“Perú y Chile deben acordar una política común para Bolivia”
Entrevista de Enrique Patriau
Martes, 29 de abril de 2014 | 4:30 am
José Rodríguez Elizondo ha vivido muchos años en el Perú y es una persona autorizada para hablar sobre el futuro de las relaciones entre Perú y Chile en el escenario post Haya y en el nuevo contexto de la demanda boliviana. Vía correo electrónico, Rodríguez Elizondo accedió a responder las preguntas de La República.
En su discurso ante la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, usted tiene la siguiente frase: Existe entre Chile y Perú una “barrera de desconfianzas que nos hace circular entre la tensión, el conflicto, el curso de colisión y la distensión”. ¿No cree que el reciente fallo de la CIJ abre una oportunidad para dirigirnos, ambos países, hacia la normalización de nuestras relaciones?
Inclúyame en ese lote selecto, pues lo planteé desde el inicio del conflicto e, incluso, en pleno proceso ante la Corte Internacional. Mi libro Temas para después de La Haya, del 2010, se inicia llamando a “mantener encadenados los perros de la guerra, limpiarnos de prejuicios y potenciar la relación” y termina convocando a mirar “el lado luminoso de las oportunidades”.
Hablemos de gestos. ¿Qué se necesita entre Perú y Chile para llegar a superar las sospechas mutuas?
Los buenos gestos ayudan, pero las políticas concretas son mejores. Al respecto, he propuesto levantar un “trilateralismo diferenciado”, que también podría llamarse “bilateralismo ampliable”. Se trata de que Chile y el Perú, en una primera instancia, definan cómo y por qué terminó su espíritu de alianza plasmado en el tratado de 1929. Tal sinceramiento permitiría revisar el rol de Bolivia y levantar una política común hacia ese tercer país.
¿A qué se refiere?
Oficialmente, Chile y Perú dicen que la aspiración boliviana es un tema bilateral y, más allá del oficialismo, esto no lo entiende nadie. La gente lee que Chile estuvo dispuesto a ceder territorio soberano a Bolivia, por Arica. También lee que Perú no es obstáculo para una salida al mar para Bolivia. Más allá, escucha que Chile no puede hacer eso sin la voluntad del Perú. En paralelo, sabe que el Perú privilegia su contigüidad territorial con Chile. ¿Por qué no reconocer, de una vez por todas, que el tema es trilateral, pero con un protagonismo decisivo, en primera instancia, de Chile y el Perú? ¿Por qué no aceptar que, después de 85 años, la exclusión absoluta de Bolivia puede ser relativizada mediante un acuerdo chileno-peruano?
En resumen, que peruanos y chilenos se pongan de acuerdo...
Sobre una política común para Bolivia, y así Bolivia tendrá que atenerse a los hechos. No a las expectativas que nacen cuando los interlocutores necesarios son divisibles y se echan la culpa entre sí. Ahora, si Bolivia acepta esa política común, se inserta como un interlocutor.
¿Ha tenido reacciones de sus amigos peruanos sobre esta idea?
Las tuve, matizadas y a muy alto nivel. Con la discreción propia de su profesionalismo, el ex canciller Luis Marchant me dijo que era “una idea interesante”. Con el general Edgardo Mercado Jarrín siempre estuvimos de acuerdo en la trilateralidad del tema. Como consigno en mi último libro, él incluso hablaba de “alianza chileno-peruana” para defenderse de la pretensión de Bolivia. Juan Miguel Bákula descalificaba lo que llamaba “ariquismo” y decía que lo mío era “una fijación”. Él rechazaba, rotundo, la idea de conceder a Bolivia parte de Arica.
Tengo la sensación, leyendo su discurso, que usted alude a que una diplomacia chilena con poca capacidad de negociación contribuyó a que el tema de la frontera marítima con Perú se llevase finalmente ante la CIJ. ¿Imagino que hubiese preferido una negociación bilateral antes que el tema de definiera en la Corte?
Así lo planteé en el ámbito académico y en mis libros. El fallo me reafirmó en esa convicción. Pero aquí debo agregar que el planteo peruano de la controversia no ayudó a que la diplomacia chilena post Pinochet privilegiara la negociación. Fue un planteo que establecía plazos perentorios, con base en la inexistencia de una frontera marítima. Se soslayó que esa frontera, si bien no constaba en un texto específico y detallado, había sido respetada por largas décadas. Por algo José Antonio García Belaunde, antes de asumir como canciller de Alan García, reconoció que “Toledo maltrató gratuitamente la relación con Chile”. En resumidas cuentas, la estructura de desconfianzas levantó una voluntad política contraria a la lógica de la negociación y peligrosamente cercana a la confrontación
Se lo preguntaba porque Bolivia dice que Chile no ha querido negociar. De hecho, la demanda boliviana persigue que la Corte obligue a abrir una negociación. ¿Cree que en este caso ha faltado, desde Chile, capacidad de negociación para solucionar un tema tan sensible?
Las demandas del Perú y de Bolivia configuran dos casos diametralmente distintos, aunque la opinión pública tienda a homologarlas. Sinópticamente, la del Perú fue una construcción jurídica con materiales plausibles y la de Bolivia es una iniciativa política sin materiales significativos de carácter jurídico. En cuanto a una eventual negociación, el problema es que Bolivia sigue pretendiendo lo mismo que el Perú le negara desde 1825: soberanía sobre Arica o parte de Arica. Sobre esa base y visto lo establecido en el tratado de 1929, Chile no puede negociar ese tema sin previo acuerdo con el mismo Perú.
¿Dice que no sería jurídica la demanda de Bolivia?
A todo puede dársele un barniz jurídico. Pero, en su esencia, la demanda boliviana es un endoso político a un organismo de la ONU, para que intervenga en la política exterior de Chile, afectando la vigencia del tratado de 1904 y, eventualmente, el tratado chileno-peruano de 1929, protocolo complementario, artículo 1°. Por añadidura, afecta la letra y el espíritu de la propia Carta de la ONU. En el entorno de Evo Morales debió apreciarse que Chile era vulnerable en el plano judicial y el fallo (de la demanda peruana) lo confirmó. Fue una movida muy audaz.
¿Hasta qué punto este nuevo frente podría perjudicar las relaciones entre Perú y Chile?
Si seguimos sin sincerar la realidad trilateral, seguiremos chocando en lo bilateral. Basta con imaginar qué sucedería con el Perú si los jueces se creyeran habilitados para obligar a Chile a ceder a Bolivia soberanía sobre parte de Arica. Aquí volvemos al tema del “trilateralismo diferenciado” pues, en lo principal, chilenos y peruanos debiéramos definir, solitos, si se mantiene o no la exclusión del acceso de Bolivia al mar por Tacna o Arica, en los términos de 1929 o si el paso del tiempo –y la presión de la misma Bolivia– cambió las coordenadas. Si se aprueba una política favorable al cambio, se abriría una segunda instancia, con Bolivia entrando a una nueva negociación, esta vez por la puerta política y no por la ventana judicial.
Entrevista de Enrique Patriau
Martes, 29 de abril de 2014 | 4:30 am
José Rodríguez Elizondo ha vivido muchos años en el Perú y es una persona autorizada para hablar sobre el futuro de las relaciones entre Perú y Chile en el escenario post Haya y en el nuevo contexto de la demanda boliviana. Vía correo electrónico, Rodríguez Elizondo accedió a responder las preguntas de La República.
En su discurso ante la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, usted tiene la siguiente frase: Existe entre Chile y Perú una “barrera de desconfianzas que nos hace circular entre la tensión, el conflicto, el curso de colisión y la distensión”. ¿No cree que el reciente fallo de la CIJ abre una oportunidad para dirigirnos, ambos países, hacia la normalización de nuestras relaciones?
Inclúyame en ese lote selecto, pues lo planteé desde el inicio del conflicto e, incluso, en pleno proceso ante la Corte Internacional. Mi libro Temas para después de La Haya, del 2010, se inicia llamando a “mantener encadenados los perros de la guerra, limpiarnos de prejuicios y potenciar la relación” y termina convocando a mirar “el lado luminoso de las oportunidades”.
Hablemos de gestos. ¿Qué se necesita entre Perú y Chile para llegar a superar las sospechas mutuas?
Los buenos gestos ayudan, pero las políticas concretas son mejores. Al respecto, he propuesto levantar un “trilateralismo diferenciado”, que también podría llamarse “bilateralismo ampliable”. Se trata de que Chile y el Perú, en una primera instancia, definan cómo y por qué terminó su espíritu de alianza plasmado en el tratado de 1929. Tal sinceramiento permitiría revisar el rol de Bolivia y levantar una política común hacia ese tercer país.
¿A qué se refiere?
Oficialmente, Chile y Perú dicen que la aspiración boliviana es un tema bilateral y, más allá del oficialismo, esto no lo entiende nadie. La gente lee que Chile estuvo dispuesto a ceder territorio soberano a Bolivia, por Arica. También lee que Perú no es obstáculo para una salida al mar para Bolivia. Más allá, escucha que Chile no puede hacer eso sin la voluntad del Perú. En paralelo, sabe que el Perú privilegia su contigüidad territorial con Chile. ¿Por qué no reconocer, de una vez por todas, que el tema es trilateral, pero con un protagonismo decisivo, en primera instancia, de Chile y el Perú? ¿Por qué no aceptar que, después de 85 años, la exclusión absoluta de Bolivia puede ser relativizada mediante un acuerdo chileno-peruano?
En resumen, que peruanos y chilenos se pongan de acuerdo...
Sobre una política común para Bolivia, y así Bolivia tendrá que atenerse a los hechos. No a las expectativas que nacen cuando los interlocutores necesarios son divisibles y se echan la culpa entre sí. Ahora, si Bolivia acepta esa política común, se inserta como un interlocutor.
¿Ha tenido reacciones de sus amigos peruanos sobre esta idea?
Las tuve, matizadas y a muy alto nivel. Con la discreción propia de su profesionalismo, el ex canciller Luis Marchant me dijo que era “una idea interesante”. Con el general Edgardo Mercado Jarrín siempre estuvimos de acuerdo en la trilateralidad del tema. Como consigno en mi último libro, él incluso hablaba de “alianza chileno-peruana” para defenderse de la pretensión de Bolivia. Juan Miguel Bákula descalificaba lo que llamaba “ariquismo” y decía que lo mío era “una fijación”. Él rechazaba, rotundo, la idea de conceder a Bolivia parte de Arica.
Tengo la sensación, leyendo su discurso, que usted alude a que una diplomacia chilena con poca capacidad de negociación contribuyó a que el tema de la frontera marítima con Perú se llevase finalmente ante la CIJ. ¿Imagino que hubiese preferido una negociación bilateral antes que el tema de definiera en la Corte?
Así lo planteé en el ámbito académico y en mis libros. El fallo me reafirmó en esa convicción. Pero aquí debo agregar que el planteo peruano de la controversia no ayudó a que la diplomacia chilena post Pinochet privilegiara la negociación. Fue un planteo que establecía plazos perentorios, con base en la inexistencia de una frontera marítima. Se soslayó que esa frontera, si bien no constaba en un texto específico y detallado, había sido respetada por largas décadas. Por algo José Antonio García Belaunde, antes de asumir como canciller de Alan García, reconoció que “Toledo maltrató gratuitamente la relación con Chile”. En resumidas cuentas, la estructura de desconfianzas levantó una voluntad política contraria a la lógica de la negociación y peligrosamente cercana a la confrontación
Se lo preguntaba porque Bolivia dice que Chile no ha querido negociar. De hecho, la demanda boliviana persigue que la Corte obligue a abrir una negociación. ¿Cree que en este caso ha faltado, desde Chile, capacidad de negociación para solucionar un tema tan sensible?
Las demandas del Perú y de Bolivia configuran dos casos diametralmente distintos, aunque la opinión pública tienda a homologarlas. Sinópticamente, la del Perú fue una construcción jurídica con materiales plausibles y la de Bolivia es una iniciativa política sin materiales significativos de carácter jurídico. En cuanto a una eventual negociación, el problema es que Bolivia sigue pretendiendo lo mismo que el Perú le negara desde 1825: soberanía sobre Arica o parte de Arica. Sobre esa base y visto lo establecido en el tratado de 1929, Chile no puede negociar ese tema sin previo acuerdo con el mismo Perú.
¿Dice que no sería jurídica la demanda de Bolivia?
A todo puede dársele un barniz jurídico. Pero, en su esencia, la demanda boliviana es un endoso político a un organismo de la ONU, para que intervenga en la política exterior de Chile, afectando la vigencia del tratado de 1904 y, eventualmente, el tratado chileno-peruano de 1929, protocolo complementario, artículo 1°. Por añadidura, afecta la letra y el espíritu de la propia Carta de la ONU. En el entorno de Evo Morales debió apreciarse que Chile era vulnerable en el plano judicial y el fallo (de la demanda peruana) lo confirmó. Fue una movida muy audaz.
¿Hasta qué punto este nuevo frente podría perjudicar las relaciones entre Perú y Chile?
Si seguimos sin sincerar la realidad trilateral, seguiremos chocando en lo bilateral. Basta con imaginar qué sucedería con el Perú si los jueces se creyeran habilitados para obligar a Chile a ceder a Bolivia soberanía sobre parte de Arica. Aquí volvemos al tema del “trilateralismo diferenciado” pues, en lo principal, chilenos y peruanos debiéramos definir, solitos, si se mantiene o no la exclusión del acceso de Bolivia al mar por Tacna o Arica, en los términos de 1929 o si el paso del tiempo –y la presión de la misma Bolivia– cambió las coordenadas. Si se aprueba una política favorable al cambio, se abriría una segunda instancia, con Bolivia entrando a una nueva negociación, esta vez por la puerta política y no por la ventana judicial.