A la cola de una Europa pobre en educación en derechos humanos
Más de un millón de universitarios españoles no tienen acceso a ninguna asignatura sobre derechos humanos de carácter obligatorio
Amnistía Internacional (AI) presentó (8 de mayo) el informe “Las Universidades españolas, a la cola de Europa en formación obligatoria en derechos humanos”. La organización ha revisado 300 planes de estudio de trece países y territorios europeos que demuestran el escaso compromiso con los derechos humanos en la educación superior tanto en España como en sus países vecinos.
Llama particularmente la atención el ejemplo de la carrera de Medicina, destinada a formar a profesionales encargados de identificar y atender a víctimas de tortura, malos tratos, violencia de género y otras violaciones de derechos humanos: en ninguno de los planes de estudio analizados se han encontrado asignaturas de derechos humanos, ni obligatorias ni optativas.
Dentro del contexto europeo analizado, España se encontraría en el bloque de países que menos interés otorgan a los derechos humanos en la formación universitaria, según las tendencias detectadas por Amnistía Internacional. Sólo cuatro de los trece países y territorios europeos tomados como referencia destacan por potenciar la presencia de materias obligatorias de derechos humanos: Inglaterra, con diez; Portugal, con ocho; Bélgica, con siete; y Francia con cinco.
La posición de desventaja de España se aprecia claramente en la titulación de Derecho, cuna de futuros profesionales que serán los encargados de defender a las víctimas de violaciones de derechos humanos. En España no hay ninguna universidad pública que imparta materias obligatorias al respecto, siendo todas ellas optativas, mientras que en el resto de países de Europa analizados la tendencia a incluir materias de derechos humanos obligatorias en esta misma titulación es notable: se han identificado 13 asignaturas obligatorias frente a una ausencia total en el caso español. Así, Portugal cuenta con tres asignaturas obligatorias en las universidades Católica Portuguesa y de Lisboa. Francia tiene cinco asignaturas obligatorias en las universidades de Perpignan, Cergy-Pontoise, Paris Descartes, Paris X Nanterre y Avignon. Y en Inglaterra, las universidades de Birmingham, Cambridge y Liverpool imparten tres materias obligatorias centradas en los derechos humanos.
Con relación a las titulaciones de Educación, en Bélgica, Portugal e Inglaterra es donde se ha encontrado mayor presencia de asignaturas obligatorias de derechos humanos en los planes de estudio analizados. En un segundo bloque se encuentran Gales, Suecia e Italia, junto a España.
Además de Ciencias de la Educación, Medicina y Derecho, Amnistía Internacional considera de máxima prioridad incluir formación en derechos humanos en los planes de estudios de las carreras de Periodismo y Trabajo Social. En el primer caso, la formación en derechos humanos es imprescindible para informar y formar a la opinión pública en valores comunes de respeto y tolerancia. En lo que se refiere a la formación de las y los trabajadores sociales, serán quienes convivan con colectivos especialmente vulnerables a sufrir violaciones de derechos humanos: inmigrantes, menores no acompañados o mujeres maltratadas.
En la muestra analizada por Amnistía Internacional, sólo tres países europeos mostrarían una situación peor que España en cuanto a presencia de contenidos de derechos humanos en la cinco titulaciones seleccionadas, y serían: Alemania, República Checa y Grecia.
Aunque Amnistía Internacional considera prioritarias las titulaciones de Medicina, Derecho, Periodismo, Trabajo Social y Educación, la organización defiende la importancia de que todas las titulaciones universitarias incluyan contenidos en esta materia.
Recomendaciones
Amnistía Internacional solicita a las autoridades universitarias que se comprometan a introducir al menos una asignatura obligatoria de educación en derechos humanos en todas las titulaciones de Educación, enfocada a la correcta docencia de la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.
Asimismo, es imprescindible que creen al menos una asignatura obligatoria en los grados de Periodismo, Medicina, Trabajo Social y Derecho, orientadas al conocimiento general de los acuerdos nacionales e internacionales sobre derechos humanos, y haciendo especial hincapié en aquellos referidos directamente a su labor profesional.
Además, la organización insta al Gobierno español a incluir la educación en derechos humanos en la formación y capacitación profesional de las y los docentes, tal y como propone el Plan de Acción del Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos. Así, el futuro Master en Formación del Profesorado de Educación Secundaria que elabore el Ministerio de Educación y Ciencia debe incluir contenidos obligatorios de educación en derechos humanos.
Con este fin, Amnistía Internacional ha solicitado entrevistas con la Conferencia de Rectores de Universidades Públicas de España (CRUE) y con autoridades académicas de las diferentes universidad públicas que están en pleno proceso de diseño de sus planes de estudio, así como con la Ministra de Educación, Política Social y Deporte y con la Ministra de Ciencia e Innovación.
Los derechos humanos no son un capricho
La formación en derechos humanos no es una opción de un gobierno determinado, ni de partidos políticos, sino una obligación adoptada a nivel internacional por el Estado español con las Naciones Unidas y el Consejo de Europa. Sin embargo, más de un millón de estudiantes universitarios no tienen acceso a formación obligatoria en derechos humanos.
España forma parte del Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos, aprobado en la Asamblea General de Naciones Unidas en 2004. El Plan de Acción del Programa Mundial establece el principio de la educación como un proceso que debe comprender “la educación y el desarrollo profesional de los maestros y otros funcionarios: dotar al personal docente (...) mediante cursos de capacitación previos y simultáneos a la prestación de servicios, de los conocimientos, la comprensión, las técnicas y la competencia necesaria para facilitar el aprendizaje y la práctica de los derechos humanos en las escuelas”.
Dentro del marco normativo español, la Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educción y la cultura de paz, establece que “Corresponde al Gobierno promover un incremento del conocimiento público y de la enseñanza del Derecho Internacional Humanitario y de la legislación sobre Derechos Humanos”.
Más recientemente, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que dio inicio al actual proceso de reforma universitaria, reconoce “entre los principios generales que deba inspirar el diseño de los nuevos títulos, los planes de estudios deberían tener en cuenta que cualquier actividad profesional debe realizarse: a) desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda, enseñanzas relacionadas con dichos derechos”.
Por tanto, España tiene obligación de cumplir y hacer cumplir las indicaciones relativas a la formación universitaria. Y la reforma universitaria planteada constituye una excelente oportunidad para que, por fin, España dé respuesta a los compromisos internacionales, europeos y nacionales suscritos voluntariamente por sucesivos gobiernos españoles y que obligan a introducir contenidos de derechos humanos en el sistema universitario.
Sin embargo, y hasta el momento, el Estado español incumple con tales obligaciones relativas a la formación en derechos humanos de docentes y estudiantes universitarios, y particularmente con el Plan de Acción del Programa Mundial.
La organización considera que la implantación de la nueva materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, que se imparte en primaria y secundaria, supone un primer paso en la dirección correcta hacia la creación de una cultura en derechos humanos en las aulas. Paso que debe completarse con la inclusión de asignaturas obligatorias en materia de derechos humanos en la educación universitaria.
Antecedentes
Ya en el Informe “Educación en derechos humanos: asignatura suspensa” de 2003, Amnistía Internacional documentó el escaso nivel de cumplimiento de los sucesivos gobiernos españoles para con los acuerdos internacionales suscritos referentes a la educación en derechos humanos. Cinco años después, la situación no ha variado y AI mantiene las mismas preocupaciones al respecto.
El llamado “Proceso de Bolonia” recibe su nombre de la Declaración de Bolonia que le dio inicio, y que se trata de un acuerdo firmado en 1999 por las y los Ministros con competencias en Educación Superior de 29 países europeos. Esta Declaración conjunta dio inicio al llamado proceso de convergencia que persigue facilitar un efectivo intercambio de titulados así como adaptar el contenido de los estudios universitarios a las demandas sociales. La firma de la Declaración y el inicio del Proceso de Bolonia condujo a la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, un ámbito al que se incorporaron países incluso de fuera de la Unión Europea y que sirve de marco de referencia a las reformas educativas que muchos países habrían de iniciar a partir de entonces.
El propósito perseguido es fundamentalmente la integración de los diferentes sistemas universitarios europeos, adaptando las enseñanzas a un modelo único en toda Europa; y permitiendo la homologación de todas las titulaciones de forma mucho más simple que la actual. Por otro lado, esta reforma supondrá para el sistema universitario español una modificación en los métodos de enseñanza del estudiante y de impartición del docente, potenciando las tutorías personalizadas y el trabajo del alumnado por encima de las clases presenciales. De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto, la reforma de los planes de estudio universitarios deberá concluir en el curso académico 2010/2011.
Para Amnistía Internacional, este proceso de reforma universitaria debe ser aprovechado por las autoridades políticas y académicas españolas para, por fin, dar respuesta a los compromisos internacionales y europeos suscritos voluntariamente por los últimos gobiernos españoles y que obligan a introducir contenidos de derechos humanos en el sistema universitario.