La renuncia del general Gonzalo Santelices, la abortada polémica entre los ministros José Antonio Viera Gallo y Francisco Vidal y la sorprendente discrepancia entre el ministro de Defensa José Goñi y el ex de la misma cartera Jaime Ravinet, tienen una insoslayable importancia militar y (por añadidura) nacional.
Sin conocer la entretela del proceso judicial, yo estaba por la prudencia que alcanzó a sugerir Viera Gallo -y posteriormente la Iglesia- por las siguientes cuatro razones.
Primera, porque el subteniente Santelices, encargado en 1973 de trasladar a quienes debían desaparecer, sólo tenía la opción real de obedecer. A sus veinte años, debió percibir que no hacerlo era morir en el intento. En Derecho Penal, eso configura el principio -a veces el texto positivo- de la no exigibilidad de otra conducta.
Segunda, si hubiera recibido la orden de matar, su responsabilidad apenas habría sido superior. Podía "representar" esa orden, pero debía cumplirla si su superior insistía. Era la doctrina vigente de la obediencia absoluta, con un resquicio chilensis para tranquilizar conciencias.
Tercera, no tuvo un líder inmediato con vocación de mártir ni líderes superiores que, conforme al honor militar, reconocieran haber dado la orden criminal. Todos los chilenos somos testigos de la elusión de responsabilidades del general Augusto Pinochet y la convicción con que el general Sergio Arellano alegó el cumplimiento de órdenes superiores. La misma conducta elusiva tuvo un coronel como Manuel Contreras, con amplia y temible autonomia operacional.
Cuarta, sin ocultar sus antecedentes -según testimonian Jaime Ravinet, el último ministro de Defensa de Ricardo Lagos y Juan Emilio Cheyre, ex comandante en jefe del Ejército-, Santelices fue nombrado general de brigada, en el gobierno anterior y general de división en el actual.
Por tanto, se presume que las autoridades civiles asumieron las tres razones precedentes...o que incurrieron en una negligencia reiterada, similar a la que se ha dado en designaciones menores de la Administración.
A mayor abundamiento, los exégetas podrían agregar el eterno contrapunto sectorial: civiles bien adultos, con altas responsabilidades en el gobierno de Pinochet, que ni siquiera asumieron la anodina responsabilidad política que se estila en Chile.
Frente a todo esto, pareciera que la Concertación no ha asumido el escarmiento ni la evolución doctrinaria del Ejército, con su nuevo concepto del "profesionalismo participativo". Vidal, durante el gobierno pasado, mandó al comandante en jefe a sus cuarteles ("zapatero a tus zapatos"), evocando a esos políticos conservadores para quienes entrenar y desfilar evitaba la mala costumbre de pensar.
En este caso, golpeado y ante los medios, dijo que el gobierno tenía una opinión formada, que se la
había transmitido sólo al general Oscar Izurieta y que éste debía decidir.
Aquí hubo dos errores al hilo. Uno, ese estentóreo secreto pudo interpretarse como una amenaza de juicio público, esto es, si Izurieta no asumía la opinión del gobierno, la historia no lo absolvería.
No puede extrañar, a este respecto, que algunos militares interpreten esto como un ataque o una discriminación contra el Ejército.
Dos, en una democracia estructurada el gobernante da las órdenes que corresponden y el jefe militar emite las opiniones que se le piden o estima oportuno dar. Nunca al revés.
En definitiva, nos encontramos ante otro error no forzado del gobierno. Esta vez, por indecisiones o decisiones poco claras en un sector literalmente estratégico de nuestra sociedad.
Publicado en La Tercera el 10.1.08.
Sin conocer la entretela del proceso judicial, yo estaba por la prudencia que alcanzó a sugerir Viera Gallo -y posteriormente la Iglesia- por las siguientes cuatro razones.
Primera, porque el subteniente Santelices, encargado en 1973 de trasladar a quienes debían desaparecer, sólo tenía la opción real de obedecer. A sus veinte años, debió percibir que no hacerlo era morir en el intento. En Derecho Penal, eso configura el principio -a veces el texto positivo- de la no exigibilidad de otra conducta.
Segunda, si hubiera recibido la orden de matar, su responsabilidad apenas habría sido superior. Podía "representar" esa orden, pero debía cumplirla si su superior insistía. Era la doctrina vigente de la obediencia absoluta, con un resquicio chilensis para tranquilizar conciencias.
Tercera, no tuvo un líder inmediato con vocación de mártir ni líderes superiores que, conforme al honor militar, reconocieran haber dado la orden criminal. Todos los chilenos somos testigos de la elusión de responsabilidades del general Augusto Pinochet y la convicción con que el general Sergio Arellano alegó el cumplimiento de órdenes superiores. La misma conducta elusiva tuvo un coronel como Manuel Contreras, con amplia y temible autonomia operacional.
Cuarta, sin ocultar sus antecedentes -según testimonian Jaime Ravinet, el último ministro de Defensa de Ricardo Lagos y Juan Emilio Cheyre, ex comandante en jefe del Ejército-, Santelices fue nombrado general de brigada, en el gobierno anterior y general de división en el actual.
Por tanto, se presume que las autoridades civiles asumieron las tres razones precedentes...o que incurrieron en una negligencia reiterada, similar a la que se ha dado en designaciones menores de la Administración.
A mayor abundamiento, los exégetas podrían agregar el eterno contrapunto sectorial: civiles bien adultos, con altas responsabilidades en el gobierno de Pinochet, que ni siquiera asumieron la anodina responsabilidad política que se estila en Chile.
Frente a todo esto, pareciera que la Concertación no ha asumido el escarmiento ni la evolución doctrinaria del Ejército, con su nuevo concepto del "profesionalismo participativo". Vidal, durante el gobierno pasado, mandó al comandante en jefe a sus cuarteles ("zapatero a tus zapatos"), evocando a esos políticos conservadores para quienes entrenar y desfilar evitaba la mala costumbre de pensar.
En este caso, golpeado y ante los medios, dijo que el gobierno tenía una opinión formada, que se la
había transmitido sólo al general Oscar Izurieta y que éste debía decidir.
Aquí hubo dos errores al hilo. Uno, ese estentóreo secreto pudo interpretarse como una amenaza de juicio público, esto es, si Izurieta no asumía la opinión del gobierno, la historia no lo absolvería.
No puede extrañar, a este respecto, que algunos militares interpreten esto como un ataque o una discriminación contra el Ejército.
Dos, en una democracia estructurada el gobernante da las órdenes que corresponden y el jefe militar emite las opiniones que se le piden o estima oportuno dar. Nunca al revés.
En definitiva, nos encontramos ante otro error no forzado del gobierno. Esta vez, por indecisiones o decisiones poco claras en un sector literalmente estratégico de nuestra sociedad.
Publicado en La Tercera el 10.1.08.