Publicado en Revista del Abogado, mayo 2019
A propósito de un proyecto de ley sobre probidad y transparencia en Carabineros, el gobierno de Sebastián Piñera estaría optando por utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de control de fronteras y combate al crimen organizado. La opción luce realista y tiene solera doctrinaria y empírica. En Argentina, Brasil y México, los tres países geopolíticamente más importantes de la región, los gobiernos ya están utilizando a los militares en tareas policiales. En México se plantea, incluso, la posibilidad de una fuerza nueva: la Guardia Nacional.
El problema mayor es que no se trata de una necesidad estática. Si la complementación castrense del rol policial no es rápida, puede sobrevenir el desborde de la actividad criminal, dejando en la precariedad cualquier solución de trámite lento. El caso del “huachicoleo” méxicano –perforaciones en los ductos de gasolina para venderla por cuenta delincuencial- es paradigmático, pues estaría desbordando a las propias Fuerzas Armadas. Como en la fábula de Pedrito y el lobo, los déficit de inteligencia compartida y de acción política oportuna, abren espacios para un desarrollo inatajable del crimen organizado y, especialmente, de tipo transfronterizo.
En el marco de un sistema democrático, la solución posible depende de una ecuación virtuosa entre la transversalidad política y una concepción flexible del Derecho. Dicho en síntesis periodística: si en vez de transversalidad prima la polarización y si la concepción jurídica de los actores es de tradición dogmática, la solución se diluirá en un debate retórico interminable, con los clivajes consabidos (derechas contra izquierdas, gobierno contra oposición, civiles contra militares). … para franca alegría de los lobos.
En ese marco, el incipiente debate en Chile tiene un pronóstico dudoso. Por una parte, está la tendencia a la polarización política; por otra parte, un juridicismo sociológico que privilegia la majestad de la ley por sobre su funcionalidad social. Esto nos encierra en un círculo en el cual, ante cualquier emergencia, por grave que sea, se busca aprobar nuevas leyes y se bloquean tanto la imaginación política como la negociación con base en el interés nacional o suprapartidario.
De hecho, ya se está viendo que la primera valla consiste en que nuestro ordenamiento jurídico no contempla, en forma expresa, un rol policial para las Fuerzas Armadas y que “en el Derecho Público sólo puede hacerse… “, etcétera. Esto subordina hechos tan graves como el comportamiento policial en la Araucanía o la impotencia policial ante los delitos transfronterizos, entre los cuales están los que afectan a las empresas mineras del norte.
La opción en trámite, por tanto, es una nueva ley. Esto supone reconocer la insuficiencia de la normativa vigente para dar solución a conflictos reales en tiempos útiles, negar el mérito de las interpretaciones finalistas y soslayar el aporte de la multidisciplinariedad.
Por lo mismo, el meollo de la nueva ley estaría contenido en un eufemismo: facultar al ministro del Interior para que, mediante decreto supremo fundado, coordine, ejecute y lidere acciones conjuntas “con otros órganos de la Administración del Estado”. Esto implica actuar sólo en sedes políticas, lo que garantiza los debates retóricos, la pasividad de las mayorías silenciosas, la tibieza de los militares, el espontaneísmo de los civiles y las filtraciones parcializadas que desinforman a la ciudadanía.
También es posible que con ese eufemismo se trate de soslayar la complicada relación civil-militar. Por un lado estaría el temor político a la polivalencia de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, el que la polivalencia valorada por los militares modernos excluye el rol policial. Para ellos, actuar como carabineros debilitaría su función primaria, atentaría contra su autoestima y potenciaría los factores de corrupción. Con ese panorama inicial, es muy posible que una ley ordinaria llegue cuando el lobo ya esté.
¿Habría, entonces, una vía más expedita?
La hay, si se asume que estamos ante un categórico tema-país, cuyo meollo es el nivel de seguridad permanente que debe proveer la fuerza del Estado. Esto, aunque sus órganos policiales pasen por una mala racha y dado que la frase “los militares en sus cuarteles” se ha demostrado como un exorcismo ineficiente… y de filo doble.
Sobre esa base, la necesidad obliga a recurrir a la línea de defensa militar, de la manera más automática posible. Dado que la línea de defensa policial no funciona como corresponde, su rol preventivo deviene complementario de la función primaria castrense y los militares deben actuar en consecuencia, como en los casos de catástrofes naturales.
A mayor abundamiento, la lógica de esa realidad facilitaría interpretar el ordenamiento jurídico vigente de manera extensiva y el jefe del Estado podría ejercer su liderazgo para construir un consenso suprapartidario especifico: sobre una política pública de contenido estratégico, que modifique comportamientos de instituciones permanentes, por causa de una amenaza transitoria a la seguridad de todos los chilenos.
Puede agregarse que, en algunos países de la región, los déficit de la defensa policial se “solucionan” con la autodefensa ciudadana, esto es, al margen de la ley. En otros, como se ha visto, con la policialización de las Fuerzas Armadas. A este respecto, sólo cabe advertir lo inaconsejable de argüir que Chile es diferente, que aquí las instituciones funcionan y que los resultados en esos países han sido malos.
Ese tipo de soberbia chilensis ya ha debilitado bastante nuestro soft power, castigándonos en materias literalmente estratégicas.
A propósito de un proyecto de ley sobre probidad y transparencia en Carabineros, el gobierno de Sebastián Piñera estaría optando por utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de control de fronteras y combate al crimen organizado. La opción luce realista y tiene solera doctrinaria y empírica. En Argentina, Brasil y México, los tres países geopolíticamente más importantes de la región, los gobiernos ya están utilizando a los militares en tareas policiales. En México se plantea, incluso, la posibilidad de una fuerza nueva: la Guardia Nacional.
El problema mayor es que no se trata de una necesidad estática. Si la complementación castrense del rol policial no es rápida, puede sobrevenir el desborde de la actividad criminal, dejando en la precariedad cualquier solución de trámite lento. El caso del “huachicoleo” méxicano –perforaciones en los ductos de gasolina para venderla por cuenta delincuencial- es paradigmático, pues estaría desbordando a las propias Fuerzas Armadas. Como en la fábula de Pedrito y el lobo, los déficit de inteligencia compartida y de acción política oportuna, abren espacios para un desarrollo inatajable del crimen organizado y, especialmente, de tipo transfronterizo.
En el marco de un sistema democrático, la solución posible depende de una ecuación virtuosa entre la transversalidad política y una concepción flexible del Derecho. Dicho en síntesis periodística: si en vez de transversalidad prima la polarización y si la concepción jurídica de los actores es de tradición dogmática, la solución se diluirá en un debate retórico interminable, con los clivajes consabidos (derechas contra izquierdas, gobierno contra oposición, civiles contra militares). … para franca alegría de los lobos.
En ese marco, el incipiente debate en Chile tiene un pronóstico dudoso. Por una parte, está la tendencia a la polarización política; por otra parte, un juridicismo sociológico que privilegia la majestad de la ley por sobre su funcionalidad social. Esto nos encierra en un círculo en el cual, ante cualquier emergencia, por grave que sea, se busca aprobar nuevas leyes y se bloquean tanto la imaginación política como la negociación con base en el interés nacional o suprapartidario.
De hecho, ya se está viendo que la primera valla consiste en que nuestro ordenamiento jurídico no contempla, en forma expresa, un rol policial para las Fuerzas Armadas y que “en el Derecho Público sólo puede hacerse… “, etcétera. Esto subordina hechos tan graves como el comportamiento policial en la Araucanía o la impotencia policial ante los delitos transfronterizos, entre los cuales están los que afectan a las empresas mineras del norte.
La opción en trámite, por tanto, es una nueva ley. Esto supone reconocer la insuficiencia de la normativa vigente para dar solución a conflictos reales en tiempos útiles, negar el mérito de las interpretaciones finalistas y soslayar el aporte de la multidisciplinariedad.
Por lo mismo, el meollo de la nueva ley estaría contenido en un eufemismo: facultar al ministro del Interior para que, mediante decreto supremo fundado, coordine, ejecute y lidere acciones conjuntas “con otros órganos de la Administración del Estado”. Esto implica actuar sólo en sedes políticas, lo que garantiza los debates retóricos, la pasividad de las mayorías silenciosas, la tibieza de los militares, el espontaneísmo de los civiles y las filtraciones parcializadas que desinforman a la ciudadanía.
También es posible que con ese eufemismo se trate de soslayar la complicada relación civil-militar. Por un lado estaría el temor político a la polivalencia de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, el que la polivalencia valorada por los militares modernos excluye el rol policial. Para ellos, actuar como carabineros debilitaría su función primaria, atentaría contra su autoestima y potenciaría los factores de corrupción. Con ese panorama inicial, es muy posible que una ley ordinaria llegue cuando el lobo ya esté.
¿Habría, entonces, una vía más expedita?
La hay, si se asume que estamos ante un categórico tema-país, cuyo meollo es el nivel de seguridad permanente que debe proveer la fuerza del Estado. Esto, aunque sus órganos policiales pasen por una mala racha y dado que la frase “los militares en sus cuarteles” se ha demostrado como un exorcismo ineficiente… y de filo doble.
Sobre esa base, la necesidad obliga a recurrir a la línea de defensa militar, de la manera más automática posible. Dado que la línea de defensa policial no funciona como corresponde, su rol preventivo deviene complementario de la función primaria castrense y los militares deben actuar en consecuencia, como en los casos de catástrofes naturales.
A mayor abundamiento, la lógica de esa realidad facilitaría interpretar el ordenamiento jurídico vigente de manera extensiva y el jefe del Estado podría ejercer su liderazgo para construir un consenso suprapartidario especifico: sobre una política pública de contenido estratégico, que modifique comportamientos de instituciones permanentes, por causa de una amenaza transitoria a la seguridad de todos los chilenos.
Puede agregarse que, en algunos países de la región, los déficit de la defensa policial se “solucionan” con la autodefensa ciudadana, esto es, al margen de la ley. En otros, como se ha visto, con la policialización de las Fuerzas Armadas. A este respecto, sólo cabe advertir lo inaconsejable de argüir que Chile es diferente, que aquí las instituciones funcionan y que los resultados en esos países han sido malos.
Ese tipo de soberbia chilensis ya ha debilitado bastante nuestro soft power, castigándonos en materias literalmente estratégicas.