Portada del libro presentado en Córdoba.
La causa abierta por el juez Baltasar Garzón ha consistido en trasladar al ámbito judicial lo que los historiadores llevamos afirmando tras muchos años de investigaciones: que las desapariciones forzadas, las torturas, los encarcelamientos, el secuestro de niños y los asesinatos cometidos por el franquismo de manera sistemática y generalizada contra la población civil durante la guerra y la dictadura son crímenes contra la humanidad.
Un crimen contra la humanidad es el que atenta contra los derechos más elementales de las personas, como la vida, la integridad, la dignidad y la libertad, y en consecuencia tiene el carácter de imprescriptible y no puede ser amnistiado.
Por ello, ante las evidencias históricas y las denuncias de los familiares de las víctimas, el juez Baltasar Garzón ha interpretado que esos crímenes no están prescritos ni amparados por la ley de Amnistía de 1977, de acuerdo con los tratados internacionales firmados por España y con el derecho internacional en materia de Derechos Humanos.
Origen de la guerra y de la dictadura
El origen de la guerra y de la dictadura franquista se encuentra en el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, que tenía como finalidad suprimir el sistema democrático y constitucional republicano y suplantar el gobierno de la nación surgido de la voluntad popular expresada en las urnas.
Los militares implicados en la sublevación compartían los mismos objetivos que los fascismos triunfantes en el entorno europeo, es decir, el aplastamiento del movimiento obrero, la destrucción del sistema democrático y la instauración de una dictadura. Los conspiradores golpistas tenían muy claro que la violencia sería el arma principal para asegurarse el éxito, por lo que elaboraron un plan previo para exterminar y reprimir a sus opositores políticos.
Dos meses antes del golpe, las instrucciones del director de la conspiración, el general Emilio Mola, eran muy claras y no dejaban lugar a dudas: la acción habría de ser en “extremo violenta” y tendrían que aplicar “castigos ejemplares”. A los pocos días de comenzar la guerra, el general era más explícito y ya hablaba de eliminar “sin escrúpulo ni vacilación” a todos los que no pensaran como ellos.
Desde luego, voceros de la sangre no faltarían entre los mandos militares rebeldes. Por ejemplo, el general Franco, en su bando de guerra del 18 de julio de 1936, exigía “inexcusablemente que los castigos” fueran “ejemplares” y que se impusieran “sin titubeos ni vacilaciones”. Diez días después, en una entrevista periodística, respondió que estaba dispuesto a conseguir sus objetivos “al precio” que fuera, aunque tuviera que fusilar a media España.
Batalla contra Baltasar Garzón
Aunque la represión republicana y la represión franquista son igual de condenables, sus víctimas merecen el mismo respeto y sus familiares la misma piedad, existe una diferencia fundamental entre una y otra. Mientras en la zona franquista la violencia fue programada con antelación y alentada desde los mismos centros del poder como una política de Estado, en la zona republicana la represión no surgió de manera planificada, sino que fue consecuencia en gran medida del hundimiento del Estado y del descontrol revolucionario, y muchas autoridades se esforzaron por impedir los asesinatos, una circunstancia que no se dio en la España franquista.
Esto explica en parte que el número de víctimas mortales de la represión resultara muy diferente en la España republicana y en la España franquista: 130.199 víctimas republicanas frente a 49.272 franquistas, de acuerdo con un reciente estudio global del historiador Francisco Espinosa Maestre. En nuestra provincia, Córdoba, las diferencias aumentan: hubo 11.581 víctimas mortales republicanas frente a 2.329 franquistas, según las últimas investigaciones del historiador Francisco Moreno Gómez.
Un crimen contra la humanidad es el que atenta contra los derechos más elementales de las personas, como la vida, la integridad, la dignidad y la libertad, y en consecuencia tiene el carácter de imprescriptible y no puede ser amnistiado.
Por ello, ante las evidencias históricas y las denuncias de los familiares de las víctimas, el juez Baltasar Garzón ha interpretado que esos crímenes no están prescritos ni amparados por la ley de Amnistía de 1977, de acuerdo con los tratados internacionales firmados por España y con el derecho internacional en materia de Derechos Humanos.
Origen de la guerra y de la dictadura
El origen de la guerra y de la dictadura franquista se encuentra en el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, que tenía como finalidad suprimir el sistema democrático y constitucional republicano y suplantar el gobierno de la nación surgido de la voluntad popular expresada en las urnas.
Los militares implicados en la sublevación compartían los mismos objetivos que los fascismos triunfantes en el entorno europeo, es decir, el aplastamiento del movimiento obrero, la destrucción del sistema democrático y la instauración de una dictadura. Los conspiradores golpistas tenían muy claro que la violencia sería el arma principal para asegurarse el éxito, por lo que elaboraron un plan previo para exterminar y reprimir a sus opositores políticos.
Dos meses antes del golpe, las instrucciones del director de la conspiración, el general Emilio Mola, eran muy claras y no dejaban lugar a dudas: la acción habría de ser en “extremo violenta” y tendrían que aplicar “castigos ejemplares”. A los pocos días de comenzar la guerra, el general era más explícito y ya hablaba de eliminar “sin escrúpulo ni vacilación” a todos los que no pensaran como ellos.
Desde luego, voceros de la sangre no faltarían entre los mandos militares rebeldes. Por ejemplo, el general Franco, en su bando de guerra del 18 de julio de 1936, exigía “inexcusablemente que los castigos” fueran “ejemplares” y que se impusieran “sin titubeos ni vacilaciones”. Diez días después, en una entrevista periodística, respondió que estaba dispuesto a conseguir sus objetivos “al precio” que fuera, aunque tuviera que fusilar a media España.
Batalla contra Baltasar Garzón
Aunque la represión republicana y la represión franquista son igual de condenables, sus víctimas merecen el mismo respeto y sus familiares la misma piedad, existe una diferencia fundamental entre una y otra. Mientras en la zona franquista la violencia fue programada con antelación y alentada desde los mismos centros del poder como una política de Estado, en la zona republicana la represión no surgió de manera planificada, sino que fue consecuencia en gran medida del hundimiento del Estado y del descontrol revolucionario, y muchas autoridades se esforzaron por impedir los asesinatos, una circunstancia que no se dio en la España franquista.
Esto explica en parte que el número de víctimas mortales de la represión resultara muy diferente en la España republicana y en la España franquista: 130.199 víctimas republicanas frente a 49.272 franquistas, de acuerdo con un reciente estudio global del historiador Francisco Espinosa Maestre. En nuestra provincia, Córdoba, las diferencias aumentan: hubo 11.581 víctimas mortales republicanas frente a 2.329 franquistas, según las últimas investigaciones del historiador Francisco Moreno Gómez.
Mujeres y jóvenes republicanas de Montilla (Córdoba), rapadas y obligadas a saludar al estilo fascista, a principios de agosto de 1936. Foto cortesía de Arcángel Bedmar.
Las cifras sobre víctimas mortales republicanas que se aportan en cualquier estudio histórico son mínimas y sujetas a futuras investigaciones, ya que muchos de los asesinados se convirtieron legalmente en desaparecidos, pues nunca se inscribieron en los libros de defunciones de los registros civiles o se anotaron falseando la causa de la muerte.
Cualquier dictadura, de izquierdas o de derechas, por norma general siempre ha tratado de ocultar sus crímenes, y el franquismo en este asunto no fue una excepción, ya que buena parte de las muertes ocurrieron en la más absoluta ilegalidad: sin juicio, sin defensa, y sin certificado de defunción.
A este crimen, consistente en el secuestro, asesinato y entierro clandestino, el actual derecho internacional lo llama delito de desaparición forzada y es definido por la ONU como crimen de lesa humanidad no prescriptible. Esta consideración es la que ha permitido juzgar en múltiples países, como Argentina o Chile, a secuestradores, torturadores y asesinos por delitos cometidos décadas atrás, algo que a la vista del calvario que está sufriendo el juez Baltazar Garzón parece imposible y peligroso en España.
Implicaciones del olvido
En nuestro país, todavía pervive con fuerza un sector social, político y judicial que defiende las políticas del olvido y de “no remover el pasado”, pues considera que es el mejor camino para no resucitar la revancha y el guerracivilismo, y para no echar por tierra el espíritu de concordia conseguido, según su opinión, durante los años de la transición.
Sin embargo, esta llamada al olvido es muy grave cuando se refiere a la guerra civil y a la dictadura, porque implica, por un lado, que las víctimas o sus familiares nunca tendrán derecho a la verdad, a la justicia y la reparación; y, por otro lado, supone que la versión falseada que nos impuso el franquismo sobre lo que ocurrió durante esos años permanezca inalterable, escapando al juicio de la historia y de los ciudadanos, como si una sociedad democrática no tuviera el derecho legítimo de enfrentarse con libertad a su pasado o fuera inmadura para hacerlo.
Además, los que defienden las políticas de la desmemoria y el silencio tienden a ser selectivos y consideran que el olvido es obligatorio y necesario para los que sufrieron la represión franquista pero no para los que padecieron la republicana. Así, por ejemplo, los que dicen estar hartos de memoria permanecen mudos y nunca acusan a la Iglesia de revanchista a pesar de que desde el año 1987 ha beatificado en ceremonias públicas a 977 católicos asesinados durante la guerra civil.
El olvido de nuestra historia solo puede llevar al desconocimiento, lo que explica que todavía pervivan los mitos de la propaganda franquista y que se ignore que la dictadura tuvo cuarenta años para curar las heridas sufridas por los suyos y para ofrecerles reparación y reconocimiento de múltiples formas, de las que señalaremos algunas:
1. Por el Decreto de 26 de abril de 1940, el Ministerio de Justicia dispuso la creación de la llamada Causa General, un extenso proceso de investigación, que duró hasta los años sesenta, para recoger por escrito y de manera oficial la represión causada por los republicanos y que documentó lo ocurrido en cada localidad a las víctimas del llamado terror rojo. La Causa General, cuyos más de mil quinientos legajos están al alcance de cualquiera en el Archivo Histórico Nacional y es accesible por Internet, se instruyó con los objetivos de justificar el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y de servir de fuente documental para la persecución de los republicanos.
2. Los vencedores aplicaron toda su maquinaria represiva contra los vencidos, que fueron juzgados y condenados. Sólo los archivos de los juzgados militares de Andalucía almacenan más de 200.000 expedientes de encartados, la mayoría relativos a causas abiertas contra republicanos en guerra y posguerra. En 1940 quedaban aún en las cárceles españolas 270.719 presos, según los datos aportados por el ministerio de Justicia, de los que unos 20.000 eran mujeres, algunas de las cuales ya habían sido violadas, rapadas y purgadas con aceite de ricino en sus localidades de origen. Otros 200.000 españoles hubieron de permanecer en el exilio permanente y se calcula que unos 7.500 murieron en los campos de exterminio nazis.
3. Conocemos la identidad de los derechistas asesinados, muertos en combate o fieles colaboradores del régimen, ya que se anotaron en los registros civiles como muertos “gloriosamente por Dios y por España” (según una de Orden de 24 de abril de 1940) y sus nombres se inscribieron en las lápidas de los cementerios, en las cruces de los caídos, en los muros de las iglesias (de acuerdo con un Decreto de la Jefatura del Estado de 16 de noviembre de 1938), en los informes oficiales, en los nombres de las calles y en los libros de Historia.
4. Los familiares de los “caídos”, al igual que los ex combatientes, los ex cautivos y los soldados mutilados franquistas pudieron cobrar pensiones y el Estado les reservó hasta el 80% de los puestos de trabajo en la Administración pública (con arreglo a la Ley de 25 de agosto de 1939 de la Jefatura del Estado).
Cualquier dictadura, de izquierdas o de derechas, por norma general siempre ha tratado de ocultar sus crímenes, y el franquismo en este asunto no fue una excepción, ya que buena parte de las muertes ocurrieron en la más absoluta ilegalidad: sin juicio, sin defensa, y sin certificado de defunción.
A este crimen, consistente en el secuestro, asesinato y entierro clandestino, el actual derecho internacional lo llama delito de desaparición forzada y es definido por la ONU como crimen de lesa humanidad no prescriptible. Esta consideración es la que ha permitido juzgar en múltiples países, como Argentina o Chile, a secuestradores, torturadores y asesinos por delitos cometidos décadas atrás, algo que a la vista del calvario que está sufriendo el juez Baltazar Garzón parece imposible y peligroso en España.
Implicaciones del olvido
En nuestro país, todavía pervive con fuerza un sector social, político y judicial que defiende las políticas del olvido y de “no remover el pasado”, pues considera que es el mejor camino para no resucitar la revancha y el guerracivilismo, y para no echar por tierra el espíritu de concordia conseguido, según su opinión, durante los años de la transición.
Sin embargo, esta llamada al olvido es muy grave cuando se refiere a la guerra civil y a la dictadura, porque implica, por un lado, que las víctimas o sus familiares nunca tendrán derecho a la verdad, a la justicia y la reparación; y, por otro lado, supone que la versión falseada que nos impuso el franquismo sobre lo que ocurrió durante esos años permanezca inalterable, escapando al juicio de la historia y de los ciudadanos, como si una sociedad democrática no tuviera el derecho legítimo de enfrentarse con libertad a su pasado o fuera inmadura para hacerlo.
Además, los que defienden las políticas de la desmemoria y el silencio tienden a ser selectivos y consideran que el olvido es obligatorio y necesario para los que sufrieron la represión franquista pero no para los que padecieron la republicana. Así, por ejemplo, los que dicen estar hartos de memoria permanecen mudos y nunca acusan a la Iglesia de revanchista a pesar de que desde el año 1987 ha beatificado en ceremonias públicas a 977 católicos asesinados durante la guerra civil.
El olvido de nuestra historia solo puede llevar al desconocimiento, lo que explica que todavía pervivan los mitos de la propaganda franquista y que se ignore que la dictadura tuvo cuarenta años para curar las heridas sufridas por los suyos y para ofrecerles reparación y reconocimiento de múltiples formas, de las que señalaremos algunas:
1. Por el Decreto de 26 de abril de 1940, el Ministerio de Justicia dispuso la creación de la llamada Causa General, un extenso proceso de investigación, que duró hasta los años sesenta, para recoger por escrito y de manera oficial la represión causada por los republicanos y que documentó lo ocurrido en cada localidad a las víctimas del llamado terror rojo. La Causa General, cuyos más de mil quinientos legajos están al alcance de cualquiera en el Archivo Histórico Nacional y es accesible por Internet, se instruyó con los objetivos de justificar el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y de servir de fuente documental para la persecución de los republicanos.
2. Los vencedores aplicaron toda su maquinaria represiva contra los vencidos, que fueron juzgados y condenados. Sólo los archivos de los juzgados militares de Andalucía almacenan más de 200.000 expedientes de encartados, la mayoría relativos a causas abiertas contra republicanos en guerra y posguerra. En 1940 quedaban aún en las cárceles españolas 270.719 presos, según los datos aportados por el ministerio de Justicia, de los que unos 20.000 eran mujeres, algunas de las cuales ya habían sido violadas, rapadas y purgadas con aceite de ricino en sus localidades de origen. Otros 200.000 españoles hubieron de permanecer en el exilio permanente y se calcula que unos 7.500 murieron en los campos de exterminio nazis.
3. Conocemos la identidad de los derechistas asesinados, muertos en combate o fieles colaboradores del régimen, ya que se anotaron en los registros civiles como muertos “gloriosamente por Dios y por España” (según una de Orden de 24 de abril de 1940) y sus nombres se inscribieron en las lápidas de los cementerios, en las cruces de los caídos, en los muros de las iglesias (de acuerdo con un Decreto de la Jefatura del Estado de 16 de noviembre de 1938), en los informes oficiales, en los nombres de las calles y en los libros de Historia.
4. Los familiares de los “caídos”, al igual que los ex combatientes, los ex cautivos y los soldados mutilados franquistas pudieron cobrar pensiones y el Estado les reservó hasta el 80% de los puestos de trabajo en la Administración pública (con arreglo a la Ley de 25 de agosto de 1939 de la Jefatura del Estado).
Portada laudatoria de un periódico católico de Lucena (Córdoba, año 1937) dedicada a fallecidos del bando franquista. Mientras, las víctimas republicanas quedaron en el olvido. Foto cortesía de Arcángel Bedmar.
5. Asimismo, las víctimas de derechas recibieron honores y distinciones y se celebraron misas y funerales en su memoria. Sus restos fueron sacados de las fosas comunes, identificados e inhumados en cementerios, según establecieron dos órdenes de 6 de mayo de 1939 y 1 de mayo de 1940 del Ministerio de Gobernación franquista.
6. Además, el franquismo se autoamnistió, es decir, perdonó a los suyos por los desmanes o asesinatos que habían cometido, de manera que una Ley de 23 de septiembre de 1939 consideraba “no delictivos” todos los delitos de carácter “político social” (incluidos el homicidio y las lesiones) que hubieran realizado las personas de “ideología coincidente con el Movimiento Nacional” desde la proclamación de la República en 1931.
Déficit democrático
Sin embargo, mientras la dictadura ofrecía reparación a las víctimas de la represión republicana, y honraba, recuperaba y blindaba su memoria, las víctimas republicanas permanecían en las fosas comunes, en las cárceles, en el exilio o sumidas en el silencio.
Setenta y dos años después de la guerra civil y 35 años después de la muerte del dictador es obvio que las cosas han cambiado mucho, entre otros motivos porque vivimos en un Estado democrático, han proliferado los trabajos de las asociaciones memorialistas, ha progresado la investigación histórica y se han producido tímidos avances legislativos, como la llamada Ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007.
Pero a pesar de los progresos, parece como si en determinados ámbitos jurídicos, políticos, o sociales padeciéramos un cierto déficit democrático, por lo que los familiares de las víctimas de la dictadura franquista no han tenido la posibilidad de interponer un recurso judicial efectivo y de obtener la justicia, la verdad y la reparación adecuadas. De esta situación podemos aportar múltiples ejemplos:
1. Todavía se mantienen los nombres de calles, distinciones honoríficas o monumentos que rememoran a personas vinculadas al franquismo sin que en muchas ocasiones los partidos democráticos representados en las instituciones muevan un dedo para evitarlo.
2. Los juicios represivos incoados por los tribunales franquistas aún tienen validez jurídica, cuando en Alemania, un país con un pasado dictatorial similar, en 1998 el Parlamento anuló las sentencias de carácter político dictadas por los tribunales nazis al considerarlas contrarias a los más elementales principios de Justicia.
3. La exhumación de los cadáveres de los republicanos que yacen en fosas comunes no es asumida por la Administración y algunas comunidades autónomas se oponen incluso a colaborar en la elaboración de un mapa de fosas comunes, con lo que las exhumaciones –4.956 cuerpos desenterrados de 207 fosas comunes en los últimos años, según datos del experto forense Francisco Etxeberria Gabilondo– quedan en manos de la buena voluntad de las asociaciones memorialistas.
4. Cuando se denuncia la aparición de una fosa común de asesinados por la represión franquista la mayoría de los jueces se niegan a personarse –a pesar de que la Ley de Enjuiciamiento Criminal los obliga, al ser restos humanos con signos de violencia–, con lo que dejan a las familias de los desaparecidos sin la tutela judicial a la que tienen derecho según el artículo 24 de la Constitución.
5. La inscripción de los desaparecidos republicanos en los libros de defunciones de los registros civiles sigue siendo para muchas familias un calvario lleno de escollos burocráticos y supone el desembolso económico de unos 2.000 euros.
6. El gran archivo de la represión en Andalucía, el del Tribunal Militar Territorial II, con sede en Sevilla –que conserva 103.848 expedientes, la mayoría de represaliados–, carece de servicio de reprografía y abre contados días a la semana con horario restringido.
7. Desde el 18 de julio de 1936 los republicanos sufrieron la represión económica, ya fuera a través de la rapiña directa, de los expedientes de incautación de bienes o de la famosa Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939. Esta última afectaba a los que se hubieran opuesto al Movimiento Nacional, que era la forma eufemística que se usaba durante el franquismo para denominar al golpe de Estado. Los castigos que contemplaba esta ley consistían en destierros, confinamientos, inhabilitación para ejercer profesiones y, sobre todo, la pérdida de bienes y el pago de multas, que debían afrontar los herederos en caso de que el inculpado hubiera muerto naturalmente o hubiera sido fusilado. Por esta Ley se incoaron unos 325.000 expedientes, que recayeron en gran medida en hogares que ya se encontraban en situaciones de extrema necesidad y habitados sólo por mujeres, con los varones asesinados o en las cárceles. Tras la instauración de la democracia en 1977, sólo los partidos políticos y los sindicatos han podido recuperar los bienes incautados por el franquismo, algo a lo que no han tenido derecho los ciudadanos particulares.
8. Un episodio especialmente dramático del mundo penitenciario franquista fue el de los hijos de mujeres republicanas que durante la posguerra murieron en las cárceles o se dieron en adopción sin consentimiento de sus progenitores, quienes ya perdieron su custodia para siempre. Al cumplir los 4 años los niños eran sacados de las prisiones y separados de sus madres; entonces quedaban en manos de los centros de asistencia y de las escuelas religiosas controladas por el Patronato de Nuestra Señora de la Merced, bajo cuya protección había 10.675 niños en 1943, según los datos aportados por el historiador Ricard Vinyes. Ha habido que esperar hasta hace pocos meses para que el fiscal general del Estado anunciara que los casos de niños robados serían investigados y que la instrucción se remitiría a las fiscalías territoriales.
Los verdaderos delitos
En conclusión. Con este panorama de dificultades que aún perviven para que los familiares de las víctimas puedan ejercer su derecho a la verdad, la justicia y la reparación, es muy preocupante que Baltasar Garzón, el único juez que ha intentado investigar las desapariciones y crímenes de la guerra civil y la dictadura esté en este momento denunciado por prevaricación por los herederos ideológicos del franquismo.
Resulta curioso que en España, donde ningún franquista se ha sentado en el banquillo por los delitos ocurridos durante la guerra y la dictadura, vayamos a asistir al triste espectáculo de que acabe juzgado el único juez que ha pretendido investigarlos.
Por ello, para cualquier ciudadano preocupado por la democracia, los derechos humanos y los más elementales principios de justicia el libro que hoy presentamos es muy necesario por varios motivos. El principal es que sus páginas demuestran que los verdaderos delitos son las desapariciones, los fusilamientos, las torturas o los robos de niños sufridos por las víctimas del franquismo, no las investigaciones del juez Baltasar Garzón.
Arcángel Bedmar es historiador, autor de libros sobre la guerra y la represión franquista en las localidades cordobesas de Lucena, Montilla, Fernán Núñez, Rute y Baena, así como de colaboraciones sobre los pueblos de Montemayor e Iznájar y de numerosos artículos sobre esta temática en revistas y libros. En 2003 coordinó el libro “Memoria y olvido sobre la guerra civil y la represión franquista”, en el que han participado algunos de los mejores especialistas de España en este campo. Asimismo, es coordinador de las Jornadas de Historia sobre “Memoria y Olvido sobre la Guerra Civil y la represión franquista”, organizadas por la Concejalía de Cultura y Patrimonio del ayuntamiento de Lucena, y colaborador del proyecto “Todos los Nombres. Base de datos de represaliados por el franquismo para su consulta por Internet”.
6. Además, el franquismo se autoamnistió, es decir, perdonó a los suyos por los desmanes o asesinatos que habían cometido, de manera que una Ley de 23 de septiembre de 1939 consideraba “no delictivos” todos los delitos de carácter “político social” (incluidos el homicidio y las lesiones) que hubieran realizado las personas de “ideología coincidente con el Movimiento Nacional” desde la proclamación de la República en 1931.
Déficit democrático
Sin embargo, mientras la dictadura ofrecía reparación a las víctimas de la represión republicana, y honraba, recuperaba y blindaba su memoria, las víctimas republicanas permanecían en las fosas comunes, en las cárceles, en el exilio o sumidas en el silencio.
Setenta y dos años después de la guerra civil y 35 años después de la muerte del dictador es obvio que las cosas han cambiado mucho, entre otros motivos porque vivimos en un Estado democrático, han proliferado los trabajos de las asociaciones memorialistas, ha progresado la investigación histórica y se han producido tímidos avances legislativos, como la llamada Ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007.
Pero a pesar de los progresos, parece como si en determinados ámbitos jurídicos, políticos, o sociales padeciéramos un cierto déficit democrático, por lo que los familiares de las víctimas de la dictadura franquista no han tenido la posibilidad de interponer un recurso judicial efectivo y de obtener la justicia, la verdad y la reparación adecuadas. De esta situación podemos aportar múltiples ejemplos:
1. Todavía se mantienen los nombres de calles, distinciones honoríficas o monumentos que rememoran a personas vinculadas al franquismo sin que en muchas ocasiones los partidos democráticos representados en las instituciones muevan un dedo para evitarlo.
2. Los juicios represivos incoados por los tribunales franquistas aún tienen validez jurídica, cuando en Alemania, un país con un pasado dictatorial similar, en 1998 el Parlamento anuló las sentencias de carácter político dictadas por los tribunales nazis al considerarlas contrarias a los más elementales principios de Justicia.
3. La exhumación de los cadáveres de los republicanos que yacen en fosas comunes no es asumida por la Administración y algunas comunidades autónomas se oponen incluso a colaborar en la elaboración de un mapa de fosas comunes, con lo que las exhumaciones –4.956 cuerpos desenterrados de 207 fosas comunes en los últimos años, según datos del experto forense Francisco Etxeberria Gabilondo– quedan en manos de la buena voluntad de las asociaciones memorialistas.
4. Cuando se denuncia la aparición de una fosa común de asesinados por la represión franquista la mayoría de los jueces se niegan a personarse –a pesar de que la Ley de Enjuiciamiento Criminal los obliga, al ser restos humanos con signos de violencia–, con lo que dejan a las familias de los desaparecidos sin la tutela judicial a la que tienen derecho según el artículo 24 de la Constitución.
5. La inscripción de los desaparecidos republicanos en los libros de defunciones de los registros civiles sigue siendo para muchas familias un calvario lleno de escollos burocráticos y supone el desembolso económico de unos 2.000 euros.
6. El gran archivo de la represión en Andalucía, el del Tribunal Militar Territorial II, con sede en Sevilla –que conserva 103.848 expedientes, la mayoría de represaliados–, carece de servicio de reprografía y abre contados días a la semana con horario restringido.
7. Desde el 18 de julio de 1936 los republicanos sufrieron la represión económica, ya fuera a través de la rapiña directa, de los expedientes de incautación de bienes o de la famosa Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939. Esta última afectaba a los que se hubieran opuesto al Movimiento Nacional, que era la forma eufemística que se usaba durante el franquismo para denominar al golpe de Estado. Los castigos que contemplaba esta ley consistían en destierros, confinamientos, inhabilitación para ejercer profesiones y, sobre todo, la pérdida de bienes y el pago de multas, que debían afrontar los herederos en caso de que el inculpado hubiera muerto naturalmente o hubiera sido fusilado. Por esta Ley se incoaron unos 325.000 expedientes, que recayeron en gran medida en hogares que ya se encontraban en situaciones de extrema necesidad y habitados sólo por mujeres, con los varones asesinados o en las cárceles. Tras la instauración de la democracia en 1977, sólo los partidos políticos y los sindicatos han podido recuperar los bienes incautados por el franquismo, algo a lo que no han tenido derecho los ciudadanos particulares.
8. Un episodio especialmente dramático del mundo penitenciario franquista fue el de los hijos de mujeres republicanas que durante la posguerra murieron en las cárceles o se dieron en adopción sin consentimiento de sus progenitores, quienes ya perdieron su custodia para siempre. Al cumplir los 4 años los niños eran sacados de las prisiones y separados de sus madres; entonces quedaban en manos de los centros de asistencia y de las escuelas religiosas controladas por el Patronato de Nuestra Señora de la Merced, bajo cuya protección había 10.675 niños en 1943, según los datos aportados por el historiador Ricard Vinyes. Ha habido que esperar hasta hace pocos meses para que el fiscal general del Estado anunciara que los casos de niños robados serían investigados y que la instrucción se remitiría a las fiscalías territoriales.
Los verdaderos delitos
En conclusión. Con este panorama de dificultades que aún perviven para que los familiares de las víctimas puedan ejercer su derecho a la verdad, la justicia y la reparación, es muy preocupante que Baltasar Garzón, el único juez que ha intentado investigar las desapariciones y crímenes de la guerra civil y la dictadura esté en este momento denunciado por prevaricación por los herederos ideológicos del franquismo.
Resulta curioso que en España, donde ningún franquista se ha sentado en el banquillo por los delitos ocurridos durante la guerra y la dictadura, vayamos a asistir al triste espectáculo de que acabe juzgado el único juez que ha pretendido investigarlos.
Por ello, para cualquier ciudadano preocupado por la democracia, los derechos humanos y los más elementales principios de justicia el libro que hoy presentamos es muy necesario por varios motivos. El principal es que sus páginas demuestran que los verdaderos delitos son las desapariciones, los fusilamientos, las torturas o los robos de niños sufridos por las víctimas del franquismo, no las investigaciones del juez Baltasar Garzón.
Arcángel Bedmar es historiador, autor de libros sobre la guerra y la represión franquista en las localidades cordobesas de Lucena, Montilla, Fernán Núñez, Rute y Baena, así como de colaboraciones sobre los pueblos de Montemayor e Iznájar y de numerosos artículos sobre esta temática en revistas y libros. En 2003 coordinó el libro “Memoria y olvido sobre la guerra civil y la represión franquista”, en el que han participado algunos de los mejores especialistas de España en este campo. Asimismo, es coordinador de las Jornadas de Historia sobre “Memoria y Olvido sobre la Guerra Civil y la represión franquista”, organizadas por la Concejalía de Cultura y Patrimonio del ayuntamiento de Lucena, y colaborador del proyecto “Todos los Nombres. Base de datos de represaliados por el franquismo para su consulta por Internet”.