Fuente: PhotoXpress.
Estos días (entre el 26 y el 30 de noviembre) se está celebrando en el Recinto Ferial de IFEMA de Madrid el undécimo Congreso Nacional del Medio Ambiente (Conama 2012), y también del noveno Encuentro Iberoamericano sobre Desarrollo Sostenible (Eima 2012).
Ambos se integran en uno y están organizados por la Fundación Conama, entidad sin ánimo de lucro dedicada al desarrollo sostenible, creada para este fin por el Colegio Oficial de Físicos.
En este marco, los expertos han lanzado una batería de propuestas "verdes" para impulsar la economía y generar empleo. Porque este congreso pretende, según se explica en su web, demostrar que avanzar en sostenibilidad puede ayudar en la situación actual de crisis económica, además de asegurar nuestro futuro.
Por eso, ha sido diseñado para dar una respuesta al desafío económico, desde la sostenibilidad, con un programa que contiene más economía que nunca, diseñado para buscar soluciones concretas y realistas en el sector ambiental que puedan generar empleo y actividad empresarial.
Ambos se integran en uno y están organizados por la Fundación Conama, entidad sin ánimo de lucro dedicada al desarrollo sostenible, creada para este fin por el Colegio Oficial de Físicos.
En este marco, los expertos han lanzado una batería de propuestas "verdes" para impulsar la economía y generar empleo. Porque este congreso pretende, según se explica en su web, demostrar que avanzar en sostenibilidad puede ayudar en la situación actual de crisis económica, además de asegurar nuestro futuro.
Por eso, ha sido diseñado para dar una respuesta al desafío económico, desde la sostenibilidad, con un programa que contiene más economía que nunca, diseñado para buscar soluciones concretas y realistas en el sector ambiental que puedan generar empleo y actividad empresarial.
Estas son las 15 ideas que propone Conama 2012 para reinventarnos:
Incluir el coste energético de las casas en su valoración de mercado. Una de las áreas claves para impulsar la economía y crear empleo es la de la rehabilitación energética de viviendas. Esto se puede conseguir con medidas relacionadas con la certificación energética o incluso obligando a incluir el coste energético en el precio de alquiler y venta de viviendas y oficinas.
Activar ayudas a la eficiencia energética para apoyar la rehabilitación. España ha pasado de ser el segundo país de la UE en dar ayudas a la eficiencia energética a colocarse como uno de los últimos; cuando estas medidas tienen importantes retornos económicos.
Establecer un IVA reducido para los biocombustibles sólidos y las calderas de biomasa. Esta es una forma de aumentar la competitividad de la biomasa, uno de los sectores con mayor potencial de creación de empleo, tal y como ocurre en países como Alemania, Francia o Reino Unido.
Crear bancos de hábitats para financiar proyectos de conservación. Este nuevo concepto resulta interesante para conseguir financiación para la conservación. Esta fórmula puede adoptar formas muy distintas, pero en países como EEUU ya se está utilizando para compensar los impactos ambientales de determinados proyectos, bajo el principio de la UE “quien contamina, paga” (o “repara”). La clave es que no se produzca una pérdida neta de ese ecosistema, es decir, por cada hectárea o unidad afectada el agente económico obligado a la compensación tiene que financiar la recuperación de al menos la misma cantidad en otro espacio con un especial valor biológico o ecológico.
Fomentar la colaboración público privada en la gestión de los bosques. La colaboración de las empresas privadas con las administraciones para gestionar montes públicos, con las salvaguardas pertinentes (planes de ordenación previamente aprobados y una hoja de ruta para la certificación forestal), puede ayudar a reducir los incendios, generar empleo local, garantizar el suministro de biomasa o dar rentabilidad a la gestión y conservación de estas áreas forestales (a esto ayudaría también el fomento de sistemas de monetización de los servicios prestados por los ecosistemas).
Introducir planes de eficiencia para reducir la huella de carbono de los edificios de uso público. Los espacios de uso público resultan clave como ejemplo para demostrar la viabilidad e interés económico de introducir medidas (rehabilitación, renovables…) que reduzcan de forma drástica la huella de carbono de los edificios.
Introducir peajes “inteligentes” que promuevan el transporte colectivo y el uso de vehículos de bajas emisiones. Hoy en día existe ya la tecnología para introducir peajes “inteligentes” que penalicen solo a determinados vehículos en función de sus emisiones, su nivel de ocupación, la congestión de cada zona. Estas medidas, tanto en ciudad como en autovías, pueden contribuir a aumentar el uso del transporte público, a mantener las infraestructuras y a cambiar el parque móvil del país, para ir hacia a una movilidad eléctrica que reduzca la enorme factura del petróleo.
Regular el balance neto para favorecer que los particulares generen su propia energía. El progresivo encarecimiento de los precios de la electricidad y el abaratamiento de algunas energías renovables hacen cada vez más factible el autoconsumo, es decir, que los particulares generen sus propia energía con placas fotovoltaicas u otros sistemas. Sin embargo, para que esto se haga realidad, se necesita regular lo que se denomina el balance neto. Este procedimiento permite que un particular inyecte a la red la energía que no va a utilizar en un momento dado y que a cambio pueda coger de la red luego la que necesite cuando no haya sol o viento, quedando el balance igualado.
Dar a conocer los consumos medios de los edificios para promover la eficiencia. Disponer de información rigurosa sobre el verdadero consumo de edificios resulta de gran interés para promover actuaciones tanto voluntarias como obligatorias. Por un lado, puede incentivar el ahorro de aquellas personas que descubran que gastan más que la media de sus vecinos de barrio. Pero también resulta útil para penalizar el derroche, lo que puede proporcionar recursos para combatir a su vez la pobreza energética, un problema que afecta ya a más del 10% de la población.
Efectuar una profunda reforma fiscal que incentive las actividades con menor impacto ambiental y que sea socialmente justa. Se trata de introducir una verdadera fiscalidad verde en el país que incentive el uso más eficiente de los recursos y penalice las actividades más contaminantes, asegurando una redistribución justa de las rentas para no perjudicar a los más desfavorecidos. La intención es promover un crecimiento de la economía más sostenible y un decrecimiento de las actividades con mayor coste ambiental.
Obligar a las entidades bancarias que reciben ayudas públicas a tener en cuenta parámetros sociales y ambientales. Hay que controlar la actividad especulativa de la banca y conseguir que vuelva a cumplir su función comercial tradicional, financiando proyectos de interés para el conjunto de la sociedad y repensando su actividad de cara a sus stakeholders. Sería interesante que para conceder créditos todas las entidades, y en mayor medida las rescatadas, tuvieran en consideración otro tipo de riesgos a los habituales, como pueden ser parámetros sociales y ambientales de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Esto obligaría también a los solicitantes del crédito a aportar más información sobre su actividad, reduciendo de este modo la morosidad.
Ayudar a establecerse a nuevos agricultores en entornos rurales y la periferia de ciudades. Otro de los sectores donde se puede generar empleo es en el de la agricultura ecológica. Para ello, se debería apoyar la recuperación de tierras agrícolas, tanto en el medio rural como en las afueras de ciudades, además de promover los mercados de alimentos locales. Esto no solo ayudaría a dinamizar algunas zonas rurales (importante para reducir los incendios), sino que además contribuiría a reducir el impacto en el transporte de la comida.
Promover el consumo de productos locales con menor huella de carbono. El etiquetado de los productos en función de sus emisiones, tal y como se está realizando ya en supermercados de otros países europeos, como Francia, permite incentivar el consumo de productos locales con menor huella de carbono.
Fijar el pago de tasas de recogida de residuos sólidos urbanos en función de la calidad de la separación. Aquellas comunidades de vecinos que separasen de forma correcta sus desechos obtendrían un descuento en su tasa por costar menos la gestión de sus residuos. Al contrario, las que aumenten el coste de la gestión por no separar sus residuos tendrían que pagar más. Esta medida, al mejorar la separación en origen, aumentaría el valor de los residuos y sus posibilidades económicas.
Crear nuevas redes de comunicación para aumentar la participación ciudadana en las decisiones. Hay que activar nódulos y redes de comunicación ciudadana activos y estables, que intervengan en la estrategia de la ciudad para que ésta se convierta en un espacio cohesionado generador de ideas.
Incluir el coste energético de las casas en su valoración de mercado. Una de las áreas claves para impulsar la economía y crear empleo es la de la rehabilitación energética de viviendas. Esto se puede conseguir con medidas relacionadas con la certificación energética o incluso obligando a incluir el coste energético en el precio de alquiler y venta de viviendas y oficinas.
Activar ayudas a la eficiencia energética para apoyar la rehabilitación. España ha pasado de ser el segundo país de la UE en dar ayudas a la eficiencia energética a colocarse como uno de los últimos; cuando estas medidas tienen importantes retornos económicos.
Establecer un IVA reducido para los biocombustibles sólidos y las calderas de biomasa. Esta es una forma de aumentar la competitividad de la biomasa, uno de los sectores con mayor potencial de creación de empleo, tal y como ocurre en países como Alemania, Francia o Reino Unido.
Crear bancos de hábitats para financiar proyectos de conservación. Este nuevo concepto resulta interesante para conseguir financiación para la conservación. Esta fórmula puede adoptar formas muy distintas, pero en países como EEUU ya se está utilizando para compensar los impactos ambientales de determinados proyectos, bajo el principio de la UE “quien contamina, paga” (o “repara”). La clave es que no se produzca una pérdida neta de ese ecosistema, es decir, por cada hectárea o unidad afectada el agente económico obligado a la compensación tiene que financiar la recuperación de al menos la misma cantidad en otro espacio con un especial valor biológico o ecológico.
Fomentar la colaboración público privada en la gestión de los bosques. La colaboración de las empresas privadas con las administraciones para gestionar montes públicos, con las salvaguardas pertinentes (planes de ordenación previamente aprobados y una hoja de ruta para la certificación forestal), puede ayudar a reducir los incendios, generar empleo local, garantizar el suministro de biomasa o dar rentabilidad a la gestión y conservación de estas áreas forestales (a esto ayudaría también el fomento de sistemas de monetización de los servicios prestados por los ecosistemas).
Introducir planes de eficiencia para reducir la huella de carbono de los edificios de uso público. Los espacios de uso público resultan clave como ejemplo para demostrar la viabilidad e interés económico de introducir medidas (rehabilitación, renovables…) que reduzcan de forma drástica la huella de carbono de los edificios.
Introducir peajes “inteligentes” que promuevan el transporte colectivo y el uso de vehículos de bajas emisiones. Hoy en día existe ya la tecnología para introducir peajes “inteligentes” que penalicen solo a determinados vehículos en función de sus emisiones, su nivel de ocupación, la congestión de cada zona. Estas medidas, tanto en ciudad como en autovías, pueden contribuir a aumentar el uso del transporte público, a mantener las infraestructuras y a cambiar el parque móvil del país, para ir hacia a una movilidad eléctrica que reduzca la enorme factura del petróleo.
Regular el balance neto para favorecer que los particulares generen su propia energía. El progresivo encarecimiento de los precios de la electricidad y el abaratamiento de algunas energías renovables hacen cada vez más factible el autoconsumo, es decir, que los particulares generen sus propia energía con placas fotovoltaicas u otros sistemas. Sin embargo, para que esto se haga realidad, se necesita regular lo que se denomina el balance neto. Este procedimiento permite que un particular inyecte a la red la energía que no va a utilizar en un momento dado y que a cambio pueda coger de la red luego la que necesite cuando no haya sol o viento, quedando el balance igualado.
Dar a conocer los consumos medios de los edificios para promover la eficiencia. Disponer de información rigurosa sobre el verdadero consumo de edificios resulta de gran interés para promover actuaciones tanto voluntarias como obligatorias. Por un lado, puede incentivar el ahorro de aquellas personas que descubran que gastan más que la media de sus vecinos de barrio. Pero también resulta útil para penalizar el derroche, lo que puede proporcionar recursos para combatir a su vez la pobreza energética, un problema que afecta ya a más del 10% de la población.
Efectuar una profunda reforma fiscal que incentive las actividades con menor impacto ambiental y que sea socialmente justa. Se trata de introducir una verdadera fiscalidad verde en el país que incentive el uso más eficiente de los recursos y penalice las actividades más contaminantes, asegurando una redistribución justa de las rentas para no perjudicar a los más desfavorecidos. La intención es promover un crecimiento de la economía más sostenible y un decrecimiento de las actividades con mayor coste ambiental.
Obligar a las entidades bancarias que reciben ayudas públicas a tener en cuenta parámetros sociales y ambientales. Hay que controlar la actividad especulativa de la banca y conseguir que vuelva a cumplir su función comercial tradicional, financiando proyectos de interés para el conjunto de la sociedad y repensando su actividad de cara a sus stakeholders. Sería interesante que para conceder créditos todas las entidades, y en mayor medida las rescatadas, tuvieran en consideración otro tipo de riesgos a los habituales, como pueden ser parámetros sociales y ambientales de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Esto obligaría también a los solicitantes del crédito a aportar más información sobre su actividad, reduciendo de este modo la morosidad.
Ayudar a establecerse a nuevos agricultores en entornos rurales y la periferia de ciudades. Otro de los sectores donde se puede generar empleo es en el de la agricultura ecológica. Para ello, se debería apoyar la recuperación de tierras agrícolas, tanto en el medio rural como en las afueras de ciudades, además de promover los mercados de alimentos locales. Esto no solo ayudaría a dinamizar algunas zonas rurales (importante para reducir los incendios), sino que además contribuiría a reducir el impacto en el transporte de la comida.
Promover el consumo de productos locales con menor huella de carbono. El etiquetado de los productos en función de sus emisiones, tal y como se está realizando ya en supermercados de otros países europeos, como Francia, permite incentivar el consumo de productos locales con menor huella de carbono.
Fijar el pago de tasas de recogida de residuos sólidos urbanos en función de la calidad de la separación. Aquellas comunidades de vecinos que separasen de forma correcta sus desechos obtendrían un descuento en su tasa por costar menos la gestión de sus residuos. Al contrario, las que aumenten el coste de la gestión por no separar sus residuos tendrían que pagar más. Esta medida, al mejorar la separación en origen, aumentaría el valor de los residuos y sus posibilidades económicas.
Crear nuevas redes de comunicación para aumentar la participación ciudadana en las decisiones. Hay que activar nódulos y redes de comunicación ciudadana activos y estables, que intervengan en la estrategia de la ciudad para que ésta se convierta en un espacio cohesionado generador de ideas.