(La Segunda, 23.12.2011)
A propósito de previas declaraciones de Andrés Allamand, el nuevo Presidente del Consejo de Ministros del Perú (PCMP), Oscar Valdés, ex alto oficial del Ejército, opinó recio sobre un tema peligrosamente frágil: la relación con Chile. Asumiendo que el nivel del gasto militar chileno ha sido excesivo (“inalcanzable”), recusó la indolencia de los anteriores gobiernos peruanos que se habrían esmerado en “desvalijar y descuidar a las Fuerzas Armadas”. Evocando la inminencia del fallo en La Haya, llamó a adoptar nuevas y mejores previsiones para defender el territorio, tácitamente contra Chile. Paralelamente, dejó constancia de que el Perú es un país pacífico, generoso, que “siempre ha respetado sus tratados al pie de la letra”.
En circunstancias menos delicadas, tales declaraciones podrían ser vistas como un alegato militar rutinario en la fiera lucha por el presupuesto: por una parte invocan una amenaza estratégica potente; por otra, soslayan que el equilibrio estratégico con el presunto amenazante ha sido variable. En 1974, por ejemplo, el potencial militar peruano era claramente superior y las FF.AA chilenas tomaron fuertes medidas defensivas en Arica, para enfrentar un ataque que parecía inminente.
Sin embargo, en lo dicho por el PCMP hay contenidos más sutiles, que tocan el meollo de la relación político-diplomática. El primero es su reproche por contraposición: Chile, a la inversa del Perú, no sería pacífico ni generoso y no respetaría sus tratados “al pie de la letra”. Por cierto, los chilenos tenemos mejor opinión sobre nosotros mismos, en cuanto a los dos primeros valores, aunque podamos aceptar que son evaluaciones opinables. Lo que no sería tan opinable es nuestro acatamiento a los tratados internacionales que son, incluso, plataforma tradicional de nuestra política exterior. Por ello, interesa sobremanera entender por qué Valdés nos niega esa buena conducta, que invocamos y exigimos.
Aquí hay que hacer un ejercicio elemental para diseñadores y ejecutores de política exterior: pensar con la cabeza de los otros. Lamentablemente, los chilenos somos demasiado tiesos para esa gimnasia y por eso ignoramos que los peruanos no sólo tienen emociones que nos incomodan. También tienen razones, buenas o malas, que nunca procesamos. Por ejemplo, aún no tenemos claro que la lectura peruana del Tratado de 1929 –comprendido su Protocolo complementario- implica la resignación de ceder Arica, pero con el consuelo geopolìtico de tenerla a mano “por siaca”. El Presidente Augusto Leguía lo firmó por entender, expresamente, que así aseguraba su relación con Tacna y, más allá, la contigüidad de nuestros dos países. Para los peruanos, en definitiva, la pérdida de Arica se mitigó con el rechazo tácito, pero absoluto, a una “zona tampón” boliviana.
Desde esa base, los peruanos perciben que distintos gobiernos chilenos, asumiendo la injusticia que denuncia Bolivia -“el candado” para bloquear su salida al mar-, han relativizado su motivación. Y no aceptan que ese “amarre” de la Historia se resuelva con acuerdos chileno-bolivianos ni, menos, con resquicios técnicos, como los pasos subterráneos o por elevación. Del análisis de esa percepción nació mi tesis de que la demanda marítima peruana tuvo como motor de arranque los Acuerdos chileno-bolivianos de Charaña. Es decir, dicha construcción jurídica habría comenzado como una retorsión subliminal, por no haber cumplido nosotros “al pie de la letra” lo pactado el año 29.
Otra pista la acaba de dar Otto Guibovich, penúltimo comandante general del Ejército Peruano. En un informativo de la Facultad de Derecho de mi Universidad de Chile y con rara franqueza, dijo que el Perú llegó al siglo XXI “con sangre en el ojo”, por el trasiego de armas chilenas a Ecuador durante la guerra del Cenepa. Al respecto, está claro que Chile es garante del tratado rector; que esas armas las controlaba el general Pinochet, entonces al mando del Ejército; que los otros tres garantes (Argentina, Brasil y los EE.UU) también incurrieron en conductas impropias, y que el Presidente Frei dio explicaciones al Presidente Fujimori, quien las aceptó. Pero, también es cierto que nuestras explicaciones fueron discretísimas, contrastando con la forma estentórea que eligió Argentina: excusas solemnes, en visita de Estado de Cristina Fernández, mediante discurso ante el Presidente Alan García y el Congreso peruano.
Por último, no podemos soslayar que los dichos del nuevo PCMP son una reacción casi instantánea –al parecer sin el cedazo de Torre Tagle- a las declaraciones que emitiera nuestro ministro de Defensa el sábado pasado. Obviamente, el peruano pone el énfasis en la vinculación que hizo el chileno entre la difícil coyuntura vecinal norte y la necesidad de estar “plenamente preparados con nuestra fuerza militar”. Sin embargo, todo me dice que el “sacapica” no estuvo en esa formulación –en su esencia, también de sesgo rutinario o profesional-, sino en la relación paralela que hizo nuestro ministro entre la inestabilidad interna de Perú y Bolivia y “la agresividad en contra de Chile”… mencionando incluso el estado de emergencia en Cajamarca decretado por el Presidente Humala.
Poniéndome en la cabeza del otro, pienso en dos cosas inmediatas: una, en lo que diríamos si algún responsable peruano llamara a incrementar el gasto militar, para estar alertas ante una eventual ingobernabilidad chilena, por motivos de agitación social endógena. Segunda, la necesidad de nunca unir, formulariamente, las situaciones políticas y geopolíticas del Perú y Bolivia.
Pero esto último, como diría la cronista Scherazade, es una historia, que ahora no alcanzamos a contar.