El marco conceptual del que se derivó la propuesta, finalmente hegemónica, de convertir las elecciones catalanas de 27 de septiembre pasado en un plebiscito germinó a partir de 2012 en la mente de los dirigentes de Convergència Democràtica de Catalunya y, muy personalmente, en la de Artur Mas. La coalición de Convèrgencia con Unió había conseguido en las elecciones de ese año, con el 30,7% de los votos, 50 diputados en el Parlament de Cataluña, mientras ERC, con el 13,68, conseguía 21 escaños. Entre los dos, pues, fueron 71 los escaños, uno menos que en las elecciones de 2010, aunque con una distribución interna muy diferente, pues CiU había alcanzado en esas elecciones 62 escaños mientras una ERC en horas bajas debía contentarse con diez. De modo que entre los dos partidos sumaron 72 diputados en 2010 y 71 en 2012, tres y dos diputados más de los que habían conseguido en las dos elecciones anteriores celebradas en lo que va de siglo, que fueron en ambos casos 69 diputados, con un porcentaje conjunto situado entre el 47,3 y el 45,5% de votos. Nunca, en las cuatro elecciones, la suma de los dos partidos bajó del 44% del total de votos emitidos.
Hasta que Artur Mas tuvo la ocurrencia de fabricar una lista integrada por candidatos de su propio partido y de Esquerra Republicana, adobada con activistas de sociedades culturales y parapolíticas como son Assemblea Nacional de Catalunya y Omnium Cultural. La estrategia consistía en sumar los votos de centro derecha y de izquierda con el aporte de la llamada sociedad civil en la seguridad de que, cubiertos todos por el sagrado manto de la independencia nacional en el que se ocultan todos los conflictos sociales, lograrían por fin saltar del 45% de votos obtenidos como media aproximada en las dos convocatorias anteriores, hasta al menos la mitad más uno, un resultado que según repitió en varias ocasiones Artur Mas bastaría para declarar solemnemente la independencia de la nación catalana.
Esta convicción, compartida por Junqueras, llevó a ambos a transformar unas elecciones autonómicas en un plebiscito. La convocatoria del 27-S no sería una más, una cualquiera, en la serie de elecciones autonómicas de Cataluña. La elección iba a ser histórica, porque no existía precedente y porque abriría de par en par las puertas de un futuro que, en la calle, estaba ya escribiendo la multitud de catalanes que se manifestaban por la independencia de la nación, un millón y medio, dos millones, según las cuentas galanas de los organizadores de las sucesivas diadas.
Pero he aquí que cuando, finalmente, el plebiscito se celebra, precedido de una presión agobiante a favor del sí a la independencia de todos los medios de comunicación al servicio del poder, de un simposio de historiadores que han hecho almoneda de las exigencias de su oficio, de manifiestos de intelectuales empeñados en confirmar aquella trahison des clers que hizo célebre a Julien Benda, de propaganda en la que el Otro, esto es, España, se presenta como ladrona y expoliadora de Cataluña, los resultados cosechados por la suma de los dos partidos y las asociaciones convocantes del plebiscito son los peores de los obtenidos por cada partido por separado en lo que va de siglo, por no hablar de las décadas anteriores.
En efecto, la suma de votos obtenidos por Junts pel Sí -Convergència y Esquerra- no llega por vez primera al 40% del total: se ha quedado en un modesto 39,57%, un resultado más pobre aun si se tiene en cuenta que en la candidatura figuraban también miembros de asociaciones que se consideran como representantes de una supuesta mayoría social favorable a la independencia. Nunca, en lo que llevamos de historia electoral, la suma de escaños ocupados por diputados de Convergència más Esquerra se ha quedado tan lejos de la mayoría absoluta como en esta ocasión: 62 escaños, siete menos que en 2003 y 2006, diez menos que en 2010 y nueve menos que en 2011.
Los fracasados en su empeño de obtener la mitad más uno de los votos en un plebiscito secesionista se consolarán diciendo que estas cuentas no dan razón de los diez diputados cosechados por otro partido que también lleva en su programa la independencia de Cataluña. Pero eso es hacerse trampas, porque este partido, la Candidatura d’Unitat Popular, se subió al tren plebiscitario en el vagón de cola y con un programa que, lejos de limitarse a la independencia de Cataluña, propugnaba, entre otras menudencias, el impago de la deuda, la desobediencia a la Unión Europea, la ruptura con el euro y nuevas instituciones políticas que liquiden las propias del “régimen liberal burgués”, unos propósitos que hasta el momento están lejos de compartir los votantes de Convergència y que no figuran en primera línea de las inquietudes de Esquerra.
¿Podrá, con estos antecedentes, llegar la CUP a un acuerdo de gobierno con Convergencia y Esquerra? Aun en el caso de que llegaran, todos ellos son conscientes de que el plebiscito, como reconocieron en solitario los dirigentes de la CUP, lo han perdido los partidarios de la secesión que, aun sumando los votos de esta formación, mitad movimiento social mitad partido político, no llegan al 48 por ciento, por más que disfruten de mayoría absoluta en el Parlament, debido a un sistema electoral que prima la representación de las circunscripciones menos pobladas. Sí, es cierto que la CUP ha reconocido abiertamente la derrota en el plebiscito, pero nadie desprecia un dulce, y muy dulce es para cualquier partido político disfrutar de una parcela autónoma de poder en las instituciones del Estado. No cabe, pues, excluir que la CUP venda cara su alma aceptando el sacrificio de participar en el gobierno con alguna vicepresidencia u otra forma igualmente imaginativa: al cabo, la nación ha sido, es y por siempre será el recurso que todo lo justifica, incluyendo corrupciones sistémicas y promesas incumplidas.
Si, por fin, se anima la CUP a pillar una parcela de poder, tendríamos el insólito caso de un Parlamento impulsando la marcha a la secesión con el voto en contra de una mayoría de los ciudadanos que dice representar. Cosas de la política.
Santos Juliá
Hasta que Artur Mas tuvo la ocurrencia de fabricar una lista integrada por candidatos de su propio partido y de Esquerra Republicana, adobada con activistas de sociedades culturales y parapolíticas como son Assemblea Nacional de Catalunya y Omnium Cultural. La estrategia consistía en sumar los votos de centro derecha y de izquierda con el aporte de la llamada sociedad civil en la seguridad de que, cubiertos todos por el sagrado manto de la independencia nacional en el que se ocultan todos los conflictos sociales, lograrían por fin saltar del 45% de votos obtenidos como media aproximada en las dos convocatorias anteriores, hasta al menos la mitad más uno, un resultado que según repitió en varias ocasiones Artur Mas bastaría para declarar solemnemente la independencia de la nación catalana.
Esta convicción, compartida por Junqueras, llevó a ambos a transformar unas elecciones autonómicas en un plebiscito. La convocatoria del 27-S no sería una más, una cualquiera, en la serie de elecciones autonómicas de Cataluña. La elección iba a ser histórica, porque no existía precedente y porque abriría de par en par las puertas de un futuro que, en la calle, estaba ya escribiendo la multitud de catalanes que se manifestaban por la independencia de la nación, un millón y medio, dos millones, según las cuentas galanas de los organizadores de las sucesivas diadas.
Pero he aquí que cuando, finalmente, el plebiscito se celebra, precedido de una presión agobiante a favor del sí a la independencia de todos los medios de comunicación al servicio del poder, de un simposio de historiadores que han hecho almoneda de las exigencias de su oficio, de manifiestos de intelectuales empeñados en confirmar aquella trahison des clers que hizo célebre a Julien Benda, de propaganda en la que el Otro, esto es, España, se presenta como ladrona y expoliadora de Cataluña, los resultados cosechados por la suma de los dos partidos y las asociaciones convocantes del plebiscito son los peores de los obtenidos por cada partido por separado en lo que va de siglo, por no hablar de las décadas anteriores.
En efecto, la suma de votos obtenidos por Junts pel Sí -Convergència y Esquerra- no llega por vez primera al 40% del total: se ha quedado en un modesto 39,57%, un resultado más pobre aun si se tiene en cuenta que en la candidatura figuraban también miembros de asociaciones que se consideran como representantes de una supuesta mayoría social favorable a la independencia. Nunca, en lo que llevamos de historia electoral, la suma de escaños ocupados por diputados de Convergència más Esquerra se ha quedado tan lejos de la mayoría absoluta como en esta ocasión: 62 escaños, siete menos que en 2003 y 2006, diez menos que en 2010 y nueve menos que en 2011.
Los fracasados en su empeño de obtener la mitad más uno de los votos en un plebiscito secesionista se consolarán diciendo que estas cuentas no dan razón de los diez diputados cosechados por otro partido que también lleva en su programa la independencia de Cataluña. Pero eso es hacerse trampas, porque este partido, la Candidatura d’Unitat Popular, se subió al tren plebiscitario en el vagón de cola y con un programa que, lejos de limitarse a la independencia de Cataluña, propugnaba, entre otras menudencias, el impago de la deuda, la desobediencia a la Unión Europea, la ruptura con el euro y nuevas instituciones políticas que liquiden las propias del “régimen liberal burgués”, unos propósitos que hasta el momento están lejos de compartir los votantes de Convergència y que no figuran en primera línea de las inquietudes de Esquerra.
¿Podrá, con estos antecedentes, llegar la CUP a un acuerdo de gobierno con Convergencia y Esquerra? Aun en el caso de que llegaran, todos ellos son conscientes de que el plebiscito, como reconocieron en solitario los dirigentes de la CUP, lo han perdido los partidarios de la secesión que, aun sumando los votos de esta formación, mitad movimiento social mitad partido político, no llegan al 48 por ciento, por más que disfruten de mayoría absoluta en el Parlament, debido a un sistema electoral que prima la representación de las circunscripciones menos pobladas. Sí, es cierto que la CUP ha reconocido abiertamente la derrota en el plebiscito, pero nadie desprecia un dulce, y muy dulce es para cualquier partido político disfrutar de una parcela autónoma de poder en las instituciones del Estado. No cabe, pues, excluir que la CUP venda cara su alma aceptando el sacrificio de participar en el gobierno con alguna vicepresidencia u otra forma igualmente imaginativa: al cabo, la nación ha sido, es y por siempre será el recurso que todo lo justifica, incluyendo corrupciones sistémicas y promesas incumplidas.
Si, por fin, se anima la CUP a pillar una parcela de poder, tendríamos el insólito caso de un Parlamento impulsando la marcha a la secesión con el voto en contra de una mayoría de los ciudadanos que dice representar. Cosas de la política.
Santos Juliá