas y vehículos) y todos metadatos de las cámaras y servidores de inteligencia artificial más avanzados.
Conclusiones
A modo de resumen puede afirmarse que la política pública penitenciaria en Latinoamérica ha fracasado, dado que no ha podido afrontar con éxito el crecimiento significativo de la población penitenciaria, el modelo actual no ha sido capaz de generar los resultados en recuperación, rehabilitación y resocialización de las personas privadas de la libertad, lo que está directamente relacionado con una inadecuada gestión de seguridad, tratamiento y salud penitenciaria.
Prácticamente la totalidad de los establecimientos penitenciarios está en malas condiciones o con infraestructuras obsoletas, situación que ha llevado a la imposibilidad de la ejecución y el desarrollo de los “planes” y “programas” de seguridad en el tratamiento penitenciario.
En la práctica, como lo demuestra la información empírica, no se está cumpliendo con la gestión de seguridad, tratamiento y salud penitenciaria, a pesar de la obligación legal, y lo estipulado en los manuales operativos. La gestión de las autoridades de los establecimientos penitenciarios se ha centrado principalmente en la custodia y represión de las personas privadas de la libertad.
En general, la percepción de los funcionarios sobre el modelo del sistema penitenciario vigente ha fracasado, al no centrar su gestión en la seguridad y tratamiento para la reinserción, así como carecer de los recursos presupuestarios que permitan el seguimiento de los resultados.
Además de construir más recintos carcelarios, urge reestructurar el régimen penitenciario y establecer políticas de tolerancia cero, para avanzar con una verdadera política de Estado que se haga cargo de la situación de los penados de cara a su reinserción y resocialización, tanto dentro, como cuando dejan los recintos penitenciarios.
El nuevo modelo de gestión penitenciaria debe contemplar y enfocar su gestión en la seguridad, el tratamiento y la salud de la población penitenciaria, centrándose en:
La creación de nuevas cárceles o modernización de las existentes es solo parte de las medidas que deben adoptarse en los distintos países de la región para hacer frente a la larga crisis penitenciaria.