En Chile, por definición constitucional, el Jefe de Estado conduce la política exterior y, por silogismo elemental, ésta se convierte en política de Estado. Por una parte, es una ficción jurídica del tipo “la ley se presume conocida”. Por otra parte, la realidad dice que es complicado cargar tan alta responsabilidad en una sola persona.
Pero es lo que hay y el buen sentido político de los jefes de Estado y sus cancilleres ha matizado esa soledad del mando, mediante información previa a las comisiones del Congreso y consultas a excancilleres variopintos. Así fue incluso en el tormentoso gobierno de Salvador Allende, en plena guerra fría, cuando los prestigiados excancilleres Carlos Martínez Sotomayor (radical alessandrista) y Gabriel Valdés (demócratacristiano), mantuvieron una relación colaborativa con el canciller Clodomiro Almeyda (socialista).
En ese contexto histórico, los informados y consultados se atenían a las reglas del juego. Asumían que la política exterior tenía una dimensión especial y no estimaban que sus opiniones fueran o debieran ser vinculantes. Tampoco incurrían en manifestaciones públicas que interfirieran, de facto, con la política exterior vigente. Más bien se encuadraban en esa “extrema cautela” que ha sido divisa de nuestra Cancillería.
Sin embargo, hoy eso estaría cambiando. La primera señal potente fue un mensaje de solidaridad con el procesado -y luego condenado- expresidente Lula, de Brasil, firmado por varios excancilleres. La última es la creación, en trámite, de un Foro Permanente de Política Exterior, con base en excancilleres y personeros políticos no especializados de la actual oposición. Su propósito sería promover opciones alternativas a las del Presidente incumbente y su canciller.
Es una iniciativa delicada y original que iría más allá, incluso, del “shadow cabinet” o “gabinete en la sombra”, propio del parlamentarismo británico. Dicho Foro sería, más bien, una Cancillería alternativa a plena luz del sol.
Un tema para meditar