Publicado en El Mercurio 29.1.19
La catastrófica inepcia de Nicolás Maduro ha puesto en tabla dos grandes temas generales de la política exterior de los Estados: los límites fácticos del Derecho y la acción de las Cancillerías.
Sobre lo primero, está claro que la majestad de la ley nunca fue razón de ser del chavismo. Hugo Chávez juró sobre una “moribunda Constitución”, antes de liquidarla. Para su sucesor, designado a dedo, la Constitución sustituta es sólo una miniatura que usó y sigue usando para expropiar el poder del soberano.
Lo que no está tan claro es por qué personas informadas siguen el juego jurídico-táctico de Maduro. Fingiendo que éste defiende un contrato social genuino, repiten la propuesta -a esta altura escapista- de un diálogo que conduzca a una buena relación entre el dictador y sus abusados. Otros invocan el principio onusiano de no intervención, queriendo ignorar que es una coartada burda y que choca con el principio complementario de la libre determinación de los pueblos. También están quienes, homologando al dictador venezolano con Salvador Allende, olvidan que éste optó por la muerte, para impedir una guerra civil y mantenerse leal a su biografía de líder democrático.
Es en este punto donde ensambla la acción de las cancillerías y, específicamente de la chilena. Tan categórica ha sido la violación de todos los valores democráticos y humanitarios por parte de Maduro, que ha sacado a nuestro país de su reactivismo histórico en materias de política internacional.
Por primera vez, en muchos años, un Presidente chileno y su canciller no se han limitado a “la extrema cautela” o a seguir el rumbo que otros definen. Superando la aversión al riesgo y coordinando con los responsables de otros Estados, se han manifestado proactivos, solidarios y oportunos en un tema de la más alta complejidad.
Es un buen punto a favor de los derechos humanos del pueblo venezolano y de nuestro propio perfil internacional
La catastrófica inepcia de Nicolás Maduro ha puesto en tabla dos grandes temas generales de la política exterior de los Estados: los límites fácticos del Derecho y la acción de las Cancillerías.
Sobre lo primero, está claro que la majestad de la ley nunca fue razón de ser del chavismo. Hugo Chávez juró sobre una “moribunda Constitución”, antes de liquidarla. Para su sucesor, designado a dedo, la Constitución sustituta es sólo una miniatura que usó y sigue usando para expropiar el poder del soberano.
Lo que no está tan claro es por qué personas informadas siguen el juego jurídico-táctico de Maduro. Fingiendo que éste defiende un contrato social genuino, repiten la propuesta -a esta altura escapista- de un diálogo que conduzca a una buena relación entre el dictador y sus abusados. Otros invocan el principio onusiano de no intervención, queriendo ignorar que es una coartada burda y que choca con el principio complementario de la libre determinación de los pueblos. También están quienes, homologando al dictador venezolano con Salvador Allende, olvidan que éste optó por la muerte, para impedir una guerra civil y mantenerse leal a su biografía de líder democrático.
Es en este punto donde ensambla la acción de las cancillerías y, específicamente de la chilena. Tan categórica ha sido la violación de todos los valores democráticos y humanitarios por parte de Maduro, que ha sacado a nuestro país de su reactivismo histórico en materias de política internacional.
Por primera vez, en muchos años, un Presidente chileno y su canciller no se han limitado a “la extrema cautela” o a seguir el rumbo que otros definen. Superando la aversión al riesgo y coordinando con los responsables de otros Estados, se han manifestado proactivos, solidarios y oportunos en un tema de la más alta complejidad.
Es un buen punto a favor de los derechos humanos del pueblo venezolano y de nuestro propio perfil internacional